en torno a la marihuana
columna de mérici
En las últimas semanas se ha informado en la prensa sobre varios incidentes en los cuales la marihuana, así como la estupidez de la policía y la hipocresía de la clase política, han sido actores claves.
Primero fue la detención de dos organizadores de eventos, hijo uno y sobrino el otro de una notoria diputada de extrema derecha, por un presunto tráfico de drogas, vale decir marihuana. Cantidad recaudada: unos cuarenta pitos de marihuana y tres pastillas de éxtasis.
Luego vino la recaudación de varias plantas de marihuana -ciento setenta, según la prensa- en la casa de un joven de Viña del Mar, que quedó en libertad tras la audiencia de control de detención.
Y finalmente el allanamiento, la recaudación de doce gramos de marihuana y algunas pipas y otros implementos para su uso, y dos porretes, y el posterior despido de la directora del Servicio Nacional del Menor [SENAME] de Aysén.
Los tres casos demuestran la mala leche o franca estupidez con que ha actuado la policía. Independientemente de la legislación antidrogas -un verdadero barómetro de la memez de la clase política chilena-, creo que es simplemente idiota o mala intención calificar de traficantes a dos personas con cuarenta pitos y tres pastillas de éxtasis. Un usuario corriente consumiría esos veinte pitos en menos de una semana.
El caso de la ex directora del SENAME Aysén es todavía más escandaloso, pues han allanado su domicilio y la han detenido como si fuera una delincuente habitual, mientras que sus doce gramos evidentemente la descartan como traficante. El caso del chico de Viña es algo más complicado, porque tenía más plantas que las que se pueden justificar como para el propio consumo. Pero estas son consideraciones subjetivas. Él mismo asegura no haberlas cultivado para su comercialización.
La prensa y la televisión han cubierto ampliamente estos casos insignificantes. Hemos visto en la pantalla chica a un par de fiscales que destilaban mala leche y odiosidad, tratando de explicarnos, entre mocos y babas, que la posesión de unos porretes de marihuana es un delito grave. Pero menos grave que las torturas o los secuestros y asesinatos, aparentemente, pues muchos militares todavía se pasean libremente después de haber cometido, durante la dictadura, esos crímenes sin nombre.
Debe recordarse que la legislación antidrogas es de todo punto de vista ilegítimo, pues se aprobó contra la voluntad mayoritaria de los chilenos. A pesar de las numerosas encuestas de opinión y de los extensos debates públicos, de los que se desprendió que más del ochenta por ciento de la población estaba contra la legislación antidrogas y favorecía, en todo caso, la despenalización de la marihuana, la clase política conspiró para hacer aprobar esas leyes estúpidas. Es natural, por esto, que los chilenos resistan la implementación de esta ley y se opongan a las autoridades, carentes de legitimidad a ojos vistas, en cuanto a esta legislación.
No ha de extrañarse la clase en el poder si sectores de la ciudadanía les ajusten cuentas de vez en vez y reaccionen de manera violenta cuando se ven injustamente agredidos en sus casas y vecindarios.
Chile debe enmendar su legislación antidrogas o abolirla derechamente. Francamente, el espectáculo que brinda la represión de la comercialización y consumo de drogas es un asco. La venta y consumo de drogas debiesen ser libres, completamente admitidos, legalizados y considerados como lo que son: consumir o no drogas es algo que pertenece al ámbito íntimo de las personas y no pueden ni deben las autoridades inmiscuirse en esto.
Si acaso podría admitirse la prohibición de su consumo en lugares públicos, pero prohibir y perseguir activamente el consumo en casa (como el caso de la directora en Aysén y del chico en Viña) es una aberración y un acto tan cruel y necio como injustificado e inmoral. La ciudadanía se opone a que las autoridades se arroguen el derecho a interrumpirnos e inmiscuirse en nuestras vidas privadas cuando no han sido llamados para ello.
En Chile se ha de recordar siempre que cuando los ciudadanos pedimos a la clase política y al poder judicial que nos protegiesen de la violencia, cobardía e inhumanidad de los militares, los políticos, esos que chillan en favor de la prohibición de las drogas, hicieron la vista gorda. Digo, estas son las inmundicias que todavía, a pesar del fin de la dictadura, gobiernan al país con sus leyes arbitrarias y brutas.
Es hora, pues, de que los políticos chilenos, en todo caso los políticos de verdad, que no las escorias derechistas, meten manos en el asunto y deroguen esas leyes insensatas y contraproducentes. Ahora que lo que se llama la izquierda chilena domina el parlamento, es la ocasión, quizás, de formar una plataforma para su urgentísima derogación.
