chiquita pagaba a paramilitares
[Carol D. Leonnig] En caso de terrorismo, Chiquita apunta a Estados Unidos. Compañía dice que ministerio de Justicia no respondió.
El 24 de abril de 2003, un miembro del directorio de Chiquita International Brands reveló a un alto funcionario del ministerio de Justicia que el rey del negocio de las bananas estaba evidentemente quebrantando las leyes antiterroristas del país.
Roderick M. Hills, que había pedido la reunión con el ex colega de bufete Michael Cherloff, explicó que Chiquita estaba pagando ‘protección' a un grupo paramilitar colombiano que está en el listado de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano. Hills dijo que sabía que esos pagos eran ilegales, de acuerdo a fuentes y actas judiciales, pero dijo que necesitaba la asesoría de Chertoff.
Chiquita, dijo Hills, se habría retirado del país si no hubiese podido seguir pagando al violento grupo de extrema derecha para asegurar las plantaciones de banano. Chertoff, entonces vice-ministro de Justicia y ahora secretario de Seguridad Interior, afirmó que los pagos eran ilegales, pero dijo que esperaron mientras medían las reacciones, de acuerdo a cinco fuentes familiarizadas con la reunión.
Funcionarios de Justicia han reconocido en actas judiciales que un funcionario en la reunión dijo que ellos entendían que la situación de Chiquita era "complicada" y tres de las fuentes identificaron a ese funcionario como Chertoff. Dijeron que él prometió volver a contactarse con la compañía después de consultar con asesores de seguridad nacional y el ministerio de Relaciones Exteriores sobre las ramificaciones más amplias para los intereses estadounidenses si la gigante empresa se retirara de un día para otro.
Fuentes cercanas a Chiquita dicen que Chertoff nunca volvió a ponerse en contacto con la compañía ni con sus abogados. Tampoco lo hizo Larry D. Thompson, el vice-ministro, al que los empleados de Chiquita acudieron después de que Chertoff dejara su puesto tras ser nombrado juez federal en junio de 2003. Y Chiquita siguió pagando durante casi un año más.
Lo que se discutió en la reunión del ministerio de Justicia, es ahora un tema central en una pesquisa criminal. De acuerdo a la versión de estas fuentes, el gobierno de Bush se orientaba en direcciones contradictorias, debido quizás a que su deseo de evitar problemas a un gobierno colombiano amistoso recién elegido, contradecía sus frecuentes declaraciones públicas de que apoyar a un grupo terrorista en cualquier parte del mundo constituía un delito grave y un error de política exterior.
Los ejecutivos de Chiquita dejaron la reunión convencidos de que el gobierno no había exigido claramente que suspendiera los pagos. Los fiscales federales, sin embargo, están ahora considerando si acusar a Hills; Robert Olson, que era entonces abogado general de Chiquita; ex presidente de Chiquita, Cyrus Friedheim; y otros ex empleados de la compañía por aprobar esos pagos ilegales, de acuerdo a archivos y fuentes próximas a la pesquisa.
La compañía ya se ha declarado culpable de pagar 1.7 millones de dólares en pagos a las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC) y accedió a pagar 25 millones de dólares de multa. Pero la semana pasada, los abogados de los ex ejecutivos de Chiquita enviaron cartas al ministerio de Justicia, diciendo que sus defendidos no rompieron la ley intencionalmente sino que creían que estaban esperando una respuesta de los más altos niveles del gobierno de Bush.
Los fiscales han dicho en actas judiciales que Chertoff y sus delegados en el ministerio de Justicia dejaron en claro en la reunión de abril de 2003 que Chiquita estaba violando la ley y que "los pagos... no podían continuar". Fuentes de gobierno dicen que los abogados en la sede de Justicia y en el despacho del fiscal general en Washington estaban encolerizados por lo que consideraban una flagrante continuación de esos pagos, pese a las advertencias.
El abogado de Chiquita International en este caso, Eric H. Holder Jr., dijo que está preocupado de que los ejecutivos de la compañía que decidieron dar el difícil paso de revelar las actividades ilegales de la compañía a los fiscales, ahora corren el riesgo de ser procesados.
"Si lo que quieres hacer es estimular las revelaciones voluntarias, ¿qué mensaje envía esto a las otras compañías?", se preguntó Holder, viceministro de Justicia en el gobierno de Clinton. "Aquí hay una compañía que revela voluntariamente lo que hizo en un contexto de seguridad nacional, y la compañía es tratada de manera bastante severa y, encima, persigues a individuos que tomaron una decisión muy difícil".
