no acusarán a espías por muerte de misioneros
[Douglas Jehl y David Johnston] Agentes de la CIA echaron abajo sin aviso a una avioneta que trasladaba a misioneros evangélicos al creer que transportaba cocaína.
Washington, Estados Unidos. Después de tres años de una investigación secreta, los fiscales federales han decidido terminar la pesquisa criminal sobre si al menos cuatro agentes de la CIA mintieron a parlamentarios y a sus superiores en la agencia sobre una operación anti-drogas clandestina que terminó en 2001 con el fatal derribo de una avioneta que transportaba a misioneros norteamericanos, dijeron esta semana funcionarios del ministerio de Justicia.
"El ministerio de Justicia ha abandonado la idea de un juicio", dijo Bryan Sierra, portavoz del ministerio de Justicia, en respuesta a una pregunta sobre la investigación previamente desconocida. Las acciones bajo investigación fueron parte de una operación de la CIA autorizada por el presidente Bill Clinton a principios de 1994 para ayudar a la Fuerza Aérea Peruana a interferir los transportes aéreos de drogas en el país.
La decisión del ministerio de Justicia puso fin a una pesquisa que antiguos y actuales funcionarios de gobierno dicen que fue el más serio en centrarse en la conducta oficial de los agentes de la CIA desde el escándalo Irán-Contra a fines de los años ochenta. Más ampliamente, la pesquisa había sido considerada dentro de la CIA como un mensaje de que los empleados serían llamados a rendir cuenta por operaciones malogradas, en una época en que los agentes de la agencia están siendo investigados en otras áreas, como los interrogatorios y detención de sospechosos de terrorismo.
"Una pesquisa criminal es algo que engendra una cultura adversa a los riesgos en la CIA", dijo un funcionario del gobierno de Bush familiarizado con el caso.
Los funcionarios dijeron que la investigación no ha sido relacionada directamente al acto de echar abajo la avioneta, que fue ejecutado por un avión de guerra de la Fuerza Aérea Peruana después de que la avioneta de los misioneros fuera mal identificada como un posible transporte de drogas por una aeroplano de vigilancia de la CIA manejado por guardias privados. Una pesquisa de los dos países en 2001 determinó que la acción, en la que murieron la misionera norteamericana Veronica Bowers, 35, y su hija de siete meses, Charity, fue el resultado de problemas de lenguaje, malas comunicaciones y atajos en el procedimiento establecido.
En lugar de eso, dijeron los funcionarios, todo cargo debería haber surgido fundamentalmente por operaciones anteriores en las que los agentes de la CIA permitieron una erosión de las salvaguardas diseñadas en consultas con el ministerio de Justicia, en parte como una protección contra posibles acusaciones de responsabilidad criminal.
Las reglas de intervención para la operación requerían inicialmente que hubiese contacto visual con todo aeroplano sospechoso de transportar drogas antes de ser atacado, pero esa exigencia fue dejada de lado años antes del derribo de la avioneta, aparentemente como una precaución para disminuir los riesgos de los aviones peruanos y de la CIA.
La pesquisa criminal se concentró en si los agentes habían mentido en un testimonio a puertas cerradas ante el Comité de Inteligencia del Senado y a sus superiores en la CIA sobre las circunstancias que rodearon el derribo de la avioneta de los misioneros, dijo un funcionario del ministerio de Justicia. La pesquisa fue realizada por abogados de la sección anti-terrorista del ministerio.
El funcionario del ministerio de Justicia dijo que los fiscales reunieron abundantes evidenciales clasificadas sobre el caso, que fueron revisadas por abogados experimentados en al menos tres ocasiones antes de tomar la decisión de desechar el caso. James B. Comey, el vice-fiscal general, fue informado sobre la decisión tomada internamente, dijo el funcionario. No está claro si intervino un jurado.
