amnistía duele
[Luis Narváez] Gobierno optará por derogar el polémico decreto ley.
Aunque ha causado molestia en la DC y el PPD, el Ejecutivo prepara proyecto para terminar con la norma. Comisión de partidos, abogados y agrupaciones de derechos humanos también elaboran documento donde se propone modificar el Código Penal Civil y ampliar el recurso de revisión.
Por estos días no hay espina que duela más que el Decreto Ley de Amnistía que dictó Augusto Pinochet en 1978. Una democracia y una posición económica modelo en la región se han visto empañadas por la herida que no cierra: las violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado chileno y le ordenó adecuar su legislación a las normas internacionales que ha suscrito sobre la materia, ante el caso de un ejecutado cuyo proceso judicial fue cerrado amparado por la amnistía.
Las intenciones de terminar con esta norma autoritaria no son nuevas y ya en abril de este año, diputados de la Concertación, especialmente del Partido Socialista, presentaron un proyecto. Sin embargo, el fallo del organismo internacional nuevamente le pisó los talones al típico y lento ritmo que llevan las cosas en el Congreso Nacional, sobre todo porque por un error técnico, ese proyecto de ley debe ingresar por el Senado.
De ahí que hace una semana la Presidenta Michelle Bachelet anunciara, desde el parque memorial instalado en Villa Grimaldi, que el Gobierno asumiría la resolución de la comisión y trabajaría en una iniciativa de ley para terminar con la amnistía.
Y aunque los máximos dirigentes de la DC (Soledad Alvear) y del PPD (Sergio Bitar) se molestaron por no haber sido consultados, el Ejecutivo ha avanzado a paso raudo en el texto que, según las fuentes consultadas, buscará derogar el polémico decreto ley.
La Mandataria le encargó la misión a la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien como se recordará es abogada ex integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde el punto de vista técnico, la secretaria de Estado recurrió a quien más sabe de proyectos de ley en La Moneda: Carlos Carmona. El abogado es el jefe jurídico de la misma cartera y mantiene en su oficina todos los proyectos de ley enviados por los gobiernos de la Concertación, desde marzo de 1990 en adelante.
La derogación sería el camino más viable para el Gobierno, considerando que la anulación de una ley –que nunca se ha hecho en la historia de Chile– implicaría un proceso que terminaría siendo objetado por la oposición y llevado al Tribunal Constitucional, donde se requieren un alto quórum para su aprobación.
Comisión de Trabajo
Como una forma de distender la evidente molestia planteada por la DC, el senador y presidente el Partido Radical, José Antonio Gómez, propuso y armó una comisión integrada por representantes de los partidos de la Concertación, de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y abogados defensores de los derechos humanos.
Ya llevan dos reuniones –una cada semana–, en las que se ha planteado la discusión acerca de la mejor forma de adecuar el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para terminar con la amnistía.
Las fuentes consultadas en dicha instancia indican que "el grupo designará a un abogado encargado de la redacción de un documento que será entregado a la Presidenta Bachelet como insumo. De esta forma se dará por considerada la opinión de todos los sectores en el proyecto final que envíe el Ejecutivo".
El viernes trascendió que los diputados Antonio Leal (PPD) y Francisco Encina (PS) habían tenido acceso al borrador que está preparando el Gobierno. Consultado, el legislador socialista no confirmó ni desmintió dicha información: "Yo no he leído nada. El viernes estuve con la ministra Veloso, pero por otros temas. En todo caso, yo me vine a mi zona [IV Región] y no revisé mi correo electrónico".
Así como el Gobierno evalúa como prioridad la derogación de la amnistía, el grupo que trabaja en la propuesta, considerando también la postura de los diputados socialistas, encabezados por Juan Bustos –un reconocido abogado penalista–, considera agregar o modificar el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que en su actual inciso tercero consagra como eximente de responsabilidad la amnistía.
Pero también existe debate al interior de esta comisión respecto de las responsabilidades civiles, que también consagra la Ley de Amnistía, porque en este punto se tocarían las reparaciones. "Si se elimina este artículo, también debiera plantearse alguna modificación en lo civil, donde los períodos en que se puede hacer exigible la responsabilidad son mucho más cortos", consigna otra fuente del grupo.
En otro sentido, también se discute ampliar las causales que permiten interponer recursos de revisión, como una fórmula de que en los hechos la polémica norma no tenga efectos. Esta acción judicial permite que la Corte Suprema vuelva a conocer de un juicio que ya ha sido sentenciado y ejecutoriado, en virtud de nuevos antecedentes que puedan vulnerar el derecho. La misma fuente explica que "en este punto se propone incluir en las causales de este recurso los aspectos que las normas internacionales indican sobre delitos de lesa humanidad".
