el hijo de ramón gonzález ortega
columna de mérici
He leído en la prensa una historia estremecedora y que me produce inquietud. Iván González Toro no se enteró hasta que tuvo 16 años, en 1988, que su padre había sido asesinado por militares pinochetistas en 1973. Su padre, Ramón González Ortega, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y trasladado al campo de concentración de la isla Dawson. Fue detenido por elementos de la Quinta División del Ejército, que era comandada entonces el general Manuel Torres de la Cruz. El 30 de octubre el detenido, junto a otros dos detenidos, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, fue trasladado a ninguna parte: en el camino fue asesinado por la espalda por los militares pinochetistas Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe, Luis Alberto Arata Campodónico y a José Rafael Aguirre Aguirre. Los cobardes enterraron sus cuerpos en el mismo lugar.Iván González, el hijo de uno de los asesinados, no se enteró sino en 1988 del destino de su padre, pues su madre no quiso contárselo para no amargar su infancia. Así, sólo se lo contó cuando tenía 16 años, el año del plebiscito de 1988. Iván decidió estudiar entonces para agente judicial y se prometió esclarecer algún día el destino de su padre.
El 30 de mayo de 2005 presentó una querella criminal contra los autores del asesinato de su padre.
En 2000, el diario Prensa Austral había entrevistado sobre este caso al general Manuel Torres de la Cruz y este general, tan cobarde y abyecto como los otros militares pinochetistas, negó haber asesinado a esos detenidos y dijo que habían tratado de fugarse. En el juicio que se encuentra ahora en estado de plenario, el juez acusa de homicidio calificado a los cinco militares involucrados directamente, pero no al jefe militar que dio la orden de asesinarlos.
Esa es la historia. Ahora ocurre que el hijo del cobarde que era entonces comandante de la Quinta División del Ejército, Manuel Torres de la Cruz, es también, a su vez, comandante de la misma división. Su nombre es Luis Torres.
Yo recuerdo que cuando fui llamado en los años setenta a las pruebas para el servicio militar, me dieron a leer unos documentos militares en los que se me preguntaba si acaso yo o algún familiar directo mío teníamos antecedentes criminales. Si hubiese sido así, no podía yo aspirar a ninguna carrera militar, pues tener antecedentes es un causal de impedimento para esa carrera. O sea, si tu padre o tío, por ejemplo, han sido procesados por algún delito, ni ellos ni tú pueden optar por el servicio de las armas.
Si esto sigue siendo así, resulta entonces raro, para decir lo menos, que hijos de conocidos criminales y violadores de derechos humanos sigan en las fuerzas armadas. Si sus padres cometieron crímenes, los hijos no pueden ser miembros de esas fuerzas.
En nuestra legislación, los hijos o familiares directos no somos responsables de los delitos de nuestros padres. Pero eso es comprensible en un plano judicial civil. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas debe seguir aplicándose la regla de exclusión de los hijos de criminales por las características propias de las instituciones armadas. Se crean en ellas fuertes vínculos de lealtades personales y, en este caso, familiares. Los hijos pueden también encubrir los crímenes de sus padres. O seguir cometiéndolos. O creer que los crímenes que él comete o que cometió su padre son justificados. O creer que él está por encima de la justicia o que pertenece a un estamento privilegiado al que se le permite cometer crímenes y no pagar por ello. Por esa razón, la regla de exclusión debe seguir aplicándose sin perdón. En una institución que debe salvaguardar la constitucionalidad y la soberanía no se puede permitir ni tolerar la presencia de personas como estas.
Ahora bien, dirán los leguleyos que el principal responsable de esos asesinatos y del asesinato del padre de Iván González es el general Manuel Torres de la Cruz, el cobarde que negó que hubiese dado órdenes de cometer un crimen, que trató de ocultar los asesinatos y que culpó a sus subalternos, dejando que estos paguen por los crímenes que él ordenó cometer. Es verdad que los subalternos que cometieron los crímenes son culpables de haberlos cometido, vale decir, son culpables de haber aceptado la ejecución de órdenes ilegales (obedecer una orden de un militar pinochetista es lo mismo que haber obedecido una orden de un militar de un país invasor o de un grupo de delincuentes), pero el autor intelectual fue el general, que a su vez probablemente las recibió del cobarde número 1, el general Pinochet. El juez, que tomó en serio los desmentidos y rechazo de responsabilidad y acusaciones contra sus subordinados de Manuel Torres de la Cruz, no lo procesa a él. Por tanto, no se puede decir jurídicamente hablando, que el general mismo haya sido procesado o tenga por ello antecedentes criminales. Por tanto, su hijo no debería ser excluido de las fuerzas armadas.
Sin embargo, todos sabemos -los militares culpables, los familiares de las víctimas, la prensa, los jueces y abogados y los políticos de todo el espectro- que el verdadero responsable es el general Manuel Torres de la Cruz, sea este procesado o no. Es lógico por tanto esperar que ese general, cuyo destino no conozco y no sé si todavía pertenece a las fuerzas armadas, o si murió, o si cobra pensión de las fuerzas armadas, sea expulsado de estas, lo mismo que su hijo, porque así lo establece el reglamento militar y por constituir un peligro para la democracia, estabilidad y soberanía del país.
