senado aprueba leyes antiterroristas
[Laurie Kellman] Senado renueva ley patriótica.
Washington, Estados Unidos. El jueves el Senado aprobó la renovación de la Ley Patriótica estadounidense después de agregar nuevas garantías de protección de la privacidad destinadas a producir un mejor balance entre las libertades civiles y el poder del gobierno para erradicar a los terroristas.
La votación de 89-10 marcó un brillante momento para el atribulado segundo término del presidente Bush en momentos en que su puntaje de aprobación cae en picado por la guerra de Iraq y la respuesta de su gobierno ante el huracán Katrina. Renovar la ley, dijeron Bush y los republicanos en el Congreso, era clave para impedir más atentados terroristas en Estados Unidos.
Bush aplaudió al Senado por superar "los intentos partidistas de bloquear su aprobación". Se espera que la Cámara apruebe el paquete de dos proyectos de ley la semana próxima y lo envíe al presidente, que deberá firmarlo antes de que expiren sus disposiciones el 10 de marzo.
"Este proyecto de ley permitirá que nuestros policías continúen usando las mismas herramientas contra los terroristas que las que ya usamos contra los traficantes de drogas y otros delincuentes, al mismo tiempo que garantiza al pueblo americano las libertades civiles", dijo Bush en una declaración desde India.
Los críticos mantuvieron sus posiciones. Una maniobra obstruccionista en diciembre, dirigida por el senador Russel Feingold, demócrata de Wisconsin, y apoyada por varios republicanos defensores de las libertades civiles obligó al gobierno de Bush a aceptar modestas limitaciones al poder del gobierno para investigar archivos bancarios, de bibliotecas y otros.
Feingold insistió en que esas nuevas garantías eran cosméticas.
"Los americanos quieren derrotar al terrorismo y quieren que las características elementales del país sobrevivan y prosperen", dijo. "Quieren seguridad y libertad, y si no reciben las dos -y podemos, si tratamos-, habremos fracasado".
Algunos legisladores que votaron por los proyectos reconocieron tener profundas reservas sobre el poder que estaban otorgando al presidente.
"Nuestro respaldo a la Ley Patriótica no significa un cheque en blanco para el presidente", dijo el líder de los demócratas, Harry Reid, de Nevada, que votó por el paquete de proyectos de ley. "Lo que tratamos de hace sobre una base bipartidista es tener un mejor proyecto de ley. Ha sido mejorado".
Pero no fue suficiente ni siquiera para el principal patrocinador del proyecto de ley en el Senado, el presidente de Comité de la Magistratura del Senado, Arlen Specter, republicano de Pensilvania. Tras prologadas negociaciones se llegó a un compromiso entre el Senado y la Cámara, y Specter instó a sus colegas a aprobarlo aunque tuviera que prometer la introducción de una nueva medida y realizar audiencias para ver cómo solucionarlo.
De momento, Bush y sus aliados republicanos saborearon una importante victoria. Durante meses su imagen de ser duros contra el terrorismo se ha visto empañada por la revelación de que el presidente autorizó un programa secreto de interceptaciones de ciudadanos estadounidenses. El informe de diciembre dio municiones a los demócratas para su acusación de que el gobierno de Bush se ha vuelto loco en su celo por terminar con los terroristas.
Con la ayuda de algunos republicanos, pudieron bloquear una votación sobre si renovar o no la ley antes de que 16 de sus disposiciones expiraran el 31 de diciembre.
Los líderes republicanos fueron incapaces de salir del atasco, de modo que el Congreso optó por extender la fecha límite dos veces mientras continuaban las negociaciones. Al final, la Casa Blanca y los republicanos rompieron el impasse redactando una segunda moción que limitaría algunos poderes de los funcionarios policiales en su recolección de información. Las dos serán enviadas a Bush en un solo paquete.
El segundo proyecto -en realidad una enmienda de la moción para renovar las 16 disposiciones- agregaría nuevas garantías en las tres áreas de la ley antiterrorista de 2001.
-Daría a los recipientes de emplazamientos de información aprobadas por tribunales en investigaciones terroristas, el derecho a rechazar la exigencia de que no lo cuenten a otros.