Todo indica que será en este Gobierno donde se dará el paso legislativo más importante para terminar con la Ley de Amnistía. Pero en tribunales, la Corte Suprema ya ha fijado una doctrina y en todas las causas que han llegado a estrados, después de 1998, no hay lugar para amnistiar y prescribir delitos de lesa humanidad.
Por estos días no hay espina que duela más que el Decreto Ley de Amnistía que dictó Augusto Pinochet en 1978. Una democracia y una posición económica modelo en la región se han visto empañadas por la herida que no cierra: las violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado chileno y le ordenó adecuar su legislación a las normas internacionales que ha suscrito sobre la materia, ante el caso de un ejecutado cuyo proceso judicial fue cerrado amparado por la amnistía.
Las intenciones de terminar con esta norma autoritaria no son nuevas y ya en abril de este año, diputados de la Concertación, especialmente del Partido Socialista, presentaron un proyecto. Sin embargo, el fallo del organismo internacional nuevamente le pisó los talones al típico y lento ritmo que llevan las cosas en el Congreso Nacional, sobre todo porque por un error técnico, ese proyecto de ley debe ingresar por el Senado.
De ahí que hace una semana la Presidenta Michelle Bachelet anunciara, desde el parque memorial instalado en Villa Grimaldi, que el Gobierno asumiría la resolución de la comisión y trabajaría en una iniciativa de ley para terminar con la amnistía.
Y aunque los máximos dirigentes de la DC (Soledad Alvear) y del PPD (Sergio Bitar) se molestaron por no haber sido consultados, el Ejecutivo ha avanzado a paso raudo en el texto que, según las fuentes consultadas, buscará derogar el polémico decreto ley.
La Mandataria le encargó la misión a la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien como se recordará es abogada ex integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde el punto de vista técnico, la secretaria de Estado recurrió a quien más sabe de proyectos de ley en La Moneda: Carlos Carmona. El abogado es el jefe jurídico de la misma cartera y mantiene en su oficina todos los proyectos de ley enviados por los gobiernos de la Concertación, desde marzo de 1990 en adelante.
La derogación sería el camino más viable para el Gobierno, considerando que la anulación de una ley –que nunca se ha hecho en la historia de Chile– implicaría un proceso que terminaría siendo objetado por la oposición y llevado al Tribunal Constitucional, donde se requieren un alto quórum para su aprobación.
Comisión de Trabajo
Como una forma de distender la evidente molestia planteada por la DC, el senador y presidente el Partido Radical, José Antonio Gómez, propuso y armó una comisión integrada por representantes de los partidos de la Concertación, de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y abogados defensores de los derechos humanos.
Ya llevan dos reuniones –una cada semana–, en las que se ha planteado la discusión acerca de la mejor forma de adecuar el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para terminar con la amnistía.
Las fuentes consultadas en dicha instancia indican que "el grupo designará a un abogado encargado de la redacción de un documento que será entregado a la Presidenta Bachelet como insumo. De esta forma se dará por considerada la opinión de todos los sectores en el proyecto final que envíe el Ejecutivo".
El viernes trascendió que los diputados Antonio Leal (PPD) y Francisco Encina (PS) habían tenido acceso al borrador que está preparando el Gobierno. Consultado, el legislador socialista no confirmó ni desmintió dicha información: "Yo no he leído nada. El viernes estuve con la ministra Veloso, pero por otros temas. En todo caso, yo me vine a mi zona [IV Región] y no revisé mi correo electrónico".
Así como el Gobierno evalúa como prioridad la derogación de la amnistía, el grupo que trabaja en la propuesta, considerando también la postura de los diputados socialistas, encabezados por Juan Bustos –un reconocido abogado penalista–, considera agregar o modificar el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que en su actual inciso tercero consagra como eximente de responsabilidad la amnistía.
Pero también existe debate al interior de esta comisión respecto de las responsabilidades civiles, que también consagra la Ley de Amnistía, porque en este punto se tocarían las reparaciones. "Si se elimina este artículo, también debiera plantearse alguna modificación en lo civil, donde los períodos en que se puede hacer exigible la responsabilidad son mucho más cortos", consigna otra fuente del grupo.
En otro sentido, también se discute ampliar las causales que permiten interponer recursos de revisión, como una fórmula de que en los hechos la polémica norma no tenga efectos. Esta acción judicial permite que la Corte Suprema vuelva a conocer de un juicio que ya ha sido sentenciado y ejecutoriado, en virtud de nuevos antecedentes que puedan vulnerar el derecho. La misma fuente explica que "en este punto se propone incluir en las causales de este recurso los aspectos que las normas internacionales indican sobre delitos de lesa humanidad".
Todo indica que será en este Gobierno donde se dará el paso legislativo más importante para terminar con la Ley de Amnistía. Pero en tribunales, la Corte Suprema ya ha fijado una doctrina y en todas las causas que han llegado a estrados, después de 1998, no hay lugar para amnistiar y prescribir delitos de lesa humanidad.
21 de octubre de 2006
©la nación 
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