gas y caos en bolivia
[Monte Reel] Una bendición controvertida.
Buenos Aires, Argentina. En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que las enormes reservas de gas natural de Bolivia -las segundas en América del Sur- debería ser una bendición para el país más pobre del continente.
Pero la semana pasada, la lucha sobre cómo explotar las reservas subterráneas sacaron una vez más a los manifestantes a la calle de varias ciudades, alimentando rumores de golpe militar y vejando a los líderes políticos que buscan una solución pacífica.
Justo días antes la legislatura nacional había subido substancialmente los impuestos y regalías de las compañías de energía extranjeras, una importante exigencia de los manifestantes en el pasado. Pero mientras las empresas energéticas criticaron inmediatamente el aumento como excesivo, algunos líderes de base dijeron que no iban demasiado lejos y exigieron el control estatal total de las reservas.
"La gente ha estado movilizándose constantemente, y seguiremos marchando", dijo Eugenio Rojas, líder de la tribu aimara, el viernes en La Paz, la capital. "Estamos pidiendo la renuncia del presidente, y estamos pidiendo la nacionalización del sector energético. Debería ser cien por cien para los bolivianos, no para las compañías transnacionales".
En los últimos dos años, las disputas por la energía han dominado la política boliviana. En 2003 derrocaron a un presidente; en marzo llevaron al actual, Carlos Mesa, a presentar su renunciar después de semanas de protestas y huelgas organizadas por una coalición de campesinos indígenas, mineros, cocaleros y grupos políticos socialistas.
Ahora, a pesar de varios intentos de llegar a un compromiso, el problema del combustible ha vuelto a encenderse. El lunes y martes los manifestantes rodearon edificios oficiales en La Paz. Fuerzas militares contuvieron a la muchedumbre con gas lacrimógeno y mangueras de agua, y hubo rumores de que el ejército, que gobernó al país hasta 1982, estaba planeando un golpe de estado.
El miércoles dos coroneles pidieron la renuncia de Mesa y propusieron que fuera remplazado por un gobierno cívico-militar. Sin embargo, al día siguiente, el ministerio de Defensa los obligó a retirarse y reiteró su apoyo de Mesa. Las protestas menguaron algo, pero líderes de la oposición juraron que continuarán presionando al gobierno la próxima semana.
"En los últimos tres o cuatro meses, los intereses de Mesa se han concentrado en tratar de impedir que el país explote", dijo Jim Shult, director ejecutivo del Centro por la Democracia, una organización sin fines de lucro en la central ciudad boliviana de Cochabamba. "No ha contentado a nadie, y parece casi irrelevante".
De momento Mesa ha evitado una repetición de los violentos enfrentamientos en 2003 que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada después de que tropas de gobierno abrieran fuego contra los manifestantes que se oponían a la exportación del gas boliviano, matando a más de 50 personas.
Sin embargo, los intentos de apaciguamiento del presidente han exasperado a grupos a todos los lados del debate sobre cómo gestionar mejor el desarrollo y producción de unos 53 trillones de pies cuadrados de gas natural enterrado debajo de las tierras bajas del este de Bolivia.
Muchos de los detractores de Mesa dicen que el gobierno ha cedido demasiados beneficios potenciales del gas a las compañías extranjeras. Esa preocupación condujo a las sostenidas protestas en que la miles de personas que bloquearon las carreteras para exigir un aumento de un 18 por ciento sobre las regalías de esas compañías.
La semana pasada la nueva ley aprobada por el Congreso elevó los impuestos y royalties combinados para las compañías energéticas extranjeras al 50 por ciento. El presidente ni firmó ni vetó la ley, dejándola pasar sin su aprobación. Sus esfuerzos por eludir el tema, sin embargo, no han contribuido a su popularidad. Un diario de La Paz informó el viernes que la aprobación del presidente Mesa descendió 11 puntos entre mediados de abril y mediados de mayo, alcanzando un mínimo histórico de 44 por ciento.
