uruguayos al banquillo
[Larry Rohter] Uruguay se ataca a viejos casos de derechos humanos. Acusan a ex presidente por secuestros y asesinatos.
Montevideo, Uruguay. Aquí, los años de presidente de Juan María Bordaberry a mediados de los años setenta son recordados quizás como los más desolados en la historia de este pequeño país, marcados por una ola de desapariciones, tortura y asesinatos con el fin de exterminar los restos del movimiento de la guerrilla izquierdista tupamaro.
Pero en marzo una coalición de gobierno de centro-izquierda, incluyendo a antiguos tupamaros, presentó cargos por "homicidio con agravante" contra el antiguo presidente y su ministro de asuntos exteriores por los crímenes más notorios de su era: el secuestro y asesinato de dos líderes del congreso que se habían exiliado en la vecina Argentina después de que se cerrara el congreso y los partidos políticos fueran prohibidos.
Cumpliendo con una promesa de campaña y respondiendo a la presión dentro del Frente Amplio que encabeza, el nuevo presidente Tabaré Vázquez, 65, médico, está tratando de reabrir otros emblemáticos casos de derechos humanos. Ya han comenzado las excavaciones en las barracas de un batallón del ejército donde se sospecha que hay enterradas algunas víctimas de abusos militares, y las tres ramas de las fuerzas armadas tienen plazo hasta agosto para entregar informes respondiendo a otras acusaciones.
Además, el gobierno está investigando las desapariciones aquí en 1976 de la nuera de un prominente poeta argentino y del destino de una mujer secuestrada por los militares en la embajada de Venezuela después de que hubiera pedido asilo político allá. Aunque oficiales militares que pensaban que estaban fuera de sospecha han emitido algunos ominosos sonidos de protesta, los partidarios de los derechos humanos en este país de 3.5 millones de habitantes están encantados.
"Al fin tenemos un gobierno que está dispuesto a oponerse a la impunidad y a sancionar a los responsables" de los abusos, dijo Javier Miranda, líder de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. "Uruguay ha ido siempre detrás, pero ahora estamos completamente en línea con lo que está pasando en el resto de la región".
En comparación con Argentina, donde se calcula que las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron a unas 30.000 personas, o Chile, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos es pequeño. El total de los que desaparecieron antes y después de que las fuerzas armadas despojaran a Bordaberry de su autoridad en 1973, permitiéndole seguir solamente como testaferro hasta mediados de 1976, ha sido calculado en 210, 70 de ellos secuestrados cuando vivían en el exilio en Argentina.
Pero en países vecinos, comisiones de investigación han sea presentado cargos en relación con esas violaciones o responsabilizado a individuos o instituciones, que en algunos casos han reconocido su culpa. Aquí, en contraste, no ha habido ninguna rendición de cuentas de esos acontecimientos; tampoco existe un intento oficial de determinar responsabilidades morales.
"Las fuerzas armadas uruguayas han sido más arrogantes e intransigentes en la región, con un profundo desprecio de esos temas", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas. "Nunca han sido confrontados sobre estas cuestiones ni obligados a dar ninguna explicación, y cuando se sugiere que pueden ser llamados a rendir cuentas, adoptan una actitud desafiante".
Esa postura ha sido apoyada tanto por lo que se conoce como la Ley de Nulidad, una amnistía declarada en 1986, que las fuerzas armadas exigieron como chantaje a cambio de devolver el poder a los políticos un año antes, y un plebiscito de abril de 1989 confirmó esa amnistía. Pero la opinión pública puede haber cambiado: en un sondeo de fines de junio más del 70 por ciento de los encuestados dijeron que aprobaban que Vázquez reabriera el tema de los derechos humanos.
Sin embargo, la amnistía de 1986 no se aplica a asesinatos o desapariciones que ocurrieron fuera del país ni a civiles implicados en esos casos. Esos resquicios han permitido al gobierno de Vázquez re-examinar los asesinatos en mayo de 1976, en Buenos Aires, del senador Zelmar Michelini y del parlamentario Héctor Gutiérrez Ruiz, que según grupos de derechos humanos fueron llevados a cabo conjuntamente por las fuerzas de seguridad uruguaya y argentina.
Uno de los hijos de Michelini es ahora un prominente senador mientras otros es el ministro de justicia de facto. El senador Rafael Michelini sostiene que todas las violaciones de derechos humanos cometidas antes del golpe de junio de 1973 que convirtieron a Bordaberry en un títere deberían ser excluidos de la amnistía, y ha estado ejerciendo presión para que los oficiales implicados en el asesinato de su padre sean acusados, junto con Bordaberry.
