pasado y presente en chile
[Indira A.R. Lakshmanan] Violaciones de derechos humanos en el centro de la atención.
Santiago, Chile. Cuando el mes pasado un coronel jubilado de la alguna vez temida policía secreta chilena se lanzó a su muerte desde el balcón de un 18 piso, su suicidio reabrió un debate nacional sobre cómo resolver el brutal legado militar de este país 15 años después del retorno a la democracia.
El coronel Germán Barriga dejó una carta quejándose del daño a su reputación causado por las investigaciones sobre su papel en asesinatos y torturas del antiguo régimen y expresando su temor de ser encarcelado. Su muerte provocó una respuesta de comprensión de los militares chilenos, cuyos oficiales retirados se han vuelto impacientes con los cientos de pesquisas en curso sobre su papel en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de los años setenta y ochenta.
Chile es uno de los varios países sudamericanos todavía enzarzados en el debate sobre cuánta energía invertir en pesquisas sobre décadas de abusos. Argentina, Brasil, Perú y México se encuentran entre los países que luchan sobre cómo equilibrar la necesidad de justicia sobre horrores pasados con una plétora de problemas sociales actuales.
Los que quieren cerrar el libro del pasado en Chile obtuvieron una importante victoria a fines de enero cuando la Corte Suprema determinó que más de 350 casos judiciales pendientes de asesinato, secuestro y tortura, con 160 ex miembros de las fuerzas armadas implicados, deben ser cerrados dentro de seis meses.
La resolución fue denunciada por las familias de las víctimas, grupos de derechos humanos e historiadores, que están luchando por reunir información sobre más de 3.000 opositores al régimen que fueron asesinados o "desaparecidos" durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Los críticos han acusado a la corte de ceder ante la presión de los militares y compararon la resolución de la corte con leyes adoptadas en Uruguay para detener los juicios por derechos humanos y dejar impunes a los violadores.
Los abogados de las víctimas argumentan que los jueces deberían investigar hasta que todos los asesinos y torturadores sean identificados y juzgados. Esa minuciosidad, dicen, es necesaria para aclarar los hechos y dejar claro que abusos semejantes no pueden ser tolerados. Militares en retiro, así como grupos de civiles que apoyaron el golpe de 1973 que derrocó al presidente socialista elegido Salvador Allende y llevó a Pinochet al poder, dicen que el país deben reconocer que las cosas malas pasaron por alguna razón, y seguir adelante.
"Olvidar es imposible", insistió Mireya García, vice-presidente de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos y una de las víctimas de tortura, cuyo hermano desapareció en 1975. "La historia de 30 años es parte de la historia de Chile. Los problemas que no se resuelven son la semilla de nuevas violaciones de la democracia y de los derechos humanos, y... tú no puedes tener una sociedad estable donde hay impunidad".
Christian Labbe, coronel retirado y antiguo jefe de seguridad de Pinochet y más tarde secretario general del gobierno militar, alegó que "los derechos humanos deben ser vistos a través de los ojos de esa época" y no pueden ser juzgados por las normas de hoy.
"Esto no es justicia, ¡es venganza!", dijo Labbe sobre las investigaciones en curso. "La sociedad no se une mirando al pasado, rascándose las heridas y mostrando las cicatrices todo el tiempo a todo el mundo".
Aunque hubo algunos intentos anteriores de procesar a los violadores, el esfuerzo más concertado y confiado para obtener justicia a través de los tribunales empezó en 2001. Impulsado por la histórica admisión de los militares de que las fuerzas armadas habían arrojado al mar o enterrado en fosas secretas a 200 opositores políticos "desaparecidos", el poder judicial designó jueces especiales para investigar cientos de atroces abusos. Hasta el momento, se ha dictado veredicto en sólo ocho de esos casos, y la Corte Suprema determinó que los jueces tienen hasta julio para procesar a los acusados o detener las investigaciones.
