militares contra el narcotráfico
[Manuel Roig-Franzia] La campaña del presidente Calderón contra los carteles de la droga es cada vez más criticada por su uso de militares.
Ciudad de México, México. Todos los lunes por la mañana el presidente Felipe Calderón se sienta a la cabecera de la mesa en la biblioteca presidencial de Los Pinos, el recinto fortificado del jefe del ejecutivo en México.
Calderón preside sesiones sobre estrategia con los jefes del ejército y armada de México, actores claves en la iniciativa más importante de sus siete meses de presidencia: el asalto militar contra los carteles de la droga. Ningún presidente mexicano de la historia reciente ha convocado a su consejo de seguridad con tanta regularidad, pero pocos de sus predecesores modernos han debido hacer frente a una crisis de seguridad tan desalentadora.
Calderón se está jugando la presidencia al involucrar a tropas mexicanas -en uno de los despliegues más grandes del país en una función en la guerra contra las drogas ilegales- en la guerra callejera contra los carteles de la droga que son culpables de los más de tres mil asesinatos o ejecuciones en el último año y medio. Enviando a más de veinte mil soldados y agentes de policía federales a nueve estados mexicanos ha convertido a Calderón en enormemente popular; su último índice de aprobación llegó al 65 por ciento.
Pero a medida que la campaña se estira hacia su octavo mes y el número de bajas sube, Calderón hace frente a un creciente cuadro de críticos, incluyendo al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que se opone al uso de los militares para labores policiales. Calderón también está peleando contra sus adversarios en el Congreso mexicano que quieren despojarlo de la autoridad para utilizar tropas sin el consentimiento del Congreso. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa de los derechos humanos, le ha reprochado ser demasiado rápido a la hora de hacer intervenir a los militares, y demasiado lento cuando se trata de reformar la corrupta policía de México.
Todo esto es terreno familiar para Calderón, un ex parlamentario y ministro de energía que se siente cómodo en el papel de político combatiente.
Los entendidos pronosticaron que tendría un cargo difícil después de conseguir apenas algo más de un tercio de los votos en las elecciones de julio pasado y de verse obligado a una disputa jurídica de dos meses -dos veces más larga que la crisis electoral de Bush-Gore en 2000- antes de ser declarado presidente por el Tribunal Electoral Supremo de México.
Pero Calderón no sólo se ha lanzado contra la violencia asociada a las drogas. También ha impulsado una polémica reforma del corrupto y anticuado sistema mexicano de pensiones, y está reuniendo ímpetu para una masiva iniciativa fiscal destinada a reducir la dependencia del país de los ingresos por el petróleo.
"Este parece ser su destino político", escribió Ramón Alberto Garza, editor del semanario Índigo. Zarpar con el viento en contra, con una tormenta en el horizonte, con una tripulación rebeldes, pero llegar salvo a puerto, dijo.
Calderón heredó el problema de las drogas en México, que había empezado a rivalizar en alcance y barbarie con las guerras de las drogas en Colombia en los años ochenta. Los barones de la droga, que fundan su riqueza en el tráfico de cocaína, pero también de metanfetamina y marihuana, estaban decapitando a sus rivales y matando a agentes de policía, funcionarios municipales y periodistas que se les cruzaban en el camino. Algunos ayuntamientos y fuerzas policiales estaban tan infiltradas por el crimen organizado que esencialmente habían dejado de funcionar como organizaciones de servicio público y se habían convertido prácticamente en extensiones de los carteles.
Guerras Territoriales
A mediados de julio de 2006, cuando el resultado de la elección estaba todavía en duda, Calderón empezó a definir los cimientos de la campaña militar, dijo en una entrevista el procurador general de México, Eduardo Medina Mora. Dijo que con una corrupción extendida por los ayuntamientos y con sólo 27 mil agentes de la policía federal disponibles, los militares parecieron la única opción viable.
"El problema era suficientemente grande como para comprender que el despliegue de toda la policía federal no sería suficiente", dijo Medina Mora mientras se oía en el fondo una sonata para piano de Beethoven en su oficina en un rascacielos de Ciudad de México.
Para cuando Calderón asumió el cargo en diciembre, las dos organizaciones de la droga más poderosas de México -los carteles de Sinaloa y del Golfo- estaban implicadas en una guerra por las ‘plazas', como llaman los mexicanos a los territorios de las drogas. Había matanzas casi todos los días. Fue entonces que Calderón, un orador público meticuloso y aplicado no conocido por discursos disparatados, empezó a tener éxito.
"Mi mano no temblará" a la hora de detener firmemente el crimen que tiene de rehenes a los mexicanos, dijo Calderón una y otra vez.
El 11 de diciembre, diez días después de asumir el cargo, Calderón lanzó la primera de seis operaciones militares, enviando a más de seis mil tropas y agentes de policía federales a su estado natal de Michoacán. Al día siguiente, un primo de la primera dama, Margarita Zavala, fue encontrado asesinado en el maletero de un coche en las afueras de Ciudad de México -un asesinato que algunos sospechan fue la represalia de las bandas de narcotraficantes. Imperturbable, Calderón envió tres semanas más tarde una fuerza de tres mil soldados a Tijuana.
El día después de la redada de Tijuana se convirtió en un momento decisivo de la guerra contra las drogas de Calderón. Se puso una gorra caqui y uniforme militar para revisar las tropas en la ciudad de Aparzingán, pretendidamente la primera vez en un siglo que un presidente mexicano lucía un uniforme militar. Los columnistas se apuraron a declarar que convertiría a México en un estado militar. Otros se burlaron de la holgura del uniforme en el poco atlético y pequeño Calderón.
"Se veía patético", dijo con desdén el senador Graco Ramírez -un justo castigo para Calderón que es hijo, nieto y hermano de generales del ejército mexicano- durante una entrevista reciente en el palacio legislativo de México.
Ramírez es más que un crítico de modas; él y otros miembros del Partido de la Revolución Democrática están entre los líderes de una iniciativa que busca declarar inconstitucional el uso de los militares en redadas contra las drogas. Medina Mora contrarresta que bajo la Constitución mexicana, las fuerzas armadas "no sólo tienen la autoridad sino además el deber de preservar el orden interno".
Calderón rechaza las críticas. En febrero anunció un aumento del 45 por ciento en el salario de las fuerzas armadas, una decisión que contrastó agudamente con la de reducir en un diez por ciento su propio salario y abolir las pensiones para los presidentes mexicanos.
Admiradores en Estados Unidos
En los seis meses desde que apareciera por primera vez en uniforme militar, Calderón ha enviado miles de tropas a las infames zonas de la droga en Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado, y a Acapulco, Veracruz y los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y a la capital de la industria mexicana, Monterrey. Los soldados instalan controles carreteros, acordonan zonas urbanas para hacer allanamientos casa por casa y a menudo se enfrentan a narcotraficantes fuertemente armados en batallas callejeras.
Las tropas han arrestado a más de 580 personas, según el gobierno, aunque sólo una parte pueden ser considerados figuras importantes. Desde que empezara la campaña militar, han muerto diecinueve soldados y 168 agentes de la policía; se han registrado más de mil ochenta muertes de civiles, aunque la mayoría de estas fueron el resultado de enfrentamientos internos entre los carteles.
Los analistas dicen que es muy pronto todavía para determinar si las operaciones militares tendrán efecto en el largo plazo. Los asesinatos por ejecución han disminuido en las últimas semanas, pero algunos boletines de prensa lo atribuyen a lo que llaman una tregua entre los carteles en conflicto; Medina Mora lo atribuye a los militares y dijo que no había pruebas de que existiese esa tregua.
Ninguna de las muertes ha resonado tanto como las cinco que ocurrieron por error el 2 de junio, cuando los soldados dispararon contra dos mujeres desarmadas y tres niños en un control carretero en el estado de Sonora al norte del país. Los asesinatos desencadenaron fuertes críticas en México, pero Calderón ha mantenido su estrategia militar.
Su enfoque le ha ganado admiradores en Estados Unidos, donde las agencias policiales han pedido durante largo tiempo que México se enfrente de manera más agresiva a los carteles de la droga.
Esa recepción positiva se produce en momentos potencialmente críticos en las conversaciones entre Estados Unidos y México para aumentar drásticamente la ayuda norteamericana.
