exhumando el pasado
[N.C. Aizenman] Una búsqueda dolorosa. Familias de las víctimas quieren justicia.
Nebaj, Guatemala. Una década después del fin de la larga guerra civil que sacudió a este país de América Central, los guatemaltecos están tratando literalmente de exhumar su pasado.
Empujados por el repentino aumento de las peticiones de familiares de las víctimas este año, decenas de antropólogos forenses se han desplegado por el campo a la búsqueda de los restos de 200 mil personas, la mayoría de ellas civiles mayas que fueron asesinados o secuestrados durante el conflicto de 36 años.
Muchos fueron masacrados por las fuerzas militares y arrojados a fosas comunes. Otros fueron enterrados apresuradamente en sitios secretos, por familiares ansiosos de evitar a las violentas tropas.
Unas 40 víctimas simplemente desaparecieron después de haber sido detenidas por operativos del gobierno.
Casi todos los días se hace un nuevo y espeluznante descubrimiento: calaveras de niños de dos años, ejecutados a balazos en la cabeza; cuerpos de jóvenes cuyos cuellos todavía estaban atrapados por los garrotes usados para estrangularlos. Casi todas las semanas se realiza un funeral atiborrado de afligidos parientes: viudas antes juveniles, ahora arrugadas y canosas, y niños que alcanzaron la madurez hace mucho tiempo.
Entretanto, en una húmeda y cavernosa bodega en la capital guatemalteca, investigadores con máscaras de protección y guantes quirúrgicos están revisando pilas y pilas de documentos enmohecidos de un archivo secreto de la policía descubierto hace poco, buscando claves sobre el destino de los desaparecidos.
La iniciativa actual es difícilmente la primera sobre las atrocidades de los tiempos de guerra desde que los acuerdos de paz terminaran el conflicto en 1996. Pero su alcance y ritmo son inusitados en un país donde los responsables han disfrutado de impunidad. Sólo dos oficiales han sido encarcelados por crímenes de guerra, de acuerdo a activistas de derechos humanos, a pesar de las conclusiones de una comisión de Naciones Unidas de que fuerzas gubernamentales y aliados paramilitares cometieron casi todas las atrocidades.
Gran parte del derramamiento de sangre ocurrió a fines de los años setenta, cuando la dictadura respaldada por los militares, que había estado luchando contra guerrillas izquierdistas, expandió sus objetivos a todos los críticos del gobierno -incluyendo estudiantes, sacerdotes y sindicalistas. Pero la matanza alcanzó su cúspide a principios de los años ochenta, cuando los militares lanzaron una campaña de tierra arrasada en el campo para eliminar todo apoyo potencial de las guerrillas entre los oprimidos indios maya. Cientos de pueblos fueron quemados, el ganado matado y decenas de miles de personas asesinadas.
Se han devuelto a sus familias los restos mortales de menos de cinco mil víctimas.
La angustia de los que todavía buscan se podía palpar entre las dos docenas de indios maya que asistieron a una reciente exhumación cerca de su ciudad en el departamento de Quiche, en el centro de Guatemala.
La mayoría eran campesinos pobres y trabajadores manuales que sólo hablaban su idioma nativo maya y no podrían ausentarse de sus trabajos. Sin embargo, día tras día caminaban hasta la fosa arriba en una montaña envuelta por la niebla -las mujeres con niños pequeños atados a la espalda con coloridas mantas, los hombres alzando palas para ayudar al equipo forense a excavar los cuerpos.
"No Me Parece Que Sea Ella"
Jacinto Bernal, un hombre de 56 de piel curtida, reprimió las lágrimas cuando vio a un antropólogo remover con un pincel el polvo del esqueleto de una mujer que parecía tener treinta años y que podía, tal vez, ser su esposa María Pérez. Fue matada desde un helicóptero militar en 1985, dijo, dejándolo a cargo de la crianza de sus cuatro hijos.
"No me parece que sea ella", murmulló Bernal, tristemente. "La impactó por detrás de la cabeza, pero parece que este esqueleto tiene un hoyo en la frente".
No había mucho más que hacer.