El presidente de la Corte Suprema negó que la resolución sobre una fecha límite haya sido influida por la atención que rodeó el suicidio de Barriga una semana antes, y dijo que las familias de las víctimas podían apelar para reabrir los casos después del plazo de julio si probaban que no se habían realizado las investigaciones. El gobierno de centro-izquierda del presidente Ricardo Lagos, socialista y antiguo exiliado, elogió la resolución sobre la aceleración de los procesos, de modo que no se niegue "justicia a los después de 20 años todavía no saben si son culpables o inocentes".
Pero abogados de derechos humanos calificaron el razonamiento de la corte de que a los acusados se les negaba el derecho a un juicio oportuno un sin sentido, ya que muchas de las investigaciones estaban todavía en una fase tan preliminar que los sospechosos no habían sido identificados ni acusados.
Los acusados "están siendo transformados de canallas en víctimas", dijo Sebastián Brett, un investigador en Chile de Human Rights Watch. Dijo que "el camino fácil para acelerar los procesos consiste en que los militares colaboren con los jueces instructores" proporcionando testimonios de lo que ocurrió y señalando a los responsables.
La renovada batalla por el pasado que se representa en los medios de comunicación chilenos refleja a una sociedad que se enfrenta a acontecimientos ocurridos hace 30 años que todavía continúan impregnando todas las facetas de la vida en el país, desde luchas parlamentarias sobre reparaciones jurídicas hasta cenas familiares. Muchos analistas dicen que Chile ha pasado más tiempo documentando la verdad, ofreciendo reparaciones y procesando a los acusados que cualquier otro país de América Latina que sufrieron regímenes militares similares.
Antes de la controvertida resolución de la Corte Suprema, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, llamó a Chile un ejemplo para América Latina sobre cómo "enfrentarse a las atrocidades del pasado", y encomió el verano pasado a los tribunales por procesar a 311 ex miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a 21 generales.
En meses recientes ha habido un firme progreso en casos contra antiguos oficiales, incluyendo a Pinochet, que fue despojado de su inmunidad en dos publicitados casos de desaparición y asesinato y está siendo investigado por 16 millones de dólares en fondos inexplicados encontrados en cuentas bancarias secretas en todo el mundo.
El 28 de enero, el ex jefe de la policía secreta, el general Manuel Contreras y otros cuatro ex funcionarios de la inteligencia fueron enviados a prisión por entre cinco y 12 años por el asesinato de un joven izquierdista. El mismo día, otros 26 ex militares fueron condenados por el asesinato en 1987 de 12 militantes de la oposición, incluyendo a una mujer que tenía cuatro meses de embarazo.
El 28 de noviembre el gobierno publicó un exhaustivo informe detallando las torturas y encarcelamiento de más de 27.000 chilenos en las barracas militares del país.
Pocos días antes de la publicación del informe, en una admisión sin precedentes, el actual jefe militar, el general Juan Emilio Cheyre, reconoció "responsabilidad institucional" en las torturas. Semanas más tarde, Cheyre invitó a activistas de derechos humanos a dirigirse a la academia militar, un acontecimiento que varios oradores invitados dijeron que no habían imaginado que era posible.
Un sondeo en diciembre realizado por el Centro de Estudios Públicos, un laboratorio ideológico conservador, indicó que la mitad de los encuestados creían en las revelaciones del informe sobre la tortura, así como un tercio de la gente que se identificó a sí misma como derechista. Fue un dramático vuelco desde la reacción a la primera comisión de la verdad en Chile en 1991, que fue entonces rechazada por los militares y los partidos de extrema derecha.
El sondeo reciente también indicó que 53 por ciento pensaba que el informe sobre la tortura "generaría más confianza y paz social", dijo Lucas Sierra, investigador del Centro que fue miembro de la comisión sobre la tortura. "El silencio no significa que se cierran las heridas, todo lo contrario", dijo.
