nuevos problemas para uribe
[Juan Forero] Unidad policial intercepta teléfonos de líderes de la oposición y periodistas.
Bogotá, Colombia. El martes, políticos de oposición en Colombia exigieron una explicación al gobierno del presidente Álvaro Uribe, después de que se revelara que una unidad de elite de la inteligencia de la policía había interceptado ilegalmente, y durante dos años, los teléfonos de figuras de la oposición y periodistas.
Las revelaciones, comunicadas el lunes noche, después de una larga reunión con Uribe, por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fueron incómodas para un aliado de los norteamericanos que ha recibido más de cuatro billones de dólares en ayuda militar y antinarcóticos, principalmente. Los demócratas en el Capitolio han expresado sus dudas en cuanto a apoyar un tratado de libre comercio con Colombia, mencionando su inquietante hoja de antecedentes en derechos humanos, y algunos representantes en el congreso estadounidense están pidiendo más restricciones a la ayuda militar.
El gobierno declaró que el despacho del ministro de Justicia iniciaría de inmediato una investigación de las interceptaciones.
Carlos Gaviria, que fue el segundo candidato después de Uribe en las elecciones del año pasado, dijo en una entrevista que los partidos de oposición -incluyendo su Polo Democrático- exigirían una audiencia en el congreso para determinar lo que sabía el gobierno de esas operaciones.
Santos dijo el martes a periodistas, que Gaviria estaba en el grupo de personas cuyos teléfonos fueron pinchados.
"Alguien ordenó los pinchazos, y luego esa información fue enviada a alguien, por algún motivo específico", dijo Rafael Pardo, ex senador y ministro de defensa. "La pregunta no es quién hacía los pinchazos, sino cuál es la razón más profunda de todo esto".
Políticos de la oposición dijeron que se sentían particularmente preocupados por las revelaciones, porque Uribe mismo había sugerido el mes pasado que sabía al menos sobre algunas operaciones de vigilancia de la oposición. En una rueda de prensa, acusó a sus opositores de intentar hacer fracasar el tratado de libre comercio, que su gobierno quiere firmar con Estados Unidos.
"Tengo pruebas, que no voy a revelar -de la inteligencia militar y policial-, de que algunos de los que han ido a Estados Unidos dicen: ‘Vamos a atacar el tratado acusando a este tipo, Uribe'", dijo el presidente en una alocución televisada.
"Muchos de los críticos que van allá a difamar al gobierno, son los adversarios aquí" del tratado de libre comercio, dijo Uribe. "Y tengo pruebas específicas. Para no revelarlas, no haré ninguna referencia personal".
El lunes noche, el gobierno actuó rápidamente para distanciarse de las revelaciones sobre las intervenciones telefónicas. Santos, el ministro de Defensa, sugirió que la policía nacional había montando una operación ilegal. También dijo que la policía había interceptado los teléfonos de algunos miembros del gobierno de Uribe, aunque no proporcionó nombres.
"El procedimiento es completamente inaceptable, ilegal y contrario a la posición del gobierno", dijo Santos en una declaración. Como en Estados Unidos, la interceptación de teléfonos requiere una orden judicial. Sin esa orden, es considerada un delito punible con uno a tres años de cárcel.
El gobierno removió al general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional, y al general Guillermo Chávez, el jefe de la inteligencia de la policía. Otros diez generales fueron también removidos como parte de una reorganización. El general Óscar Naranjo, un legendario policía que trabajó estrechamente con los norteamericanos en el desmantelamiento de los carteles de la cocaína, fue nombrado el nuevo director de la policía.
Las revelaciones se producen en medio del escándalo de los ‘para-políticos' que, para el lunes, había conducido a acusaciones contra catorce congresistas, todos aliados de Uribe, excepto uno, por presuntos vínculos con grupos paramilitares ilegales. Esos grupos han sido acusados de formar escuadrones de la muerte.
Algunos funcionarios dijeron que se habían enterado de las interceptaciones después de que Semana, el principal semanario de Colombia, publicara el domingo las transcripciones de conversaciones secretas en las que miembros encarcelados de las milicias paramilitares ordenaban asesinatos y negocios en operaciones de narcotráfico. La revelación de esas grabaciones, que fueron hechas por la policía, llevaron al gobierno a advertir a los comandantes paramilitares que podrían perder sus privilegios legales que habían recibido a cambio del desarme y de iniciar negociaciones con el gobierno.
El gobierno de Uribe ha criticado a los periodistas por informar que la policía secreta, conocida como DAS, estaba proporcionando datos de la inteligencia a los señores de la guerra paramilitares. Y funcionarios de gobierno no han dicho demasiado sobre las persistentes quejas de figuras de la oposición de que sus teléfonos estaban intervenidos. El lunes, funcionarios de la oposición cuestionaron que el gobierno revelara las intervenciones sólo después de que conversaciones de miembros de los paramilitares fueran publicadas por Semana.
"El presidente de la república sólo actuó cuando quedó en claro que la inteligencia de la policía estaba no solamente trabajando contra la oposición, sino contra los paramilitares", dijo el senador Gustavo Petro, que realizó una audiencia en el congreso y acusó a Uribe de tener mano blanda con los paramilitares. "La cuestión es ¿por qué no reaccionó hace dos años? ¿Y por qué no reaccionó cuando la DAS lo estaba haciendo y luego entregando datos de inteligencia a los paramilitares?"