Como otros que usaron el sitio como un terreno de sepulturas secreto durante los ochenta, Bernal se había visto obligado a salir de noche y no podía recordar dónde exactamente había enterrado el cuerpo de su mujer.
A unos metros, en otro grupo de campesinos, Petrona Bernal, 45, estaba en cuclillas junto a una fosa que contenía los pequeños huesos de un niño que esperaba poder probar que era su bebé. Había nacido en 1982, poco después de que el pueblo de Bernal fuera arrasado.
"Vivíamos huyendo", recordó. "Todo lo que comíamos eran hierbas y flores".
Desnutrida y débil, dio a luz a su hijo en la selva. Pero su bebé murió de hambre algunos días después. Desde entonces, dijo Bernal, ha peleado por recuperar el cuerpo del niño y brindarle sepultura cristiana.
Hasta ahora, no se había atrevido a volver al sitio de sepultura secreto. Muchos miembros de patrullas de la defensa civil, que cometieron atrocidades por orden de los militares, viven todavía en las comunidades que antes aterrorizaban. Muchos jefes militares que dirigieron la guerra siguen siendo personajes poderosos -incluyendo al general Efraín Ríos Montt, el ex dictador que hoy encabeza a uno de los partidos más grandes en la legislatura.
Ríos Montt ha negado repetidas veces haber dado órdenes para masacrar a cientos de personas en casos documentados durante su mandato de 1982-83 y ha incluso puesto en duda que hayan ocurrido. Personal forense, abogados y activistas que tratan de desentrañar crímenes de guerra han sido objeto de repetidas amenazas. Varios han sido asesinados.
Pero en parte gracias a una infusión de fondos extranjeros, equipos forenses privados y organizaciones de base dedicadas a ayudar a los pueblos indígenas han expandido sus esfuerzos para presentar demandas al estado para que autorice las exhumaciones.
La campaña también recibió un empujón en 2004 cuando el recién elegido presidente, Óscar Berger, pidió perdón públicamente a las víctimas de las atrocidades de la guerra, a nombre del gobierno. Instaló una comisión para compensarlas así como colaboró en el financiamiento del trabajo forense este año.
A fines de los años noventa, observó Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, su organización era una pequeña organización que podía realizar sólo unas diez exhumaciones al año. Este año, su personal de ochenta ha exhumado 120 sitios. Para fines de año esperan recuperar unos 450 cuerpos, y unos mil por año en el futuro próximo.
Incluso así, a ese ritmo tomará décadas para recuperar apenas una fracción del número total de víctimas.
Encontrar e identificar a los 40 mil desaparecidos es un reto incluso mayor. Muchos fueron sacados de autobuses o capturados en caminos secundarios y llevados a bases militares lejos de sus provincias natales, para ser torturados por los interrogadores.
De los 650 cuerpos recuperados por el grupo de Peccerelli en exhumaciones en bases militares, sólo 220 han sido identificados. El resto está siendo almacenado en pilas de cajas de cartón en la sede de la fundación, a la espera de una nueva iniciativa para recoger y comparar muestras de ADN de las víctimas y sus familiares, lo que Peccerelli anhela que empiece pronto.
Enorme Archivo Policial
Otra fuente potencial de pistas es el archivo de la policía secreta descubierto hace poco. Enviados del defensor del pueblo de derechos humanos de Guatemala dieron con él accidentalmente en julio de 2005 cuando investigaban quejas de que en esa zona había explosivos mal almacenados.
Los documentos constan de más de 80 millones de páginas y datan algunos de los años de 1880. Apilados de suelo a techo en innumerables habitaciones, están malamente dañados por el agua, las ratas y los insectos, y no incluyen documentos de distritos de varias regiones donde se cometieron las peores atrocidades. Sin embargo, enterrados entre montañas de papel, se encuentran invalorables documentos, como certificados de defunción de los cuerpos no identificados encontrados por la policía. Comparando las huellas digitales en los certificados con las de los carnés de identidad nacional de los desaparecidos, dijo Peccerelli, "puedes indagar sobre si hay o no correspondencias y luego buscar el cuerpo en un cementerio específico".