Entretanto, grupos de interés a ambos lados atacaron de inmediato la nueva medida. Las compañías energéticas dijeron que el nuevo impuesto es tan alto que se verán obligados a reducir drásticamente sus inversiones en el país. Por otro lado, grupos de base dijeron que la ley era demasiado débil y que en lugar de privatizar las reservas, el estado debería nacionalizarlas.
La disputa ha sido especialmente intensa en la zona baja de Santa Cruz, donde se encuentra gran parte del gas. Líderes empresariales allá han exigido una mayor autonomía y menores restricciones sobre el comercio, pero manifestantes de otras regiones temen que Santa Cruz saque beneficios desproporcionados de esos cambios. Algunos incluso quieren que se rescriba la constitución para impedir que esas regiones adquieran autonomía política.
Carlos Alberto López, asesor de energéticas y ex vice-ministro de Energía, dijo que la inversión extranjera en el sector cayó de 604 millones de dólares en 1998 a unos 200 millones de dólares el año pasado y ahora probablemente ha descendido aun más. Los manifestantes "hablan solamente de dignidad, soberanía y nacionalismo", dijo López. "Pero si deja sin nada a los individuos, entonces no me parece muy digno".
Por otro lado, los partidarios de la nacionalización del gas creen que la historia está de su lado. Roberto Fernández Terán, profesor de económicas en la Universidad de San Simón, en Cochabamba, dijo que el gobierno gestionaba una "empresa exitosa" cuando controlaba la producción de petróleo del país y que los beneficios cayeron en picado cuando el petróleo se privatizó en los años noventa y fue en gran parte dejado en manos de firmas extranjeras.
Rojas, que ayudó a organizar las protesta esta semana, siente todavía más desconfianza de dejar que las compañías internacionales pongan sus manos en los tesoros naturales de Bolivia.
"Ellos pueden manipular el sistema", incluso con las nuevas duras leyes fiscales, predijo. "Los hidrocarburos seguirán en manos de las multinacionales. Y para la gente no habrá nada".
2 de junio de 2005
29 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que las enormes reservas de gas natural de Bolivia -las segundas en América del Sur- debería ser una bendición para el país más pobre del continente.Pero la semana pasada, la lucha sobre cómo explotar las reservas subterráneas sacaron una vez más a los manifestantes a la calle de varias ciudades, alimentando rumores de golpe militar y vejando a los líderes políticos que buscan una solución pacífica.
Justo días antes la legislatura nacional había subido substancialmente los impuestos y regalías de las compañías de energía extranjeras, una importante exigencia de los manifestantes en el pasado. Pero mientras las empresas energéticas criticaron inmediatamente el aumento como excesivo, algunos líderes de base dijeron que no iban demasiado lejos y exigieron el control estatal total de las reservas.
"La gente ha estado movilizándose constantemente, y seguiremos marchando", dijo Eugenio Rojas, líder de la tribu aimara, el viernes en La Paz, la capital. "Estamos pidiendo la renuncia del presidente, y estamos pidiendo la nacionalización del sector energético. Debería ser cien por cien para los bolivianos, no para las compañías transnacionales".
En los últimos dos años, las disputas por la energía han dominado la política boliviana. En 2003 derrocaron a un presidente; en marzo llevaron al actual, Carlos Mesa, a presentar su renunciar después de semanas de protestas y huelgas organizadas por una coalición de campesinos indígenas, mineros, cocaleros y grupos políticos socialistas.
Ahora, a pesar de varios intentos de llegar a un compromiso, el problema del combustible ha vuelto a encenderse. El lunes y martes los manifestantes rodearon edificios oficiales en La Paz. Fuerzas militares contuvieron a la muchedumbre con gas lacrimógeno y mangueras de agua, y hubo rumores de que el ejército, que gobernó al país hasta 1982, estaba planeando un golpe de estado.
