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caracas expropia cancha de golf


[Chris Kraul] Gobierno de Chávez comprometido en amplio plan de reforma agraria y a la propiedad.
Caracas, Venezuela. Colgado en una verde y arbolada colina al sur de la ciudad, el exclusivo Club de Golf Valle Arriba ha ofrecido a sus miembros, durante largo tiempo, una impresionante vista y un agradable escape de la congestión y cacofonía urbanas.
Ahora, un incondicional aliado del presidente Hugo Chávez, lo ha reclamado para la ciudad.
El alcalde de Caracas, Juan Barreto, anunció el martes pasado que el gobierno municipal proyecta expropiar dos clubes de campo de la elite, el Valle Arriba y el Club de Campo de Caracas, y remodelarlos como proyectos de vivienda social.
Las proyectadas expropiaciones fueron justificadas como parte de la política federal de Chávez de redistribuir terrenos privados entre los pobres. Las expropiaciones, que incluyen tierras agrícolas y edificios de apartamentos, están causando irritaciones en la escena política y social aquí justo en momentos en que despega la campaña presidencial.
El vice-presidente José Vicente Rangel dijo el miércoles que el gobierno de Chávez "no comparte la decisión". Pero la propuesta, que ha sido recurrida por los terratenientes, ha llamado la atención sobre el acelerado ciclo de expropiaciones del gobierno, así como sobre las ocupaciones ilegales que han arrojado al caos la ley de tenencia de tierras en Venezuela.
Respaldado por una ley aprobada en 2003, el gobierno de Chávez se ha fijado la meta de un millón 600 mil hectáreas de tierras agrícolas que serán expropiadas y redistribuidas este año entre cooperativas de campesinos pobres. Las medidas son parte de un programa social más amplio para sacar a los campesinos pobres de las ciudades y reubicarlos en pequeñas granjas.
En Caracas, los funcionarios de Barreto dicen que la expropiación ha sido provocada por la escasez de viviendas y son permisibles según la ley agraria de Chávez, que dio al gobierno extensos poderes para expropiar tierras que sean consideradas ociosas, mal usadas, adquiridas ilegalmente o que no contribuyan a ‘objetivos sociales'.
La ley, una de las más amplias del hemisferio, permite al gobierno una amplia discreción en la aplicación de esos criterios. En un discurso la semana pasada, Barreto se refirió a los vecinos que viven en torno a los clubes de campo como "podridos".
Los opositores de Chávez ven las expropiaciones de los clubes como una descarada movida táctica para fortalecer la campaña de Chávez entre los pobres antes de las elecciones de diciembre. El presidente ha cosechado puntos políticos vilipendiando a las clases altas y acusándolas de haber montado una paralizante huelga general y un golpe de estado frustrado antes en su gobierno.
Empresarios y miembros de los clubes reaccionaron con indignación al anuncio de expropiación del miércoles.
Óscar Mendoza, miembro del club de campo y prominente banquero, dijo que las confiscaciones equivalen a una apropiación ilegal de propiedad privada.
La Cámara de la Construcción de Venezuela declaró que la construcción de vivienda sociales en el sitio del club no tiene demasiado sentido.
El presidente de la directiva del Club de Campo de Caracas, Fernando Zozaya, dijo que la dirección del club no había sido informada de ninguna expropiación. Pero colocando viviendas sociales en los terrenos del club, que describió como un "pulmón de la ciudad", sería un "desastre ecológico de imprevisibles consecuencias", dijo.

El anuncio se produce en momentos en que se han intensificado las amplias políticas de reformas de Chávez a la propiedad. Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras, dijo que su agencia está a mitad de camino en su meta de redistribuir 1.6 millones de hectáreas entre los pobres de Venezuela.
Los intentos previos de reforma agraria no han sido exitosos, dijo. "De acuerdo al Banco Mundial, Brasil y Venezuela tienen la peor concentración de la tierra en manos de unos pocos... Aquí existe una profunda desigualdad social".
Este mes, el gobierno empezó a repartir la hacienda La Vergarena en el estado de Bolívar al sur del país, una propiedad de 20 mil hectáreas de propiedad de una familia de banqueros que el gobierno dice que estaba siendo mal utilizada. Cerca de un diez por ciento de la hacienda ha sido entregada a grupos indígenas que plantarán cosechas mientras preservan los bosques.
En el estado de Yaracuy, sesenta haciendas y plantaciones de azúcar han sido designadas para ser expropiadas.
Pero la revolución social que quiere Chávez está teniendo violentas repercusiones. Más de cincuenta campesinos que han ocupado tierras privadas han sido asesinados desde que el presidente asumiera el poder.
En julio, el líder campesino de Yaracuy, Braulio Álvarez, que es también un diputado federal, escapó apenas de la muerte cuando un grupo de atacantes le disparó a la cabeza cuando salía de una reunión a altas horas de la noche. Fue el tercer atentado contra su vida.
Álvarez declaró que los asesinos eran sicarios pagados por los terratenientes que se oponen al plan de redistribución de Chávez.
"Hay muchos camaleones que dicen que apoyan al presidente, pero que no han cambiado ni sus almas ni su modo de pensar", dijo Álvarez.
Chávez está bajo presión para que cumpla sus promesas de dar viviendas a los venezolanos sin casa o que viven en viviendas deficientes. El gobierno estima que el ‘déficit' de viviendas llega a unos dos millones de unidades. Los inquilinos de unos mil edificios de apartamentos de Caracas han sido formalmente inscritos en la expropiación oficial de sus viviendas, con lo que se transformarán en propietarios instantáneamente.
Pero otros inquilinos han ocupado terrenos en otras partes, incluso si no son seguros, obligando a las autoridades a refrenar las apropiaciones de tierras.
El lunes la policía expulsó a cincuenta okupas de un edificio de apartamentos en el centro de Caracas que habían estado ocupando durante los últimos tres años.
En la capital y en otras ciudades venezolanas, el temor a las ocupaciones ha prácticamente paralizado la construcción de nuevos edificios de apartamentos, creando una aguda escasez de unidades y haciendo subir los alquileres.
Loyo y otros personeros de Chávez insisten en que los propietarios reciben compensación por el valor de sus propiedades, pero estos se quejan de que no son bien pagados.
En el campo, el gobierno ha empezado a distribuir la tierra de las haciendas azucareras y haciendas ganaderas, diciendo que esa tierras serán mejor usadas por los campesinos, dijo Laura Lorenzo, secretaria de Tierras y Seguridad Alimentaria en el gobierno de Yaracuy.
Sacar a los campesinos de ciudades congestionadas para que vuelvan al campo ha sido un objetivo de Chávez desde que asumiera el poder en 1999, y Loyo cree que la distribución de la tierra, acompañada de financiamiento y maquinarias adecuadas, alcanzará ese objetivo.
Pero el historiador y columnista Manuel Caballero, cree que las posibilidades de un éxodo reverso son escasas. Una vez que han visto la ciudad, los campesinos pobres no vuelven nunca al campo en cantidades significativas, dijo.
"En lugar de tratar de seducir a los campesinos para que vuelvan al campo, Chávez les haría un mejor servicio mejorando sus condiciones de vida en la ciudad", dijo Caballero.

Mery Mogollon en Caracas contribuyó a este reportaje.

31de agosto de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
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