berríos, vergara toledo, guzmán, desaparecidos
La decisión del magistrado se basa en que Manuel Provis, en octubre de 1991 era el jefe del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). En esta calidad mantuvo a Berríos en las dependencias de ese cuartel donde se coordinó su salida de Chile acompañado de agentes de la unidad especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La salida fue planeada vía Punta Arenas hacía Argentina y con destino final Uruguay.Provis suma un nuevo auto de procesamiento al ya dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Claudio Pavez, quien lo tiene encausado también por asociación ilícita, pero en la causa que investiga el homicidio de coronel Gerardo Huber Olivares.
Con la decisión de Madrid, Provis, acumula una nueva orden de detención en su contra, ya que el procesamiento por el caso Huber lo mantiene detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Luego de esta decisión es altamente probable que en el curso del mes de abril, el ministro Madrid, de cuenta el procesamiento de miembros de la justicia militar de la época.
Caso Berríos
Berríos, ex agente de la DINA, trabajó en el desarrollo del letal gas sarín y estudió diversos métodos para asesinar a opositores al régimen militar. Fue sacado del país en 1991 para evitar que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Al llegar al Uruguay, permaneció oculto primero en un apartamento en Montevideo y luego trasladado a una casa de playa en el balneario de Parque del Plata, 44 kilómetros al este de la capital, en lo que pareció ser una operación del Plan Cóndor realizada después que el país había recuperado la institucionalización, tras la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.
Al parecer el químico no soportó esta situación y se escapó de la vivienda donde estaba alojado, vigilado por militares uruguayos, y fue visto por última vez con vida en noviembre de 1992, cuando denunció ante un puesto policial de Parque del Plata que estaba secuestrado en ese balneario y temía por su vida.
La policía, empero, devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido.
2 de abril de 2006
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detienen a tres militares uruguayos
La detención de Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fue cumplida por personal del Ejército de Uruguay. El juez uruguayo que actúa en la causa, Gustavo Mirabal, dispuso que los tres militares permanezcan alojados en las instalaciones del Instituto Militar de las Armas del Ejército, en Montevideo.Los oficiales permanecerán allí hasta su extradición a Chile. El traslado será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo con las autoridades chilenas, informaron fuentes del Ejército no identificadas, citadas hoy por el diario ‘El Observador’.
Mediante un oficio cursado a través de la Suprema Corte de Justicia, Mirabal comunicó las extradiciones al presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, para que se hagan efectivas en un plazo máximo de 30 días.
Previo a ello, el gobierno chileno deberá asegurar que cumplirá con la condición que impone el fallo de la Suprema Corte uruguaya de que los militares puedan recurrir sus procesamientos por los delitos de asociación ilícita y secuestro en Chile.
El abogado de la familia Berríos en nuestro país, Tomás Erenfeld, aseguró que la detención de los uniformados es una muy buena noticia pues ello agilizará el proceso. El jurista precisó que los uruguayos "van a ser puestos a disposición del ministro Alejandro Madrid con el objeto de que se les vuelva a tomar interrogaciones, porque ya ellos prestaron su declaración indagatoria en Uruguay, pero no directamente ante el propio ministro sino que a través de un interlocutor que en este caso fue un juez uruguayo".
En 1991 el científico Berríos, que trabajó para la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), viajó a Uruguay acompañado por oficiales del Ejército de Chile, presuntamente para no declarar ante los tribunales nacionales por el caso del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier.
En Uruguay permaneció cautivo en una casa de un balneario a pocos kilómetros al este de Montevideo. Por temor a ser asesinado, en 1992 se presentó ante la Policía y denunció que lo habían secuestrado, pero luego se retiró con sus presuntos captores.
En abril de 1995 su cadáver fue hallado enterrado en una playa cercana con varios impactos de bala. Las pericias forenses determinaron que su asesinato habría ocurrido en 1993.
