dónde está lópez 10
[Victoria Ginzberg] Las cartitas de Cecilia Pando. Un fiscal estudia similitudes con amenazas recibidas en el fuero.
El fiscal Félix Crous es apenas uno de los que recibieron amenazas por escrito y que encontró llamativas coincidencias de estilo, tipografía y recursos gráficos con una nota de la asociación que preside la mujer del mayor Rafael Mercado.
La misma tipografía. Los mismos recursos gráficos. El mismo encabezado. El mismo uso de mayúsculas y de negritas. Estas son las coincidencias que el fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios comunitarios de la Procuración, Félix Crous, encontró entre la carta de amenazas que recibieron más de una docena de funcionarios judiciales luego de la desaparición de Jorge Julio López y una nota que la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos, que preside María Cecilia Pando, envió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al menos cinco fiscales están investigando esa pista que une a la mujer del mayor Rafael Pedro Mercado con la cadena de intimidaciones que llegaba camuflada como la invitación al III Congreso Internacional del Víctimas del Terrorismo.
"El procesador de textos ofrece incontables alternativas que hacen que, entre usuarios diversos, resulten escasas las coincidencias aun en notas con normas de estilo relativamente rígidas, como la experiencia lo demuestra, por ejemplo, en los escritos y providencias judiciales", señaló Crous en una nota que envió a fiscales federales de todo el país para advertirles sobre las similitudes entre ambos escritos.
El funcionario destacó que, a pesar de las múltiples opciones para armar un texto, en las amenazas y la nota firmada por Pando "se observa identidad de: tipo de fuente y tamaño tipográfico, espacio interlineal y entre párrafos, uso del recuadro de párrafos –recurso muy poco usual–, alineación centrada en los títulos y las consignas medulares de cada pieza, abundante apelación para enfatizar las mayúsculas, subrayado y destacado en negritas combinados, absoluta ausencia de sangría, modo de dirigirse a la autoridad aludida –en mayúsculas y negritas, sin subrayar, abreviando el título profesional pero no el tratamiento de "señor"–.
Crous es fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios. Bajo su órbita funciona la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En dicha oficina fue que se percataron de las similitudes entre la cadena de amenazas y el escrito que Pando entregó en una audiencia al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y éste giró al procurador de la Nación, Esteban Righi y a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ya que allí se hacía alusión a distintas causas judiciales.
"Los 14 derechos humanos que el Estado Argentino está violando a los militares enjuiciados en su condición de prisioneros políticos", dice el encabezamiento de ese escrito con el que la asociación que preside Pando se queja de que los crímenes de la última dictadura sean considerados como delitos de lesa humanidad en base a los pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina y a la vez reclama la liberación de los represores citando esos mismos tratados.
La segunda carta es menos formal y jurídica, aunque también se refiere a los juicios contra los militares y civiles que formaron parte del terrorismo de Estado. Se titula ¡¡¡LA VERDADERA JUSTICIA LLEGARA!!! y está destinada a advertir a los jueces y fiscales que tienen a su cargo estos expedientes que "no cedan" ante supuestas presiones del gobierno nacional "para actuar en función de los interesas de quienes agredieron a la Nación y que hoy, desde los cargos de poder, no buscan justicia sino venganza contra quienes defendieron a la Nación de tal agresión, sean civiles, sacerdotes o integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales". "Sepa que esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuantas ante un ‘tribunal' particularmente ‘imparcial'", termina el mensaje.
Esa carta comenzó a llegar a los despachos de tribunales de todo el país una semana después de la condena a cadena perpetua contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y cuando la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave de esa causa, se convertía en un tema de importancia nacional. Algunos de los que la recibieron fueron el juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, el juez de Santa Fe Raynaldo Rodríguez, los fiscales Eduardo Taiano y Miguel Angel Osorio, de Capital Federal, Sergio Franco, de La Plata, Jorge Auat, de Resistencia y Eduardo Ferrer, de Tucumán.
Al mismo tiempo que se conocía esta "advertencia" a funcionarios judiciales, se propagaban las amenazas a miembros de organismos de derechos humanos y otros testigos en juicios contra represores. Fue en medio de ese clima que se realizó el segundo acto nutrido del grupo que lidera Pando junto a otras organizaciones afines –como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión y Argentinos por la Memoria Completa– en la Plaza San Martín.
