nueva ley suprime derechos
[R. Jeffrey Smith] Al eliminar la igualdad ante la ley, congreso norteamericano anula constitución del país.
La ley de tribunales militares aprobada por el congreso da por primera vez respaldo legislativo a las amplias normas para la detención, interrogatorio, acusación y enjuiciamiento de sospechosos de terrorismo muy diferentes a aquellas con las que estamos familiarizados del sistema de justicia criminal de Estados Unidos.
El argumento del presidente Bush de que el gobierno necesita atribuciones extraordinarias para hacer frente a la inusual amenaza terrorista, lo ayudaron a obtener el respaldo final de su sistema de juicios militares en el que los derechos de los acusados son fuertemente truncados. Estados Unidos utilizó juicios similares en cuatro ocasiones anteriores: durante la revolución del país, durante la guerra mexicano-estadounidense, durante la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial.
En el proyecto de ley, aprobado ayer miércoles por las mayorías republicanas en el senado y en la cámara, se encuentran unas reglas excepcionales que impiden que los sospechosos de terrorismo puedan impugnar su detención o tratamiento a través del tradicional recurso de habeas corpus. Estas reglas permiten que los fiscales, bajo ciertas condiciones, utilicen evidencias indirectas u obtenidas bajo apremios para solicitar condenas criminales.
El proyecto rechaza el derecho a un juicio rápido y limita el derecho tradicional a la auto-representación, ya que exige que los acusados acepten abogados defensores militares. Las comisiones de oficiales militares no necesitan alcanzar veredictos unánimes, excepto en casos de pena de muerte, y las apelaciones deben pasar por una segunda comisión militar antes de llegar a un tribunal federal civil.
Al convertir en ley por primera vez la definición de ‘combatiente enemigo ilegal', el proyecto autoriza al poder ejecutivo a detener indefinidamente a cualquiera que estime que ha respaldado hostilidades contra Estados Unidos "materialmente o a sabiendas". Sólo nacionales extranjeros entre los detenidos pueden ser juzgados por las comisiones militares, como se las conoce, y pueden ser sentenciados a décadas de prisión o a la pena capital.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley impide que se pueda procesar a oficiales norteamericanos por tratamiento cruel o degradante de los detenidos capturados por los militares y la CIA antes del fin del año pasado. Otorga al presidente un rol dominante, pero no exclusivo, a la hora de determinar los métodos de interrogatorio de sospechosos de terrorismo.
Redactado en gran parte, aunque no completamente, según los términos del gobierno, con pasajes que dan a funcionarios del poder ejecutivo discreción para determinar detalles o desviarse de sus propias garantías, el proyecto de ley entrega lo que Bush dijo ayer que era "las herrmientas" que necesitaba para hacer frente a los terroristas que los funcionarios norteamericanos esperan capturar.
Durante más de 57 meses después de los atentados terroristas de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, Bush sostuvo que no necesitaba la aprobación del congreso para usar esas herramientas. Pero la Corte Suprema decidió de otro modo en junio, declarando ilegales el tratamiento que daba el gobierno a los detenidos y los procesos judiciales y resolviendo que Bush debía primero obtener la aprobación del congreso.
Ahora Bush ha recibido gran parte de las atribuciones que esperaba de miembros de su partido y de un puñado de demócratas en el Capitolio. "El pueblo estadounidense necesita saber que estamos trabajando juntos", dijo Bush ayer a los senadores antes de la votación.
Pero Tom Malinowski, director de la oficina en Washington de Human Rights Watch, dijo los motivos de Bush son, en parte, proteger su propia reputación solicitando la aprobación del congreso para actividades controvertidas ya realizadas. "Ha sido acusado de autorizar métodos criminales de tortura de un modo que ha perjudicado a Estados Unidos y que podrían tener repercusiones en el tratamiento que se dará a nuestros soldados. Uno de sus objetivos es que el congreso se siente con él en el banquillo de los acusados", dijo Malinowski.
El proyecto contiene algunas garantías que no se otorgaron a los ocho saboteadores nazis que llegaron a las costas de Estados Unidos en 1942 y fueron capturados dos semanas más tarde. Seis de ellos fueron ejecutados ese año después de un juicio militar a puertas cerradas en el quinto piso de la sede del ministerio de Justicia. Ese proceso fue ratificado por la Corte Suprema en una decisión que explicó dos meses después de que los acusados fueran electrocutados.
Según los nuevos procedimientos, los procesos deberían ser abiertos, pero pueden realizarse a puertas cerradas para proteger la seguridad de los individuos o informaciones que pudieran dañar la seguridad nacional. Los acusados tienen derecho a estar presentes, a menos que se comporten de manera escandalosa, y el derecho a examinar y responder ante las evidencias con que sean confrontados. La culpabilidad debe exceder las dudas razonables.
Sin embargo, muchos juristas constitucionales dicen que el proyecto de ley estira las definiciones de tantas leyes estadounidenses que su aprobación seguramente no será lo último que se diga en cuanto a cómo tratará Estados Unidos a sus detenidos. Predicen que desviará el debate público hacia los tribunales federales, que son un foro donde el gobierno ha tenido menos éxito a la hora de obtener aprobación para sus medidas antiterroristas.
"Esta es una ley que dará empleo pleno a los abogados", dijo Deborah Persltein, que dirige el programa de Ley y Seguridad estadounidenses de la organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Human Rights First.
El ex abogado de la Casa Blanca, Bradford A. Berenson, partidario del proyecto y uno de los autores de las reglas rechazadas por la Corte Suprema, está de acuerdo. "Algunos de las mentes jurídicas más creativas se dedicarán a agujerear el proyecto", dijo.
Anticipándose a las impugnaciones en tribunales, el gobierno intentó impermeabilizar el proyecto incluyendo disposiciones que restringen severamente la revisión judicial y limitan la validez de tratados internacionales -firmados por Washington- que regulan los derechos de los prisioneros en tiempos de guerra.
El proyecto también contiene bruscas afirmaciones de que cumple con las obligaciones de tratados norteamericanos.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas, Sanford V. Levinson describió el proyecto en una actualización en internet como característico de una "república banana". El decano de la facultad de leyes de la Universidad de Yale, Harold Koh, dijo que "la imagen de un congreso que se apresura a despojar de su jurisdicción a los tribunales en respuesta a una emergencia creada políticamente es francamente repugnante, y no está claro si los miembros del congreso entienden realmente lo que han hecho".
En contraste, Douglas W. Kmiec, profesor de derecho constitucional de la Universidad Pepperdine, dijo que el congreso "actuó razonablemente bien en términos de la creación" de un conjunto de reglas "justas". Pero Kmiec y muchos otros dicen que no pueden predecir cómo responderá la Corte Suprema a la disposición que anula el recurso de habeas corpus, lo que dijo que dejará a "una gran cantidad de detenidos sin una base concebible para impugnar sus detenciones".
Hay otros punto álgidos probables. En la resolución de la Corte Suprema en junio revocando las medidas previas del gobierno, cuatro miembros de la corte que se unieron a la opinión de la mayoría, dijeron que la conspiración no es un crimen de guerra. El nuevo proyecto afirma que sí lo es.
El profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, Neal Katyal, dijo que la instalación, según el proyecto de ley, de dos sistemas judiciales -las comisiones militares para nacionales extranjeros y los procesos criminales normales para ciudadanos estadounidenses- viola la Enmienda 14 de la constitución, que exige la igualdad ante la ley de cualquiera que esté bajo jurisdicción estadounidense.
"Si eres ciudadano estadounidense, tienes todo un Cadillac en términos de sistema judicial. Pero si eres extranjero o residente con tarjeta verde, tu sistema judicial es el equivalente de un Chevy abollado", dijo.
