dictador usaba identidades falsas
Luego de varios meses de diligencias reservadas, el ministro Carlos Cerda -a cargo del caso Riggs- descubrió el secreto mejor guardado hasta la fecha por la defensa del ex dictador: la identidad falsa que Augusto Pinochet usó para abrir cuentas corrientes y pedir millonarios créditos en bancos chilenos.La información fue revelada a La Nación por una alta fuente de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones (Jipol), de quien depende la Fuerza de Tareas Reservadas (FTI), la unidad que preparó el documento anexado a la causa.
El informe fue entregado recientemente a la jueza del 30º Juzgado del Crimen de Santiago María Eugenia Campo -reemplazante del por ahora inhabilitado ministro Cerda- y contiene documentos, cartas y declaraciones de ejecutivos que acreditan un nuevo delito contra el ex dictador: la infracción al artículo 160 de la Ley General de Bancos.
El cuerpo legal establece penas corporales a quien "obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios...".
Chile y el Mundo
Los detectives de la FTI verificaron que el ex dictador abrió cuentas en el desaparecido Banco de Talca, que quebró en 1982, con el alias de José Ramón Ugarte.
Esta identidad falsa fue descubierta por el ministro Sergio Muñoz que sustanció el caso Riggs antes de subir a la Suprema, la que fue utilizada para abrir las cuentas en bancos de Estados Unidos y Europa. Sin embargo las diligencias de la FTI, a las órdenes del ministro Carlos Cerda, acreditaron que también usó el mismo nombre en Chile para hacerse productos financieros en el Banco de Talca, en el Citicorp & Santiago S.A. y en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Esta comprobación echa por tierra el argumento de la defensa de Pinochet, como también lo sostenido por su familia, en el sentido de que el ex dictador sólo usó este nombre falso para abrir cuentas en Estados Unidos y Europa y no ser descubierto.
Así se abre entonces un flanco hasta ahora no develado: Pinochet también usó el sistema financiero chileno donde pudo haber lavado ilegalmente sus activos en la década de los 80, contando aparentemente con el apoyo de esas entidades bancarias.
Evidencias
La primera confirmación de esta nueva ilegalidad aparece en el informe allegado al proceso por la FTI el 24 de febrero con el interrogatorio realizado a Felipe Bórquez Oyarzún, gerente de la sucursal Ahumada del Banco de Talca. Nacido el 25 de abril de 1943 en Purranque, Décima Región, Bórquez Oyarzún aseguró no recordar a José Ramón Ugarte, pero reconoció un certificado emitido por la entidad que llevaba su firma.
Los detectives fueron incisivos en sus preguntas con el ex ejecutivo, pero el profesional insistió que su mente estaba en blanco. Sin embargo, entregó el nombre del jefe de la unidad de tarjetas de crédito y cuentas corrientes, Carlos Cholaneri.
Este último, que trabajó en el Banco de Talca desde 1979, fue ubicado por los policías y aseguró que tampoco tenía en sus recuerdos a un José Ramón Ugarte. Pero explicó que "un hijo de él (Pinochet). mantenía una tarjeta de crédito, tomando contacto con un oficial de la casa militar que realizaba un seguimiento a la cuenta". El Banco de Talca fue liquidado por la Superintendencia de Bancos en 1982, tras su intervención en noviembre de 1981. Sus controladores fueron posteriormente condenados por defraudación.
Bancos: Con y Sin Información
Todo indicaría que el certificado que tiene en su poder la policía es original, como también otro que define a José Ramón Ugarte como un cliente ejemplar, emitido el 24 de noviembre de 1981 por el BCI, lo que implica que también usó este alias en dicha entidad financiera.
La guinda de la torta es una carta enviada por José Ramón Ugarte a un funcionario llamado Aurelio Nieto del Citicorp & Santiago S.A. (en 1981), donde adjunta los documentos de los bancos de Talca y Crédito e Inversiones, para abrir una nueva cuenta. La misiva incluye una certificación de firmas de la identidad falsa de Pinochet -que debió ser hecha ante un notario-, como también solicita un comprobante por un depósito de 30 mil dólares hecho en el Citicorp & Santiago S.A.
Pero los detectives, no satisfechos con las explicaciones de los ejecutivos antes citados, buscaron más información. El 3 de febrero enviaron el oficio Nº FT 45 al BCI pidiendo antecedentes respecto a un cliente llamado José Ramón Ugarte. Sin embargo, la entidad financiera respondió el 6 de febrero "sin aportar antecedentes útiles a la investigación".