Pando se hizo conocida con una carta publicada en La Nación en defensa del obispo castrense Antonio Baseotto, quien había recomendado que el ministro de Salud, Ginés González García, fuera arrojado al mar con una piedra en el cuello por repartir preservativos y no condenar el aborto. El Ejército sancionó por ese hecho a su marido y ella saltó a la fama. Se convirtió en la figura más representativa y mediática entre quienes comenzaron a reivindicar públicamente el terrorismo de Estado luego de la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Estos grupos hicieron un primer acto en la Plaza San Martín el 24 de mayo pasado y el segundo, en el que se reclamó una "amnistía general" para los represores, el 5 de octubre. Antes, la mujer ya había participado de actos frente a tribunales. "Quiera Dios que mañana la venganza y la revancha política que hoy se implementan no causen nuevas víctimas al pueblo argentino", amenazó en uno de ellos. También fue una de las defensoras del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, que no llegó a asumir su banca de diputado nacional por haber participado en secuestros y aplicación de torturas.
El vínculo entre Pando y Patti no es superficial. La diputada Nélida Mansur, suegra del líder del Paufe, contrató a la mujer del mayor Mercado como asesora y a través de ese conchabo fue que ingresó en marzo a un acto por el Día Internacional de la Mujer en la Casa Rosada, en donde interrumpió el discurso del presidente Néstor Kirchner con una de sus arengas. Fue Kirchner quien los unió por última vez públicamente. En el discurso que dio por cadena nacional poco antes de la aparición del testigo Luis Gerez, aludió tanto al subcomisario como a quienes realizan los actos en la Plaza San Martín.
Pero hasta ahora no existía más vínculo entre Pando y sus amigos y las amenazas que se propagaron luego de la desaparición de López que la coincidencia ideológica. El fiscal Crous encontró otro. Fiscales de Capital Federal, La Plata, Córdoba, San Nicolás y Orán están al tanto de este tema, que hasta ahora se manejó en forma reservada. En la Procuración no están del todo conformes con el curso de las investigaciones. Sin embargo, al menos en uno de esos despachos ordenaron que se hiciera un peritaje de estilo para verificar las coincidencias.
El fiscal Félix Crous es apenas uno de los que recibieron amenazas por escrito y que encontró llamativas coincidencias de estilo, tipografía y recursos gráficos con una nota de la asociación que preside la mujer del mayor Rafael Mercado.La misma tipografía. Los mismos recursos gráficos. El mismo encabezado. El mismo uso de mayúsculas y de negritas. Estas son las coincidencias que el fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios comunitarios de la Procuración, Félix Crous, encontró entre la carta de amenazas que recibieron más de una docena de funcionarios judiciales luego de la desaparición de Jorge Julio López y una nota que la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos, que preside María Cecilia Pando, envió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al menos cinco fiscales están investigando esa pista que une a la mujer del mayor Rafael Pedro Mercado con la cadena de intimidaciones que llegaba camuflada como la invitación al III Congreso Internacional del Víctimas del Terrorismo.
"El procesador de textos ofrece incontables alternativas que hacen que, entre usuarios diversos, resulten escasas las coincidencias aun en notas con normas de estilo relativamente rígidas, como la experiencia lo demuestra, por ejemplo, en los escritos y providencias judiciales", señaló Crous en una nota que envió a fiscales federales de todo el país para advertirles sobre las similitudes entre ambos escritos.
El funcionario destacó que, a pesar de las múltiples opciones para armar un texto, en las amenazas y la nota firmada por Pando "se observa identidad de: tipo de fuente y tamaño tipográfico, espacio interlineal y entre párrafos, uso del recuadro de párrafos –recurso muy poco usual–, alineación centrada en los títulos y las consignas medulares de cada pieza, abundante apelación para enfatizar las mayúsculas, subrayado y destacado en negritas combinados, absoluta ausencia de sangría, modo de dirigirse a la autoridad aludida –en mayúsculas y negritas, sin subrayar, abreviando el título profesional pero no el tratamiento de "señor"–.
Crous es fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios. Bajo su órbita funciona la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En dicha oficina fue que se percataron de las similitudes entre la cadena de amenazas y el escrito que Pando entregó en una audiencia al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y éste giró al procurador de la Nación, Esteban Righi y a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ya que allí se hacía alusión a distintas causas judiciales.