El 30 de mayo de 2005 presentó una querella criminal contra los autores del asesinato de su padre.
En 2000, el diario Prensa Austral había entrevistado sobre este caso al general Manuel Torres de la Cruz y este general, tan cobarde y abyecto como los otros militares pinochetistas, negó haber asesinado a esos detenidos y dijo que habían tratado de fugarse. En el juicio que se encuentra ahora en estado de plenario, el juez acusa de homicidio calificado a los cinco militares involucrados directamente, pero no al jefe militar que dio la orden de asesinarlos.
Esa es la historia. Ahora ocurre que el hijo del cobarde que era entonces comandante de la Quinta División del Ejército, Manuel Torres de la Cruz, es también, a su vez, comandante de la misma división. Su nombre es Luis Torres.
Yo recuerdo que cuando fui llamado en los años setenta a las pruebas para el servicio militar, me dieron a leer unos documentos militares en los que se me preguntaba si acaso yo o algún familiar directo mío teníamos antecedentes criminales. Si hubiese sido así, no podía yo aspirar a ninguna carrera militar, pues tener antecedentes es un causal de impedimento para esa carrera. O sea, si tu padre o tío, por ejemplo, han sido procesados por algún delito, ni ellos ni tú pueden optar por el servicio de las armas.
Si esto sigue siendo así, resulta entonces raro, para decir lo menos, que hijos de conocidos criminales y violadores de derechos humanos sigan en las fuerzas armadas. Si sus padres cometieron crímenes, los hijos no pueden ser miembros de esas fuerzas.
En nuestra legislación, los hijos o familiares directos no somos responsables de los delitos de nuestros padres. Pero eso es comprensible en un plano judicial civil. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas debe seguir aplicándose la regla de exclusión de los hijos de criminales por las características propias de las instituciones armadas. Se crean en ellas fuertes vínculos de lealtades personales y, en este caso, familiares. Los hijos pueden también encubrir los crímenes de sus padres. O seguir cometiéndolos. O creer que los crímenes que él comete o que cometió su padre son justificados. O creer que él está por encima de la justicia o que pertenece a un estamento privilegiado al que se le permite cometer crímenes y no pagar por ello. Por esa razón, la regla de exclusión debe seguir aplicándose sin perdón. En una institución que debe salvaguardar la constitucionalidad y la soberanía no se puede permitir ni tolerar la presencia de personas como estas.
Ahora bien, dirán los leguleyos que el principal responsable de esos asesinatos y del asesinato del padre de Iván González es el general Manuel Torres de la Cruz, el cobarde que negó que hubiese dado órdenes de cometer un crimen, que trató de ocultar los asesinatos y que culpó a sus subalternos, dejando que estos paguen por los crímenes que él ordenó cometer. Es verdad que los subalternos que cometieron los crímenes son culpables de haberlos cometido, vale decir, son culpables de haber aceptado la ejecución de órdenes ilegales (obedecer una orden de un militar pinochetista es lo mismo que haber obedecido una orden de un militar de un país invasor o de un grupo de delincuentes), pero el autor intelectual fue el general, que a su vez probablemente las recibió del cobarde número 1, el general Pinochet. El juez, que tomó en serio los desmentidos y rechazo de responsabilidad y acusaciones contra sus subordinados de Manuel Torres de la Cruz, no lo procesa a él. Por tanto, no se puede decir jurídicamente hablando, que el general mismo haya sido procesado o tenga por ello antecedentes criminales. Por tanto, su hijo no debería ser excluido de las fuerzas armadas.
Sin embargo, todos sabemos -los militares culpables, los familiares de las víctimas, la prensa, los jueces y abogados y los políticos de todo el espectro- que el verdadero responsable es el general Manuel Torres de la Cruz, sea este procesado o no. Es lógico por tanto esperar que ese general, cuyo destino no conozco y no sé si todavía pertenece a las fuerzas armadas, o si murió, o si cobra pensión de las fuerzas armadas, sea expulsado de estas, lo mismo que su hijo, porque así lo establece el reglamento militar y por constituir un peligro para la democracia, estabilidad y soberanía del país.
Y este, por lo que me parece, es sólo un caso de muchos otros. Hay por todo el país un buen montón de hijos y familiares directos de militares criminales en las fuerzas armadas y es urgente que esos elementos sean expulsados de estas. Recuérdese por ejemplo que Pinochet mismo insertó a familiares suyos en las fuerzas armadas.
Si, como creo, corresponde a las autoridades políticas el nombramiento o cese de cargos militares en las fuerzas armadas, sin que deban por ello dar explicaciones excepto la voluntad soberana de las autoridades máximas, debiesen estas proceder a liberar a nuestros institutos armados de la presencia de esos elementos por el peligro que representan para el país sus vínculos familiares.
Iván González dijo sobre el hijo del general: "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre".
mérici
archivo permanente en mQh
Si, como creo, corresponde a las autoridades políticas el nombramiento o cese de cargos militares en las fuerzas armadas, sin que deban por ello dar explicaciones excepto la voluntad soberana de las autoridades máximas, debiesen estas proceder a liberar a nuestros institutos armados de la presencia de esos elementos por el peligro que representan para el país sus vínculos familiares.
Iván González dijo sobre el hijo del general: "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre".
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