Alberto Fuentes, que supervisa la preservación y análisis de los archivos, dijo que los investigadores también han encontrado unas órdenes de detención de personas detenidas por ‘delitos políticos' que fueron luego halladas muertas -incluyendo a abuelas y bebés.
Pero advirtió que tomaría tiempo encontrar suficientes documentos en los archivos como para poder montar una acusación contra los asesinos. "Este es un proyecto de veinte años", dijo.
La evidencia generada por las exhumaciones recientes no han logrado de momento provocar un aumento de los procesos.
"Todavía tenemos un estado débil que tiene miedo a los militares", dijo Frank LaRue, uno de los más importantes defensores de los derechos humanos en Guatemala. "Los fiscales locales están autorizando las exhumaciones. Pero que lleguen los resultados no implica que se inicien procedimientos judiciales. Así que podemos hacer exhumaciones, pero no juicios".
Incluso si los fiscales abrieran algunos casos, las condenas serían difícilmente ejecutables. Aunque muchos jueces guatemaltecos han sentenciado a miembros de las patrullas de defensa civil, las querellas contra los que dieron las órdenes se han estancado en discusiones jurídicas o languidecido durante años en el despacho del fiscal general.
Los intentos de los guatemaltecos por obtener justicia en tribunales extranjeros han estado plagados de obstáculos. En julio, el juez Santiago Pedraz, de la Corte Nacional Española, emitió órdenes de detención contra ocho ex oficiales, incluyendo a Ríos Montt, por cargos de genocidio, tortura y detención ilegal. Las autoridades guatemaltecas no han ejecutado las órdenes, y los tribunales guatemaltecos impidieron que Pedraz interrogara a los acusados durante un viaje de investigación en junio.
Sin embargo, Peccerelli sigue optimista, y señala que tomó años de activismo y cientos de exhumaciones lograr que el gobierno admitiera que había asesinado a civiles. "Ahora se acepta que esas masacres sí ocurrieron", dijo. "Estamos esperando el siguiente paso, y sabemos que nuestro trabajo contribuirá".
Nebaj, Guatemala. Una década después del fin de la larga guerra civil que sacudió a este país de América Central, los guatemaltecos están tratando literalmente de exhumar su pasado.Empujados por el repentino aumento de las peticiones de familiares de las víctimas este año, decenas de antropólogos forenses se han desplegado por el campo a la búsqueda de los restos de 200 mil personas, la mayoría de ellas civiles mayas que fueron asesinados o secuestrados durante el conflicto de 36 años.
Muchos fueron masacrados por las fuerzas militares y arrojados a fosas comunes. Otros fueron enterrados apresuradamente en sitios secretos, por familiares ansiosos de evitar a las violentas tropas.
Unas 40 víctimas simplemente desaparecieron después de haber sido detenidas por operativos del gobierno.
Casi todos los días se hace un nuevo y espeluznante descubrimiento: calaveras de niños de dos años, ejecutados a balazos en la cabeza; cuerpos de jóvenes cuyos cuellos todavía estaban atrapados por los garrotes usados para estrangularlos. Casi todas las semanas se realiza un funeral atiborrado de afligidos parientes: viudas antes juveniles, ahora arrugadas y canosas, y niños que alcanzaron la madurez hace mucho tiempo.
Entretanto, en una húmeda y cavernosa bodega en la capital guatemalteca, investigadores con máscaras de protección y guantes quirúrgicos están revisando pilas y pilas de documentos enmohecidos de un archivo secreto de la policía descubierto hace poco, buscando claves sobre el destino de los desaparecidos.
La iniciativa actual es difícilmente la primera sobre las atrocidades de los tiempos de guerra desde que los acuerdos de paz terminaran el conflicto en 1996. Pero su alcance y ritmo son inusitados en un país donde los responsables han disfrutado de impunidad. Sólo dos oficiales han sido encarcelados por crímenes de guerra, de acuerdo a activistas de derechos humanos, a pesar de las conclusiones de una comisión de Naciones Unidas de que fuerzas gubernamentales y aliados paramilitares cometieron casi todas las atrocidades.
