farsa de justicia
Las nuevas leyes de Bush son una subversión de lo que consideramos justicia.
Cuando el presidente Bush impuso el proyecto de ley sobre las comisiones militares en el congreso, los republicanos alardearon sobre la creación de un proceso que sería duro con los terroristas, pero mantendría los principios básicos de la justicia. "Estados Unidos puede enorgullecerse", dijo el senador Lindsey Graham, uno de los arquitectos del proyecto de ley.
Lamentablemente, Graham estaba equivocado. Uno de los muchos problemas de la nueva ley es que sólo hará todavía más difícil distinguir a los verdaderos terroristas del grupo más numeroso de reclusos en Bahía Guantánamo que eran actores secundarios en las filas de los talibanes o transeúntes inocentes. Graham y otros partidarios de esta espantosa ley parecen haber olvidado que la justicia estadounidense no se limita a castigar velozmente a los culpables. También protege a los inocentes.
Bush ignoró ese hecho después del 11 de septiembre de 2001, cuando trató de colocar a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo más allá del alcance de la ley estadounidense y de las Convenciones de Ginebra. Para empezar, eliminó una de las disposiciones esenciales de las convenciones: que los prisioneros deben ser investigados por un "tribunal competente" cuando haya dudas sobre quiénes son y qué rol desempeñaron en las hostilidades. Como resultado, cientos de hombres capturados en Afganistán y otros países fueron enviados a Bahía Guantánamo y otras prisiones, incluyendo la red de campos de detención ilegales de la CIA, sin ningún intento de determinar si eran o no combatientes de algún tipo, legales o ilegales.
El gobierno de Bush no mostró ni el menor interés en resolver este problema hasta que la Corte Suprema declaró en el caso de Hamdi v. Rumsfeld que el presidente no puede simplemente encerrar a alguien -incluso a un ciudadano extranjero- sin darle una oportunidad real de impugnar su detención ante una "instancia neutral".
En respuesta, Bush creó los Tribunales de Revisión de la Condición de Combatiente, que hicieron unas revisiones sumarísimas de los detenidos de Guantánamo. Esas revisiones se hicieron años después de la detención de los reclusos. Permitieron el uso de pruebas indirectas, de evidencias obtenidas mediante apremios ilegítimos e incluso torturas, y de evidencias mantenidas en secreto ante los prisioneros. La demostración de culpabilidad fue invertida: los tribunales suponen que los prisioneros fueron detenidos por algún motivo justificado y son ellos los que deben demostrar que las evidencias del gobierno son incorrectas -en caso de que supieran cuáles eran esas evidencias.
La nueva ley refuerza esta farsa de ley. La Ley de Comisiones Militares de 2006 hace prácticamente imposible impugnar la decisión de los tribunales sobre el status. Prohíbe el recurso de habeas corpus -el antiguo derecho de los prisioneros en las sociedades justas que permitía que sus detenciones fueran investigadas- y los casos basados directa o indirectamente en las Convenciones de Ginebra. Incluso si una apelación llega a ser vista por una corte de apelaciones, el gobierno muy probablemente alegaría que no podría ser vista sin poner en peligro sus secretos, como ha hecho repetidamente.
La nueva ley extiende peligrosamente la definición de combatientes enemigos ilegales y permite a Bush -y al ministro de Defensa- otorgar a cualquiera que decidan la autoridad para declarar como combatiente ilegal a un detenido. También permite a Bush encarcelar a detenidos en campos secretos de la CIA donde no se aplica ninguna regla.
Bush quiere que los estadounidenses confíen en que él aplicará esas atribuciones solamente a hombres verdaderamente peligrosos. Incluso si nuestro sistema se basara en ese tipo de poder personal y no en el imperio de la ley, sería difícil confiar en el juicio de un presidente y de un gobierno con antecedentes tan deficientes. Estados Unidos tiene que reconocer todavía que secuestró a un ciudadano canadiense inocente y lo envió para ser torturado en una cárcel siria. En otro caso, un ciudadano alemán ha acusado a Estados Unidos de secuestrarlo en las calles de Macedonia, sedarlo y enviarlo a Afganistán, donde fue tratado brutalmente. Luego está el caso de Londres que contó que fue secuestrado por agentes estadounidenses y salvajemente torturado por agentes marroquíes hasta que confesó haber conspirado con José Padilla para hacer explotar una ‘bomba sucia'. Padilla no fue nunca acusado de ese delito. El etíope todavía está en Bahía Guantánamo.
Los republicanos que apoyan la nueva ley dicen que sólo afecta a extranjeros. Pero los estadounidenses no han creído nunca que los derechos humanos sean sólo para los norteamericanos. Nuestro país se escandaliza cuando un gobierno autoritario encarcela a un estadounidense o a uno de sus propios ciudadanos, con acusaciones fabricadas, para ser juzgados por tribunales falsos. Ciertamente no es el modelo que queremos que sigan las cárceles de nuestro país.