Funcionarios de inteligencia dijeron que la decisión deja abierta la posibilidad de sanciones administrativas contra los agentes de la CIA, dependiendo de los hallazgos del inspector general de la agencia. El ministerio de Justicia dejó el caso de lado el jueves, un día antes de que Alberto R. Gonzales asumiera formalmente como fiscal general.
Los detalles del caso han sido mantenidos en secreto dentro del ministerio de Justicia y de la CIA, dijeron antiguos y actuales funcionarios de gobierno. Pero dijeron que la pesquisa había fastidiado a funcionarios importantes de la CIA, que al menos durante dos años habían ejercido presión sobre funcionarios de alto rango del ministerio de Justicia para cerrarla.
El New York Times informó a la CIA y al ministerio de Justicia a fines de enero de que estaba preparando un reportaje sobre la investigación. Las agencias se negaron hacer comentarios hasta febrero, cuando Sierra, el portavoz del ministerio de Justicia, dijo que el ministerio no procesaría a nadie.
Los funcionarios no identificaron a los agentes de la CIA que fueron investigados, pero dijeron que algunos de ellos cumplen ahora funciones a niveles superiores dentro de la CIA. Dijeron que los que hacen frente a potenciales cargos incluyen al menos a un antiguo jefe de estación de la CIA en Lima, la capital peruana, al menos a un antiguo jefe de la misión de aviación asignada a una base en Perú, y al menos a un funcionario en la sede de la CIA en Langley, Virginia.
Tras una investigación del Comité de Inteligencia del Senado en 2001, líderes republicanos y demócratas de la comisión dijeron públicamente que la CIA había fallado en sus responsabilidades de supervisión del programa. Pero no se había revelado antes que el ministerio de Justicia pensaba enjuiciar a los agentes de la CIA por algunos delitos.
Entre las preguntas exploradas por el ministerio de Justicia estaba la de si una ley aprobada por el Congreso en 1994 tenía por intención proteger a funcionarios norteamericanos de responsabilidad en la destrucción de aeroplanos utilizados para el transporte de drogas seguía siendo válida. La ley, promovida por el senador John Kerry, demócrata de Massachusetts, exigía que se tomaran extremas precauciones al identificar a aviones sospechosos, y algunos fiscales parecen considerar que las acciones emprendidas por la CIA invalidaban la exención parlamentaria.
Después de que la avioneta fuera derribada, el gobierno de Bush transfirió su autoridad sobre la misión de aviación, conocida como el programa Air Bridge Denial, de la CIA al ministerio de Asuntos Exteriores. Pero la pregunta sobre la reinicialización de operaciones sigue siendo debatida por Estados Unidos y Perú.
En 2002, el gobierno de Bush aprobó un acuerdo en el que el gobierno pagó un total de 8 millones de dólares a la familia de las víctimas, y del piloto, Kevin Donaldson. El marido de Bowers, James Bowers, un misionero de la Asociación Bautista para la Evangelización del Mundo, su hijo, Cori, y Donaldson sobrevivieron el incidente.
Antiguos y actuales funcionarios del gobierno que accedieron a discutir el asunto dijeron que no podían hablar oficialmente porque el caso involucraba materias clasificadas y seguía estando bajo revisión administrativa. Pero dijeron que el ministerio de Asuntos Exteriores había inicialmente referido el caso al ministerio de Justicia para una posible acusación y que el inspector general de la CIA había realizado entrevistas y otras labores de investigación.
Un funcionario de la CIA que habló a condición de mantener el anonimato dijo: "Por supuesto, examinaremos todas las opciones administrativas".
El año pasado, antiguos funcionarios de gobierno fueron notificados de que serían llamados como testigos ante un jurado federal para declarar sobre el asunto, dijeron antiguos funcionarios. Otros fueron interrogados por abogados del ministerio de Asuntos Exteriores, el ministerio de Justicia y la CIA. Los agentes de la CIA que fueron investigados, así como otros que fueron interrogados, fueron aconsejados por la CIA que tomaran abogados. No está claro si los costes de la asesoría jurídica de los agentes serán rembolsados por el gobierno.