Informes noticiosos compararon originalmente la iniciativa mexicana con el Plan Colombia de varios billones de dólares, un extenso paquete de ayuda destinado a erradicar la coca y erosionar el apoyo de los rebeldes marxistas. Diplomáticos mexicanos se han apresurado a indicar que sus propuestas difieren en un aspecto clave: No contempla una presencia militar norteamericana que se parezca a esa presencia en Colombia. Toda insinuación de que tropas norteamericanas operarían en México es aquí terriblemente incendiaria; la gente todavía cuida las históricas heridas de la Guerra Mexicana-Norteamericana de 1846-1848.
María Eugenia Campos Galván, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja en el Congreso mexicano, dijo en una entrevista que las autoridades mexicanas han considerado pedir hasta mil millones de dólares. El representante norteamericanos Silvestre Reyes (demócrata de Texas), presidente del comité de inteligencia de la Cámara, está pidiendo una mayor contribución en dólares norteamericanos.
"Si somos listos, será muy alta", dijo Reyes en una entrevista.
Las autoridades mexicanas dicen que han demostrado su cooperación aumentado agudamente las extradiciones -México ya superó su récord anual en 2007 con la extradición de 63 personas en los primeros seis meses del año. Esperan que Estados Unidos devuelva la mano pagando por el adiestramiento y equipos adicionales, incluyendo la tecnología que permitirá la transferencia instantánea de información entre funcionarios de las agencias policiales a los dos lados de la frontera. Calderón en particular ha sugerido que Estados Unidos tiene la obligación de ayudar en los costes de las operaciones policiales mexicanas debido a la dimensión en el uso de drogas ilegales en Estados Unidos.
Las conversaciones se han complicado por los problemas en Estados Unidos relacionados con México en momentos en que los legisladores en el Capitolio debaten las propuestas sobre la inmigración.
"Cuando ocurrió esa toma de rehenes en Rusia, recibí e-mails diciendo: ‘Es por eso que necesitamos una muralla en la frontera mexicana'", dijo Reyes. "Independientemente de lo que hagamos, habrá quien trate de politizar el asunto".
Las autoridades mexicanas están conscientes de que las tensiones políticas podrían retrasar o incluso echar a pique las propuestas de más ayuda norteamericana. De momento, se están preparando para meses, quizás años de batallas militares con los narcotraficantes sin ayuda extra de Estados Unidos y para largas mañanas de reuniones los lunes en la biblioteca presidencial.
Ciudad de México, México. Todos los lunes por la mañana el presidente Felipe Calderón se sienta a la cabecera de la mesa en la biblioteca presidencial de Los Pinos, el recinto fortificado del jefe del ejecutivo en México.Calderón preside sesiones sobre estrategia con los jefes del ejército y armada de México, actores claves en la iniciativa más importante de sus siete meses de presidencia: el asalto militar contra los carteles de la droga. Ningún presidente mexicano de la historia reciente ha convocado a su consejo de seguridad con tanta regularidad, pero pocos de sus predecesores modernos han debido hacer frente a una crisis de seguridad tan desalentadora.
Calderón se está jugando la presidencia al involucrar a tropas mexicanas -en uno de los despliegues más grandes del país en una función en la guerra contra las drogas ilegales- en la guerra callejera contra los carteles de la droga que son culpables de los más de tres mil asesinatos o ejecuciones en el último año y medio. Enviando a más de veinte mil soldados y agentes de policía federales a nueve estados mexicanos ha convertido a Calderón en enormemente popular; su último índice de aprobación llegó al 65 por ciento.
Pero a medida que la campaña se estira hacia su octavo mes y el número de bajas sube, Calderón hace frente a un creciente cuadro de críticos, incluyendo al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que se opone al uso de los militares para labores policiales. Calderón también está peleando contra sus adversarios en el Congreso mexicano que quieren despojarlo de la autoridad para utilizar tropas sin el consentimiento del Congreso. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa de los derechos humanos, le ha reprochado ser demasiado rápido a la hora de hacer intervenir a los militares, y demasiado lento cuando se trata de reformar la corrupta policía de México.
Todo esto es terreno familiar para Calderón, un ex parlamentario y ministro de energía que se siente cómodo en el papel de político combatiente.
Los entendidos pronosticaron que tendría un cargo difícil después de conseguir apenas algo más de un tercio de los votos en las elecciones de julio pasado y de verse obligado a una disputa jurídica de dos meses -dos veces más larga que la crisis electoral de Bush-Gore en 2000- antes de ser declarado presidente por el Tribunal Electoral Supremo de México.