Bogotá, Colombia. El martes, políticos de oposición en Colombia exigieron una explicación al gobierno del presidente Álvaro Uribe, después de que se revelara que una unidad de elite de la inteligencia de la policía había interceptado ilegalmente, y durante dos años, los teléfonos de figuras de la oposición y periodistas.Las revelaciones, comunicadas el lunes noche, después de una larga reunión con Uribe, por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fueron incómodas para un aliado de los norteamericanos que ha recibido más de cuatro billones de dólares en ayuda militar y antinarcóticos, principalmente. Los demócratas en el Capitolio han expresado sus dudas en cuanto a apoyar un tratado de libre comercio con Colombia, mencionando su inquietante hoja de antecedentes en derechos humanos, y algunos representantes en el congreso estadounidense están pidiendo más restricciones a la ayuda militar.
El gobierno declaró que el despacho del ministro de Justicia iniciaría de inmediato una investigación de las interceptaciones.
Carlos Gaviria, que fue el segundo candidato después de Uribe en las elecciones del año pasado, dijo en una entrevista que los partidos de oposición -incluyendo su Polo Democrático- exigirían una audiencia en el congreso para determinar lo que sabía el gobierno de esas operaciones.
Santos dijo el martes a periodistas, que Gaviria estaba en el grupo de personas cuyos teléfonos fueron pinchados.
"Alguien ordenó los pinchazos, y luego esa información fue enviada a alguien, por algún motivo específico", dijo Rafael Pardo, ex senador y ministro de defensa. "La pregunta no es quién hacía los pinchazos, sino cuál es la razón más profunda de todo esto".
Políticos de la oposición dijeron que se sentían particularmente preocupados por las revelaciones, porque Uribe mismo había sugerido el mes pasado que sabía al menos sobre algunas operaciones de vigilancia de la oposición. En una rueda de prensa, acusó a sus opositores de intentar hacer fracasar el tratado de libre comercio, que su gobierno quiere firmar con Estados Unidos.
"Tengo pruebas, que no voy a revelar -de la inteligencia militar y policial-, de que algunos de los que han ido a Estados Unidos dicen: ‘Vamos a atacar el tratado acusando a este tipo, Uribe'", dijo el presidente en una alocución televisada.
"Muchos de los críticos que van allá a difamar al gobierno, son los adversarios aquí" del tratado de libre comercio, dijo Uribe. "Y tengo pruebas específicas. Para no revelarlas, no haré ninguna referencia personal".
El lunes noche, el gobierno actuó rápidamente para distanciarse de las revelaciones sobre las intervenciones telefónicas. Santos, el ministro de Defensa, sugirió que la policía nacional había montando una operación ilegal. También dijo que la policía había interceptado los teléfonos de algunos miembros del gobierno de Uribe, aunque no proporcionó nombres.
"El procedimiento es completamente inaceptable, ilegal y contrario a la posición del gobierno", dijo Santos en una declaración. Como en Estados Unidos, la interceptación de teléfonos requiere una orden judicial. Sin esa orden, es considerada un delito punible con uno a tres años de cárcel.
El gobierno removió al general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional, y al general Guillermo Chávez, el jefe de la inteligencia de la policía. Otros diez generales fueron también removidos como parte de una reorganización. El general Óscar Naranjo, un legendario policía que trabajó estrechamente con los norteamericanos en el desmantelamiento de los carteles de la cocaína, fue nombrado el nuevo director de la policía.
Las revelaciones se producen en medio del escándalo de los ‘para-políticos' que, para el lunes, había conducido a acusaciones contra catorce congresistas, todos aliados de Uribe, excepto uno, por presuntos vínculos con grupos paramilitares ilegales. Esos grupos han sido acusados de formar escuadrones de la muerte.
Algunos funcionarios dijeron que se habían enterado de las interceptaciones después de que Semana, el principal semanario de Colombia, publicara el domingo las transcripciones de conversaciones secretas en las que miembros encarcelados de las milicias paramilitares ordenaban asesinatos y negocios en operaciones de narcotráfico. La revelación de esas grabaciones, que fueron hechas por la policía, llevaron al gobierno a advertir a los comandantes paramilitares que podrían perder sus privilegios legales que habían recibido a cambio del desarme y de iniciar negociaciones con el gobierno.
El gobierno de Uribe ha criticado a los periodistas por informar que la policía secreta, conocida como DAS, estaba proporcionando datos de la inteligencia a los señores de la guerra paramilitares. Y funcionarios de gobierno no han dicho demasiado sobre las persistentes quejas de figuras de la oposición de que sus teléfonos estaban intervenidos. El lunes, funcionarios de la oposición cuestionaron que el gobierno revelara las intervenciones sólo después de que conversaciones de miembros de los paramilitares fueran publicadas por Semana.
"El presidente de la república sólo actuó cuando quedó en claro que la inteligencia de la policía estaba no solamente trabajando contra la oposición, sino contra los paramilitares", dijo el senador Gustavo Petro, que realizó una audiencia en el congreso y acusó a Uribe de tener mano blanda con los paramilitares. "La cuestión es ¿por qué no reaccionó hace dos años? ¿Y por qué no reaccionó cuando la DAS lo estaba haciendo y luego entregando datos de inteligencia a los paramilitares?"
20 de mayo de 2007
16 de mayo de 2007
©washington post
©traducción mQh
0 comentarios