usa obstruye justicia global
[Jonathan F. Fanton] Por el infundado temor de que sus soldados puedan ser juzgados por crímenes contra la humanidad, Estados Unidos se opone a la corte criminal internacional.
Cuando una comisión de investigación de Naciones Unidas recomendó este año que las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Darfur fueran referidas a la nueva Corte Criminal Internacional CCI, Pierre-Richard Prosper, el embajador viajero norteamericano para asuntos de crímenes de guerra, hizo primera plana al rechazar la idea. "No queremos legitimar la CCI", dijo.
¿Por qué no? Noventa y nueve países han firmado el Tratado de Roma, que creó la corte a la que Estados Unidos se opone. El presidente Clinton también firmó el tratado, en los últimos días de su mandato, pero el gobierno de Bush dijo rápidamente que no tenía intención de ratificarlo.
La CCI, que ya está funcionando en La Haya, tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002, si y cuando el sistema judicial de un país signatario no esté dispuesto o sea incapaz de actuar. Lo que está pasando en Darfur parece exactamente diseñado para la corte, pero Estados Unidos ha dicho que preferiría procesar a los que han cometido atrocidades en Darfur creando un tribunal separado en Arusha, Tanzania -incluso aunque organizar esos tribunales ad hoc sea lento y caro. "No queremos estar en una situación en que veamos que la justicia africana sea exportada, o encargada a La Haya", dijo Prosper, en un claro intento de poner al hemisferio sur contra el norte.
Pero la opinión africana es mucho más compleja que eso. La realidad es que la CCI ya ha ganado amplio apoyo entre los africanos y de gente que se acerca a ella buscando ayuda y esperanza.
Hoy, 27 de los 98 países que firmaron el Tratado de Roma son de África. Cuatro países africanos han invitado a la corte a investigar atrocidades cometidas dentro de sus fronteras: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana y Costa de Marfil. Todos ellos han pedido asistencia a la corte donde sus propios sistemas judiciales han fallado o no pueden hacerlo.
Como la primera corte criminal permanente con una jurisdicción potencialmente mundial, la CCI tiene por fin impedir futuros Pol Pots y Pinochets. El año de 2005 será crucial para la historia de la CCI. Sus primeras dos investigaciones, una en Uganda y otra en el Congo, están haciendo progresos. A pesar de la oposición norteamericana, hay un fuerte apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para referir la situación de Darfur a la corte. Una fuerte discusión esta semana determinará el resultado.
La primera tanda de acusaciones de la corte se harán en Uganda contra importantes líderes del Ejército de Resistencia del Señor, que ha hecho una guerra contra el gobierno atacando a civiles en el norte. Más de 20.000 niños han sido secuestrados y unos 1.6 millones de civiles han sido desplazados. Decenas de miles más han sido matados o heridos.
La investigación de la CCI ya ha elevado la presión sobre las dos partes para terminar el conflicto allá y ha concentrado la atención internacional sobre los abusos. Si las acusaciones se producen y si la CCI procesa a los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, no impedirá que otros perpetradores sean juzgados en los tribunales normales, ni el trabajo de los mecanismo de reconciliación como las comisiones de la verdad.
El gobierno de Bush se opone fuertemente a la CCI aparentemente por preocupaciones de que la corte pudiera participar en juicios políticos de soldados y ciudadanos norteamericanos. Esos temores son injustificados: Sólo los países cuyos sistemas legales no puedan o no quieran fallar en casos que impliquen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad están dentro del alcance de la corte.
Las manipulaciones del tipo que temen algunos funcionarios norteamericanos son prácticamente imposibles. Un sólido sistema de chequeos y balances impide que los procedimientos de la CCI sean mal usados. Por ejemplo, el fiscal debe contar con el permiso de una sala preliminar de jueces antes de poder iniciar investigaciones o presentar acusaciones. Los estados pueden apelar esas decisiones si creen que sus propios tribunales han fallado apropiadamente. Debido a que Estados Unidos tiene un sistema de justicia criminal que funciona y es capaz de tratar acusaciones de abusos, los ciudadanos norteamericanos no tienen nada que temer de la Corte Criminal Internacional. Quienes si deben temerla, son los dictadores, ejércitos corruptos y grupos armados.
La CCI y un sólido sistema judicial internacional desbaratará la cultura de la impunidad que a menudo protege a los arquitectos de masivas violaciones de los derechos humanos e impedirá que otros cometan esos crímenes.
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos estuvo a la vanguardia del establecimiento de normas democráticas y humanitarias. La gente con la que hablé durante un viaje reciente a Nigeria se lo tomaron a pecho cuando mencioné una encuesta nacional realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago: 69 por ciento de los estadounidenses apoya a la CCI. El gobierno de Bush debería ponerse a todo con el pueblo norteamericano, que entiende que nuestro incapacidad de unirnos a la corte nos pone en el lado equivocado de la historia.
Es hora de que Estados Unidos revierta su posición, apoye a la Corte Criminal Internacional y respalde el llamado a referir a La Haya las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Darfur.