La ley de tribunales militares aprobada por el congreso da por primera vez respaldo legislativo a las amplias normas para la detención, interrogatorio, acusación y enjuiciamiento de sospechosos de terrorismo muy diferentes a aquellas con las que estamos familiarizados del sistema de justicia criminal de Estados Unidos.El argumento del presidente Bush de que el gobierno necesita atribuciones extraordinarias para hacer frente a la inusual amenaza terrorista, lo ayudaron a obtener el respaldo final de su sistema de juicios militares en el que los derechos de los acusados son fuertemente truncados. Estados Unidos utilizó juicios similares en cuatro ocasiones anteriores: durante la revolución del país, durante la guerra mexicano-estadounidense, durante la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial.
En el proyecto de ley, aprobado ayer miércoles por las mayorías republicanas en el senado y en la cámara, se encuentran unas reglas excepcionales que impiden que los sospechosos de terrorismo puedan impugnar su detención o tratamiento a través del tradicional recurso de habeas corpus. Estas reglas permiten que los fiscales, bajo ciertas condiciones, utilicen evidencias indirectas u obtenidas bajo apremios para solicitar condenas criminales.
El proyecto rechaza el derecho a un juicio rápido y limita el derecho tradicional a la auto-representación, ya que exige que los acusados acepten abogados defensores militares. Las comisiones de oficiales militares no necesitan alcanzar veredictos unánimes, excepto en casos de pena de muerte, y las apelaciones deben pasar por una segunda comisión militar antes de llegar a un tribunal federal civil.
Al convertir en ley por primera vez la definición de ‘combatiente enemigo ilegal', el proyecto autoriza al poder ejecutivo a detener indefinidamente a cualquiera que estime que ha respaldado hostilidades contra Estados Unidos "materialmente o a sabiendas". Sólo nacionales extranjeros entre los detenidos pueden ser juzgados por las comisiones militares, como se las conoce, y pueden ser sentenciados a décadas de prisión o a la pena capital.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley impide que se pueda procesar a oficiales norteamericanos por tratamiento cruel o degradante de los detenidos capturados por los militares y la CIA antes del fin del año pasado. Otorga al presidente un rol dominante, pero no exclusivo, a la hora de determinar los métodos de interrogatorio de sospechosos de terrorismo.
Redactado en gran parte, aunque no completamente, según los términos del gobierno, con pasajes que dan a funcionarios del poder ejecutivo discreción para determinar detalles o desviarse de sus propias garantías, el proyecto de ley entrega lo que Bush dijo ayer que era "las herrmientas" que necesitaba para hacer frente a los terroristas que los funcionarios norteamericanos esperan capturar.
Durante más de 57 meses después de los atentados terroristas de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, Bush sostuvo que no necesitaba la aprobación del congreso para usar esas herramientas. Pero la Corte Suprema decidió de otro modo en junio, declarando ilegales el tratamiento que daba el gobierno a los detenidos y los procesos judiciales y resolviendo que Bush debía primero obtener la aprobación del congreso.
Ahora Bush ha recibido gran parte de las atribuciones que esperaba de miembros de su partido y de un puñado de demócratas en el Capitolio. "El pueblo estadounidense necesita saber que estamos trabajando juntos", dijo Bush ayer a los senadores antes de la votación.
Pero Tom Malinowski, director de la oficina en Washington de Human Rights Watch, dijo los motivos de Bush son, en parte, proteger su propia reputación solicitando la aprobación del congreso para actividades controvertidas ya realizadas. "Ha sido acusado de autorizar métodos criminales de tortura de un modo que ha perjudicado a Estados Unidos y que podrían tener repercusiones en el tratamiento que se dará a nuestros soldados. Uno de sus objetivos es que el congreso se siente con él en el banquillo de los acusados", dijo Malinowski.