Gran parte del derramamiento de sangre ocurrió a fines de los años setenta, cuando la dictadura respaldada por los militares, que había estado luchando contra guerrillas izquierdistas, expandió sus objetivos a todos los críticos del gobierno -incluyendo estudiantes, sacerdotes y sindicalistas. Pero la matanza alcanzó su cúspide a principios de los años ochenta, cuando los militares lanzaron una campaña de tierra arrasada en el campo para eliminar todo apoyo potencial de las guerrillas entre los oprimidos indios maya. Cientos de pueblos fueron quemados, el ganado matado y decenas de miles de personas asesinadas.
Se han devuelto a sus familias los restos mortales de menos de cinco mil víctimas.
La angustia de los que todavía buscan se podía palpar entre las dos docenas de indios maya que asistieron a una reciente exhumación cerca de su ciudad en el departamento de Quiche, en el centro de Guatemala.
La mayoría eran campesinos pobres y trabajadores manuales que sólo hablaban su idioma nativo maya y no podrían ausentarse de sus trabajos. Sin embargo, día tras día caminaban hasta la fosa arriba en una montaña envuelta por la niebla -las mujeres con niños pequeños atados a la espalda con coloridas mantas, los hombres alzando palas para ayudar al equipo forense a excavar los cuerpos.
"No Me Parece Que Sea Ella"
Jacinto Bernal, un hombre de 56 de piel curtida, reprimió las lágrimas cuando vio a un antropólogo remover con un pincel el polvo del esqueleto de una mujer que parecía tener treinta años y que podía, tal vez, ser su esposa María Pérez. Fue matada desde un helicóptero militar en 1985, dijo, dejándolo a cargo de la crianza de sus cuatro hijos.
"No me parece que sea ella", murmulló Bernal, tristemente. "La impactó por detrás de la cabeza, pero parece que este esqueleto tiene un hoyo en la frente".
No había mucho más que hacer.
Como otros que usaron el sitio como un terreno de sepulturas secreto durante los ochenta, Bernal se había visto obligado a salir de noche y no podía recordar dónde exactamente había enterrado el cuerpo de su mujer.
A unos metros, en otro grupo de campesinos, Petrona Bernal, 45, estaba en cuclillas junto a una fosa que contenía los pequeños huesos de un niño que esperaba poder probar que era su bebé. Había nacido en 1982, poco después de que el pueblo de Bernal fuera arrasado.
"Vivíamos huyendo", recordó. "Todo lo que comíamos eran hierbas y flores".
Desnutrida y débil, dio a luz a su hijo en la selva. Pero su bebé murió de hambre algunos días después. Desde entonces, dijo Bernal, ha peleado por recuperar el cuerpo del niño y brindarle sepultura cristiana.
Hasta ahora, no se había atrevido a volver al sitio de sepultura secreto. Muchos miembros de patrullas de la defensa civil, que cometieron atrocidades por orden de los militares, viven todavía en las comunidades que antes aterrorizaban. Muchos jefes militares que dirigieron la guerra siguen siendo personajes poderosos -incluyendo al general Efraín Ríos Montt, el ex dictador que hoy encabeza a uno de los partidos más grandes en la legislatura.
Ríos Montt ha negado repetidas veces haber dado órdenes para masacrar a cientos de personas en casos documentados durante su mandato de 1982-83 y ha incluso puesto en duda que hayan ocurrido. Personal forense, abogados y activistas que tratan de desentrañar crímenes de guerra han sido objeto de repetidas amenazas. Varios han sido asesinados.
Pero en parte gracias a una infusión de fondos extranjeros, equipos forenses privados y organizaciones de base dedicadas a ayudar a los pueblos indígenas han expandido sus esfuerzos para presentar demandas al estado para que autorice las exhumaciones.
La campaña también recibió un empujón en 2004 cuando el recién elegido presidente, Óscar Berger, pidió perdón públicamente a las víctimas de las atrocidades de la guerra, a nombre del gobierno. Instaló una comisión para compensarlas así como colaboró en el financiamiento del trabajo forense este año.