6 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. Después de tres años de una investigación secreta, los fiscales federales han decidido terminar la pesquisa criminal sobre si al menos cuatro agentes de la CIA mintieron a parlamentarios y a sus superiores en la agencia sobre una operación anti-drogas clandestina que terminó en 2001 con el fatal derribo de una avioneta que transportaba a misioneros norteamericanos, dijeron esta semana funcionarios del ministerio de Justicia."El ministerio de Justicia ha abandonado la idea de un juicio", dijo Bryan Sierra, portavoz del ministerio de Justicia, en respuesta a una pregunta sobre la investigación previamente desconocida. Las acciones bajo investigación fueron parte de una operación de la CIA autorizada por el presidente Bill Clinton a principios de 1994 para ayudar a la Fuerza Aérea Peruana a interferir los transportes aéreos de drogas en el país.
La decisión del ministerio de Justicia puso fin a una pesquisa que antiguos y actuales funcionarios de gobierno dicen que fue el más serio en centrarse en la conducta oficial de los agentes de la CIA desde el escándalo Irán-Contra a fines de los años ochenta. Más ampliamente, la pesquisa había sido considerada dentro de la CIA como un mensaje de que los empleados serían llamados a rendir cuenta por operaciones malogradas, en una época en que los agentes de la agencia están siendo investigados en otras áreas, como los interrogatorios y detención de sospechosos de terrorismo.
"Una pesquisa criminal es algo que engendra una cultura adversa a los riesgos en la CIA", dijo un funcionario del gobierno de Bush familiarizado con el caso.
Los funcionarios dijeron que la investigación no ha sido relacionada directamente al acto de echar abajo la avioneta, que fue ejecutado por un avión de guerra de la Fuerza Aérea Peruana después de que la avioneta de los misioneros fuera mal identificada como un posible transporte de drogas por una aeroplano de vigilancia de la CIA manejado por guardias privados. Una pesquisa de los dos países en 2001 determinó que la acción, en la que murieron la misionera norteamericana Veronica Bowers, 35, y su hija de siete meses, Charity, fue el resultado de problemas de lenguaje, malas comunicaciones y atajos en el procedimiento establecido.
En lugar de eso, dijeron los funcionarios, todo cargo debería haber surgido fundamentalmente por operaciones anteriores en las que los agentes de la CIA permitieron una erosión de las salvaguardas diseñadas en consultas con el ministerio de Justicia, en parte como una protección contra posibles acusaciones de responsabilidad criminal.
Las reglas de intervención para la operación requerían inicialmente que hubiese contacto visual con todo aeroplano sospechoso de transportar drogas antes de ser atacado, pero esa exigencia fue dejada de lado años antes del derribo de la avioneta, aparentemente como una precaución para disminuir los riesgos de los aviones peruanos y de la CIA.
La pesquisa criminal se concentró en si los agentes habían mentido en un testimonio a puertas cerradas ante el Comité de Inteligencia del Senado y a sus superiores en la CIA sobre las circunstancias que rodearon el derribo de la avioneta de los misioneros, dijo un funcionario del ministerio de Justicia. La pesquisa fue realizada por abogados de la sección anti-terrorista del ministerio.
El funcionario del ministerio de Justicia dijo que los fiscales reunieron abundantes evidenciales clasificadas sobre el caso, que fueron revisadas por abogados experimentados en al menos tres ocasiones antes de tomar la decisión de desechar el caso. James B. Comey, el vice-fiscal general, fue informado sobre la decisión tomada internamente, dijo el funcionario. No está claro si intervino un jurado.
Funcionarios de inteligencia dijeron que la decisión deja abierta la posibilidad de sanciones administrativas contra los agentes de la CIA, dependiendo de los hallazgos del inspector general de la agencia. El ministerio de Justicia dejó el caso de lado el jueves, un día antes de que Alberto R. Gonzales asumiera formalmente como fiscal general.