"Queremos que se respete la Ley de Nulidad, pero debe ser aplicada estrictamente, de acuerdo a su letra, de modo que el puñado de gente implicada, civiles y militares, sea llevada a justicia", dijo en una entrevista. "También la mayoría de los militares quieren que esto termine, de modo de poder sacarse ese peso de la espalda".
Bordaberry, ahora 77 y viviendo una tranquila jubilación, se negó a ser entrevistado. Pero Diego Viana, uno de sus abogados, describió la iniciativa contra su defendido como defectuosa, argumentando que Bordaberry no solamente era inocente sino que los principios de duplicación y el estatuto de limitaciones estaban siendo ignorados como resultado de presiones políticas.
"Hay una enorme campaña para castigar a alguien, sin importar si esa persona es responsable o no", dijo Viana, refiriéndose a los asesinatos en 1976 en Buenos Aires. "Mi cliente no ha estado implicado de ninguna manera en este episodio y fue de hecho derrocado por los militares poco después de eso".
El jefe del ejército, el general Ángel Bertolotti pidió una audiencia privada en junio pasado, primero con Vázquez y luego con su propio alto mando. Mientras que la perspectiva de un golpe aquí parece impensable, un grupo de oficiales emitió recientemente un manifiesto advirtiendo que cualquier intento de socavar la amnistía corría el riesgo de "exacerbar posiciones que pueden traducirse en un enfrentamiento que nadie desea y de consecuencias imprevisibles".
El cuerpo de oficiales está "incómodo y descontento de que Bertolotti no haga lo suficiente" para defenderla, dijo en una entrevista un oficial retirado que participó en la represión de los años setenta, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de los problemas políticos. "Nadie va a pelear por Bordaberry, pero sí por los oficiales".
No está claro si Vázquez está dispuesto a seguir adelante, ni si su campaña por los derechos humanos termina con Bordaberry. Las propias declaraciones del presidente han sido escasas y vagas, y recientemente el presidente de la Corte Suprema conminó a cuatro jueces instructores a instar, según la prensa local, con "discreción" para obligar a los oficiales militares y de la policía a declarar en casos que pueden conducir a que se presenten cargos criminales contra ellos.
31 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Montevideo, Uruguay. Aquí, los años de presidente de Juan María Bordaberry a mediados de los años setenta son recordados quizás como los más desolados en la historia de este pequeño país, marcados por una ola de desapariciones, tortura y asesinatos con el fin de exterminar los restos del movimiento de la guerrilla izquierdista tupamaro.Pero en marzo una coalición de gobierno de centro-izquierda, incluyendo a antiguos tupamaros, presentó cargos por "homicidio con agravante" contra el antiguo presidente y su ministro de asuntos exteriores por los crímenes más notorios de su era: el secuestro y asesinato de dos líderes del congreso que se habían exiliado en la vecina Argentina después de que se cerrara el congreso y los partidos políticos fueran prohibidos.
Cumpliendo con una promesa de campaña y respondiendo a la presión dentro del Frente Amplio que encabeza, el nuevo presidente Tabaré Vázquez, 65, médico, está tratando de reabrir otros emblemáticos casos de derechos humanos. Ya han comenzado las excavaciones en las barracas de un batallón del ejército donde se sospecha que hay enterradas algunas víctimas de abusos militares, y las tres ramas de las fuerzas armadas tienen plazo hasta agosto para entregar informes respondiendo a otras acusaciones.
Además, el gobierno está investigando las desapariciones aquí en 1976 de la nuera de un prominente poeta argentino y del destino de una mujer secuestrada por los militares en la embajada de Venezuela después de que hubiera pedido asilo político allá. Aunque oficiales militares que pensaban que estaban fuera de sospecha han emitido algunos ominosos sonidos de protesta, los partidarios de los derechos humanos en este país de 3.5 millones de habitantes están encantados.
"Al fin tenemos un gobierno que está dispuesto a oponerse a la impunidad y a sancionar a los responsables" de los abusos, dijo Javier Miranda, líder de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. "Uruguay ha ido siempre detrás, pero ahora estamos completamente en línea con lo que está pasando en el resto de la región".
En comparación con Argentina, donde se calcula que las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron a unas 30.000 personas, o Chile, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos es pequeño. El total de los que desaparecieron antes y después de que las fuerzas armadas despojaran a Bordaberry de su autoridad en 1973, permitiéndole seguir solamente como testaferro hasta mediados de 1976, ha sido calculado en 210, 70 de ellos secuestrados cuando vivían en el exilio en Argentina.