Chertoff, a través del portavoz Russ Knocke, se negó a discutir el asunto. "No voy a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo Knocke.
El portavoz del ministerio de Justicia, Dean Boyd, tampoco quiso hacer comentarios sobre los detalles, mencionando la pesquisa criminal pendiente. Pero enfatizó que toda compañía tiene la responsabilidad de acatar la ley.
"Si una compañía sólo puede hacer negocios en algún país si los hace ilegalmente, entonces la compañía no debería estar negocios allá", dijo Boyd.
Pero fuentes jurídicas de ambos lados dicen que hubo un genuino debate al interior del ministerio de Justicia sobre la gravedad del delito de pagar a las AUC. Para algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, los pagos de Chiquita no contribuían a la lucha contra peligros evidentes, como al Qaeda; en lugar de eso, el dinero se canalizaba hacia un violento grupo sudamericano que ayudaba a una importante compañía estadounidense a mantener una estabilizadora presencia en Colombia.
La fiscalía se concentró primero solamente en Chiquita de Cincinnati, el productor de bananas más grande del mundo y una de sus compañías de distribución de alimentos. Tiene operaciones en setenta países y 25 mil empleados y ha estado en Colombia durante más de un siglo, remontándose a los días de cuando la compañía se llamaba United Fruit.
A partir de 1997, de acuerdo a actas judiciales, la filial de Chiquita en Colombia, Banadex, empezó a hacer pagos en contante a las AUC. Los pagos fueron sugeridos por el cabecilla de las AUC, Carlos Castaño, que dijo que pensaba expulsar de la región noroeste de Urabá a las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo a esos documentos.
En septiembre de 2000, los ejecutivos de Chiquita se enteraron de los pagos en una auditoría interna, pero dejaron que continuaran, de acuerdo a un documento de la fiscalía que no ha sido rechazado por la compañía. En el convenio entre las partes, empleados de Chiquita dijeron que ellos sabían que a las AUC se las acusaba de numerosos secuestros y asesinatos en la región, pero no tenían otra alternativa si querían proteger la vida de sus trabajadores y asegurar sus operaciones en una época en que las guerrillas de las FARC estaban haciendo volar las vías férreas utilizadas por las compañías norteamericanas y secuestrando a extranjeros para pedir rescate.
El 10 de septiembre de 2001, el Departamento de Estado declaró que las AUC eran una organización terrorista internacional, prohibiendo que compañías estadounidenses tengan tratos con ella. Los fiscales dicen que altos empleados de la compañía estaban conscientes de la clasificación en 2002, y archivos internos de Chiquita muestran que la asesoría jurídica externa de la compañía les había advertido en febrero de 2003 "detener los pagos".
"Lo esencial: No Se Puede Hacer el Pago", aconsejó el bufete de abogados de Chiquita, de acuerdo a actas judiciales y fuentes.
El 3 de abril de 2003, la directiva de Chiquita decidió revelar los pagos a Justicia. En esa misma época, el abogado de Chiquita, Olson, contó a otros que él y Hills pensaron que la compañía tenía una sólida defensa y que debería dejar que el ministerio "nos demande, nos persiga" si no llegaban a un acuerdo, de acuerdo a fuentes y actas judiciales.
Entonces, el 24 de abril, los ejecutivos de la compañía se reunieron con funcionarios del ministerio de Justicia, incluyendo a Chertoff. Revelaron los pagos y los funcionarios del ministerio dijeron que estaban fuera de la ley. Hills dijo que lo aceptaba, pero enfatizó que Chiquita habría tenido que retirarse del país si no pagaba a las AUC, y observó que eso podría afectar los intereses de seguridad de Estados Unidos en esa región.
Es entonces cuando, según las cinco fuentes, Chertoff reconoció que el asunto era complicado, y dijo que les llamaría después de consultarlo con otros funcionarios de gobierno.
Una semana más tarde, Hills y Olson dijeron al comité de auditoría de la directiva de la compañía que el ministerio de Justicia les había dicho que no tendrían "responsabilidad por conductas en el pasado" y que no habían llegado a ninguna conclusión en cuanto a la "continuidad de los pagos", de acuerdo a un sumario del caso presentado por la fiscalía. La compañía autorizó nuevos pagos a las AUC a partir del 5 de mayo.
Después de que los empleados de Chiquita no recibieran respuesta de Chertoff, se reunieron con Thompson, que los aduló por "hacer lo correcto" al revelar los pagos, y, dijo también se pondría nuevamente en contacto para discutir cómo proceder, dijeron fuentes del ministerio de Defensa. Thompson, ahora abogado general de Pepsi-Cola, no respondió hasta ayer una petición de comentario.