A fines de los años noventa, observó Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, su organización era una pequeña organización que podía realizar sólo unas diez exhumaciones al año. Este año, su personal de ochenta ha exhumado 120 sitios. Para fines de año esperan recuperar unos 450 cuerpos, y unos mil por año en el futuro próximo.
Incluso así, a ese ritmo tomará décadas para recuperar apenas una fracción del número total de víctimas.
Encontrar e identificar a los 40 mil desaparecidos es un reto incluso mayor. Muchos fueron sacados de autobuses o capturados en caminos secundarios y llevados a bases militares lejos de sus provincias natales, para ser torturados por los interrogadores.
De los 650 cuerpos recuperados por el grupo de Peccerelli en exhumaciones en bases militares, sólo 220 han sido identificados. El resto está siendo almacenado en pilas de cajas de cartón en la sede de la fundación, a la espera de una nueva iniciativa para recoger y comparar muestras de ADN de las víctimas y sus familiares, lo que Peccerelli anhela que empiece pronto.
Enorme Archivo Policial
Otra fuente potencial de pistas es el archivo de la policía secreta descubierto hace poco. Enviados del defensor del pueblo de derechos humanos de Guatemala dieron con él accidentalmente en julio de 2005 cuando investigaban quejas de que en esa zona había explosivos mal almacenados.
Los documentos constan de más de 80 millones de páginas y datan algunos de los años de 1880. Apilados de suelo a techo en innumerables habitaciones, están malamente dañados por el agua, las ratas y los insectos, y no incluyen documentos de distritos de varias regiones donde se cometieron las peores atrocidades. Sin embargo, enterrados entre montañas de papel, se encuentran invalorables documentos, como certificados de defunción de los cuerpos no identificados encontrados por la policía. Comparando las huellas digitales en los certificados con las de los carnés de identidad nacional de los desaparecidos, dijo Peccerelli, "puedes indagar sobre si hay o no correspondencias y luego buscar el cuerpo en un cementerio específico".
Alberto Fuentes, que supervisa la preservación y análisis de los archivos, dijo que los investigadores también han encontrado unas órdenes de detención de personas detenidas por ‘delitos políticos' que fueron luego halladas muertas -incluyendo a abuelas y bebés.
Pero advirtió que tomaría tiempo encontrar suficientes documentos en los archivos como para poder montar una acusación contra los asesinos. "Este es un proyecto de veinte años", dijo.
La evidencia generada por las exhumaciones recientes no han logrado de momento provocar un aumento de los procesos.
"Todavía tenemos un estado débil que tiene miedo a los militares", dijo Frank LaRue, uno de los más importantes defensores de los derechos humanos en Guatemala. "Los fiscales locales están autorizando las exhumaciones. Pero que lleguen los resultados no implica que se inicien procedimientos judiciales. Así que podemos hacer exhumaciones, pero no juicios".
Incluso si los fiscales abrieran algunos casos, las condenas serían difícilmente ejecutables. Aunque muchos jueces guatemaltecos han sentenciado a miembros de las patrullas de defensa civil, las querellas contra los que dieron las órdenes se han estancado en discusiones jurídicas o languidecido durante años en el despacho del fiscal general.
Los intentos de los guatemaltecos por obtener justicia en tribunales extranjeros han estado plagados de obstáculos. En julio, el juez Santiago Pedraz, de la Corte Nacional Española, emitió órdenes de detención contra ocho ex oficiales, incluyendo a Ríos Montt, por cargos de genocidio, tortura y detención ilegal. Las autoridades guatemaltecas no han ejecutado las órdenes, y los tribunales guatemaltecos impidieron que Pedraz interrogara a los acusados durante un viaje de investigación en junio.
Sin embargo, Peccerelli sigue optimista, y señala que tomó años de activismo y cientos de exhumaciones lograr que el gobierno admitiera que había asesinado a civiles. "Ahora se acepta que esas masacres sí ocurrieron", dijo. "Estamos esperando el siguiente paso, y sabemos que nuestro trabajo contribuirá".
18 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh
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