-Eliminaría la exigencia de que un individuo proporcione al FBI el nombre de un abogado consultado sobre la Carta de Seguridad Nacional, que es una exigencia de archivos impuesta por los investigadores.
-Dejaría en claro que la mayoría de las bibliotecas no están sujetas a las exigencias de esas cartas de información sobre sospechosos de actividades terroristas.
Aprobada en las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados terroristas, la Ley Patriótica original expandía las atribuciones de vigilancia y procesales del gobierno contra sospechosos de terrorismo, sus asociados y financistas.
El paquete renovado convertirá a 14 de las 16 disposiciones provisionales en permanente, y fijaría un término de expiración de cuatro años para las otras.
La renovación incluye varias medidas no relacionadas directamente con el terrorismo. Una de ellas haría difícil que laboratorios clandestinos obtengan los ingredientes de la metanfetamina exigiendo que las farmacias vendan medicinas sin receta médica sólo desde detrás del mesón.
Otra se concentra en la seguridad portuaria, imponiendo nuevas sanciones criminales y sentencia de muerte en algunas circunstancias por colocar aparatos o substancias en aguas estadounidenses, que pudieran dañar embarcaciones o cargo.
El principal aliado de Feingold, el senador Robert C. Byrd, demócrata de Virginia del Oeste, dijo que el paquete no era suficiente para controlar lo que describió como la tendencia presidencial a través de la historia de "hacerse cada vez más con más poder".
"La erosión de la libertad la causa rara vez un ataque frontal declarado", advirtió Byrd. "Más bien, el ataque es gradual, nocivo, envuelto en secreto y encubierto por el consuelo de una mayor seguridad".
Los votos en contra provienieron de Jim Jeffords, independiente de Vermont, y Feingold, Byrd y otros siete demócratas del Senado: Daniel Akaka, de Hawai; Jeff Bingaman, de Nuevo México; Tom Harkin, de Iowa; Patrick Leahy, de Vermont; Carl Levin, de Michigan; Patty Murray, de Washington y Ron Wyden, de Oregon.
El senador Daniel Inouye, demócrata de Hawai, no votó.
Washington, Estados Unidos. El jueves el Senado aprobó la renovación de la Ley Patriótica estadounidense después de agregar nuevas garantías de protección de la privacidad destinadas a producir un mejor balance entre las libertades civiles y el poder del gobierno para erradicar a los terroristas.La votación de 89-10 marcó un brillante momento para el atribulado segundo término del presidente Bush en momentos en que su puntaje de aprobación cae en picado por la guerra de Iraq y la respuesta de su gobierno ante el huracán Katrina. Renovar la ley, dijeron Bush y los republicanos en el Congreso, era clave para impedir más atentados terroristas en Estados Unidos.
Bush aplaudió al Senado por superar "los intentos partidistas de bloquear su aprobación". Se espera que la Cámara apruebe el paquete de dos proyectos de ley la semana próxima y lo envíe al presidente, que deberá firmarlo antes de que expiren sus disposiciones el 10 de marzo.
"Este proyecto de ley permitirá que nuestros policías continúen usando las mismas herramientas contra los terroristas que las que ya usamos contra los traficantes de drogas y otros delincuentes, al mismo tiempo que garantiza al pueblo americano las libertades civiles", dijo Bush en una declaración desde India.
Los críticos mantuvieron sus posiciones. Una maniobra obstruccionista en diciembre, dirigida por el senador Russel Feingold, demócrata de Wisconsin, y apoyada por varios republicanos defensores de las libertades civiles obligó al gobierno de Bush a aceptar modestas limitaciones al poder del gobierno para investigar archivos bancarios, de bibliotecas y otros.
Feingold insistió en que esas nuevas garantías eran cosméticas.
"Los americanos quieren derrotar al terrorismo y quieren que las características elementales del país sobrevivan y prosperen", dijo. "Quieren seguridad y libertad, y si no reciben las dos -y podemos, si tratamos-, habremos fracasado".
Algunos legisladores que votaron por los proyectos reconocieron tener profundas reservas sobre el poder que estaban otorgando al presidente.
