ministro de pinochet será procesado
Mientras Sergio Fernández era ministro del Interior en 1981, la CNI detuvo al historiador y ex integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Pablo Fuenzalida. Lo trasladaron al cuartel Borgoño donde lo torturaron en numerosas ocasiones. Cuando llevaba semanas detenido, Fuenzalida escuchó que un agente de la CNI dijo que ‘El Jote’ iba a presenciar las sesiones de torturas.A esas alturas el detenido conversaba a menudo de política con algunos agentes, dada su condición de historiador, por lo que se atrevió a preguntar quién era ‘El Jote’. El médico encargado de supervisar las torturas, luego identificado como Osvaldo Pincetti, se negó a responder. Pero Fuenzalida tuvo otras fuentes. Uno de los agentes de la CNI en Borgoño había nacido en el fundo del abuelo de Fuenzalida en Teno. Y éste le confesó que ‘El Jote’ no era otro que Sergio Fernández.
Fuenzalida cayó preso junto al diputado Sergio Aguiló y su testimonio es parte de la querella por torturas en contra de Pinochet y Fernández, presentada por el diputado en marzo de 2005. Fuenzalida ha declarado en varias oportunidades y ha entregado otros antecedentes sobre la presunta presencia de Fernández en las sesiones de torturas de la CNI. Las abogadas que representan a Aguiló, Alejandra Arriaza y Zunilda Parra, consideran que el testimonio de Fuenzalida es fundamental "para encontrar las responsabilidades que se buscan".
De todas las acciones en su contra, la querella de Aguiló es la única donde Fernández ha nombrado a un abogado defensor: su amigo de toda la vida Miguel Alex Schweitzer. Mañana lunes el ex senador de la UDI por la XII Región pierde su fuero parlamentario y lo esperan por lo menos otras tres acciones judiciales en las que tendrá que declarar. Según los informes Rettig y Valech, durante los dos períodos en que Fernández fue ministro del Interior (1978-1982 y 1987-1988) murieron 142 personas a manos de los agentes de la CNI.
Difícil de Librar
Otro frente que el ex senador y fundador de la UDI debe enfrentar no es menos complejo. Se trata de una querella presentada en noviembre de 2003 por 25 detenidos por la CNI. El libelo también persigue las responsabilidades de Sergio Onofre Jarpa –otro ex ministro del Interior de Pinochet–, del fiscal militar Fernando Torres Silva y del ex jefe de operaciones de la CNI Álvaro Corbalán Castilla.
La defensa de los 25 querellantes considera como prueba fundamental los antecedentes de la causa presentada por Ana María Salas, detenida por la CNI. Alejandra Arriaza, del Codepu, señala que está acreditado que luego de que la familia de Salas presentara un recurso de amparo por la detención de Ana María, Fernández negó el hecho. "Más tarde, el propio ministro Fernández tuvo que reconocer que Ana María había sido requerida por la CNI".
Otro testimonio que alimenta la querella de los 25 torturados por la CNI es el de Juana Rosa Aguilera Jaramillo, detenida el 7 de mayo de 1980. La madre de Juana presentó un recurso de amparo. Fernández, en su respuesta, confirmó que la detención había sido solicitada a la CNI. En la querella, Aguilera explica que quienes la detuvieron nunca se identificaron como agentes del Estado y que fue torturada y, posteriormente, obligada a firmar una declaración señalando que no había recibido apremio físico. "Primero nos filmaban sin rasgos de tortura, luego nos torturaban y posteriormente nos hacían firmar que nada había sucedido", dice.
El caso de Juana no termina ahí. Luego de su detención fue procesada por el ex presidente de la Corte Suprema Marcos Libedinsky, quien –según la afectada– para encausarla se basó en las declaraciones que prestó bajo tortura. Estuvo detenida durante cuatro años, hasta que fue condenada a 101 días de presidio por infracción a la Ley de Armas y Explosivos. No se pudo acreditar su participación en los presuntos actos terroristas que se le imputaron.
A fines del año pasado, una petición de desafuero fue presentada en contra de Fernández en el marco de la misma querella de los 25 detenidos. Ésta no ha sido contestada por el juez Gajardo Galdames. Lo mismo sucede con la querella del diputado Aguiló. "El juez jamás se ha pronunciado sobre las solicitudes de que declare Sergio Fernández sobre los hechos investigados, aunque se le ha pedido en reiteradas ocasiones", explica la abogada Arriaza. Una petición anterior de desafuero por la Operación Cóndor fue rechazada en abril pasado. Pero Arriaza tiene confianza: "Con la pérdida de su fuero, Fernández puede ser juzgado como un ciudadano común".