El abogado de Hills, Reid H. Weingarten, dijo que su cliente alertó al gobierno sobre el problema, luego esperaron hasta que el gobierno preguntó qué querían hacer. Hills renunció al directorio en junio.
"Tan pronto como Rod Hills se enteró de que se estaba pagando a una organización terrorista, puso inmediatamente al corriente al ministerio de Justicia", dijo Weingarten. "Dijo que tenía una base razonable para creer que el ministerio de Justicia quería mantener el status quo mientras determinaban los temas difíciles".
Robert S. Litt, abogado de Olson, se negó a elaborar sobre el caso, pero dijo: "Bob Olson actuó correctamente al ayudar a Chiquita en una situación muy difícil, y tengo confianza en que el ministerio de Justicia estará de acuerdo".
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, y otros funcionarios colombianos han desechado las declaraciones de Chiquita de que fue víctima de extorsión y pagó a las AUC para proteger a sus trabajadores. Un informe de la Organización de Estados Americano de 2003 decía que Chiquita participó en el contrabando de miles de armas para los paramilitares en la región del norte de Urabá, utilizando muelles operados por la compañía para la descarga de rifles de asalto y municiones centroamericanas.
Iguarán, cuyo despacho ha estado investigando las operaciones de Chiquita, dijo que la compañía sabía que las AUC estaban utilizando pagos y armas para financiar operaciones contra los campesinos, sindicalistas y rivales. En la época de los pagos, las AUC estaban transformándose en un poderoso ejército y se estaban expandiendo en gran parte de Colombia, y, de acuerdo al gobierno colombiano, sus soldados mataron a miles de personas antes de la desmovilización.
El juez de distrito Royce C. Lambert, que debe decidir si acepta el acuerdo de la compañía Chiquita, advierte privadamente a las dos partes el mes pasado que quiere saber más sobre el papel jugado por los ejecutivos de Chiquita en la aprobación de los desembolsos, de acuerdo a fuentes familiarizadas con sus observaciones, hechas en una reunión cerrada en su despacho.
Lamberth dijo específicamente que quería saber qué empleados de la compañía tomaban las decisiones importantes y si serían acusados. Una vista sobre la proposición de convenio fue fijada para el lunes.
El 24 de abril de 2003, un miembro del directorio de Chiquita International Brands reveló a un alto funcionario del ministerio de Justicia que el rey del negocio de las bananas estaba evidentemente quebrantando las leyes antiterroristas del país.Roderick M. Hills, que había pedido la reunión con el ex colega de bufete Michael Cherloff, explicó que Chiquita estaba pagando ‘protección' a un grupo paramilitar colombiano que está en el listado de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano. Hills dijo que sabía que esos pagos eran ilegales, de acuerdo a fuentes y actas judiciales, pero dijo que necesitaba la asesoría de Chertoff.
Chiquita, dijo Hills, se habría retirado del país si no hubiese podido seguir pagando al violento grupo de extrema derecha para asegurar las plantaciones de banano. Chertoff, entonces vice-ministro de Justicia y ahora secretario de Seguridad Interior, afirmó que los pagos eran ilegales, pero dijo que esperaron mientras medían las reacciones, de acuerdo a cinco fuentes familiarizadas con la reunión.
Funcionarios de Justicia han reconocido en actas judiciales que un funcionario en la reunión dijo que ellos entendían que la situación de Chiquita era "complicada" y tres de las fuentes identificaron a ese funcionario como Chertoff. Dijeron que él prometió volver a contactarse con la compañía después de consultar con asesores de seguridad nacional y el ministerio de Relaciones Exteriores sobre las ramificaciones más amplias para los intereses estadounidenses si la gigante empresa se retirara de un día para otro.
Fuentes cercanas a Chiquita dicen que Chertoff nunca volvió a ponerse en contacto con la compañía ni con sus abogados. Tampoco lo hizo Larry D. Thompson, el vice-ministro, al que los empleados de Chiquita acudieron después de que Chertoff dejara su puesto tras ser nombrado juez federal en junio de 2003. Y Chiquita siguió pagando durante casi un año más.
Lo que se discutió en la reunión del ministerio de Justicia, es ahora un tema central en una pesquisa criminal. De acuerdo a la versión de estas fuentes, el gobierno de Bush se orientaba en direcciones contradictorias, debido quizás a que su deseo de evitar problemas a un gobierno colombiano amistoso recién elegido, contradecía sus frecuentes declaraciones públicas de que apoyar a un grupo terrorista en cualquier parte del mundo constituía un delito grave y un error de política exterior.