Yendo mucho más allá que sus vecinos, en los últimos años ha publicado tres exhaustivos informes catalogando las desapariciones, asesinatos, torturas y encarcelamiento político. Ha pagado reparaciones y beneficios a todas las víctimas documentadas, incluyendo a exiliados políticos, y ha presentado más casos de abusos ante tribunales que cualquier otra democracia tras un régimen militar, de acuerdo a José Zalaquett, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Argentina, los esfuerzos por tomar el tema de las torturas durante la dictadura han sido radicales pero inconsistentes. Importantes jefes militares fueron encarcelados poco después del retorno a la democracia en 1983, en una decisión que provocó reacciones y amenazas de golpe, y fueron finalmente perdonados. En Uruguay, los votantes accedieron en 1986 a paralizar todos los juicios. Paraguay y Brasil apenas si han tocado el asunto.
Se han formado comisiones de la verdad en varios países latinoamericanos, incluyendo El Salvador, Guatemala y Perú, pero ninguno ha sido tan meticulosamente documentado ni ha tenido el impacto jurídico y social de Chile, dijo Zalaquett.
"Nada curará el dolor y el daño causado a las familias de las víctimas", dijo Juan Pablo Letelier, parlamentario socialista e hijo del asesinado ministro de Relaciones Exteriores de Allende. "Pero como una tortuga... hemos seguido un camino más consistente y más sólido que cualquiera otra transición en América Latina, África o Asia".
La pregunta que se hacen ahora los chilenos a través de todo el espectro político desde Letelier hasta Labbe es: ¿Qué pasará ahora? El gobierno de Lagos propuso en 2003 medidas que reducen las sentencias o dan inmunidad a oficiales que colaboren con las investigaciones, pero el proyecto de ley ha sido paralizado, bloqueado por parlamentarios que no quieren aligerar las sentencias de nadie.
"Al final, la gente se está muriendo. La jefe de las Madres de los Desaparecidos ya ha muerto", como también un general que dirigía una de las agencias policiales represivas de Pinochet, dijo Zalaquett, que es partidario de ofrecer incentivos a los ex oficiales que entreguen testimonios. "¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? En nombre de la justicia total en todos los casos, puedes terminar sin justicia ni verdad".
9 de febrero de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Santiago, Chile. Cuando el mes pasado un coronel jubilado de la alguna vez temida policía secreta chilena se lanzó a su muerte desde el balcón de un 18 piso, su suicidio reabrió un debate nacional sobre cómo resolver el brutal legado militar de este país 15 años después del retorno a la democracia. El coronel Germán Barriga dejó una carta quejándose del daño a su reputación causado por las investigaciones sobre su papel en asesinatos y torturas del antiguo régimen y expresando su temor de ser encarcelado. Su muerte provocó una respuesta de comprensión de los militares chilenos, cuyos oficiales retirados se han vuelto impacientes con los cientos de pesquisas en curso sobre su papel en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de los años setenta y ochenta.
Chile es uno de los varios países sudamericanos todavía enzarzados en el debate sobre cuánta energía invertir en pesquisas sobre décadas de abusos. Argentina, Brasil, Perú y México se encuentran entre los países que luchan sobre cómo equilibrar la necesidad de justicia sobre horrores pasados con una plétora de problemas sociales actuales.
Los que quieren cerrar el libro del pasado en Chile obtuvieron una importante victoria a fines de enero cuando la Corte Suprema determinó que más de 350 casos judiciales pendientes de asesinato, secuestro y tortura, con 160 ex miembros de las fuerzas armadas implicados, deben ser cerrados dentro de seis meses.
La resolución fue denunciada por las familias de las víctimas, grupos de derechos humanos e historiadores, que están luchando por reunir información sobre más de 3.000 opositores al régimen que fueron asesinados o "desaparecidos" durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Los críticos han acusado a la corte de ceder ante la presión de los militares y compararon la resolución de la corte con leyes adoptadas en Uruguay para detener los juicios por derechos humanos y dejar impunes a los violadores.