2 de abril de 2006
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hermanos vergara toledo fueron asesinados
El 30 de septiembre de 2003 la Corte Suprema remitió el caso "hermanos Vergara Toledo" al ministro Sergio Muñoz. En más de dos décadas la Segunda Fiscalía Militar de Santiago no había logrado ningún avance en el esclarecimiento de la muerte de los dos jóvenes en Villa Francia. El cambio sería crucial para saber la verdad.Trabajando con personal del entonces Departamento V de DD.HH. de la Policía de Investigaciones, el magistrado realizó más de medio centenar de interrogatorios a testigos e inculpados, recopiló antecedentes de la época y ponderó informes periciales.
El 9 de abril del año pasado emitió un informe, al que tuvo acceso exclusivo La Nación. Sus conclusiones son categóricas: Eduardo y Rafael Vergara Toledo fueron asesinados por funcionarios policiales tras registrarse "hostigamiento y persecución a víctimas, hermanos y padres" en el marco de "la represión política de la época y estados de excepción constitucional". El caso está siendo tramitado hoy por el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Gajardo, quien emitiría prontamente fallo, según fuentes judiciales.
En Villa Francia, Manuel Vergara Meza, Luisa Toledo Sepúlveda y Ana Luisa Vergara Toledo, padres y hermana, respectivamente, dicen que la Justicia tiene pruebas suficientes para dictar condenas tras las indagatorias del juez Muñoz. De acuerdo a lo acreditado por el actual ministro de la Corte Suprema esto es lo que realmente sucedió ese 29 de marzo de 1985.
Cacería
En febrero de 1982 Eduardo conoce la prisión. Luego de asistir al funeral del asesinado sindicalista Tucapel Jiménez fue sacado desde una fuente de soda junto a su hermano Rafael y llevado a la primera comisaría de Santiago. El 2 de diciembre cae en una manifestación, siendo puesto a disposición del Ministerio del Interior que le libera por no tener cargos en su contra. A la Policía de Investigaciones se remite un informe que consigna como gritaba "consignas políticas ofensivas contra la autoridad de gobierno". Su hermano Rafael es apresado por primera vez el 15 de diciembre en la ‘Marcha del Hambre’ organizada por la Coordinadora Nacional Sindical. Tenía 16 años.
El 8 de septiembre del 83 Ana Luisa es detenida junto a cinco jóvenes. La policía interroga a la menor de edad sobre si sus hermanos "eran miristas".
El 15 de ese mes, Eduardo es expulsado del ex Pedagógico. Cursaba segundo año de Historia y Geografía y una junta encabezada por el rector Mariano Sepúlveda le sanciona por sus actividades: amparar a una alumna frente a los vigilantes del casino, participar "en incidentes" en los prados del campus y "como orador" en una reunión en la Biblioteca, pintar con spray "consignas políticas" y pegar panfletos "relacionados con dirigentes sindicales detenidos".
La noche del 18 de marzo del 84, carabineros al mando del subteniente del retén Alessandri, Alex Ambler Hinojosa, junto con personal de la CNI, allanan la casa familiar, a esa hora sin moradores. El 12 de abril son detenidos cinco jóvenes a las afueras del Liceo A-70, entre ellos Rafael, de 17 años y alumno de 4º medio. Todos son liberados. Salvo él, acusado de "maltrato de obra a Carabineros". Puesto a disposición de la Sexta Fiscalía Militar, se le responsabiliza de golpear con un palo de más de medio metro y un clavo en su punta al sargento 2º Rafael Hernández, lo que desestima un informe del Servicio Médico Legal. Al menor se le constatan en la posta tres contusiones, "orinas oscuro rojizas y reacción angustiosa". La madre se querella contra Carabineros.
El 5 de agosto se allana de nuevo la casa y es detenido el tercer hermano, Pablo (17 años). Rafael y Eduardo ya viven clandestinos debido a la persecución. La familia, en tanto, estaba del todo identificada por Carabineros sobre sus "actividades contrarias al gobierno de la época". Aparte de detenciones y allanamientos -incluyendo uno la noche del asesinato- se indagaba dónde trabajaban los padres: la Vicaría de la Solidaridad.
