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onu advierte a chile


[Dalia Rojas/Verónica Berroeta] Comité de Derechos Humanos de la ONU llama la atención a Chile
La instancia manifestó preocupación por violaciones a derechos humanos de minorías sexuales y dio un plazo de un año al Estado para resolver el reconocimiento constitucional a los pueblos autóctonos y política de tierras, además de avanzar en la búsqueda de responsables de violaciones a los DD.HH. en dictadura.
Por primera vez el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación al Estado Chileno por las violaciones a los derechos humanos de las minorías sexuales. El informe también incluyó la inquietud por los atropellos cometidos durante la dictadura y la situación actual del pueblo mapuche.
El comité entregó sus observaciones al Quinto Informe Periódico de Chile, presentado con cuatro años de retraso, valorando las importantes reformas institucionales implementadas desde la presentación del documento anterior en 1999.
Pero no se quedan en ese punto, pues realizan sus propias recomendaciones como la modificación a la justicia militar, medidas para evitar abusos policiales contra grupos vulnerables, establecer una institución nacional de derechos humanos, reforma al sistema binominal y medidas de protección de los derechos de género y de la mujer.
En materia de derechos homosexuales, el pronunciamiento de la ONU se efectuó a partir de las diversas denuncias del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) y que este mes se tradujeron en la presentación de un informe selaborado por esa organización y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC).
El Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que "continúa preocupado ante la discriminación de la que son objeto ciertas personas debido a su orientación sexual, entre otros ámbitos, frente a los tribunales y en el acceso a la salud".
En este sentido, añade que el Estado chileno "debería garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley y en el acceso a los servicios de salud. Debería también poner en práctica programas de sensibilización con el fin de combatir los perjuicios sociales".
Del mismo modo, el Comité expresó, su satisfacción por la derogación "de las disposiciones que penalizaban las relaciones homosexuales entre adultos responsables", en referencia al artículo 365 del Código Penal que fue anulado en 1998.
Entre algunas de las denuncias ante el organismo internacional, destaca la realizada por el relator especial de educación ante las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, sobre la situación de discriminación a alumnas lesbianas en Chile, tras un completo reporte enviado por Movilh.

Reacción del Movilh
El representante de esa organización, Rolando Jiménez, manifestó su satisfacción frente al llamado de atención realizado por la ONU en la materia, indicando que "esto tiene como base la abundante información que hemos entregado durante los últimos cinco años, y el llamado permanente que estamos haciendo a adoptar políticas públicas que bajen los niveles de homofobia, violencia e incluso de asesinatos en contra de la población transgénero".
Pero también criticó el accionar del gobierno, indicando que "las autoridades políticas se quedan en declaraciones de buenas intenciones y nosotros creemos que debe haber una actitud más proactiva".
Para Jiménez, el discurso del Ejecutivo "no tiene un correlato con las políticas públicas que garanticen igualdad ante la ley; si estamos hablando de eso, no de un trato especial, sólo de igualdad".
En todo caso, destacó que la Cancillería chilena accediera a la petición de apoyar la declaración brasileña que promueve los derechos humanos de las minorías sexuales y que será presentada hoy, con el respaldo de nuestro país.

Indígenas
En cuanto a la situación de los pueblos autóctonos, la entidad, estableció que quedan puntos pendientes en materia indígena, como el reconocimiento constitucional y una política de tierras. Por ello, expresa su "preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también que esta definición haya permitido que miembros de la comunidad mapuche fueran acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley".
El informe recomienda al Estado adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Es por eso que tal definición debe "limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el pacto sean respectadas".
Por otra parte, observa la intención del Estado de dar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, sin embargo, el Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones recibidas, sobre todo de parte del pueblo mapuche, por algunas reivindicaciones que no habrían sido atendidas y la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, "lo que ha provocado tensiones sociales". "El Comité lamenta la información de que las "tierras antiguas" continúan el peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía", subraya.

Derechos Humanos en Dictadura
El Comité valora que el Estado haya tomado medidas para que las víctimas de violaciones de los derechos humanos reciban una indemnización, pero manifiesta su preocupación por la falta de investigaciones oficiales para determinar la responsabilidad directa por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la época.
"El Estado parte debe vigilar que las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura no permanezcan impunes; en particular, garantizando la acusación efectiva de los responsables sospechosos. Deben tomarse medidas adicionales para fincar responsabilidades individuales. En cuanto a las personas que hayan cumplido una condena por tales actos, se deben examinar sus aptitudes para ejercer funciones públicas", precisa el informe.
La comisión añade que "el Estado parte debería hacer pública toda la documentación colectada por la Comisión Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), susceptible de contribuir a la identificación de aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura".

31 de marzo de 2007
©la nación
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