Los detalles del caso han sido mantenidos en secreto dentro del ministerio de Justicia y de la CIA, dijeron antiguos y actuales funcionarios de gobierno. Pero dijeron que la pesquisa había fastidiado a funcionarios importantes de la CIA, que al menos durante dos años habían ejercido presión sobre funcionarios de alto rango del ministerio de Justicia para cerrarla.
El New York Times informó a la CIA y al ministerio de Justicia a fines de enero de que estaba preparando un reportaje sobre la investigación. Las agencias se negaron hacer comentarios hasta febrero, cuando Sierra, el portavoz del ministerio de Justicia, dijo que el ministerio no procesaría a nadie.
Los funcionarios no identificaron a los agentes de la CIA que fueron investigados, pero dijeron que algunos de ellos cumplen ahora funciones a niveles superiores dentro de la CIA. Dijeron que los que hacen frente a potenciales cargos incluyen al menos a un antiguo jefe de estación de la CIA en Lima, la capital peruana, al menos a un antiguo jefe de la misión de aviación asignada a una base en Perú, y al menos a un funcionario en la sede de la CIA en Langley, Virginia.
Tras una investigación del Comité de Inteligencia del Senado en 2001, líderes republicanos y demócratas de la comisión dijeron públicamente que la CIA había fallado en sus responsabilidades de supervisión del programa. Pero no se había revelado antes que el ministerio de Justicia pensaba enjuiciar a los agentes de la CIA por algunos delitos.
Entre las preguntas exploradas por el ministerio de Justicia estaba la de si una ley aprobada por el Congreso en 1994 tenía por intención proteger a funcionarios norteamericanos de responsabilidad en la destrucción de aeroplanos utilizados para el transporte de drogas seguía siendo válida. La ley, promovida por el senador John Kerry, demócrata de Massachusetts, exigía que se tomaran extremas precauciones al identificar a aviones sospechosos, y algunos fiscales parecen considerar que las acciones emprendidas por la CIA invalidaban la exención parlamentaria.
Después de que la avioneta fuera derribada, el gobierno de Bush transfirió su autoridad sobre la misión de aviación, conocida como el programa Air Bridge Denial, de la CIA al ministerio de Asuntos Exteriores. Pero la pregunta sobre la reinicialización de operaciones sigue siendo debatida por Estados Unidos y Perú.
En 2002, el gobierno de Bush aprobó un acuerdo en el que el gobierno pagó un total de 8 millones de dólares a la familia de las víctimas, y del piloto, Kevin Donaldson. El marido de Bowers, James Bowers, un misionero de la Asociación Bautista para la Evangelización del Mundo, su hijo, Cori, y Donaldson sobrevivieron el incidente.
Antiguos y actuales funcionarios del gobierno que accedieron a discutir el asunto dijeron que no podían hablar oficialmente porque el caso involucraba materias clasificadas y seguía estando bajo revisión administrativa. Pero dijeron que el ministerio de Asuntos Exteriores había inicialmente referido el caso al ministerio de Justicia para una posible acusación y que el inspector general de la CIA había realizado entrevistas y otras labores de investigación.
Un funcionario de la CIA que habló a condición de mantener el anonimato dijo: "Por supuesto, examinaremos todas las opciones administrativas".
El año pasado, antiguos funcionarios de gobierno fueron notificados de que serían llamados como testigos ante un jurado federal para declarar sobre el asunto, dijeron antiguos funcionarios. Otros fueron interrogados por abogados del ministerio de Asuntos Exteriores, el ministerio de Justicia y la CIA. Los agentes de la CIA que fueron investigados, así como otros que fueron interrogados, fueron aconsejados por la CIA que tomaran abogados. No está claro si los costes de la asesoría jurídica de los agentes serán rembolsados por el gobierno.
6 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios