piden derogar ley de amnistía
Demandan la derogación de la amnistía. Tras fallo de Corte Interamericana y declaración de la presidenta Bachelet.
El organismo determinó que la ley de amnistía es "inaplicable" en Chile y sancionó al estado por usarla en el caso del profesor comunista Luis Almonacid Arellano, ejecutado por una patrulla de carabineros el 17 de septiembre de 1973. La mandataria valoró el fallo y dijo que tenía "una tremenda trascendencia para las causas de derechos humanos".
La posibilidad de anular o derogar la ley de amnistía de 1978, esbozada anteayer por la presidenta Michelle Bachelet al comentar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que se conoció el viernes- que sancionó al estado chileno por aplicar esta figura legal en el caso de un profesor asesinado por carabineros en septiembre de 1973, fue apoyada por parlamentarios de la Concertación que acarician un viejo anhelo: la anulación o derogación de la ley impuesta por la junta militar en 1978.
Al respecto, el senador PS Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta y vicepresidente de la corporación, dijo que el fallo internacional obliga a los partidos de la coalición de gobierno a impulsar con mayor fuerza el término de dicha normativa, ya que el decreto ley 2.191 no es un impedimento para investigar y sancionar a los responsables cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
El organismo internacional, en su resolución, determinó que la ley de amnistía es "inaplicable" en Chile y sancionó al estado chileno por aplicarla en el caso del profesor comunista Luis Almonacid Arellano, ejecutado por una patrulla de carabineros el 17 de septiembre de 1973. Al respecto, la presidenta valoró el fallo y dijo que tenía "una tremenda trascendencia para las causas de derechos humanos".
Además señaló que su deber como mandataria "es velar porque el estado de Chile ajuste su proceder a los dictados de la Corte Internacional. Estamos estudiando las medidas necesarias y apenas las tengamos listas las daremos a conocer al país". Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que las decisiones que dará a conocer en los próximos días van en la línea de modificar la ley de amnistía, impresión acentuada por los dichos de la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, que en Concepción señaló que el gobierno "tiene que cumplir los fallos".
A juicio de Naranjo, "ese decreto (de amnistía) no tenía ningún valor ético ni jurídico. Lo que correspondía a los tribunales de justicia era investigar los casos, ya que dicho decreto ley era absolutamente contrario al espíritu y a los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en relación con los crímenes de lesa humanidad". Añadió que el fallo "es una notificación muy seria y responsable" de que el decreto ley del ‘78 no puede transformarse en un impedimento u obstáculo para avanzar en materia de verdad y justicia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, a su turno, solicitó al Ejecutivo que aplique suma urgencia al proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja y que establece la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad. En la práctica, la iniciativa invalida la aplicación de la ley de amnistía por parte de cualquier juez.
El organismo determinó que la ley de amnistía es "inaplicable" en Chile y sancionó al estado por usarla en el caso del profesor comunista Luis Almonacid Arellano, ejecutado por una patrulla de carabineros el 17 de septiembre de 1973. La mandataria valoró el fallo y dijo que tenía "una tremenda trascendencia para las causas de derechos humanos".La posibilidad de anular o derogar la ley de amnistía de 1978, esbozada anteayer por la presidenta Michelle Bachelet al comentar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que se conoció el viernes- que sancionó al estado chileno por aplicar esta figura legal en el caso de un profesor asesinado por carabineros en septiembre de 1973, fue apoyada por parlamentarios de la Concertación que acarician un viejo anhelo: la anulación o derogación de la ley impuesta por la junta militar en 1978.
Al respecto, el senador PS Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta y vicepresidente de la corporación, dijo que el fallo internacional obliga a los partidos de la coalición de gobierno a impulsar con mayor fuerza el término de dicha normativa, ya que el decreto ley 2.191 no es un impedimento para investigar y sancionar a los responsables cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
El organismo internacional, en su resolución, determinó que la ley de amnistía es "inaplicable" en Chile y sancionó al estado chileno por aplicarla en el caso del profesor comunista Luis Almonacid Arellano, ejecutado por una patrulla de carabineros el 17 de septiembre de 1973. Al respecto, la presidenta valoró el fallo y dijo que tenía "una tremenda trascendencia para las causas de derechos humanos".
Además señaló que su deber como mandataria "es velar porque el estado de Chile ajuste su proceder a los dictados de la Corte Internacional. Estamos estudiando las medidas necesarias y apenas las tengamos listas las daremos a conocer al país". Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que las decisiones que dará a conocer en los próximos días van en la línea de modificar la ley de amnistía, impresión acentuada por los dichos de la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, que en Concepción señaló que el gobierno "tiene que cumplir los fallos".
A juicio de Naranjo, "ese decreto (de amnistía) no tenía ningún valor ético ni jurídico. Lo que correspondía a los tribunales de justicia era investigar los casos, ya que dicho decreto ley era absolutamente contrario al espíritu y a los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en relación con los crímenes de lesa humanidad". Añadió que el fallo "es una notificación muy seria y responsable" de que el decreto ley del ‘78 no puede transformarse en un impedimento u obstáculo para avanzar en materia de verdad y justicia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, a su turno, solicitó al Ejecutivo que aplique suma urgencia al proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja y que establece la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad. En la práctica, la iniciativa invalida la aplicación de la ley de amnistía por parte de cualquier juez.
16 de octubre de 2006
©la nación 
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