ejército debe entregar nombres
[Jorge Escalante] Jueza del caso Paine exige al Ejército entregar mapa del entierro clandestino. Pidió también nombres de agentes que ubicaron la fosa y desenterraron los cuerpos.
La ministra Virginia Rivera ofició a la institución castrense luego que la búsqueda de enero pasado en el lago Rapel por la supuesta "información fidedigna" del coronel (R) Andrés Magaña, terminó en un rotundo fracaso. Geólogos dijeron que la zona nunca había sido removida, por lo que el dato era falso.
Ante el fracaso de la reciente búsqueda de los restos de una parte de los desaparecidos de Paine, la jueza Virginia Rivera demandó del Ejército el mapa del lugar exacto donde el 16 de octubre de 1973 fueron sepultados clandestinamente 17 campesinos y las identidades del personal de inteligencia que en 1977 ó 1978 recurrió al, a esa fecha, capitán Andrés Magaña Bau, para que ubicara el lugar del entierro con el fin de exhumar los cuerpos y hacerlos desaparecer definitivamente.
La exigencia de la magistrada a esa institución militar tiene su fundamento en que, de acuerdo a pistas supuestamente exactas para dar con la fosa entregadas por el actual coronel (R) Magaña, ésta terminó en un completo fracaso generando expectativas entre los familiares que volvieron a sufrir la desesperanza por no poder aún hallar los restos de sus seres queridos.
Además, el masivo despliegue de peritos, policías civiles y uniformados y funcionarios judiciales, significó gastos para el fisco.
La Inteligencia Militar
La petición de la ministra dice relación con declaraciones del mismo coronel (R) Magaña, quien afirmó en el proceso que él personalmente entregó en su momento "al alto mando" del Ejército un mapa e información con el lugar exacto de la ejecución de los prisioneros y su sepultación secreta.
La jueza demandó también los nombres de los funcionarios de la inteligencia militar que "en 1977 o 1978" según el mismo Magaña, lo condujeron para identificar el lugar y sacar los cuerpos que, como lo admite el coronel (R), luego fueron lanzados al mar.
En el mismo sentido, el gobierno llamó la atención al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, por el rotundo fracaso de la última búsqueda de enero. En los últimos días de enero funcionarios de gobierno hicieron ver a Izurieta la situación generada por las falsas expectativas, especialmente entre los familiares de las víctimas, demandándole también que la institución entregue a la jueza de una vez por todas la información que posee.
De acuerdo a Magaña, quien como oficial de la Escuela de Infantería de San Bernardo comandó los operativos del 2 y 16 de octubre de 1973 que culminaron en el asesinato masivo de campesinos de Paine.
Los cuerpos de las víctimas fueron desenterrados "por orden superior" para "lanzarlos al mar" en la operación "Retiro de Televisores".
La ministra Virginia Rivera ofició a la institución castrense luego que la búsqueda de enero pasado en el lago Rapel por la supuesta "información fidedigna" del coronel (R) Andrés Magaña, terminó en un rotundo fracaso. Geólogos dijeron que la zona nunca había sido removida, por lo que el dato era falso.Ante el fracaso de la reciente búsqueda de los restos de una parte de los desaparecidos de Paine, la jueza Virginia Rivera demandó del Ejército el mapa del lugar exacto donde el 16 de octubre de 1973 fueron sepultados clandestinamente 17 campesinos y las identidades del personal de inteligencia que en 1977 ó 1978 recurrió al, a esa fecha, capitán Andrés Magaña Bau, para que ubicara el lugar del entierro con el fin de exhumar los cuerpos y hacerlos desaparecer definitivamente.
La exigencia de la magistrada a esa institución militar tiene su fundamento en que, de acuerdo a pistas supuestamente exactas para dar con la fosa entregadas por el actual coronel (R) Magaña, ésta terminó en un completo fracaso generando expectativas entre los familiares que volvieron a sufrir la desesperanza por no poder aún hallar los restos de sus seres queridos.
Además, el masivo despliegue de peritos, policías civiles y uniformados y funcionarios judiciales, significó gastos para el fisco.
La Inteligencia Militar
La petición de la ministra dice relación con declaraciones del mismo coronel (R) Magaña, quien afirmó en el proceso que él personalmente entregó en su momento "al alto mando" del Ejército un mapa e información con el lugar exacto de la ejecución de los prisioneros y su sepultación secreta.
La jueza demandó también los nombres de los funcionarios de la inteligencia militar que "en 1977 o 1978" según el mismo Magaña, lo condujeron para identificar el lugar y sacar los cuerpos que, como lo admite el coronel (R), luego fueron lanzados al mar.
En el mismo sentido, el gobierno llamó la atención al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, por el rotundo fracaso de la última búsqueda de enero. En los últimos días de enero funcionarios de gobierno hicieron ver a Izurieta la situación generada por las falsas expectativas, especialmente entre los familiares de las víctimas, demandándole también que la institución entregue a la jueza de una vez por todas la información que posee.
De acuerdo a Magaña, quien como oficial de la Escuela de Infantería de San Bernardo comandó los operativos del 2 y 16 de octubre de 1973 que culminaron en el asesinato masivo de campesinos de Paine.
Los cuerpos de las víctimas fueron desenterrados "por orden superior" para "lanzarlos al mar" en la operación "Retiro de Televisores".
7 de febrero de 2007
©la nación 
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