Cuando el presidente Bush impuso el proyecto de ley sobre las comisiones militares en el congreso, los republicanos alardearon sobre la creación de un proceso que sería duro con los terroristas, pero mantendría los principios básicos de la justicia. "Estados Unidos puede enorgullecerse", dijo el senador Lindsey Graham, uno de los arquitectos del proyecto de ley.Lamentablemente, Graham estaba equivocado. Uno de los muchos problemas de la nueva ley es que sólo hará todavía más difícil distinguir a los verdaderos terroristas del grupo más numeroso de reclusos en Bahía Guantánamo que eran actores secundarios en las filas de los talibanes o transeúntes inocentes. Graham y otros partidarios de esta espantosa ley parecen haber olvidado que la justicia estadounidense no se limita a castigar velozmente a los culpables. También protege a los inocentes.
Bush ignoró ese hecho después del 11 de septiembre de 2001, cuando trató de colocar a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo más allá del alcance de la ley estadounidense y de las Convenciones de Ginebra. Para empezar, eliminó una de las disposiciones esenciales de las convenciones: que los prisioneros deben ser investigados por un "tribunal competente" cuando haya dudas sobre quiénes son y qué rol desempeñaron en las hostilidades. Como resultado, cientos de hombres capturados en Afganistán y otros países fueron enviados a Bahía Guantánamo y otras prisiones, incluyendo la red de campos de detención ilegales de la CIA, sin ningún intento de determinar si eran o no combatientes de algún tipo, legales o ilegales.
El gobierno de Bush no mostró ni el menor interés en resolver este problema hasta que la Corte Suprema declaró en el caso de Hamdi v. Rumsfeld que el presidente no puede simplemente encerrar a alguien -incluso a un ciudadano extranjero- sin darle una oportunidad real de impugnar su detención ante una "instancia neutral".
En respuesta, Bush creó los Tribunales de Revisión de la Condición de Combatiente, que hicieron unas revisiones sumarísimas de los detenidos de Guantánamo. Esas revisiones se hicieron años después de la detención de los reclusos. Permitieron el uso de pruebas indirectas, de evidencias obtenidas mediante apremios ilegítimos e incluso torturas, y de evidencias mantenidas en secreto ante los prisioneros. La demostración de culpabilidad fue invertida: los tribunales suponen que los prisioneros fueron detenidos por algún motivo justificado y son ellos los que deben demostrar que las evidencias del gobierno son incorrectas -en caso de que supieran cuáles eran esas evidencias.
La nueva ley refuerza esta farsa de ley. La Ley de Comisiones Militares de 2006 hace prácticamente imposible impugnar la decisión de los tribunales sobre el status. Prohíbe el recurso de habeas corpus -el antiguo derecho de los prisioneros en las sociedades justas que permitía que sus detenciones fueran investigadas- y los casos basados directa o indirectamente en las Convenciones de Ginebra. Incluso si una apelación llega a ser vista por una corte de apelaciones, el gobierno muy probablemente alegaría que no podría ser vista sin poner en peligro sus secretos, como ha hecho repetidamente.
La nueva ley extiende peligrosamente la definición de combatientes enemigos ilegales y permite a Bush -y al ministro de Defensa- otorgar a cualquiera que decidan la autoridad para declarar como combatiente ilegal a un detenido. También permite a Bush encarcelar a detenidos en campos secretos de la CIA donde no se aplica ninguna regla.
Bush quiere que los estadounidenses confíen en que él aplicará esas atribuciones solamente a hombres verdaderamente peligrosos. Incluso si nuestro sistema se basara en ese tipo de poder personal y no en el imperio de la ley, sería difícil confiar en el juicio de un presidente y de un gobierno con antecedentes tan deficientes. Estados Unidos tiene que reconocer todavía que secuestró a un ciudadano canadiense inocente y lo envió para ser torturado en una cárcel siria. En otro caso, un ciudadano alemán ha acusado a Estados Unidos de secuestrarlo en las calles de Macedonia, sedarlo y enviarlo a Afganistán, donde fue tratado brutalmente. Luego está el caso de Londres que contó que fue secuestrado por agentes estadounidenses y salvajemente torturado por agentes marroquíes hasta que confesó haber conspirado con José Padilla para hacer explotar una ‘bomba sucia'. Padilla no fue nunca acusado de ese delito. El etíope todavía está en Bahía Guantánamo.
Los republicanos que apoyan la nueva ley dicen que sólo afecta a extranjeros. Pero los estadounidenses no han creído nunca que los derechos humanos sean sólo para los norteamericanos. Nuestro país se escandaliza cuando un gobierno autoritario encarcela a un estadounidense o a uno de sus propios ciudadanos, con acusaciones fabricadas, para ser juzgados por tribunales falsos. Ciertamente no es el modelo que queremos que sigan las cárceles de nuestro país.
15 de octubre de 2006
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios