quién financia a los paramilitares
[Josh Meyer y Chris Kraul] Ex paramilitar contó al Congreso que varias compañías proveyeron de dinero a milicias de extrema derecha acusadas de cometer matanzas de civiles.
Washington, Estados Unidos. Edwin Guzmán, ex sargento del ejército colombiano que se hizo más tarde miembro de los paramilitares, declaró que sus unidades militares eran responsables de proteger la propiedad de Birmingham, una compañía carbonífera de Drummond, Alabama, que maneja extensas operaciones en Colombia.
Guzmán dijo que los militares colombianos también habían colaborado estrechamente con unidades paramilitares de extrema derecha que alojaban en terrenos de Drummod en un intento conjunto de proteger a la compañía y sus envíos de carbón contra las guerrillas de izquierda.
Drummong proporcionaba al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] de vehículos de la compañía, bencina y otros suministros, declaró Guzmán.
Desde septiembre de 2001 es ilegal que las compañías estadounidense provean apoyo económico a las AUC. En esa fecha el gobierno norteamericano la clasificó como organización terrorista. Pero Guzmán contó a los miembros de tres comisiones de relaciones exteriores de la Cámara que el acuerdo de protección entre los grupos ilegales y las compañías era algo habitual.
"Drummond no es la única compañía que paga por los servicios de los paramilitares. Hay muchas compañías más haciendo lo mismo", dijo Guzmán a través de un intérprete. "Espero que los miembros del Congreso las investiguen porque cada vez que hablamos sobre estas cosas en Colombia, tratan de borrar nuestros testimonios por todos los medios posibles".
Niegan Acusaciones
Drummong ha rechazado las acusaciones y declarado ante los legisladores el jueves que no haría comentarios sobre las acusaciones de Guzmán debido a que una demanda civil está todavía pendiente, que acusa a la compañía de haber ordenado el asesinato de tres líderes sindicales en 2001.
Los presidentes de dos de las subcomisiones, los representantes Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y William D. Delahunt (demócrata de Massachusetts), dijeron que la sesión de cuatro horas era sólo el primer paso hacia lo que esperan sea una agresiva investigación sobre si las compañías estadounidenses estaban financiando la violencia en Colombia al pagar por protección a grupos paramilitares.
Los dos legisladores mencionaron el caso de Chiquita Brands International Inc., que reconoció hace poco haber pagado casi dos millones de dólares a las AUC y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], para que protegieran las operaciones bananeras y empleados de la compañía en Colombia. Chiquita accedió a pagar 25 millones de dólares en multas en un acuerdo para terminar la investigación del ministerio de Justicia, admitiendo haber hecho negocios con organizaciones clasificadas como terroristas por Estados Unidos. Las FARC son también consideradas una organización terrorista.
El grupo demócrata en el Congreso, citando esas preocupaciones, ha empezado a reexaminar el Plan Colombia, la campaña antidrogas y antiterrorista de varios billones de dólares que se ha estado implementando desde 2000.
Dos de los dirigentes sindicales, Víctor Orcasita y Valmore Locarno fueron obligados a descender de un bus de la compañía y asesinados. Gustavo Soler, que remplazó a Locarno como presidente del sindicato, fue asesinado de manera similar varios meses después.
Guzmán declaró el jueves que en los adiestramientos del ejército colombiano "nos decían que debemos atacar a los izquierdistas con todos los medios posibles, y que los sindicatos son grupos guerrilleros y que debemos atacarlos con medios legales e ilegales".
Pero no llegó a decir a los representantes que los militares conspiraban con las milicias paramilitares para asesinar a dirigentes sindicales y otros civiles. Y dijo que no tenía "pruebas de cómo entregaba Drummond el dinero a los paramilitares".