DINA = CNI
El ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker también declaró en la querella de Aguiló. Durante el período en que Fernández fue ministro del Interior, Walker estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Ahí presenció cómo la CNI detenía de forma ilegal, actos que posteriormente eran "cubiertos" por el ministerio del Interior a través de los decretos exentos que firmaba Fernández.
En una declaración del 5 de junio de 2005, Walker señala que estas acciones "obedecían a una estructura jerárquica de Estado, dirigida por el entonces general Augusto Pinochet Ugarte en su calidad primero de jefe de la Junta Militar y después de presidente de la República, y siendo en esos años ministro del Interior Sergio Fernández".
Arriaza agrega: "Lo que está quedando en evidencia es que la CNI, con Fernández a la cabeza, operaba de forma similar a la DINA. Es decir, primero se detenía, se torturaba, y luego aparecían los decretos exentos de detención firmados por el ministro del Interior".
Señal Ejemplar
A Fernández también lo espera una querella que será presentada antes de que finalice este mes. Es por su presunta responsabilidad en el asesinato de Lisandro Sandoval Torres, ocurrido el 17 de agosto de 1981 en la intersección de las calles Sargento Rojas y Ranger, en Concepción.
Es un caso paradigmático, ya que Sandoval fue el primer mirista que volvió a Chile de forma legal en 1978. La caza en su contra, cuenta su hermano Héctor, fue durísima. "Se le tendieron muchos cercos para eliminarlo. El mensaje que deseaba transmitir la CNI es que a los retornados que hicieran oposición les esperaba la muerte. Por este motivo, el Arzobispado de Concepción y mi familia interpusieron varios recursos de amparo".
En 2003, el juez Alejandro Solís condenó a diez años de prisión a Álvaro Corbalán por este crimen. La querella interpuesta por el hermano de Lisandro era por homicidio calificado, asociación ilícita genocida y complicidad en genocidio. Estaba dirigida en contra de Augusto Pinochet, Odlanier Mena y Sergio Fernández, como ministro del Interior. Sin embargo, sólo fue castigado Corbalán. Hasta ahora.
Lo que relaciona a Fernández con el caso es que el 27 de mayo de 1981 fue publicado en el "Diario Oficial" un decreto exento de detención en contra de Lisandro Sandoval y otras nueve personas, que lleva la firma de Fernández como ministro del Interior.
En una declaración por oficio al juez Solís, Fernández afirma que él mismo ordenó la detención de Sandoval por su participación en una toma de la Catedral de Santiago, ocurrida en esos días. Sin embargo, la mujer de Lisandro Sandoval declaró que en esa fecha ambos se encontraban en Concepción. "Lo grave es que la firma de Fernández parece una sentencia de muerte, ya que Sandoval murió tres meses después del decreto y, entremedio, el ministro no se preocupó de esclarecer si Sandoval efectivamente estuvo en la catedral", señala el abogado Carlos Cáceres.
Responsabilidad Política
Los abogados Alfredo Morgado, Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez interpusieron en 2004 una querella contra Fernández, Pinochet y los que resulten responsables por otro grupo de personas detenidas a manos de la CNI. El libelo es por asociación ilícita y torturas, y es instruido por el juez Joaquín Billard. Morgado tiene esperanzas en un recurso de inaplicabilidad que presentó en contra de la ley que hizo secretos los testimonios recopilados por la Comisión Valech. "Esa es una fuente de información fundamental para nuestra causa", dice.
De todas formas, son muchos los documentos que incomodan a Fernández. Dentro de las muertes que consigna el Informe Rettig se encuentra la del estudiante de Periodismo de la Universidad Católica Eduardo Jara, detenido el 23 de julio de 1980. Murió en la posta luego de ser liberado producto de las gravísimas lesiones que presentaba.
11 de marzo de 2006
según pinochet coronel huber fue asesinado con fusil
Hacía años que el general (R) Augusto Pinochet conocía al coronel Gerardo Huber cuando el cadáver del jefe de Adquisiciones de la Dirección de Logística apareció sobre un montículo de tierra en medio del río Maipo. Era el 20 de febrero de 1992 y llevaba 22 días desaparecido.El 6 de diciembre de 2005 el ex comandante en jefe declaró en calidad de testigo ante el ministro en visita Claudio Pavez, que esta semana procesó a cinco altos oficiales por asociación ilícita para cometer el homicidio, perpetrado semanas después de que Huber declarara por el fallido tráfico de armas a Croacia en 1991.