Pero en países vecinos, comisiones de investigación han sea presentado cargos en relación con esas violaciones o responsabilizado a individuos o instituciones, que en algunos casos han reconocido su culpa. Aquí, en contraste, no ha habido ninguna rendición de cuentas de esos acontecimientos; tampoco existe un intento oficial de determinar responsabilidades morales.
"Las fuerzas armadas uruguayas han sido más arrogantes e intransigentes en la región, con un profundo desprecio de esos temas", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas. "Nunca han sido confrontados sobre estas cuestiones ni obligados a dar ninguna explicación, y cuando se sugiere que pueden ser llamados a rendir cuentas, adoptan una actitud desafiante".
Esa postura ha sido apoyada tanto por lo que se conoce como la Ley de Nulidad, una amnistía declarada en 1986, que las fuerzas armadas exigieron como chantaje a cambio de devolver el poder a los políticos un año antes, y un plebiscito de abril de 1989 confirmó esa amnistía. Pero la opinión pública puede haber cambiado: en un sondeo de fines de junio más del 70 por ciento de los encuestados dijeron que aprobaban que Vázquez reabriera el tema de los derechos humanos.
Sin embargo, la amnistía de 1986 no se aplica a asesinatos o desapariciones que ocurrieron fuera del país ni a civiles implicados en esos casos. Esos resquicios han permitido al gobierno de Vázquez re-examinar los asesinatos en mayo de 1976, en Buenos Aires, del senador Zelmar Michelini y del parlamentario Héctor Gutiérrez Ruiz, que según grupos de derechos humanos fueron llevados a cabo conjuntamente por las fuerzas de seguridad uruguaya y argentina.
Uno de los hijos de Michelini es ahora un prominente senador mientras otros es el ministro de justicia de facto. El senador Rafael Michelini sostiene que todas las violaciones de derechos humanos cometidas antes del golpe de junio de 1973 que convirtieron a Bordaberry en un títere deberían ser excluidos de la amnistía, y ha estado ejerciendo presión para que los oficiales implicados en el asesinato de su padre sean acusados, junto con Bordaberry.
"Queremos que se respete la Ley de Nulidad, pero debe ser aplicada estrictamente, de acuerdo a su letra, de modo que el puñado de gente implicada, civiles y militares, sea llevada a justicia", dijo en una entrevista. "También la mayoría de los militares quieren que esto termine, de modo de poder sacarse ese peso de la espalda".
Bordaberry, ahora 77 y viviendo una tranquila jubilación, se negó a ser entrevistado. Pero Diego Viana, uno de sus abogados, describió la iniciativa contra su defendido como defectuosa, argumentando que Bordaberry no solamente era inocente sino que los principios de duplicación y el estatuto de limitaciones estaban siendo ignorados como resultado de presiones políticas.
"Hay una enorme campaña para castigar a alguien, sin importar si esa persona es responsable o no", dijo Viana, refiriéndose a los asesinatos en 1976 en Buenos Aires. "Mi cliente no ha estado implicado de ninguna manera en este episodio y fue de hecho derrocado por los militares poco después de eso".
El jefe del ejército, el general Ángel Bertolotti pidió una audiencia privada en junio pasado, primero con Vázquez y luego con su propio alto mando. Mientras que la perspectiva de un golpe aquí parece impensable, un grupo de oficiales emitió recientemente un manifiesto advirtiendo que cualquier intento de socavar la amnistía corría el riesgo de "exacerbar posiciones que pueden traducirse en un enfrentamiento que nadie desea y de consecuencias imprevisibles".
El cuerpo de oficiales está "incómodo y descontento de que Bertolotti no haga lo suficiente" para defenderla, dijo en una entrevista un oficial retirado que participó en la represión de los años setenta, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de los problemas políticos. "Nadie va a pelear por Bordaberry, pero sí por los oficiales".
No está claro si Vázquez está dispuesto a seguir adelante, ni si su campaña por los derechos humanos termina con Bordaberry. Las propias declaraciones del presidente han sido escasas y vagas, y recientemente el presidente de la Corte Suprema conminó a cuatro jueces instructores a instar, según la prensa local, con "discreción" para obligar a los oficiales militares y de la policía a declarar en casos que pueden conducir a que se presenten cargos criminales contra ellos.
31 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
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