Sindicalismo como Amenaza
En sus declaraciones preparadas de antemano, Guzmán fue sin embargo más lejos, afirmando que el comandante de las AUC, al que identificó como ‘Cebolla', le dijo que los paramilitares eran responsables del asesinato de Locarno y Orcasita. Dijo que los paramilitares y el ejército colombiano compartían la opinión de que el sindicato de mineros de Drummond "eran una organización subversiva y consecuentemente un blanco militar legítimo".
"Debo confesar que nosotros en las fuerzas armadas considerábamos el asesinato de Valmore Locarno y Víctor Orcasita a principios de 2001 como victorias militares", dijo Guzmán. "Ahora ya no pienso eso, pero sí lo pensaba en esa época como consecuencia de mi adiestramiento militar".
Guzmán también dijo en una declaración que las AUC mataron a muchos civiles en las propiedades y alrededores de Drummond, y que a él le ordenaron, cuando estaba en las fuerzas armadas, ayudar a encubrir los lazos entre sus asesinatos y la compañía de carbón.
Engel dijo que las acusaciones contra Drummond, de ser verídicas, "constituiría una grave violación de nuestras leyes... Parece que sólo hemos arañado la superficie de los crímenes cometidos por empresas estadounidenses en Colombia".
Maria McFarland, especialista en Colombia para Human Rights Watch, de Nueva York, declaró el jueves que desde 1986 han sido asesinados en Colombia 2515 sindicalistas, casi dos tercios de ellos por grupos paramilitares.
En marzo, el viceministro de Justicia colombiano Mario Iguarán, dijo en una entrevista que su ministerio estaba investigando alegaciones de un testigo del gobierno ahora en prisión que paramilitares pagados por Drummond mataron a los tres sindicalistas.
Se cree que el testigo es Rafael García, ex funcionario del Departamento de Seguridad Administrativa, el equivalente colombiano del FBI, que acusó anteriormente al director del departamento, Jorge Noguera, de entregar a los paramilitares información sobre los dirigentes sindicales que serían más tarde asesinados.
En una entrevista con el Times el año pasado, el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, negó las acusaciones.
Washington, Estados Unidos. Edwin Guzmán, ex sargento del ejército colombiano que se hizo más tarde miembro de los paramilitares, declaró que sus unidades militares eran responsables de proteger la propiedad de Birmingham, una compañía carbonífera de Drummond, Alabama, que maneja extensas operaciones en Colombia.Guzmán dijo que los militares colombianos también habían colaborado estrechamente con unidades paramilitares de extrema derecha que alojaban en terrenos de Drummod en un intento conjunto de proteger a la compañía y sus envíos de carbón contra las guerrillas de izquierda.
Drummong proporcionaba al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] de vehículos de la compañía, bencina y otros suministros, declaró Guzmán.
Desde septiembre de 2001 es ilegal que las compañías estadounidense provean apoyo económico a las AUC. En esa fecha el gobierno norteamericano la clasificó como organización terrorista. Pero Guzmán contó a los miembros de tres comisiones de relaciones exteriores de la Cámara que el acuerdo de protección entre los grupos ilegales y las compañías era algo habitual.
"Drummond no es la única compañía que paga por los servicios de los paramilitares. Hay muchas compañías más haciendo lo mismo", dijo Guzmán a través de un intérprete. "Espero que los miembros del Congreso las investiguen porque cada vez que hablamos sobre estas cosas en Colombia, tratan de borrar nuestros testimonios por todos los medios posibles".
Niegan Acusaciones
Drummong ha rechazado las acusaciones y declarado ante los legisladores el jueves que no haría comentarios sobre las acusaciones de Guzmán debido a que una demanda civil está todavía pendiente, que acusa a la compañía de haber ordenado el asesinato de tres líderes sindicales en 2001.
Los presidentes de dos de las subcomisiones, los representantes Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y William D. Delahunt (demócrata de Massachusetts), dijeron que la sesión de cuatro horas era sólo el primer paso hacia lo que esperan sea una agresiva investigación sobre si las compañías estadounidenses estaban financiando la violencia en Colombia al pagar por protección a grupos paramilitares.