La Matanza
Eduardo y Rafael, junto a cuatro jóvenes deciden realizar "una acción de recuperación de dinero". En concreto: asaltar una panadería de 5 de Abril con Las Rejas. El fatídico 29 de marzo del 85 había llegado. Se dividen de a dos y reparten tres revólveres y una pistola, sin contar la de Rafael.
Desde el retén Alessandri comienza a patrullar un furgón tripulado por el subteniente Ambler Hinojosa, el oficial Marcelo Muñoz Cifuentes y los cabos segundos Jorge Marín Jiménez y Nelson Toledo Puente. Llevan sus pistolas de servicio, un fusil SIG, una subametralladora UZI y una escopeta a perdigones.
En calle Miguel de Cervantes divisan a los muchachos y comienzan a perseguirles. Las calles avanzan vertiginosamente. De pronto, los hermanos Vergara se ven juntos. Se refugian en unos blocks de departamentos, pero son interceptados por Muñoz y Marín que portan la Uzi y un revólver. Frente al block 972-C resuenan detonaciones. El primer efectivo es impactado en el pecho. Rafael, lesionado de gravedad, trata de abrazar a su hermano tendido en el suelo, pero no reacciona: un balazo le quita la vida en forma instantánea a los 20 años de edad.
Entonces sucede algo espeluznante: desarmado, esposado y sin poder caminar por una paraplejia en las piernas debido a los impactos, Rafael es golpeado en el rostro -probablemente con un fusil- y subido al furgón. Se oye un disparo. Una bala en la nuca le causa una muerte fulminante. Tiene 18 años. Ambos cuerpos son abandonados en plena vía pública.
Persecución Política
Exámenes periciales de balística hechos a los cadáveres demostraron que los disparos homicidas fueron efectuados "a la espalda e izquierda de los hermanos". Con ello se desvirtúa la defensa policial y las versiones de la prensa de la época: jamás se produjo un enfrentamiento.
El policía baleado lo fue con un arma institucional. El día del crimen se registró un imprevisto corte de luz en el sector y el trabajo de la Brigada de Homicidios de Investigaciones fue obstaculizado.
El país estaba en estado de sitio ese 29 de marzo de 1985. El contexto no es obviado por Muñoz, quien destaca como también es asesinada la estudiante y militante del MIR Paulina Aguirre Tobar en un "presunto enfrentamiento" con efectivos de la CNI y al día siguiente los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino aparecen degollados en Quilicura.
Subraya también como se actuó con alevosía contra Rafael Vergara, baleado "sobre seguro". Fue un "homicidio calificado o asesinato" con carácter de delito de lesa humanidad. Ello dadas "las motivaciones evidentemente políticas de los victimarios", agentes del Estado que usaron "recursos institucionales" para atentar contra bienes jurídicos como "la vida, seguridad individual, integridad física y libertad de opinión" en el marco de una persecución a un grupo político (el MIR) "al que pertenecen o adhieren las víctimas".
2 de abril de 2006
©la nación
secretaria de pinochet demasiado rica
Depósitos bancarios nacionales y extranjeros por $ 1.061,4 millones, de los cuales $ 844,9 millones no se pueden justificar, registran las cuentas de la secretaria personal del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, Mónica Ananías Kunkar, entre octubre de 1994 y agosto de 2004. Del primer monto, $1.049,8 millones fueron girados o transferidos a otras cuentas, sin que exista hasta ahora documentación que clarifique el destino y el origen de esa cifra.Así lo consigna un informe de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas de la Policía de Investigaciones, llegado al tribunal hace pocos días y elaborado a raíz de un requerimiento del ministro del caso Riggs, Carlos Cerda -actualmente recusado-, donde solicita determinar la situación patrimonial de Ananías y el origen de sus bienes e inversiones.
