no habrá amnistía para militares
Gobierno argentino descarta amnistía para represores de la dictadura.
Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino descartó este sábado dictar una nueva amnistía amplia que beneficie responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983, reclamada por sectores que reivindican al regimen militar.
"Si alguien pide amnistía evidentemente está mirando otro canal. Así, les cuesta admitir la nueva realidad que vive el país", dijo este sábado Alberto Fernández, jefe de gabinete y mano derecha del presidente Néstor Kirchner, a radio América.
El jueves unas 5.000 personas participaron de un acto de ex militares y familiares de víctimas de las acciones guerrilleras ocurridas hace más de 30 años, para reclamar una amnistía que frene los juicios contra militares y policías involucrados en el terrorismo de estado.
Desde su asunción en 2003, el gobierno de Kirchner impulsó la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que habían exculpado a centenares de acusados por violaciones a los derechos humanos.
La anulación de esas normas permitió reabrir proceso contra un millar de ex militares y ex policías, de los cuales unos 260 recibieron prisión preventiva, aunque sólo el 10% cumple la detención en cárcel común.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura según balance de los organismos de derechos humanos, y alrededor de 500 bebes nacidos en cautiverio fueron entregados a familias de militares o allegados.
Este sábado el jefe de gabinete consideró que los sectores minoritarios que reivindican la represión dictatorial son "expresiones del pasado" y que "les cuesta entender lo que pasó en Argentina en los últimos años".
"Es el país en pleno que no quiere volver para atrás. La gente ha puesto una definición clara y el gobierno los ha acompañado", dijo Fernández al ratificar la política oficial de derechos humanos.
Tras el acto cívico-militar, decenas de miles de personas manifestaron el viernes en la Plaza de Mayo para respaldar la prosecusión de los juicios contra ex represores.
Mabel 'Tati' Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró este sábado que la multitudinaria marcha "ha logrado su cometido de apelar a la conciencia de la gente".
"Demostramos que acá no hay miedo y que la justicia va a seguir", insistió.
Su entidad, junto a Abuelas de Plaza de Mayo encabezó la convocatoria al acto al que se sumaron decenas de agrupaciones humanitarias, sociales y piqueteras, oficialistas, independientes y de izquierda.
‘Pido Castigo', un famoso poema del chileno Pablo Neruda fue leído desde el palco, en una manifestación para pedir por Julio López, un albañil de 77 años, cuyo paradero se desconoce desde hace 20 días.
El testimonio de López fue clave en la reciente condena a perpetua contra el ex jefe policial Miguel Etchecolatz, en un fallo histórico que consideró que la dictadura perpetró un genocidio en Argentina.
El gobierno bonaerense admitió que este ex detenido-desaparecido en 1976, podría haber sido secuestrado para amedrentar a otros testigos y frenar los juicios.
En las últimas semanas, además decenas de amenazas recayeron sobre jueces y fiscales que investigan estas causas en todo el país.
Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino descartó este sábado dictar una nueva amnistía amplia que beneficie responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983, reclamada por sectores que reivindican al regimen militar."Si alguien pide amnistía evidentemente está mirando otro canal. Así, les cuesta admitir la nueva realidad que vive el país", dijo este sábado Alberto Fernández, jefe de gabinete y mano derecha del presidente Néstor Kirchner, a radio América.
El jueves unas 5.000 personas participaron de un acto de ex militares y familiares de víctimas de las acciones guerrilleras ocurridas hace más de 30 años, para reclamar una amnistía que frene los juicios contra militares y policías involucrados en el terrorismo de estado.
Desde su asunción en 2003, el gobierno de Kirchner impulsó la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que habían exculpado a centenares de acusados por violaciones a los derechos humanos.
La anulación de esas normas permitió reabrir proceso contra un millar de ex militares y ex policías, de los cuales unos 260 recibieron prisión preventiva, aunque sólo el 10% cumple la detención en cárcel común.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura según balance de los organismos de derechos humanos, y alrededor de 500 bebes nacidos en cautiverio fueron entregados a familias de militares o allegados.
Este sábado el jefe de gabinete consideró que los sectores minoritarios que reivindican la represión dictatorial son "expresiones del pasado" y que "les cuesta entender lo que pasó en Argentina en los últimos años".
"Es el país en pleno que no quiere volver para atrás. La gente ha puesto una definición clara y el gobierno los ha acompañado", dijo Fernández al ratificar la política oficial de derechos humanos.
Tras el acto cívico-militar, decenas de miles de personas manifestaron el viernes en la Plaza de Mayo para respaldar la prosecusión de los juicios contra ex represores.
Mabel 'Tati' Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró este sábado que la multitudinaria marcha "ha logrado su cometido de apelar a la conciencia de la gente".
"Demostramos que acá no hay miedo y que la justicia va a seguir", insistió.
Su entidad, junto a Abuelas de Plaza de Mayo encabezó la convocatoria al acto al que se sumaron decenas de agrupaciones humanitarias, sociales y piqueteras, oficialistas, independientes y de izquierda.
‘Pido Castigo', un famoso poema del chileno Pablo Neruda fue leído desde el palco, en una manifestación para pedir por Julio López, un albañil de 77 años, cuyo paradero se desconoce desde hace 20 días.
El testimonio de López fue clave en la reciente condena a perpetua contra el ex jefe policial Miguel Etchecolatz, en un fallo histórico que consideró que la dictadura perpetró un genocidio en Argentina.
El gobierno bonaerense admitió que este ex detenido-desaparecido en 1976, podría haber sido secuestrado para amedrentar a otros testigos y frenar los juicios.
En las últimas semanas, además decenas de amenazas recayeron sobre jueces y fiscales que investigan estas causas en todo el país.
7 de octubre de 2006
©mi punto 
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