Pero Calderón no sólo se ha lanzado contra la violencia asociada a las drogas. También ha impulsado una polémica reforma del corrupto y anticuado sistema mexicano de pensiones, y está reuniendo ímpetu para una masiva iniciativa fiscal destinada a reducir la dependencia del país de los ingresos por el petróleo.
"Este parece ser su destino político", escribió Ramón Alberto Garza, editor del semanario Índigo. Zarpar con el viento en contra, con una tormenta en el horizonte, con una tripulación rebeldes, pero llegar salvo a puerto, dijo.
Calderón heredó el problema de las drogas en México, que había empezado a rivalizar en alcance y barbarie con las guerras de las drogas en Colombia en los años ochenta. Los barones de la droga, que fundan su riqueza en el tráfico de cocaína, pero también de metanfetamina y marihuana, estaban decapitando a sus rivales y matando a agentes de policía, funcionarios municipales y periodistas que se les cruzaban en el camino. Algunos ayuntamientos y fuerzas policiales estaban tan infiltradas por el crimen organizado que esencialmente habían dejado de funcionar como organizaciones de servicio público y se habían convertido prácticamente en extensiones de los carteles.
Guerras Territoriales
A mediados de julio de 2006, cuando el resultado de la elección estaba todavía en duda, Calderón empezó a definir los cimientos de la campaña militar, dijo en una entrevista el procurador general de México, Eduardo Medina Mora. Dijo que con una corrupción extendida por los ayuntamientos y con sólo 27 mil agentes de la policía federal disponibles, los militares parecieron la única opción viable.
"El problema era suficientemente grande como para comprender que el despliegue de toda la policía federal no sería suficiente", dijo Medina Mora mientras se oía en el fondo una sonata para piano de Beethoven en su oficina en un rascacielos de Ciudad de México.
Para cuando Calderón asumió el cargo en diciembre, las dos organizaciones de la droga más poderosas de México -los carteles de Sinaloa y del Golfo- estaban implicadas en una guerra por las ‘plazas', como llaman los mexicanos a los territorios de las drogas. Había matanzas casi todos los días. Fue entonces que Calderón, un orador público meticuloso y aplicado no conocido por discursos disparatados, empezó a tener éxito.
"Mi mano no temblará" a la hora de detener firmemente el crimen que tiene de rehenes a los mexicanos, dijo Calderón una y otra vez.
El 11 de diciembre, diez días después de asumir el cargo, Calderón lanzó la primera de seis operaciones militares, enviando a más de seis mil tropas y agentes de policía federales a su estado natal de Michoacán. Al día siguiente, un primo de la primera dama, Margarita Zavala, fue encontrado asesinado en el maletero de un coche en las afueras de Ciudad de México -un asesinato que algunos sospechan fue la represalia de las bandas de narcotraficantes. Imperturbable, Calderón envió tres semanas más tarde una fuerza de tres mil soldados a Tijuana.
El día después de la redada de Tijuana se convirtió en un momento decisivo de la guerra contra las drogas de Calderón. Se puso una gorra caqui y uniforme militar para revisar las tropas en la ciudad de Aparzingán, pretendidamente la primera vez en un siglo que un presidente mexicano lucía un uniforme militar. Los columnistas se apuraron a declarar que convertiría a México en un estado militar. Otros se burlaron de la holgura del uniforme en el poco atlético y pequeño Calderón.
"Se veía patético", dijo con desdén el senador Graco Ramírez -un justo castigo para Calderón que es hijo, nieto y hermano de generales del ejército mexicano- durante una entrevista reciente en el palacio legislativo de México.
Ramírez es más que un crítico de modas; él y otros miembros del Partido de la Revolución Democrática están entre los líderes de una iniciativa que busca declarar inconstitucional el uso de los militares en redadas contra las drogas. Medina Mora contrarresta que bajo la Constitución mexicana, las fuerzas armadas "no sólo tienen la autoridad sino además el deber de preservar el orden interno".
Calderón rechaza las críticas. En febrero anunció un aumento del 45 por ciento en el salario de las fuerzas armadas, una decisión que contrastó agudamente con la de reducir en un diez por ciento su propio salario y abolir las pensiones para los presidentes mexicanos.