El documento policial, confeccionado a partir de antecedentes recogidos por el tribunal y otros entregados por la propia secretaria, no da cuenta del origen de los dineros ni explica el destino de los egresos, casi iguales a los dineros ingresados. Para despejar la interrogante cobra importancia la entrega de nuevos documentos de respaldo, como de hecho lo solicitaron el jueves pasado los funcionarios de Investigaciones. Ananías ha reconocido anteriormente su participación en las operaciones del general (R) Pinochet en cuanto al cobro de cheques cuyo dinero entregaba a su jefe.
El documento revela que la ex secretaria personal del general (R) pasó de ganar casi dos millones de pesos, en su calidad de empleada civil de planta del Ejército en 1989, a $ 8.861.669 en 1999. Al año siguiente, sus ingresos por este concepto bajaron sustantivamente ($ 3.356.167) hasta llegar el 2004 a $ 5.555.874. Además, entre 2001 y 2004 recibió por pensiones y desahucio entre $ 7.500.000 y $ 8.800.000 cada año. También se detallan los ingresos generados por arrendamiento de propiedades a su nombre (son ocho) entre 1985 y 2006: $122.489.815. Esta resulta la mayor cifra de dineros percibidos por ella.
También se entrega un detalle de los movimientos registrados en las cuentas corrientes que la secretaria poseyó en sus cuentas del Banco de Chile en Miami y en bancos nacionales, siendo estos últimos los que registran depósitos más altos, especialmente entre 1997 y 2003, lapso en que se verifican más de $ 570 millones.
Ananías (56 años), ex sargenta de Ejército y quien ha acompañado al general (R) los últimos 30 años, se encuentra procesada como cómplice del delito tributario, presuntamente cometido por Pinochet, y como autora de evasión tributaria por $ 92 millones.
En el proceso se ha acreditado que Mónica Ananías cobró cheques extendidos a nombre de Daniel López, uno de los alias de Pinochet en el Banco Riggs. En agosto pasado el ministro que instruía la causa, Sergio Muñoz, sostuvo en una resolución que de los fondos de Pinochet y su esposa en el exterior ingresaron entre 1991 y 2004 más de US$ 5 millones, los que fueron cambiados por la mujer de confianza del general (R).
2 de abril de 2006
©la tercera
piden justicia en caso guzmán
Novoa encabezó un acto conmemorativo de la muerte del ex senador en el Cementerio General y en la ocasión hizo un enérgico llamado por conseguir "verdad y justicia" en este caso y criticó que los autores del hecho "estén libres, prófugos y refugiados de la Justicia en otros países".El líder del gremialismo recordó que hace tan sólo unos días la Presidenta Bachelet, durante un acto conmemorativo del asesinato de tres profesionales comunistas en 1985, aseguró que en Chile no habría ley de punto final para los casos de violaciones a los derechos humanos.
"Con la misma fuerza y por el bien y la unidad de Chile, queremos pedirle a la presidenta de la República su compromiso de que no habrá punto final en esta materia, que los tribunales establecerán la verdad y la justicia sin excepción y que el gobierno realizará todo lo necesario para evitar la impunidad en el asesinato de Jaime Guzmán", sentenció Novoa.
En el acto estuvo presente la madre del asesinado senador, Carmen Errázuriz. Aunque no quiso referirse a la materia, brevemente dijo coincidir con los dichos del timonel UDI. "Jovino dijo lo que tenía que decir y muy bien dicho, yo prefiero guardar el silencio aunque puedo sentir eso y mucho más todavía", señaló.
En el ámbito político, el senador Pablo Longueira reiteró las críticas al gobierno por nombrar en la subsecretaría de aviación a Raúl Vergara, quien envió al gobierno argentino una carta de apoyo a Galvarino Apablaza para impedir su extradición a nuestro país para ser juzgado como autor intelectual del atentado fatal contra Guzmán. Al respecto dijo que "si vamos a hablar que haya verdad, que haya justicia, que no haya impunidad para nadie. Ella tiene que dar con el ejemplo porque no puede premiar a una persona que contribuyó a la impunidad con un cargo en el gobierno".