El miércoles dos coroneles pidieron la renuncia de Mesa y propusieron que fuera remplazado por un gobierno cívico-militar. Sin embargo, al día siguiente, el ministerio de Defensa los obligó a retirarse y reiteró su apoyo de Mesa. Las protestas menguaron algo, pero líderes de la oposición juraron que continuarán presionando al gobierno la próxima semana.
"En los últimos tres o cuatro meses, los intereses de Mesa se han concentrado en tratar de impedir que el país explote", dijo Jim Shult, director ejecutivo del Centro por la Democracia, una organización sin fines de lucro en la central ciudad boliviana de Cochabamba. "No ha contentado a nadie, y parece casi irrelevante".
De momento Mesa ha evitado una repetición de los violentos enfrentamientos en 2003 que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada después de que tropas de gobierno abrieran fuego contra los manifestantes que se oponían a la exportación del gas boliviano, matando a más de 50 personas.
Sin embargo, los intentos de apaciguamiento del presidente han exasperado a grupos a todos los lados del debate sobre cómo gestionar mejor el desarrollo y producción de unos 53 trillones de pies cuadrados de gas natural enterrado debajo de las tierras bajas del este de Bolivia.
Muchos de los detractores de Mesa dicen que el gobierno ha cedido demasiados beneficios potenciales del gas a las compañías extranjeras. Esa preocupación condujo a las sostenidas protestas en que la miles de personas que bloquearon las carreteras para exigir un aumento de un 18 por ciento sobre las regalías de esas compañías.
La semana pasada la nueva ley aprobada por el Congreso elevó los impuestos y royalties combinados para las compañías energéticas extranjeras al 50 por ciento. El presidente ni firmó ni vetó la ley, dejándola pasar sin su aprobación. Sus esfuerzos por eludir el tema, sin embargo, no han contribuido a su popularidad. Un diario de La Paz informó el viernes que la aprobación del presidente Mesa descendió 11 puntos entre mediados de abril y mediados de mayo, alcanzando un mínimo histórico de 44 por ciento.
Entretanto, grupos de interés a ambos lados atacaron de inmediato la nueva medida. Las compañías energéticas dijeron que el nuevo impuesto es tan alto que se verán obligados a reducir drásticamente sus inversiones en el país. Por otro lado, grupos de base dijeron que la ley era demasiado débil y que en lugar de privatizar las reservas, el estado debería nacionalizarlas.
La disputa ha sido especialmente intensa en la zona baja de Santa Cruz, donde se encuentra gran parte del gas. Líderes empresariales allá han exigido una mayor autonomía y menores restricciones sobre el comercio, pero manifestantes de otras regiones temen que Santa Cruz saque beneficios desproporcionados de esos cambios. Algunos incluso quieren que se rescriba la constitución para impedir que esas regiones adquieran autonomía política.
Carlos Alberto López, asesor de energéticas y ex vice-ministro de Energía, dijo que la inversión extranjera en el sector cayó de 604 millones de dólares en 1998 a unos 200 millones de dólares el año pasado y ahora probablemente ha descendido aun más. Los manifestantes "hablan solamente de dignidad, soberanía y nacionalismo", dijo López. "Pero si deja sin nada a los individuos, entonces no me parece muy digno".
Por otro lado, los partidarios de la nacionalización del gas creen que la historia está de su lado. Roberto Fernández Terán, profesor de económicas en la Universidad de San Simón, en Cochabamba, dijo que el gobierno gestionaba una "empresa exitosa" cuando controlaba la producción de petróleo del país y que los beneficios cayeron en picado cuando el petróleo se privatizó en los años noventa y fue en gran parte dejado en manos de firmas extranjeras.
Rojas, que ayudó a organizar las protesta esta semana, siente todavía más desconfianza de dejar que las compañías internacionales pongan sus manos en los tesoros naturales de Bolivia.
"Ellos pueden manipular el sistema", incluso con las nuevas duras leyes fiscales, predijo. "Los hidrocarburos seguirán en manos de las multinacionales. Y para la gente no habrá nada".
2 de junio de 2005
29 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
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