Primero fue la detención de dos organizadores de eventos, hijo uno y sobrino el otro de una notoria diputada de extrema derecha, por un presunto tráfico de drogas, vale decir marihuana. Cantidad recaudada: unos cuarenta pitos de marihuana y tres pastillas de éxtasis.
Luego vino la recaudación de varias plantas de marihuana -ciento setenta, según la prensa- en la casa de un joven de Viña del Mar, que quedó en libertad tras la audiencia de control de detención.
Y finalmente el allanamiento, la recaudación de doce gramos de marihuana y algunas pipas y otros implementos para su uso, y dos porretes, y el posterior despido de la directora del Servicio Nacional del Menor [SENAME] de Aysén.
Los tres casos demuestran la mala leche o franca estupidez con que ha actuado la policía. Independientemente de la legislación antidrogas -un verdadero barómetro de la memez de la clase política chilena-, creo que es simplemente idiota o mala intención calificar de traficantes a dos personas con cuarenta pitos y tres pastillas de éxtasis. Un usuario corriente consumiría esos veinte pitos en menos de una semana.
El caso de la ex directora del SENAME Aysén es todavía más escandaloso, pues han allanado su domicilio y la han detenido como si fuera una delincuente habitual, mientras que sus doce gramos evidentemente la descartan como traficante. El caso del chico de Viña es algo más complicado, porque tenía más plantas que las que se pueden justificar como para el propio consumo. Pero estas son consideraciones subjetivas. Él mismo asegura no haberlas cultivado para su comercialización.
La prensa y la televisión han cubierto ampliamente estos casos insignificantes. Hemos visto en la pantalla chica a un par de fiscales que destilaban mala leche y odiosidad, tratando de explicarnos, entre mocos y babas, que la posesión de unos porretes de marihuana es un delito grave. Pero menos grave que las torturas o los secuestros y asesinatos, aparentemente, pues muchos militares todavía se pasean libremente después de haber cometido, durante la dictadura, esos crímenes sin nombre.
Debe recordarse que la legislación antidrogas es de todo punto de vista ilegítimo, pues se aprobó contra la voluntad mayoritaria de los chilenos. A pesar de las numerosas encuestas de opinión y de los extensos debates públicos, de los que se desprendió que más del ochenta por ciento de la población estaba contra la legislación antidrogas y favorecía, en todo caso, la despenalización de la marihuana, la clase política conspiró para hacer aprobar esas leyes estúpidas. Es natural, por esto, que los chilenos resistan la implementación de esta ley y se opongan a las autoridades, carentes de legitimidad a ojos vistas, en cuanto a esta legislación.
No ha de extrañarse la clase en el poder si sectores de la ciudadanía les ajusten cuentas de vez en vez y reaccionen de manera violenta cuando se ven injustamente agredidos en sus casas y vecindarios.
Chile debe enmendar su legislación antidrogas o abolirla derechamente. Francamente, el espectáculo que brinda la represión de la comercialización y consumo de drogas es un asco. La venta y consumo de drogas debiesen ser libres, completamente admitidos, legalizados y considerados como lo que son: consumir o no drogas es algo que pertenece al ámbito íntimo de las personas y no pueden ni deben las autoridades inmiscuirse en esto.
Si acaso podría admitirse la prohibición de su consumo en lugares públicos, pero prohibir y perseguir activamente el consumo en casa (como el caso de la directora en Aysén y del chico en Viña) es una aberración y un acto tan cruel y necio como injustificado e inmoral. La ciudadanía se opone a que las autoridades se arroguen el derecho a interrumpirnos e inmiscuirse en nuestras vidas privadas cuando no han sido llamados para ello.
En Chile se ha de recordar siempre que cuando los ciudadanos pedimos a la clase política y al poder judicial que nos protegiesen de la violencia, cobardía e inhumanidad de los militares, los políticos, esos que chillan en favor de la prohibición de las drogas, hicieron la vista gorda. Digo, estas son las inmundicias que todavía, a pesar del fin de la dictadura, gobiernan al país con sus leyes arbitrarias y brutas.
Es hora, pues, de que los políticos chilenos, en todo caso los políticos de verdad, que no las escorias derechistas, meten manos en el asunto y deroguen esas leyes insensatas y contraproducentes. Ahora que lo que se llama la izquierda chilena domina el parlamento, es la ocasión, quizás, de formar una plataforma para su urgentísima derogación.
9 de marzo de 2007
mérici
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