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kirchner, justicia y dictadura


[Rafael Luis Gumucio Rivas] La dictadura militar argentina ostenta el triste récord de 30 mil desaparecidos. La guerra de las Malvinas generó su derrumbe. Sólo queda el mal recuerdo del borracho Leopoldo Galtieri.
Participé en la marcha, en la Plaza de Mayo, en conmemoración del trigésimo primer aniversario del golpe de Estado, dirigido por el pechoño, criminal y reaccionario Jorge Rafael Videla.
Da gusto constatar la claridad del lenguaje que emplea el Presidente Néstor Kirchner para atacar a los genocidas militares argentinos; nada más diferente al alambicado vocabulario de nuestros líderes concertacionistas en el trato a los verdugos sempiternos, que marchan incólumes por las calles. Kirchner llama al pan, pan y al vino, vino: en el acto de recordación, realizado en el 'campo de concentración' La Perla, en Córdoba, dijo que Luciano Benjamín Menéndez es "un asesino que debiera estar en la cárcel" -cómo me hubiera gustado escuchar estas mismas frases respecto del finado Augusto Pinochet y sus secuaces-; después, Kirchner la emprendió contra la Cámara de Casación, (Corte de Apelaciones): "¿Cuál es el compromiso de algunos integrantes de la justicia con los derechos humanos? ¿Dónde están parados, durante años, juicios que debieran estar en marcha? Los jueces del Tribunal de Casación se hacen los lesos". Para rematar, el ministro del Interior, Fernández, termina por la invitación a presentar su renuncia a los magistrados que amparan a los genocidas.
A los jueces se les designa con nombre y apellido, son los miembros de la sexta sala del Tribunal de Casación: Gustavo Hormos, Amelia Berraz y Amelia Cepolupo, quienes tienen a su cargo 193 casos de crímenes de lesa humanidad en trámite, durante dos años; los pocos condenados argentinos pagan su pena en prisión domiciliaria, pretextando su avanzada edad.
El presidente de la Corte de Casación, Alfredo Bisordi, se vale del lenguaje democrático para acusar al Presidente de querer acumular todos los poderes e inmiscuirse en la judicatura, olvidando la colaboración de los tribunales argentinos con la dictadura, "en todas partes se cuecen habas". Jorge Julio López, que estaba dispuesto a acusar a los asesinos, ha sido secuestrado por las fuerzas oscuras de la reacción del vecino país.
En la mayoría de las transiciones a la democracia, los tribunales que colaboraron con la dictadura han pasado incólumes. En Argentina, si no hubiera sido por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y los abogados de derechos humanos, los asesinos militares continuarían gozando de la más perfecta impunidad. Estoy de acuerdo con un famoso jurista mexicano, que plantea para su país que la justicia debe emanar de la soberanía popular, como ocurre con el resto de los poderes. En el caso de los derechos humanos en Argentina se ha probado, hasta la saciedad, la connivencia entre jueces y represores.
La historia del país vecino estuvo plagada de golpes militares. Gobiernos civiles como los de Arturo Frondizi y Arturo Illia fueron derrocados por cruentos golpes militares. Radicales, peronistas y militares, (estos últimos actuaron como partido político), se han repartido el poder. Isabel Martínez de Perón y Fernando de la Rúa tuvieron que huir de la Casa Rosada en helicóptero, después de haber provocado el caos. El radical Raúl Alfonsín no alcanzó a terminar su período, producto de una crisis económica; el justicialista Carlos Menem duró dos períodos, llevando al país a la cesación de pagos e imponiendo las criminales leyes de "punto final y obediencia debida".
La jerarquía eclesiástica argentina, que apoyó los crímenes de la dictadura militar, sólo puede ser comparada con los obispos españoles durante la Guerra Civil (1936-1939). Hasta hoy, algunos jueces argentinos asisten a misas celebradas por obispos castrenses. La dictadura militar católica, conservadora y neoliberal argentina ostenta el triste récord a su haber de 30 mil desaparecidos. La guerra de las Malvinas generó su derrumbe. Sólo queda el mal recuerdo del borracho Leopoldo Galtieri.
Me alegra que el Presidente Kirchner haya tenido el valor de derogar las leyes de "obediencia debida y de punto final", de consagrar la Escuela de Mecánica de la Armada a un Museo de la Memoria y, hoy, enfrentar a una justicia con resabios dictatoriales, que deniega el derecho del pueblo a la verdad, la justicia y al castigo a los culpables.

4de abril de 2007
©la nación
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