Admiradores en Estados Unidos
En los seis meses desde que apareciera por primera vez en uniforme militar, Calderón ha enviado miles de tropas a las infames zonas de la droga en Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado, y a Acapulco, Veracruz y los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y a la capital de la industria mexicana, Monterrey. Los soldados instalan controles carreteros, acordonan zonas urbanas para hacer allanamientos casa por casa y a menudo se enfrentan a narcotraficantes fuertemente armados en batallas callejeras.
Las tropas han arrestado a más de 580 personas, según el gobierno, aunque sólo una parte pueden ser considerados figuras importantes. Desde que empezara la campaña militar, han muerto diecinueve soldados y 168 agentes de la policía; se han registrado más de mil ochenta muertes de civiles, aunque la mayoría de estas fueron el resultado de enfrentamientos internos entre los carteles.
Los analistas dicen que es muy pronto todavía para determinar si las operaciones militares tendrán efecto en el largo plazo. Los asesinatos por ejecución han disminuido en las últimas semanas, pero algunos boletines de prensa lo atribuyen a lo que llaman una tregua entre los carteles en conflicto; Medina Mora lo atribuye a los militares y dijo que no había pruebas de que existiese esa tregua.
Ninguna de las muertes ha resonado tanto como las cinco que ocurrieron por error el 2 de junio, cuando los soldados dispararon contra dos mujeres desarmadas y tres niños en un control carretero en el estado de Sonora al norte del país. Los asesinatos desencadenaron fuertes críticas en México, pero Calderón ha mantenido su estrategia militar.
Su enfoque le ha ganado admiradores en Estados Unidos, donde las agencias policiales han pedido durante largo tiempo que México se enfrente de manera más agresiva a los carteles de la droga.
Esa recepción positiva se produce en momentos potencialmente críticos en las conversaciones entre Estados Unidos y México para aumentar drásticamente la ayuda norteamericana.
Informes noticiosos compararon originalmente la iniciativa mexicana con el Plan Colombia de varios billones de dólares, un extenso paquete de ayuda destinado a erradicar la coca y erosionar el apoyo de los rebeldes marxistas. Diplomáticos mexicanos se han apresurado a indicar que sus propuestas difieren en un aspecto clave: No contempla una presencia militar norteamericana que se parezca a esa presencia en Colombia. Toda insinuación de que tropas norteamericanas operarían en México es aquí terriblemente incendiaria; la gente todavía cuida las históricas heridas de la Guerra Mexicana-Norteamericana de 1846-1848.
María Eugenia Campos Galván, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja en el Congreso mexicano, dijo en una entrevista que las autoridades mexicanas han considerado pedir hasta mil millones de dólares. El representante norteamericanos Silvestre Reyes (demócrata de Texas), presidente del comité de inteligencia de la Cámara, está pidiendo una mayor contribución en dólares norteamericanos.
"Si somos listos, será muy alta", dijo Reyes en una entrevista.
Las autoridades mexicanas dicen que han demostrado su cooperación aumentado agudamente las extradiciones -México ya superó su récord anual en 2007 con la extradición de 63 personas en los primeros seis meses del año. Esperan que Estados Unidos devuelva la mano pagando por el adiestramiento y equipos adicionales, incluyendo la tecnología que permitirá la transferencia instantánea de información entre funcionarios de las agencias policiales a los dos lados de la frontera. Calderón en particular ha sugerido que Estados Unidos tiene la obligación de ayudar en los costes de las operaciones policiales mexicanas debido a la dimensión en el uso de drogas ilegales en Estados Unidos.
Las conversaciones se han complicado por los problemas en Estados Unidos relacionados con México en momentos en que los legisladores en el Capitolio debaten las propuestas sobre la inmigración.
"Cuando ocurrió esa toma de rehenes en Rusia, recibí e-mails diciendo: ‘Es por eso que necesitamos una muralla en la frontera mexicana'", dijo Reyes. "Independientemente de lo que hagamos, habrá quien trate de politizar el asunto".
Las autoridades mexicanas están conscientes de que las tensiones políticas podrían retrasar o incluso echar a pique las propuestas de más ayuda norteamericana. De momento, se están preparando para meses, quizás años de batallas militares con los narcotraficantes sin ayuda extra de Estados Unidos y para largas mañanas de reuniones los lunes en la biblioteca presidencial.
17 de julio de 2007
7 de julio de 2007
©washington post
©traducción mQh
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