Los abogados de las víctimas argumentan que los jueces deberían investigar hasta que todos los asesinos y torturadores sean identificados y juzgados. Esa minuciosidad, dicen, es necesaria para aclarar los hechos y dejar claro que abusos semejantes no pueden ser tolerados. Militares en retiro, así como grupos de civiles que apoyaron el golpe de 1973 que derrocó al presidente socialista elegido Salvador Allende y llevó a Pinochet al poder, dicen que el país deben reconocer que las cosas malas pasaron por alguna razón, y seguir adelante.
"Olvidar es imposible", insistió Mireya García, vice-presidente de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos y una de las víctimas de tortura, cuyo hermano desapareció en 1975. "La historia de 30 años es parte de la historia de Chile. Los problemas que no se resuelven son la semilla de nuevas violaciones de la democracia y de los derechos humanos, y... tú no puedes tener una sociedad estable donde hay impunidad".
Christian Labbe, coronel retirado y antiguo jefe de seguridad de Pinochet y más tarde secretario general del gobierno militar, alegó que "los derechos humanos deben ser vistos a través de los ojos de esa época" y no pueden ser juzgados por las normas de hoy.
"Esto no es justicia, ¡es venganza!", dijo Labbe sobre las investigaciones en curso. "La sociedad no se une mirando al pasado, rascándose las heridas y mostrando las cicatrices todo el tiempo a todo el mundo".
Aunque hubo algunos intentos anteriores de procesar a los violadores, el esfuerzo más concertado y confiado para obtener justicia a través de los tribunales empezó en 2001. Impulsado por la histórica admisión de los militares de que las fuerzas armadas habían arrojado al mar o enterrado en fosas secretas a 200 opositores políticos "desaparecidos", el poder judicial designó jueces especiales para investigar cientos de atroces abusos. Hasta el momento, se ha dictado veredicto en sólo ocho de esos casos, y la Corte Suprema determinó que los jueces tienen hasta julio para procesar a los acusados o detener las investigaciones.
El presidente de la Corte Suprema negó que la resolución sobre una fecha límite haya sido influida por la atención que rodeó el suicidio de Barriga una semana antes, y dijo que las familias de las víctimas podían apelar para reabrir los casos después del plazo de julio si probaban que no se habían realizado las investigaciones. El gobierno de centro-izquierda del presidente Ricardo Lagos, socialista y antiguo exiliado, elogió la resolución sobre la aceleración de los procesos, de modo que no se niegue "justicia a los después de 20 años todavía no saben si son culpables o inocentes".
Pero abogados de derechos humanos calificaron el razonamiento de la corte de que a los acusados se les negaba el derecho a un juicio oportuno un sin sentido, ya que muchas de las investigaciones estaban todavía en una fase tan preliminar que los sospechosos no habían sido identificados ni acusados.
Los acusados "están siendo transformados de canallas en víctimas", dijo Sebastián Brett, un investigador en Chile de Human Rights Watch. Dijo que "el camino fácil para acelerar los procesos consiste en que los militares colaboren con los jueces instructores" proporcionando testimonios de lo que ocurrió y señalando a los responsables.
La renovada batalla por el pasado que se representa en los medios de comunicación chilenos refleja a una sociedad que se enfrenta a acontecimientos ocurridos hace 30 años que todavía continúan impregnando todas las facetas de la vida en el país, desde luchas parlamentarias sobre reparaciones jurídicas hasta cenas familiares. Muchos analistas dicen que Chile ha pasado más tiempo documentando la verdad, ofreciendo reparaciones y procesando a los acusados que cualquier otro país de América Latina que sufrieron regímenes militares similares.
Antes de la controvertida resolución de la Corte Suprema, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, llamó a Chile un ejemplo para América Latina sobre cómo "enfrentarse a las atrocidades del pasado", y encomió el verano pasado a los tribunales por procesar a 311 ex miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a 21 generales.
En meses recientes ha habido un firme progreso en casos contra antiguos oficiales, incluyendo a Pinochet, que fue despojado de su inmunidad en dos publicitados casos de desaparición y asesinato y está siendo investigado por 16 millones de dólares en fondos inexplicados encontrados en cuentas bancarias secretas en todo el mundo.
