juzgados en el banquillo 15
[William Glaberson] Cómo un vilipendiado sistema de juzgados locales ha sobrevivido a sus críticos. Librándose por un pelo. Última entrega.
El caso era insignificante: en 1981 un adolescente fue detenido en Conesus, cercas de Rochester, y acusado de amenazas e invasión de una propiedad privada. Fue identificado solamente como Charles F., debido a que era menor de edad. Corría el riesgo de pasar un año en la cárcel.
Pero su abogado, J. Michael Jones, vio que el caso tenía el potencial de echar abajo el sistema de juzgados en Nueva York, y posiblemente en otros estados. Hace 20 años la Corte Suprema había resuelto que todo acusado que pudiera ser condenado a penas de prisión, tenía derecho a un abogado. Pero ¿para qué servía ese derecho, preguntó, si el juez -como el juez de pueblo al que se enfrentaba Charles F.- no entendía los alegatos del abogado?
En una entrevista reciente, Jones recordó que gastó miles de dólares de su propio bolsillo para llevar el caso a las cortes de apelaciones. "Pensé que era la oportunidad perfecta para poner al día el sistema de juzgados locales", dijo.
Ahora se daban las condiciones. En los últimos años había habido un movimiento nacional para reconocer los derechos de los acusados. Los tribunales de justicia en el país habían sido modernizados después de que una comisión presidencial observara su largo historial de "incompetencia".
Algunos de los cambios más importantes fueron impulsados por los tribunales. En 1974 la Corte Suprema de California resolvió que el encarcelamiento por orden del juez que no tuviera formación jurídica, era una violación del debido proceso y ordenó lo que era esencialmente el fin de los juzgados locales del estado.
"Parecía que era una oportunidad, un movimiento puesto en marcha que iba a entregarnos una solución judicial donde nunca hubo una solución legislativa", dijo Rene H. Reixach Jr., un abogado de Rochester que escribió una carta amicus curi en el caso de Charles F. para la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York.
Una resolución de la Corte Suprema de 1976 parecía ofrecer los medios para impugnar el sistema en Nueva York. La corte mantuvo el encarcelamiento de un hombre de Kentucky por orden de un juez que era minero del carbón sin formación jurídica, pero solamente porque las leyes del estado garantizaban a los acusados procesados por jueces que no eran abogados el derecho automático a un nuevo juicio con un juez que sí era abogado.
Sin embargo, en Nueva York no existe ese derecho. Un acusado puede pedir a un juez de condado que se ocupe del caso, pero el juez puede rehusar, como ocurrió en el caso de Charles F.
Cuando en 1983 el caso llegó al tribunal superior del estado, a la Corte de Apelaciones, los abogados de Charles F. dijeron que en una época de crecientes y complejas protecciones legales de los acusados, era simplemente justo que una persona que podía ser condenada a una pena de prisión debiera ser procesada por un juez que comprendiera esas protecciones. En el tribunal en Albany, recordó Jones, "teníamos abogados de Nueva York que no podían creer que vivíamos con ese sistema".
El tribunal, que estaba adquiriendo la reputación de proteger los derechos de los acusados, pareció receptivo. En él participaba el presidente del tribunal del estado en esa época, Lawrence H. Cooke, y los dos jueces que lo sucederían: Sol Wachtler y Judith S. Kaye.
En una entrevista reciente, Wachtler dijo que el uso que hacía el estado de jueces sin estudios de leyes era un problema. "Existía la opinión incuestionable de nuestra parte de que eso no era correcto", dijo.
Pero cuando se realizó la votación, estaban en el lado perdedor de una decisión de 4 a 3. Los neoyorquinos, determinó la mayoría, no tenían el derecho absoluto a ser oídos por un juez versado en leyes.
Richard D. Simons, el único juez de esa mayoría que sobrevive, dijo en una entrevista que el caso planteaba un puntiagudo problema legal: si Nueva York ofrecía o no suficientes oportunidades para juicio por un tribunal superior. El tema más amplio de la justicia de los juzgados locales, dijo, debía decidirlo la Legislatura.
Wachtler dijo que creía que el caso se habría encaminado en la dirección contraria si hubiera sido oído por la Corte de Apelaciones uno o dos años más tarde, dados los cambios en la composición del tribunal y de la postura con respecto a los derechos de los acusados.