"Los 14 derechos humanos que el Estado Argentino está violando a los militares enjuiciados en su condición de prisioneros políticos", dice el encabezamiento de ese escrito con el que la asociación que preside Pando se queja de que los crímenes de la última dictadura sean considerados como delitos de lesa humanidad en base a los pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina y a la vez reclama la liberación de los represores citando esos mismos tratados.
La segunda carta es menos formal y jurídica, aunque también se refiere a los juicios contra los militares y civiles que formaron parte del terrorismo de Estado. Se titula ¡¡¡LA VERDADERA JUSTICIA LLEGARA!!! y está destinada a advertir a los jueces y fiscales que tienen a su cargo estos expedientes que "no cedan" ante supuestas presiones del gobierno nacional "para actuar en función de los interesas de quienes agredieron a la Nación y que hoy, desde los cargos de poder, no buscan justicia sino venganza contra quienes defendieron a la Nación de tal agresión, sean civiles, sacerdotes o integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales". "Sepa que esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuantas ante un ‘tribunal' particularmente ‘imparcial'", termina el mensaje.
Esa carta comenzó a llegar a los despachos de tribunales de todo el país una semana después de la condena a cadena perpetua contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y cuando la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave de esa causa, se convertía en un tema de importancia nacional. Algunos de los que la recibieron fueron el juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, el juez de Santa Fe Raynaldo Rodríguez, los fiscales Eduardo Taiano y Miguel Angel Osorio, de Capital Federal, Sergio Franco, de La Plata, Jorge Auat, de Resistencia y Eduardo Ferrer, de Tucumán.
Al mismo tiempo que se conocía esta "advertencia" a funcionarios judiciales, se propagaban las amenazas a miembros de organismos de derechos humanos y otros testigos en juicios contra represores. Fue en medio de ese clima que se realizó el segundo acto nutrido del grupo que lidera Pando junto a otras organizaciones afines –como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión y Argentinos por la Memoria Completa– en la Plaza San Martín.
Pando se hizo conocida con una carta publicada en La Nación en defensa del obispo castrense Antonio Baseotto, quien había recomendado que el ministro de Salud, Ginés González García, fuera arrojado al mar con una piedra en el cuello por repartir preservativos y no condenar el aborto. El Ejército sancionó por ese hecho a su marido y ella saltó a la fama. Se convirtió en la figura más representativa y mediática entre quienes comenzaron a reivindicar públicamente el terrorismo de Estado luego de la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Estos grupos hicieron un primer acto en la Plaza San Martín el 24 de mayo pasado y el segundo, en el que se reclamó una "amnistía general" para los represores, el 5 de octubre. Antes, la mujer ya había participado de actos frente a tribunales. "Quiera Dios que mañana la venganza y la revancha política que hoy se implementan no causen nuevas víctimas al pueblo argentino", amenazó en uno de ellos. También fue una de las defensoras del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, que no llegó a asumir su banca de diputado nacional por haber participado en secuestros y aplicación de torturas.
El vínculo entre Pando y Patti no es superficial. La diputada Nélida Mansur, suegra del líder del Paufe, contrató a la mujer del mayor Mercado como asesora y a través de ese conchabo fue que ingresó en marzo a un acto por el Día Internacional de la Mujer en la Casa Rosada, en donde interrumpió el discurso del presidente Néstor Kirchner con una de sus arengas. Fue Kirchner quien los unió por última vez públicamente. En el discurso que dio por cadena nacional poco antes de la aparición del testigo Luis Gerez, aludió tanto al subcomisario como a quienes realizan los actos en la Plaza San Martín.
Pero hasta ahora no existía más vínculo entre Pando y sus amigos y las amenazas que se propagaron luego de la desaparición de López que la coincidencia ideológica. El fiscal Crous encontró otro. Fiscales de Capital Federal, La Plata, Córdoba, San Nicolás y Orán están al tanto de este tema, que hasta ahora se manejó en forma reservada. En la Procuración no están del todo conformes con el curso de las investigaciones. Sin embargo, al menos en uno de esos despachos ordenaron que se hiciera un peritaje de estilo para verificar las coincidencias.
7 de enero de 2007
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