El 28 de enero, el ex jefe de la policía secreta, el general Manuel Contreras y otros cuatro ex funcionarios de la inteligencia fueron enviados a prisión por entre cinco y 12 años por el asesinato de un joven izquierdista. El mismo día, otros 26 ex militares fueron condenados por el asesinato en 1987 de 12 militantes de la oposición, incluyendo a una mujer que tenía cuatro meses de embarazo.
El 28 de noviembre el gobierno publicó un exhaustivo informe detallando las torturas y encarcelamiento de más de 27.000 chilenos en las barracas militares del país.
Pocos días antes de la publicación del informe, en una admisión sin precedentes, el actual jefe militar, el general Juan Emilio Cheyre, reconoció "responsabilidad institucional" en las torturas. Semanas más tarde, Cheyre invitó a activistas de derechos humanos a dirigirse a la academia militar, un acontecimiento que varios oradores invitados dijeron que no habían imaginado que era posible.
Un sondeo en diciembre realizado por el Centro de Estudios Públicos, un laboratorio ideológico conservador, indicó que la mitad de los encuestados creían en las revelaciones del informe sobre la tortura, así como un tercio de la gente que se identificó a sí misma como derechista. Fue un dramático vuelco desde la reacción a la primera comisión de la verdad en Chile en 1991, que fue entonces rechazada por los militares y los partidos de extrema derecha.
El sondeo reciente también indicó que 53 por ciento pensaba que el informe sobre la tortura "generaría más confianza y paz social", dijo Lucas Sierra, investigador del Centro que fue miembro de la comisión sobre la tortura. "El silencio no significa que se cierran las heridas, todo lo contrario", dijo.
Yendo mucho más allá que sus vecinos, en los últimos años ha publicado tres exhaustivos informes catalogando las desapariciones, asesinatos, torturas y encarcelamiento político. Ha pagado reparaciones y beneficios a todas las víctimas documentadas, incluyendo a exiliados políticos, y ha presentado más casos de abusos ante tribunales que cualquier otra democracia tras un régimen militar, de acuerdo a José Zalaquett, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Argentina, los esfuerzos por tomar el tema de las torturas durante la dictadura han sido radicales pero inconsistentes. Importantes jefes militares fueron encarcelados poco después del retorno a la democracia en 1983, en una decisión que provocó reacciones y amenazas de golpe, y fueron finalmente perdonados. En Uruguay, los votantes accedieron en 1986 a paralizar todos los juicios. Paraguay y Brasil apenas si han tocado el asunto.
Se han formado comisiones de la verdad en varios países latinoamericanos, incluyendo El Salvador, Guatemala y Perú, pero ninguno ha sido tan meticulosamente documentado ni ha tenido el impacto jurídico y social de Chile, dijo Zalaquett.
"Nada curará el dolor y el daño causado a las familias de las víctimas", dijo Juan Pablo Letelier, parlamentario socialista e hijo del asesinado ministro de Relaciones Exteriores de Allende. "Pero como una tortuga... hemos seguido un camino más consistente y más sólido que cualquiera otra transición en América Latina, África o Asia".
La pregunta que se hacen ahora los chilenos a través de todo el espectro político desde Letelier hasta Labbe es: ¿Qué pasará ahora? El gobierno de Lagos propuso en 2003 medidas que reducen las sentencias o dan inmunidad a oficiales que colaboren con las investigaciones, pero el proyecto de ley ha sido paralizado, bloqueado por parlamentarios que no quieren aligerar las sentencias de nadie.
"Al final, la gente se está muriendo. La jefe de las Madres de los Desaparecidos ya ha muerto", como también un general que dirigía una de las agencias policiales represivas de Pinochet, dijo Zalaquett, que es partidario de ofrecer incentivos a los ex oficiales que entreguen testimonios. "¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? En nombre de la justicia total en todos los casos, puedes terminar sin justicia ni verdad".
9 de febrero de 2005
©boston globe
©traducción mQh
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