Jonathan F. Fanton es presidente de la Fundación John D. & Catherine T. MacArthur.
30 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Cuando una comisión de investigación de Naciones Unidas recomendó este año que las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Darfur fueran referidas a la nueva Corte Criminal Internacional CCI, Pierre-Richard Prosper, el embajador viajero norteamericano para asuntos de crímenes de guerra, hizo primera plana al rechazar la idea. "No queremos legitimar la CCI", dijo.¿Por qué no? Noventa y nueve países han firmado el Tratado de Roma, que creó la corte a la que Estados Unidos se opone. El presidente Clinton también firmó el tratado, en los últimos días de su mandato, pero el gobierno de Bush dijo rápidamente que no tenía intención de ratificarlo.
La CCI, que ya está funcionando en La Haya, tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002, si y cuando el sistema judicial de un país signatario no esté dispuesto o sea incapaz de actuar. Lo que está pasando en Darfur parece exactamente diseñado para la corte, pero Estados Unidos ha dicho que preferiría procesar a los que han cometido atrocidades en Darfur creando un tribunal separado en Arusha, Tanzania -incluso aunque organizar esos tribunales ad hoc sea lento y caro. "No queremos estar en una situación en que veamos que la justicia africana sea exportada, o encargada a La Haya", dijo Prosper, en un claro intento de poner al hemisferio sur contra el norte.
Pero la opinión africana es mucho más compleja que eso. La realidad es que la CCI ya ha ganado amplio apoyo entre los africanos y de gente que se acerca a ella buscando ayuda y esperanza.
Hoy, 27 de los 98 países que firmaron el Tratado de Roma son de África. Cuatro países africanos han invitado a la corte a investigar atrocidades cometidas dentro de sus fronteras: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana y Costa de Marfil. Todos ellos han pedido asistencia a la corte donde sus propios sistemas judiciales han fallado o no pueden hacerlo.
Como la primera corte criminal permanente con una jurisdicción potencialmente mundial, la CCI tiene por fin impedir futuros Pol Pots y Pinochets. El año de 2005 será crucial para la historia de la CCI. Sus primeras dos investigaciones, una en Uganda y otra en el Congo, están haciendo progresos. A pesar de la oposición norteamericana, hay un fuerte apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para referir la situación de Darfur a la corte. Una fuerte discusión esta semana determinará el resultado.
La primera tanda de acusaciones de la corte se harán en Uganda contra importantes líderes del Ejército de Resistencia del Señor, que ha hecho una guerra contra el gobierno atacando a civiles en el norte. Más de 20.000 niños han sido secuestrados y unos 1.6 millones de civiles han sido desplazados. Decenas de miles más han sido matados o heridos.
La investigación de la CCI ya ha elevado la presión sobre las dos partes para terminar el conflicto allá y ha concentrado la atención internacional sobre los abusos. Si las acusaciones se producen y si la CCI procesa a los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, no impedirá que otros perpetradores sean juzgados en los tribunales normales, ni el trabajo de los mecanismo de reconciliación como las comisiones de la verdad.
El gobierno de Bush se opone fuertemente a la CCI aparentemente por preocupaciones de que la corte pudiera participar en juicios políticos de soldados y ciudadanos norteamericanos. Esos temores son injustificados: Sólo los países cuyos sistemas legales no puedan o no quieran fallar en casos que impliquen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad están dentro del alcance de la corte.
Las manipulaciones del tipo que temen algunos funcionarios norteamericanos son prácticamente imposibles. Un sólido sistema de chequeos y balances impide que los procedimientos de la CCI sean mal usados. Por ejemplo, el fiscal debe contar con el permiso de una sala preliminar de jueces antes de poder iniciar investigaciones o presentar acusaciones. Los estados pueden apelar esas decisiones si creen que sus propios tribunales han fallado apropiadamente. Debido a que Estados Unidos tiene un sistema de justicia criminal que funciona y es capaz de tratar acusaciones de abusos, los ciudadanos norteamericanos no tienen nada que temer de la Corte Criminal Internacional. Quienes si deben temerla, son los dictadores, ejércitos corruptos y grupos armados.
La CCI y un sólido sistema judicial internacional desbaratará la cultura de la impunidad que a menudo protege a los arquitectos de masivas violaciones de los derechos humanos e impedirá que otros cometan esos crímenes.
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos estuvo a la vanguardia del establecimiento de normas democráticas y humanitarias. La gente con la que hablé durante un viaje reciente a Nigeria se lo tomaron a pecho cuando mencioné una encuesta nacional realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago: 69 por ciento de los estadounidenses apoya a la CCI. El gobierno de Bush debería ponerse a todo con el pueblo norteamericano, que entiende que nuestro incapacidad de unirnos a la corte nos pone en el lado equivocado de la historia.
Es hora de que Estados Unidos revierta su posición, apoye a la Corte Criminal Internacional y respalde el llamado a referir a La Haya las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Darfur.
Jonathan F. Fanton es presidente de la Fundación John D. & Catherine T. MacArthur.
30 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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