"Nuestro respaldo a la Ley Patriótica no significa un cheque en blanco para el presidente", dijo el líder de los demócratas, Harry Reid, de Nevada, que votó por el paquete de proyectos de ley. "Lo que tratamos de hace sobre una base bipartidista es tener un mejor proyecto de ley. Ha sido mejorado".
Pero no fue suficiente ni siquiera para el principal patrocinador del proyecto de ley en el Senado, el presidente de Comité de la Magistratura del Senado, Arlen Specter, republicano de Pensilvania. Tras prologadas negociaciones se llegó a un compromiso entre el Senado y la Cámara, y Specter instó a sus colegas a aprobarlo aunque tuviera que prometer la introducción de una nueva medida y realizar audiencias para ver cómo solucionarlo.
De momento, Bush y sus aliados republicanos saborearon una importante victoria. Durante meses su imagen de ser duros contra el terrorismo se ha visto empañada por la revelación de que el presidente autorizó un programa secreto de interceptaciones de ciudadanos estadounidenses. El informe de diciembre dio municiones a los demócratas para su acusación de que el gobierno de Bush se ha vuelto loco en su celo por terminar con los terroristas.
Con la ayuda de algunos republicanos, pudieron bloquear una votación sobre si renovar o no la ley antes de que 16 de sus disposiciones expiraran el 31 de diciembre.
Los líderes republicanos fueron incapaces de salir del atasco, de modo que el Congreso optó por extender la fecha límite dos veces mientras continuaban las negociaciones. Al final, la Casa Blanca y los republicanos rompieron el impasse redactando una segunda moción que limitaría algunos poderes de los funcionarios policiales en su recolección de información. Las dos serán enviadas a Bush en un solo paquete.
El segundo proyecto -en realidad una enmienda de la moción para renovar las 16 disposiciones- agregaría nuevas garantías en las tres áreas de la ley antiterrorista de 2001.
-Daría a los recipientes de emplazamientos de información aprobadas por tribunales en investigaciones terroristas, el derecho a rechazar la exigencia de que no lo cuenten a otros.
-Eliminaría la exigencia de que un individuo proporcione al FBI el nombre de un abogado consultado sobre la Carta de Seguridad Nacional, que es una exigencia de archivos impuesta por los investigadores.
-Dejaría en claro que la mayoría de las bibliotecas no están sujetas a las exigencias de esas cartas de información sobre sospechosos de actividades terroristas.
Aprobada en las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados terroristas, la Ley Patriótica original expandía las atribuciones de vigilancia y procesales del gobierno contra sospechosos de terrorismo, sus asociados y financistas.
El paquete renovado convertirá a 14 de las 16 disposiciones provisionales en permanente, y fijaría un término de expiración de cuatro años para las otras.
La renovación incluye varias medidas no relacionadas directamente con el terrorismo. Una de ellas haría difícil que laboratorios clandestinos obtengan los ingredientes de la metanfetamina exigiendo que las farmacias vendan medicinas sin receta médica sólo desde detrás del mesón.
Otra se concentra en la seguridad portuaria, imponiendo nuevas sanciones criminales y sentencia de muerte en algunas circunstancias por colocar aparatos o substancias en aguas estadounidenses, que pudieran dañar embarcaciones o cargo.
El principal aliado de Feingold, el senador Robert C. Byrd, demócrata de Virginia del Oeste, dijo que el paquete no era suficiente para controlar lo que describió como la tendencia presidencial a través de la historia de "hacerse cada vez más con más poder".
"La erosión de la libertad la causa rara vez un ataque frontal declarado", advirtió Byrd. "Más bien, el ataque es gradual, nocivo, envuelto en secreto y encubierto por el consuelo de una mayor seguridad".
Los votos en contra provienieron de Jim Jeffords, independiente de Vermont, y Feingold, Byrd y otros siete demócratas del Senado: Daniel Akaka, de Hawai; Jeff Bingaman, de Nuevo México; Tom Harkin, de Iowa; Patrick Leahy, de Vermont; Carl Levin, de Michigan; Patty Murray, de Washington y Ron Wyden, de Oregon.
El senador Daniel Inouye, demócrata de Hawai, no votó.
2 de marzo de 2006
©chicago tribune
©traducción mQh
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