militar asesino todavía activo
[Jorge Escalante] Imputado, pero sobreseído, en causa por crimen de joven socialista en 1988. Parlamentarios PS impugnan probable ascenso a general de coronel Ortega.
El senador Pedro Muñoz y el diputado Fidel Espinoza enviaron una carta a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. A su vez, Ema Coñué, madre de la joven asesinada en Punta Arenas, pidió a la presidenta Bachelet vetar el ascenso.
Los parlamentarios socialistas Pedro Muñoz Aburto, senador, y Fidel Espinoza, diputado, pidieron a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, que el gobierno vete el ascenso a general del coronel Rodolfo Ortega Prado, si la próxima junta calificadora del Ejército lo propone para integrar el nuevo alto mando 2007.
Por su parte, Ema Coñué, madre de la asesinada dirigenta socialista en Punta Arenas en 1988, Susana Obando, mientras Ortega era el jefe de la CNI en esa ciudad, pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que "no permita el ascenso de ese señor, porque sería un dolor muy grande para mí como madre y una ofensa para todos los familiares de las víctimas".
El diputado Espinoza planteó en su solicitud que "saber que un oficial con este tipo de antecedentes está en una nómina para ser considerado su ascenso a general es, y lamento tener que expresarlo de esta forma, una afrenta a las víctimas y una bofetada en la cara a los familiares de Susana Obando que, con toda razón y mucha paciencia, esperan que se aclare toda la verdad y se haga justicia".
El diputado agregó que "en mi condición de parlamentario, pero por sobre todo en mi calidad de hijo que a los tres años perdió a su padre, el diputado socialista Luis Espinoza, a manos de agentes del estado a los que conozco y veo transitar libremente por las calles, pido que no se otorgue este inmerecido reconocimiento a este uniformado, más allá de sus estudios y su capacidad militar".
Inconveniente
A su vez, el senador Muñoz Aburto expresó a la ministra Blanlot en su petición que "continuar avanzando en superar el doloroso pasado reciente del país y la completa normalización de las relaciones cívico-militares, requiere contar con altos mandos intachables y comprometidos con el respeto y promoción de las garantías fundamentales".
"Por ello, sería inconveniente cursar el ascenso al cuerpo de generales del coronel Rodolfo Ortega Prado, hasta no lograr el completo esclarecimiento del caso", manifestó el senador.
El actual coronel Ortega fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989, según él mismo lo admitió en el proceso, y permanece acusado de ser, en su calidad de jefe que impartía órdenes, uno de los responsables del crimen de la joven Susana Obando, ocurrido el 26 de julio de 1988 en esa ciudad y que se quiso hacer aparecer como "un suicidio".
Actualmente, la causa está sobreseída temporalmente por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, no obstante que el propio juez estableció que se trató de un homicidio, pero no halló culpables. Los querellantes, entre ellos Ema Coñué y la Corporación pro Derechos del Pueblo, Codepu, a través del abogado Federico Aguirre, buscan nuevos antecedentes para aportar a la causa y pedir la reapertura del proceso.
La labor del ministro Billard viene siendo cuestionada por abogados de derechos humanos, ya que ha sobreseído varias causas sin arribar a los culpables.
El coronel Ortega aparece en una lista de una veintena de coroneles que podrían ser ascendidos a generales, nómina por la cual el gobierno consultó antecedentes judiciales para ver si aparecen involucrados en delitos de lesa humanidad.
El senador Pedro Muñoz y el diputado Fidel Espinoza enviaron una carta a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. A su vez, Ema Coñué, madre de la joven asesinada en Punta Arenas, pidió a la presidenta Bachelet vetar el ascenso.Los parlamentarios socialistas Pedro Muñoz Aburto, senador, y Fidel Espinoza, diputado, pidieron a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, que el gobierno vete el ascenso a general del coronel Rodolfo Ortega Prado, si la próxima junta calificadora del Ejército lo propone para integrar el nuevo alto mando 2007.
Por su parte, Ema Coñué, madre de la asesinada dirigenta socialista en Punta Arenas en 1988, Susana Obando, mientras Ortega era el jefe de la CNI en esa ciudad, pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que "no permita el ascenso de ese señor, porque sería un dolor muy grande para mí como madre y una ofensa para todos los familiares de las víctimas".
El diputado Espinoza planteó en su solicitud que "saber que un oficial con este tipo de antecedentes está en una nómina para ser considerado su ascenso a general es, y lamento tener que expresarlo de esta forma, una afrenta a las víctimas y una bofetada en la cara a los familiares de Susana Obando que, con toda razón y mucha paciencia, esperan que se aclare toda la verdad y se haga justicia".
El diputado agregó que "en mi condición de parlamentario, pero por sobre todo en mi calidad de hijo que a los tres años perdió a su padre, el diputado socialista Luis Espinoza, a manos de agentes del estado a los que conozco y veo transitar libremente por las calles, pido que no se otorgue este inmerecido reconocimiento a este uniformado, más allá de sus estudios y su capacidad militar".
Inconveniente
A su vez, el senador Muñoz Aburto expresó a la ministra Blanlot en su petición que "continuar avanzando en superar el doloroso pasado reciente del país y la completa normalización de las relaciones cívico-militares, requiere contar con altos mandos intachables y comprometidos con el respeto y promoción de las garantías fundamentales".
"Por ello, sería inconveniente cursar el ascenso al cuerpo de generales del coronel Rodolfo Ortega Prado, hasta no lograr el completo esclarecimiento del caso", manifestó el senador.
El actual coronel Ortega fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989, según él mismo lo admitió en el proceso, y permanece acusado de ser, en su calidad de jefe que impartía órdenes, uno de los responsables del crimen de la joven Susana Obando, ocurrido el 26 de julio de 1988 en esa ciudad y que se quiso hacer aparecer como "un suicidio".
Actualmente, la causa está sobreseída temporalmente por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, no obstante que el propio juez estableció que se trató de un homicidio, pero no halló culpables. Los querellantes, entre ellos Ema Coñué y la Corporación pro Derechos del Pueblo, Codepu, a través del abogado Federico Aguirre, buscan nuevos antecedentes para aportar a la causa y pedir la reapertura del proceso.
La labor del ministro Billard viene siendo cuestionada por abogados de derechos humanos, ya que ha sobreseído varias causas sin arribar a los culpables.
El coronel Ortega aparece en una lista de una veintena de coroneles que podrían ser ascendidos a generales, nómina por la cual el gobierno consultó antecedentes judiciales para ver si aparecen involucrados en delitos de lesa humanidad.
29 de septiembre de 2006
©la nación 
0 comentarios