Los ejecutivos de Chiquita dejaron la reunión convencidos de que el gobierno no había exigido claramente que suspendiera los pagos. Los fiscales federales, sin embargo, están ahora considerando si acusar a Hills; Robert Olson, que era entonces abogado general de Chiquita; ex presidente de Chiquita, Cyrus Friedheim; y otros ex empleados de la compañía por aprobar esos pagos ilegales, de acuerdo a archivos y fuentes próximas a la pesquisa.
La compañía ya se ha declarado culpable de pagar 1.7 millones de dólares en pagos a las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC) y accedió a pagar 25 millones de dólares de multa. Pero la semana pasada, los abogados de los ex ejecutivos de Chiquita enviaron cartas al ministerio de Justicia, diciendo que sus defendidos no rompieron la ley intencionalmente sino que creían que estaban esperando una respuesta de los más altos niveles del gobierno de Bush.
Los fiscales han dicho en actas judiciales que Chertoff y sus delegados en el ministerio de Justicia dejaron en claro en la reunión de abril de 2003 que Chiquita estaba violando la ley y que "los pagos... no podían continuar". Fuentes de gobierno dicen que los abogados en la sede de Justicia y en el despacho del fiscal general en Washington estaban encolerizados por lo que consideraban una flagrante continuación de esos pagos, pese a las advertencias.
El abogado de Chiquita International en este caso, Eric H. Holder Jr., dijo que está preocupado de que los ejecutivos de la compañía que decidieron dar el difícil paso de revelar las actividades ilegales de la compañía a los fiscales, ahora corren el riesgo de ser procesados.
"Si lo que quieres hacer es estimular las revelaciones voluntarias, ¿qué mensaje envía esto a las otras compañías?", se preguntó Holder, viceministro de Justicia en el gobierno de Clinton. "Aquí hay una compañía que revela voluntariamente lo que hizo en un contexto de seguridad nacional, y la compañía es tratada de manera bastante severa y, encima, persigues a individuos que tomaron una decisión muy difícil".
Chertoff, a través del portavoz Russ Knocke, se negó a discutir el asunto. "No voy a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo Knocke.
El portavoz del ministerio de Justicia, Dean Boyd, tampoco quiso hacer comentarios sobre los detalles, mencionando la pesquisa criminal pendiente. Pero enfatizó que toda compañía tiene la responsabilidad de acatar la ley.
"Si una compañía sólo puede hacer negocios en algún país si los hace ilegalmente, entonces la compañía no debería estar negocios allá", dijo Boyd.
Pero fuentes jurídicas de ambos lados dicen que hubo un genuino debate al interior del ministerio de Justicia sobre la gravedad del delito de pagar a las AUC. Para algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, los pagos de Chiquita no contribuían a la lucha contra peligros evidentes, como al Qaeda; en lugar de eso, el dinero se canalizaba hacia un violento grupo sudamericano que ayudaba a una importante compañía estadounidense a mantener una estabilizadora presencia en Colombia.
La fiscalía se concentró primero solamente en Chiquita de Cincinnati, el productor de bananas más grande del mundo y una de sus compañías de distribución de alimentos. Tiene operaciones en setenta países y 25 mil empleados y ha estado en Colombia durante más de un siglo, remontándose a los días de cuando la compañía se llamaba United Fruit.
A partir de 1997, de acuerdo a actas judiciales, la filial de Chiquita en Colombia, Banadex, empezó a hacer pagos en contante a las AUC. Los pagos fueron sugeridos por el cabecilla de las AUC, Carlos Castaño, que dijo que pensaba expulsar de la región noroeste de Urabá a las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo a esos documentos.
En septiembre de 2000, los ejecutivos de Chiquita se enteraron de los pagos en una auditoría interna, pero dejaron que continuaran, de acuerdo a un documento de la fiscalía que no ha sido rechazado por la compañía. En el convenio entre las partes, empleados de Chiquita dijeron que ellos sabían que a las AUC se las acusaba de numerosos secuestros y asesinatos en la región, pero no tenían otra alternativa si querían proteger la vida de sus trabajadores y asegurar sus operaciones en una época en que las guerrillas de las FARC estaban haciendo volar las vías férreas utilizadas por las compañías norteamericanas y secuestrando a extranjeros para pedir rescate.
El 10 de septiembre de 2001, el Departamento de Estado declaró que las AUC eran una organización terrorista internacional, prohibiendo que compañías estadounidenses tengan tratos con ella. Los fiscales dicen que altos empleados de la compañía estaban conscientes de la clasificación en 2002, y archivos internos de Chiquita muestran que la asesoría jurídica externa de la compañía les había advertido en febrero de 2003 "detener los pagos".
