decreto de amnistía y corte penal
[Leonardo Aravena] Habría que buscar soluciones: conseguir una mayoría parlamentaria representativa de la población y terminar de una vez con el cogobierno de la minoría en esta materia y en otras de real importancia para el país.
Nos preguntamos si Chile podrá llegar a La Haya como Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Para esto requiere de una reforma constitucional que permita la ratificación del Estatuto de Roma de 1998, pacto aprobado por más de 100 países y vigente desde el 1 de julio de 2002. Sólo se ha superado el primer trámite en el Congreso, donde la comisión del Senado ratificó por unanimidad la enmienda, el 4 de octubre de 2005, tras negociaciones con los partidos de la Alianza, opuestos a la iniciativa y que parecieron apoyar el proyecto siete años después de su firma. Pero en el año transcurrido y al persistir en su aprobación, el Ejecutivo ha caído en las trampas opositoras. La meta se ve cada vez más lejos.
La iniciativa se ha visto obstaculizada por consultas con los comandantes en jefe y un ex ministro de Defensa sobre las consecuencias que tendría la eventual aplicación de la American Servicemembers Protection Act (ASPA). Pero cuando el fantasma de las sanciones parece disiparse con la distensión del planteamiento de la Casa Blanca, es la UDI la que ahora anuncia que, antes de decidir si aprueba el acuerdo, verá cómo se materializa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por la ley de amnistía. Así, nuestro país no llegará a la CPI, al menos mientras no tenga 23 senadores y 72 diputados, imposibles de reunir con el sistema binominal, que tampoco se ha cambiado por otro más justo y es un verdadero seguro de vida de la minoría, una herencia dejada por la dictadura en favor de sus partidarios.
La Corte ha declarado que el DL Nº 2.191 de 1978 contraviene las normas internacionales de derechos humanos y las obligaciones de Chile y debe ser anulado. El decreto, en verdad de auto amnistía, prohíbe procesar a involucrados en actos criminales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fase caracterizada por las violaciones sistemáticas y generalizadas de los DDHH, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad. En enero de 2001, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Internacional de Juristas publicaron un exhaustivo informe en derecho sobre la incompatibilidad de ese decreto con el derecho internacional y con la obligación de los tribunales chilenos de investigar y enjuiciar a los autores de violaciones graves de los DDHH ocurridas durante el gobierno militar. AI estimó que la mayoría de los crímenes sigue impune, lo que resulta un ataque contra la humanidad, y que las autoridades chilenas tienen la obligación de investigar el destino de los desaparecidos, enjuiciar y castigar a quienes sean responsables de tales actos que, como crímenes de lesa humanidad, no están sujetos a ninguna prescripción, y anular la ley de amnistía, por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.
Cabe preguntarse ¿cuánto tiempo demorará el sistema legislativo chileno en anular el DL 2.191 no obstante requerirse quórum simple, con el que ya cuenta la coalición gobernante? ¿No ha reparado la UDI opositora -no quiere reparar- en que el Estatuto de la CPI contiene entre sus principios básicos la irretroactividad y que dice en su artículo 24 que "nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor"?
Vincular esta ratificación con la derogación del decreto de amnistía es simplemente una dilación más. Son temas no vinculados en relación de causa a efecto, salvo en cuanto ambos tienden al verdadero imperio del respeto a los DDHH y de la justicia, y en cuanto Chile está obligado a respetar su firma en el Estatuto de Roma y, por consiguiente, a no aplicar ni prescripciones ni amnistías a tan horrendos crímenes. Sería de mayor honorabilidad de los detractores reconocer que no prestarán sus votos para esta reforma y caso cerrado. Ante eso, habría que buscar soluciones: conseguir una mayoría parlamentaria en verdad representativa de la población y terminar de una vez con el cogobierno de la minoría en esta materia y en otras de real importancia para el país.
Nos preguntamos si Chile podrá llegar a La Haya como Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Para esto requiere de una reforma constitucional que permita la ratificación del Estatuto de Roma de 1998, pacto aprobado por más de 100 países y vigente desde el 1 de julio de 2002. Sólo se ha superado el primer trámite en el Congreso, donde la comisión del Senado ratificó por unanimidad la enmienda, el 4 de octubre de 2005, tras negociaciones con los partidos de la Alianza, opuestos a la iniciativa y que parecieron apoyar el proyecto siete años después de su firma. Pero en el año transcurrido y al persistir en su aprobación, el Ejecutivo ha caído en las trampas opositoras. La meta se ve cada vez más lejos.La iniciativa se ha visto obstaculizada por consultas con los comandantes en jefe y un ex ministro de Defensa sobre las consecuencias que tendría la eventual aplicación de la American Servicemembers Protection Act (ASPA). Pero cuando el fantasma de las sanciones parece disiparse con la distensión del planteamiento de la Casa Blanca, es la UDI la que ahora anuncia que, antes de decidir si aprueba el acuerdo, verá cómo se materializa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por la ley de amnistía. Así, nuestro país no llegará a la CPI, al menos mientras no tenga 23 senadores y 72 diputados, imposibles de reunir con el sistema binominal, que tampoco se ha cambiado por otro más justo y es un verdadero seguro de vida de la minoría, una herencia dejada por la dictadura en favor de sus partidarios.
La Corte ha declarado que el DL Nº 2.191 de 1978 contraviene las normas internacionales de derechos humanos y las obligaciones de Chile y debe ser anulado. El decreto, en verdad de auto amnistía, prohíbe procesar a involucrados en actos criminales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fase caracterizada por las violaciones sistemáticas y generalizadas de los DDHH, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad. En enero de 2001, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Internacional de Juristas publicaron un exhaustivo informe en derecho sobre la incompatibilidad de ese decreto con el derecho internacional y con la obligación de los tribunales chilenos de investigar y enjuiciar a los autores de violaciones graves de los DDHH ocurridas durante el gobierno militar. AI estimó que la mayoría de los crímenes sigue impune, lo que resulta un ataque contra la humanidad, y que las autoridades chilenas tienen la obligación de investigar el destino de los desaparecidos, enjuiciar y castigar a quienes sean responsables de tales actos que, como crímenes de lesa humanidad, no están sujetos a ninguna prescripción, y anular la ley de amnistía, por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.
Cabe preguntarse ¿cuánto tiempo demorará el sistema legislativo chileno en anular el DL 2.191 no obstante requerirse quórum simple, con el que ya cuenta la coalición gobernante? ¿No ha reparado la UDI opositora -no quiere reparar- en que el Estatuto de la CPI contiene entre sus principios básicos la irretroactividad y que dice en su artículo 24 que "nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor"?
Vincular esta ratificación con la derogación del decreto de amnistía es simplemente una dilación más. Son temas no vinculados en relación de causa a efecto, salvo en cuanto ambos tienden al verdadero imperio del respeto a los DDHH y de la justicia, y en cuanto Chile está obligado a respetar su firma en el Estatuto de Roma y, por consiguiente, a no aplicar ni prescripciones ni amnistías a tan horrendos crímenes. Sería de mayor honorabilidad de los detractores reconocer que no prestarán sus votos para esta reforma y caso cerrado. Ante eso, habría que buscar soluciones: conseguir una mayoría parlamentaria en verdad representativa de la población y terminar de una vez con el cogobierno de la minoría en esta materia y en otras de real importancia para el país.
Leonardo Aravena es profesor de Derecho de la Universidad Central, coordinador Justicia Internacional y CPI Amnistía Internacional.
16 de noviembre de 2006
©la nación 
0 comentarios