Los policías entonces volvieron a la carga y le enviaron al BCI una copia del documento que emitió la misma entidad para José Ramón Ugarte, preguntando quién lo había firmado y si guardaban el original. El 10 de febrero escribieron los oficiales de la FTI: "No se obtuvo una respuesta satisfactoria a los requerimientos antes expuestos".
Lo mismo hicieron con el Citibank. El 15 de febrero la entidad reconoció que la carta efectivamente fue enviada por José Ramón Ugarte y fue dirigida a la sede de Nueva York. En el documento que vino de vuelta, "se detalla una serie de funcionarios entre los que se encuentra Aurelio Nieto", escriben los investigadores. Tratándose del mismo período en que Pinochet abrió cuentas en el Citigroup en EEUU, podría tratarse de las operaciones investigadas con anterioridad.
Como el Banco de Talca fue absorbido en 1982 por el Centro Banco, posteriormente Central Hispano, cuyos capitales pertenecen hoy al Banco Santander, a esta última entidad se enviaron -el 6 de febrero- los certificados del Banco de Talca para saber qué calidad de cliente tuvo José Ramón Ugarte. El Santander aseguró desconocer los antecedentes.
El Citicorp & Santiago S.A., era un banco de negocios que operaba en Chile integrado por el Citigroup y el Banco de Santiago.
Fondos de Cema Chile y OOPP para El Melocotón
Uno de los detalles que verifican cómo Augusto Pinochet usó los fondos del Estado para su beneficio personal y de su familia, se encuentran en la declaración de la arquitecta del entonces ministerio de Obras Públicas y Cema Chile, Ruth Ballevona Ramírez.
La mujer prestó declaración el 20 de febrero en calidad de testigo ante el ministro Cerda y en ella relata que la residencia de El Melocotón fue construida con fondos fiscales. Esa casa figura hoy como una de las propiedades de Pinochet.
Para el caso de obreros que trabajaban en Cema Chile, Ballevona indicó que los sueldos eran financiados por el ministerio del Interior de la época. "El sueldo no era tan bajo, ya que se trataba de obreros calificados, carpinteros de primera, los que generalmente eran esposos, hijos o parientes de las socias de Cema".
Otras de las personas que declaró ante el magistrado fue el director administrativo de Cema, Álvaro Romero Reyes, ex oficial de ejército que ocupó el puesto entre 1984 a 1986.
Romero Reyes confirmó el uso de fondos, por ejemplo, para construir la biblioteca de Pinochet, "por la gran cantidad de libros que tenía".
El ex administrador aseguró que fueron los obreros de Cema los que participaron en dicha construcción y reconoció no saber de dónde provinieron los fondos para la misma.
6 de marzo de 2006
©la nación 
procesan a general (r) en episodio linares
El ministro de fuero Alejandro Solís procesó al director de la Escuela de Artillería y ex jefe de plaza de la provincia de Linares, entonces coronel Gabriel del Río Espinoza, como autor de los delitos de secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores y José Gabriel Campos Morales. Esto, en el marco del episodio que investiga la desaparición de militantes del MIR y del Partido Socialista en Linares entre septiembre de 1973 y enero de 1974.
En el auto de procesamiento, el magistrado expresó que "no obstante la negativa de Gabriel del Río Espinoza en reconocer su participación, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado" en la causa existen antecedentes que permiten presumir su autoría en el ilícito.
Según lo establecido en el la resolución, el encausado en las declaraciones indagatorias que prestó ante el tribunal reconoció haberse desempeñado, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 20 de enero de 1974, como director de la Escuela de Artillería de Linares, con el grado de coronel e intendente y jefe de plaza de la provincia de Linares.
Del Río, además, admitió que "el Servicio de Inteligencia integrado que funcionó en la Escuela en 1973 dependía de (Jorge) Zincke y de (Claudio) Lecaros pero ambos estaban bajo su responsabilidad", según consta en el dictamen.
En ese período fueron detenidos los cinco miembros del MIR y del PS de quienes se perdió la pista tras haber permanecido recluidos en la Escuela de Artillería de Linares.
Con esta nueva encargatoria de reo, el ministro Solís complementó la decretada en junio de 2003 contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex comandante de Guarnición de Santiago, Jorge Zincke Quiroz.
En esa oportunidad, Solís también encausó al ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno militar, general (R) Humberto Julio, y a los ex uniformados Carlos Morales, Félix Cabezas, Juan Morales, Claudio Lecaros, Antonio Aguilar y Héctor Torres.
El juez no ordenó embargar los bienes de Del Río, pero se negó a otorgarle la libertad provisional pues constituye un peligro para la sociedad "atendida la multiplicidad de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos", sostuvo en su resolución.
6 de marzo de 2006
©la nación
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