El proyecto contiene algunas garantías que no se otorgaron a los ocho saboteadores nazis que llegaron a las costas de Estados Unidos en 1942 y fueron capturados dos semanas más tarde. Seis de ellos fueron ejecutados ese año después de un juicio militar a puertas cerradas en el quinto piso de la sede del ministerio de Justicia. Ese proceso fue ratificado por la Corte Suprema en una decisión que explicó dos meses después de que los acusados fueran electrocutados.
Según los nuevos procedimientos, los procesos deberían ser abiertos, pero pueden realizarse a puertas cerradas para proteger la seguridad de los individuos o informaciones que pudieran dañar la seguridad nacional. Los acusados tienen derecho a estar presentes, a menos que se comporten de manera escandalosa, y el derecho a examinar y responder ante las evidencias con que sean confrontados. La culpabilidad debe exceder las dudas razonables.
Sin embargo, muchos juristas constitucionales dicen que el proyecto de ley estira las definiciones de tantas leyes estadounidenses que su aprobación seguramente no será lo último que se diga en cuanto a cómo tratará Estados Unidos a sus detenidos. Predicen que desviará el debate público hacia los tribunales federales, que son un foro donde el gobierno ha tenido menos éxito a la hora de obtener aprobación para sus medidas antiterroristas.
"Esta es una ley que dará empleo pleno a los abogados", dijo Deborah Persltein, que dirige el programa de Ley y Seguridad estadounidenses de la organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Human Rights First.
El ex abogado de la Casa Blanca, Bradford A. Berenson, partidario del proyecto y uno de los autores de las reglas rechazadas por la Corte Suprema, está de acuerdo. "Algunos de las mentes jurídicas más creativas se dedicarán a agujerear el proyecto", dijo.
Anticipándose a las impugnaciones en tribunales, el gobierno intentó impermeabilizar el proyecto incluyendo disposiciones que restringen severamente la revisión judicial y limitan la validez de tratados internacionales -firmados por Washington- que regulan los derechos de los prisioneros en tiempos de guerra.
El proyecto también contiene bruscas afirmaciones de que cumple con las obligaciones de tratados norteamericanos.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas, Sanford V. Levinson describió el proyecto en una actualización en internet como característico de una "república banana". El decano de la facultad de leyes de la Universidad de Yale, Harold Koh, dijo que "la imagen de un congreso que se apresura a despojar de su jurisdicción a los tribunales en respuesta a una emergencia creada políticamente es francamente repugnante, y no está claro si los miembros del congreso entienden realmente lo que han hecho".
En contraste, Douglas W. Kmiec, profesor de derecho constitucional de la Universidad Pepperdine, dijo que el congreso "actuó razonablemente bien en términos de la creación" de un conjunto de reglas "justas". Pero Kmiec y muchos otros dicen que no pueden predecir cómo responderá la Corte Suprema a la disposición que anula el recurso de habeas corpus, lo que dijo que dejará a "una gran cantidad de detenidos sin una base concebible para impugnar sus detenciones".
Hay otros punto álgidos probables. En la resolución de la Corte Suprema en junio revocando las medidas previas del gobierno, cuatro miembros de la corte que se unieron a la opinión de la mayoría, dijeron que la conspiración no es un crimen de guerra. El nuevo proyecto afirma que sí lo es.
El profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, Neal Katyal, dijo que la instalación, según el proyecto de ley, de dos sistemas judiciales -las comisiones militares para nacionales extranjeros y los procesos criminales normales para ciudadanos estadounidenses- viola la Enmienda 14 de la constitución, que exige la igualdad ante la ley de cualquiera que esté bajo jurisdicción estadounidense.
"Si eres ciudadano estadounidense, tienes todo un Cadillac en términos de sistema judicial. Pero si eres extranjero o residente con tarjeta verde, tu sistema judicial es el equivalente de un Chevy abollado", dijo.
28 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh
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