Los dos legisladores mencionaron el caso de Chiquita Brands International Inc., que reconoció hace poco haber pagado casi dos millones de dólares a las AUC y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], para que protegieran las operaciones bananeras y empleados de la compañía en Colombia. Chiquita accedió a pagar 25 millones de dólares en multas en un acuerdo para terminar la investigación del ministerio de Justicia, admitiendo haber hecho negocios con organizaciones clasificadas como terroristas por Estados Unidos. Las FARC son también consideradas una organización terrorista.
El grupo demócrata en el Congreso, citando esas preocupaciones, ha empezado a reexaminar el Plan Colombia, la campaña antidrogas y antiterrorista de varios billones de dólares que se ha estado implementando desde 2000.
Dos de los dirigentes sindicales, Víctor Orcasita y Valmore Locarno fueron obligados a descender de un bus de la compañía y asesinados. Gustavo Soler, que remplazó a Locarno como presidente del sindicato, fue asesinado de manera similar varios meses después.
Guzmán declaró el jueves que en los adiestramientos del ejército colombiano "nos decían que debemos atacar a los izquierdistas con todos los medios posibles, y que los sindicatos son grupos guerrilleros y que debemos atacarlos con medios legales e ilegales".
Pero no llegó a decir a los representantes que los militares conspiraban con las milicias paramilitares para asesinar a dirigentes sindicales y otros civiles. Y dijo que no tenía "pruebas de cómo entregaba Drummond el dinero a los paramilitares".
Sindicalismo como Amenaza
En sus declaraciones preparadas de antemano, Guzmán fue sin embargo más lejos, afirmando que el comandante de las AUC, al que identificó como ‘Cebolla', le dijo que los paramilitares eran responsables del asesinato de Locarno y Orcasita. Dijo que los paramilitares y el ejército colombiano compartían la opinión de que el sindicato de mineros de Drummond "eran una organización subversiva y consecuentemente un blanco militar legítimo".
"Debo confesar que nosotros en las fuerzas armadas considerábamos el asesinato de Valmore Locarno y Víctor Orcasita a principios de 2001 como victorias militares", dijo Guzmán. "Ahora ya no pienso eso, pero sí lo pensaba en esa época como consecuencia de mi adiestramiento militar".
Guzmán también dijo en una declaración que las AUC mataron a muchos civiles en las propiedades y alrededores de Drummond, y que a él le ordenaron, cuando estaba en las fuerzas armadas, ayudar a encubrir los lazos entre sus asesinatos y la compañía de carbón.
Engel dijo que las acusaciones contra Drummond, de ser verídicas, "constituiría una grave violación de nuestras leyes... Parece que sólo hemos arañado la superficie de los crímenes cometidos por empresas estadounidenses en Colombia".
Maria McFarland, especialista en Colombia para Human Rights Watch, de Nueva York, declaró el jueves que desde 1986 han sido asesinados en Colombia 2515 sindicalistas, casi dos tercios de ellos por grupos paramilitares.
En marzo, el viceministro de Justicia colombiano Mario Iguarán, dijo en una entrevista que su ministerio estaba investigando alegaciones de un testigo del gobierno ahora en prisión que paramilitares pagados por Drummond mataron a los tres sindicalistas.
Se cree que el testigo es Rafael García, ex funcionario del Departamento de Seguridad Administrativa, el equivalente colombiano del FBI, que acusó anteriormente al director del departamento, Jorge Noguera, de entregar a los paramilitares información sobre los dirigentes sindicales que serían más tarde asesinados.
En una entrevista con el Times el año pasado, el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, negó las acusaciones.
josh.meyer@latimes.com
chris.kraul@latimes.com
Meyer informó desde Washington y Kraul desde Bogotá, Colombia.
2 de julio de 2007
29 de junio de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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