Los actos conmemorativos de la muerte de Jaime Guzmán continuaron con una misa que se realizó en la parroquia Las Hermanas de la Divina Providencia, donde se destacó los valores cristianos del fallecido senador y cómo traspasó esos principios a su actividad política.
2 de abril de 2006
©la tercera
comunistas continúan búsqueda de desaparecidos
Tras reunirse con la secretaria de Estado, el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, señaló que este año se cumplen tres décadas desde la desaparición de 136 personas, entre ellas, dos direcciones centrales del PC y una de las juventudes de esa tienda."Es muy poco lo que se ha avanzado en justicia y verdad en esos casos", dijo Teillier.
2 de abril de 2006
©la tercera
estadounidense desaparecido en colonia dignidad
Hoy el ciudadano norteamericano Boris Weisfeiler tendría 65 años, el pelo corto y canoso, arrugas profundas en la zona ocular y la frente y la mandíbula aún bien delineada. En definitiva, no habría grandes cambios en su fisonomía desde que desapareciera en 1985 en un sector precordillerano de la Séptima Región, a la edad de 44 años. Así consta en el retrato elaborado por el FBI, entidad que, según informó el embajador de Estados Unidos Craig Kelly, está colaborando activamente con el ministro Jorge Zepeda en el capítulo correspondiente al caso Weisfeiler dentro de la investigación de la ex Colonia Dignidad que sustenta el magistrado.La foto fue presentada ayer por Kelly y Olga Weisfeiler, hermana del desaparecido, en esa sede diplomática. "Presentamos esta foto para pedir al público que, si alguien sabe algo, se haga presente", manifestó el embajador.
Respecto de la posibilidad de que Boris estuviera aún con vida, la mujer (que visita Chile por quinta vez en busca de información) afirmó que "no tengo esperanzas pero tampoco evidencias ni pruebas de su muerte", y enfatizó en que el sentido de difundir la imagen realizada por el FBI era alentar a las personas que pudieron verlo para que entreguen información. "No sabemos lo que pasó ni por qué", dijo.
Existen antecedentes que llevan a la presunción de que el norteamericano fue detenido por una patrulla militar y posteriormente entregado en la ex Colonia Dignidad. Un testigo clave que declaró en 1987 ante la embajada norteamericana aseguró que lo vio con vida y en pésimas condiciones al interior del enclave, dos años después de su desaparición.
"Mi conclusión es que el juez Zepeda está muy comprometido con este trabajo y que su dedicación sirve para que se preste una nueva atención al caso", indicó Olga Weisfeiler, quien se reunió el jueves con el magistrado en su oficina del Palacio de Tribunales.
En tanto, desde Villa Baviera el magistrado reconoció la colaboración del FBI y anunció que presentará una rogatoria al gobierno de Estados Unidos para recibir antecedentes que pudieran estar clasificados.
Finaliza Búsqueda de Explosivos
Por razones de seguridad y atendiendo a las especificaciones técnicas que se le han entregado hasta ahora, el juez Jorge Zepeda finalizó el operativo de búsqueda de explosivos que comenzó el pasado lunes y que se verificó fundamentalmente en la excavación de una fosa de siete metros.
Ayer, en su visita de tres horas a Villa Baviera, el magistrado visitó otro búnker que formaba parte del anillo de seguridad establecido por Schäfer y los jerarcas del enclave, ubicado 400 metros hacia el norte de la torre de vigilancia. En tanto, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, confirmó ayer que el ingeniero civil Herman Schwemberg se mantendrá como delegado del gobierno en la ex Colonia Dignidad. Schwemberg comenzó a desempeñar ese cargo en octubre de 2005, en reemplazo de Herman Chadwick. Durante su gestión (respaldada por la comunidad de Villa Baviera) apoyó la realización de talleres y cursos de capacitación a los colonos.
2 de abril de 2006
©la tercera
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