Pero desde entonces la corte no se ha ocupado de este asunto. Reixach, el abogado de Rochester, dijo que la resolución lo desalentó, a él y otros, de volver a impugnar el sistema. "El caso de Charles F., estés o no de acuerdo", dijo, "selló el destino de los juzgados locales en el estado por un largo tiempo".
La juez Kaye, que escribió la opinión disidente, se ha convertido desde entonces en un adalid de la reforma judicial como presidente del tribunal de Nueva York, presidiendo la Corte de Apelaciones y la administración de todos los tribunales. Pero las leyes que ha propuesto para modernizar el sistema desde que asumiera su cargo en 1993 ha omitido consistentemente los juzgados locales.
Sólo este verano tocó la juez Kaye los problemas en los juzgados locales, después de que el contralor del estado le advirtiera que podrían estar malgastando millones de dolares, y después de que una comisión que ella nombrara para estudiar los servicios jurídicos a los pobres, informara que esos tribunales pisoteaban rutinariamente los derechos de la gente.
Su oficina ha dicho que aunque tiene un control limitado sobre los juzgados locales, podría empezar a remediar algunos de sus propios errores, con medidas que no requieran aprobación legislativa.
Esos pasos son los más ambiciosos que se intentaran en varias décadas, pero su misma naturaleza subraya las deficiencias de los juzgados: Los jueces, de acuerdo al plan del estado, deberán aprobar un adiestramiento inicial de dos semanas, en lugar de seis días. Por primera vez, los jueces tendrán ordenadores, máquinas de fax y grabadoras, y se les exigirá que graben las vistas. Para supervisarlos, en cada distrito judicial se nombrará a un juez supervisor.
Y las mejoras no tocan lo que los críticos de los juzgados locales han dicho repetidas veces que son sus peores defectos: el uso de jueces a tiempo parcial que no son abogados, la dependencia de pueblos y aldeas para el financiamiento de los juzgados y la débil autoridad del estado sobre los juzgados.
Tratar esos problemas implicará a la Legislatura -y provocará otra guerra. La juez Kaye se negó a ser entrevistada.
Uno de los más poderosos defensores de los juzgados ha sido la Asociación Estatal de Pueblos. Su director ejecutivo, G. Jeffreu, dijo que el grupo estaba listo para otra pelea.
"Si la hay", dijo, "adoptaremos la misma posición que antes".
El caso era insignificante: en 1981 un adolescente fue detenido en Conesus, cercas de Rochester, y acusado de amenazas e invasión de una propiedad privada. Fue identificado solamente como Charles F., debido a que era menor de edad. Corría el riesgo de pasar un año en la cárcel.Pero su abogado, J. Michael Jones, vio que el caso tenía el potencial de echar abajo el sistema de juzgados en Nueva York, y posiblemente en otros estados. Hace 20 años la Corte Suprema había resuelto que todo acusado que pudiera ser condenado a penas de prisión, tenía derecho a un abogado. Pero ¿para qué servía ese derecho, preguntó, si el juez -como el juez de pueblo al que se enfrentaba Charles F.- no entendía los alegatos del abogado?
En una entrevista reciente, Jones recordó que gastó miles de dólares de su propio bolsillo para llevar el caso a las cortes de apelaciones. "Pensé que era la oportunidad perfecta para poner al día el sistema de juzgados locales", dijo.
Ahora se daban las condiciones. En los últimos años había habido un movimiento nacional para reconocer los derechos de los acusados. Los tribunales de justicia en el país habían sido modernizados después de que una comisión presidencial observara su largo historial de "incompetencia".
Algunos de los cambios más importantes fueron impulsados por los tribunales. En 1974 la Corte Suprema de California resolvió que el encarcelamiento por orden del juez que no tuviera formación jurídica, era una violación del debido proceso y ordenó lo que era esencialmente el fin de los juzgados locales del estado.
"Parecía que era una oportunidad, un movimiento puesto en marcha que iba a entregarnos una solución judicial donde nunca hubo una solución legislativa", dijo Rene H. Reixach Jr., un abogado de Rochester que escribió una carta amicus curi en el caso de Charles F. para la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York.
Una resolución de la Corte Suprema de 1976 parecía ofrecer los medios para impugnar el sistema en Nueva York. La corte mantuvo el encarcelamiento de un hombre de Kentucky por orden de un juez que era minero del carbón sin formación jurídica, pero solamente porque las leyes del estado garantizaban a los acusados procesados por jueces que no eran abogados el derecho automático a un nuevo juicio con un juez que sí era abogado.
