no juzgarán a criminales de guerra
Tribunal Constitucional de ese país rehúsa juzgar a militares por crímenes contra la humanidad.
El Tribunal Constitucional de Guatemala anunció el viernes que 17 militares que son sospechosos de asesinatos en masa no serán juzgados. Según el tribunal, el caso está cubierto por una ley de reconciliación nacional de 1996 y no puede hacer nada.
Con esto el más alto tribunal guatemalteco sienta un precedente importante. Hasta hoy se daba por sentado que la ley de reconciliación nacional, que otorgó amnistía para acusados de crímenes de guerra, no se aplicaba a casos de asesinatos en masa. El país centroamericano fue asolado entre 1960 y 1996 por una guerra civil que costó la vida a unas 240.000 personas.
Los 17 militares, miembros de la temida unidad Kaibil, son acusados de haber atacado en 1982 el pueblo de Dos Erres a la búsqueda de guerrilleros marxistas. En el ataque murieron 300 personas. Según una investigación de Naciones Unidas de 1999 los campesinos fueron matados a machetazos antes de ser arrojados en un pozo. Las mujeres fueron violadas.
El caso de Dos Erres fue reabierto en 1994, y poco después se detuvo a los acusados. El tribunal declaró sin embargo que estaba obligado a "anular todas las actividades" iniciadas tras la ley de amnistía de 1996. La resolución determina que las órdenes de detención y declaraciones de los sobrevivientes y personal militar son inválidas. La resolución de la corte data de diciembre, pero fue dada a conocer recién el viernes pasado.
Organizaciones de derechos humanos reaccionaron con indignación. Aunque en 1999 se concluyó que el ejército fue responsable de más del 90 por ciento de las muertes y desapariciones durante la guerra civil, los casos judiciales fueron sistemáticamente desdeñados. En 2000 el gobierno de la época firmó un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se prometía justicia para las víctimas de la guerra civil.
9 de febrero de 2005
nrc-handelsblad
©traducción mQh
Con esto el más alto tribunal guatemalteco sienta un precedente importante. Hasta hoy se daba por sentado que la ley de reconciliación nacional, que otorgó amnistía para acusados de crímenes de guerra, no se aplicaba a casos de asesinatos en masa. El país centroamericano fue asolado entre 1960 y 1996 por una guerra civil que costó la vida a unas 240.000 personas.
Los 17 militares, miembros de la temida unidad Kaibil, son acusados de haber atacado en 1982 el pueblo de Dos Erres a la búsqueda de guerrilleros marxistas. En el ataque murieron 300 personas. Según una investigación de Naciones Unidas de 1999 los campesinos fueron matados a machetazos antes de ser arrojados en un pozo. Las mujeres fueron violadas.
El caso de Dos Erres fue reabierto en 1994, y poco después se detuvo a los acusados. El tribunal declaró sin embargo que estaba obligado a "anular todas las actividades" iniciadas tras la ley de amnistía de 1996. La resolución determina que las órdenes de detención y declaraciones de los sobrevivientes y personal militar son inválidas. La resolución de la corte data de diciembre, pero fue dada a conocer recién el viernes pasado.
Organizaciones de derechos humanos reaccionaron con indignación. Aunque en 1999 se concluyó que el ejército fue responsable de más del 90 por ciento de las muertes y desapariciones durante la guerra civil, los casos judiciales fueron sistemáticamente desdeñados. En 2000 el gobierno de la época firmó un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se prometía justicia para las víctimas de la guerra civil.
9 de febrero de 2005
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