La declaración de cuatro páginas consigna que el general (R) dijo que "lo conocí cuando se desempeñaba como jefe del Complejo Químico de Talagante (1987) y yo fui a revisar esa instalación. Recuerdo haber conversado con motivo de su cargo en dos oportunidades con él. Además, recuerdo que era muy amigo de la familia Tapia, y una hija del matrimonio (Loreto Tapia) contrajo matrimonio con mi nieto Hernán García Pinochet y por ello tuve otros contactos superficiales con él", quien era padrino de bautizo de la joven.
Diálogo en Bucalemu
El 30 de enero, Pinochet celebró en Bucalemu su aniversario de matrimonio. Loreto Tapia declaró que fue a la celebración con su marido de entonces y que el general (R) le dijo que su padrino había desaparecido. Al respecto, Pinochet dijo que "es posible que haya conversado algo, pero no lo recuerdo y sí puedo decir que alguien me comentó que se había caído desde un puente al río Maipo".
El ministro le preguntó entonces quién le entregó esta información, a lo que Pinochet respondió que "es posible, ya que no lo recuerdo con claridad, que el director de inteligencia (general (R) Víctor Lizárraga, entonces cabeza subrogante del organismo) me haya informado de la situación".
Consultado acerca de qué cree que ocurrió, respondió que "mi impresión es que el coronel pudo haberse caído al río". Sin embargo, al advertírsele que murió de un balazo en la cabeza, sostuvo que "entonces lo mataron y la única posibilidad es que le hayan disparado con un fusil o con una carabina, en cuyo caso el ruido de la detonación se habría escuchado. Lo anterior es una apreciación por mi experiencia militar".
Armas a Croacia
Pinochet también se refirió a la interceptación en Hungría de un cargamento de armas que oficialmente iba a Sri Lanka, pero que tenía como verdadero destino Croacia. La ONU había prohibido exportar armamento a este país por la Guerra de Los Balcanes.
Sobre el caso Croacia, dijo que "es posible que yo conociera la operación y que al respecto haya dispuesto alguna medida, pero en realidad no lo recuerdo".
Pinochet dijo "no recuerdo" a la pregunta sobre la reunión en el club militar de Lo Curro donde éste habría ordenado recolectar el armamento usado con destino a Sri Lanka, según lo declaran los generales (R) Guillermo Letelier, ex director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), y Carlos Krumm, ex jefe de Logística. Sin embargo, luego precisó que "en cuanto a los dichos del general Letelier Skinner y el general Krumm en el sentido de que yo le di un visto bueno a esta situación, debo señalar que dentro de los planes del Ejército estaba reemplazar material obsoleto con material nuevo". Añadió que "las disposición de retirar las armas obsoletas de los regimientos, por lógica debe haber provenido de mí".
Juez Indaga Roles en Asociación Ilícita
El ministro Claudio Pavez inició esta semana una ronda de careos entre los oficiales procesados con el propósito de encontrar a los autores materiales del crimen y determinar qué rol ocupó cada uno de los encausados en la asociación ilícita.
Estos son los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine); el general (R) Carlos Krumm, de Logística; el brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia (BIE), y el coronel (R) Julio Muñoz, amigo de Huber.
Fuentes ligadas a la causa sostuvieron que la participación de Krumm estaría relacionada con el móvil del homicidio. El auto de procesamiento sostiene que el crimen fue realizado "para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares en que intervino personal del Ejército, de Famae y civiles".
Las fuentes sostienen que Krumm habría mantenido contacto con Muñoz desde 1969, cuando fue su instructor en la escuela de paracaidismo. Este habría tenido la función de aprovechar su amistad con Huber para desviar la atención de la familia e instaurar la idea del suicidio del coronel.
Las fuentes añaden que el papel de Lizárraga, entonces secretario coordinador del Dine, podría estar relacionado con la planificación de la "neutralización" de Huber, al igual que en el caso de Provis, quien también podría tener relación con la ejecución, como cabeza del BIE. Las fuentes plantean que el papel de Covarrubias, director del Dine, pasaría porque una operación de esa magnitud no podría haberse efectuado sin su conocimiento.
11 de marzo de 2006
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