"Lo esencial: No Se Puede Hacer el Pago", aconsejó el bufete de abogados de Chiquita, de acuerdo a actas judiciales y fuentes.
El 3 de abril de 2003, la directiva de Chiquita decidió revelar los pagos a Justicia. En esa misma época, el abogado de Chiquita, Olson, contó a otros que él y Hills pensaron que la compañía tenía una sólida defensa y que debería dejar que el ministerio "nos demande, nos persiga" si no llegaban a un acuerdo, de acuerdo a fuentes y actas judiciales.
Entonces, el 24 de abril, los ejecutivos de la compañía se reunieron con funcionarios del ministerio de Justicia, incluyendo a Chertoff. Revelaron los pagos y los funcionarios del ministerio dijeron que estaban fuera de la ley. Hills dijo que lo aceptaba, pero enfatizó que Chiquita habría tenido que retirarse del país si no pagaba a las AUC, y observó que eso podría afectar los intereses de seguridad de Estados Unidos en esa región.
Es entonces cuando, según las cinco fuentes, Chertoff reconoció que el asunto era complicado, y dijo que les llamaría después de consultarlo con otros funcionarios de gobierno.
Una semana más tarde, Hills y Olson dijeron al comité de auditoría de la directiva de la compañía que el ministerio de Justicia les había dicho que no tendrían "responsabilidad por conductas en el pasado" y que no habían llegado a ninguna conclusión en cuanto a la "continuidad de los pagos", de acuerdo a un sumario del caso presentado por la fiscalía. La compañía autorizó nuevos pagos a las AUC a partir del 5 de mayo.
Después de que los empleados de Chiquita no recibieran respuesta de Chertoff, se reunieron con Thompson, que los aduló por "hacer lo correcto" al revelar los pagos, y, dijo también se pondría nuevamente en contacto para discutir cómo proceder, dijeron fuentes del ministerio de Defensa. Thompson, ahora abogado general de Pepsi-Cola, no respondió hasta ayer una petición de comentario.
El abogado de Hills, Reid H. Weingarten, dijo que su cliente alertó al gobierno sobre el problema, luego esperaron hasta que el gobierno preguntó qué querían hacer. Hills renunció al directorio en junio.
"Tan pronto como Rod Hills se enteró de que se estaba pagando a una organización terrorista, puso inmediatamente al corriente al ministerio de Justicia", dijo Weingarten. "Dijo que tenía una base razonable para creer que el ministerio de Justicia quería mantener el status quo mientras determinaban los temas difíciles".
Robert S. Litt, abogado de Olson, se negó a elaborar sobre el caso, pero dijo: "Bob Olson actuó correctamente al ayudar a Chiquita en una situación muy difícil, y tengo confianza en que el ministerio de Justicia estará de acuerdo".
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, y otros funcionarios colombianos han desechado las declaraciones de Chiquita de que fue víctima de extorsión y pagó a las AUC para proteger a sus trabajadores. Un informe de la Organización de Estados Americano de 2003 decía que Chiquita participó en el contrabando de miles de armas para los paramilitares en la región del norte de Urabá, utilizando muelles operados por la compañía para la descarga de rifles de asalto y municiones centroamericanas.
Iguarán, cuyo despacho ha estado investigando las operaciones de Chiquita, dijo que la compañía sabía que las AUC estaban utilizando pagos y armas para financiar operaciones contra los campesinos, sindicalistas y rivales. En la época de los pagos, las AUC estaban transformándose en un poderoso ejército y se estaban expandiendo en gran parte de Colombia, y, de acuerdo al gobierno colombiano, sus soldados mataron a miles de personas antes de la desmovilización.
El juez de distrito Royce C. Lambert, que debe decidir si acepta el acuerdo de la compañía Chiquita, advierte privadamente a las dos partes el mes pasado que quiere saber más sobre el papel jugado por los ejecutivos de Chiquita en la aprobación de los desembolsos, de acuerdo a fuentes familiarizadas con sus observaciones, hechas en una reunión cerrada en su despacho.
Lamberth dijo específicamente que quería saber qué empleados de la compañía tomaban las decisiones importantes y si serían acusados. Una vista sobre la proposición de convenio fue fijada para el lunes.
Spencer S. Hsu y Juan Forero contribuyeron a este reportaje.
3 de agosto de 2007
2 de agosto de 2007
©washington post
©traducción mQh
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