Sin embargo, en Nueva York no existe ese derecho. Un acusado puede pedir a un juez de condado que se ocupe del caso, pero el juez puede rehusar, como ocurrió en el caso de Charles F.
Cuando en 1983 el caso llegó al tribunal superior del estado, a la Corte de Apelaciones, los abogados de Charles F. dijeron que en una época de crecientes y complejas protecciones legales de los acusados, era simplemente justo que una persona que podía ser condenada a una pena de prisión debiera ser procesada por un juez que comprendiera esas protecciones. En el tribunal en Albany, recordó Jones, "teníamos abogados de Nueva York que no podían creer que vivíamos con ese sistema".
El tribunal, que estaba adquiriendo la reputación de proteger los derechos de los acusados, pareció receptivo. En él participaba el presidente del tribunal del estado en esa época, Lawrence H. Cooke, y los dos jueces que lo sucederían: Sol Wachtler y Judith S. Kaye.
En una entrevista reciente, Wachtler dijo que el uso que hacía el estado de jueces sin estudios de leyes era un problema. "Existía la opinión incuestionable de nuestra parte de que eso no era correcto", dijo.
Pero cuando se realizó la votación, estaban en el lado perdedor de una decisión de 4 a 3. Los neoyorquinos, determinó la mayoría, no tenían el derecho absoluto a ser oídos por un juez versado en leyes.
Richard D. Simons, el único juez de esa mayoría que sobrevive, dijo en una entrevista que el caso planteaba un puntiagudo problema legal: si Nueva York ofrecía o no suficientes oportunidades para juicio por un tribunal superior. El tema más amplio de la justicia de los juzgados locales, dijo, debía decidirlo la Legislatura.
Wachtler dijo que creía que el caso se habría encaminado en la dirección contraria si hubiera sido oído por la Corte de Apelaciones uno o dos años más tarde, dados los cambios en la composición del tribunal y de la postura con respecto a los derechos de los acusados.
Pero desde entonces la corte no se ha ocupado de este asunto. Reixach, el abogado de Rochester, dijo que la resolución lo desalentó, a él y otros, de volver a impugnar el sistema. "El caso de Charles F., estés o no de acuerdo", dijo, "selló el destino de los juzgados locales en el estado por un largo tiempo".
La juez Kaye, que escribió la opinión disidente, se ha convertido desde entonces en un adalid de la reforma judicial como presidente del tribunal de Nueva York, presidiendo la Corte de Apelaciones y la administración de todos los tribunales. Pero las leyes que ha propuesto para modernizar el sistema desde que asumiera su cargo en 1993 ha omitido consistentemente los juzgados locales.
Sólo este verano tocó la juez Kaye los problemas en los juzgados locales, después de que el contralor del estado le advirtiera que podrían estar malgastando millones de dolares, y después de que una comisión que ella nombrara para estudiar los servicios jurídicos a los pobres, informara que esos tribunales pisoteaban rutinariamente los derechos de la gente.
Su oficina ha dicho que aunque tiene un control limitado sobre los juzgados locales, podría empezar a remediar algunos de sus propios errores, con medidas que no requieran aprobación legislativa.
Esos pasos son los más ambiciosos que se intentaran en varias décadas, pero su misma naturaleza subraya las deficiencias de los juzgados: Los jueces, de acuerdo al plan del estado, deberán aprobar un adiestramiento inicial de dos semanas, en lugar de seis días. Por primera vez, los jueces tendrán ordenadores, máquinas de fax y grabadoras, y se les exigirá que graben las vistas. Para supervisarlos, en cada distrito judicial se nombrará a un juez supervisor.
Y las mejoras no tocan lo que los críticos de los juzgados locales han dicho repetidas veces que son sus peores defectos: el uso de jueces a tiempo parcial que no son abogados, la dependencia de pueblos y aldeas para el financiamiento de los juzgados y la débil autoridad del estado sobre los juzgados.
Tratar esos problemas implicará a la Legislatura -y provocará otra guerra. La juez Kaye se negó a ser entrevistada.
Uno de los más poderosos defensores de los juzgados ha sido la Asociación Estatal de Pueblos. Su director ejecutivo, G. Jeffreu, dijo que el grupo estaba listo para otra pelea.
"Si la hay", dijo, "adoptaremos la misma posición que antes".
27 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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