desaparecidos no serán encontrados
[Nelly Yáñez y Sergio Espinosa] El documento del ex mayor Carlos Herrera Jiménez sobre lo que no se ha dicho en DD.HH. La última revelación del asesino de Tucapel Jiménez.
Santiago, Chile. La iniciativa de la Jefe de Estado para recabar más información sobre los detenidos desaparecidos fue bien recibida por organismos de derechos humanos, aunque esta vez hubo un mayor escepticismo.
En un reservado escrito de 34 páginas realizado en junio de 2006, al que tuvo acceso El Mercurio tras la decisión presidencial de reactivar las comisiones Rettig y Valech, el ex miembro de la CNI cuestiona con dureza el escaso avance de las investigaciones judiciales desde el regreso de la democracia, y que se haya castigado más a los que ejecutaron las órdenes de torturar y matar que a quienes las dieron. El ex oficial, quien ha sido el único en pedir perdón por sus actos, explica en detalle cómo operaron los organismos represivos del régimen militar para hacer desaparecer los cuerpos y por qué nunca serán encontrados.
La detallada descripción de cómo se eliminó a los detenidos: "Los DD.DD. nunca serán encontrados, porque el sistema funcionó lamentablemente muy bien".
El ex militar critica con dureza el lento ritmo que han tenido las investigaciones para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, señalando que "el conocimiento de la verdad histórica no es todo lo exitoso que se pretende hacer creer".
Para demostrar sus dichos, hace los siguientes cálculos, luego de 16 años de gobiernos de la Concertación: "¡No hay más que ocho causas terminadas y aclaradas!, de una estimación aproximada de más de 480 procesos en desarrollo a lo largo del país. Al mismo tiempo, de un total de 1.464 detenidos desaparecidos, se han identificado y entregado a sus familiares 162 cadáveres, incluidos los 96 ahora en duda del Patio 29 en el Cementerio General. Es ¡sólo el 12 por ciento!"
Haciendo una proyección, sostiene que "como hay en instrucción alrededor de 480 causas judiciales, de continuarse fallando a la misma velocidad tenida hasta ahora, una por año, quizá se necesitarían los mismos 480 años para poder pensar en lograr un 'definitivo reencuentro' entre todos los chilenos, es decir para el año 2486 nos podremos reconciliar".
Así, constata que "si dividimos la cantidad de cadáveres encontrados e identificados -172- por los 16 años de gobiernos de la Concertación, da el lamentable promedio de 10,125 cadáveres por año; para recuperar el total de detenidos desaparecidos, con la certeza tenida hasta ahora, se necesitarían 145 años".
"Convengamos, entonces, el sistema en ejecución adoptado para esclarecer las violaciones a los derechos humamos es insanablemente malo; por este camino, NUNCA se sabrá la verdad", concluye.
Desapariciones Planificadas
Pero es su explicación de la raíz del problema lo más revelador y sorprendente:
"¿Cómo explicarse que cadáveres, según se dijo (en la Mesa de Diálogo), lanzados al mar, apareciesen inhumados en el fuerte Arteaga del Ejército? ¿O hubo temor del Alto Mando de entregar la verdad, porque se les pudo enrostrar a ellos para responsabilidad penal? ¿O mejor se esperó que la verdad, o parte de ella, aflorare por algún subalterno y fuere éste, finalmente, sentenciado? ¿O acaso ese alto mando no pudo darla, porque sencillamente no la sabe? ¿O las autoridades militares y de Carabineros no se atrevieron a revelar la verdad por el impacto público que ésta pudiere provocar al quedar de manifiesto el brutal e inhumano procedimiento empleado?
"En este mismo organismo instrumental (Mesa de Diálogo), se dijo que en la cuesta Barriga, entre otros lugares, se habían inhumado cadáveres. Efectuadas las investigaciones por un ministro en visita, se encontraron huesos humanos menores que no hacían posible identificar a nadie; a su alrededor, muchas osamentas de perros.
"La cuestión es que, efectivamente, hubo exhumaciones ilegales entre los años 1978 y 1979, dispuestas por el director nacional de Informaciones, general Odlanier Mena Salinas; se sacaron de dicho lugar, previa recolección de perros muertos atropellados en la carretera Norte-Sur y, posteriormente, lanzados al mar en helicópteros. Dicha acción deja de manifiesto la planificación destinada a una 'solución final' para dicho problema, o sea, el engaño e impedir el encuentro de las personas y la verdad.
"Ni el oficial subalterno y los agentes que realizaron las exhumaciones, como la tripulación de los helicópteros que trasladaron los cuerpos, saben sobre qué cadáveres se hizo tal tratamiento.
"Y las respuestas a aquello, ¡por favor! no la busquen encarcelando a este oficial o a los pilotos, pues no saben más que lo que he indicado. ¡Exíjansela al general Pinochet, a su vicecomandante en jefe del Ejército, a su jefe del Estado Mayor, general Odlanier Mena, a su subdirector, su jefe del Estado mayor CNI, a su jefe de operaciones CNI, al comandante de Aviación del Ejército de aquellos años, a su segundo comandante y al jefe de operaciones aéreas, que realizaban los respectivos planes de vuelo. Ya está bueno que la justicia se centre sólo en los cabos mecánicos de helicópteros y en sus pilotos (...) así ha sido hasta hoy.
Cómo Mataban a los Detenidos
Según Herrera, la desaparición de personas tuvo varios procedimientos:
"1.- Hubo coordinación y mando de oficiales superiores o generales: por órdenes superiores, personal de una unidad detenía personas con nombre, apellidos y domicilio, los entregaba en otra unidad donde eran retenidos, quemados o destruidos los documentos identificatorios y se les cambiaba por un número. Ya sin identidad, los detenidos eran llevados a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber a quiénes, ya que a esas alturas eran sólo números. Luego, envueltos en sacos, por otro personal, inhumados o lanzados al mar y quienes hacían esta 'labor' sólo veían bultos, no personas.
"2.- Patrullas de las Fuerzas Armadas al mando de jóvenes subtenientes y tenientes o sargentos y cabos, hicieron de juez y parte frente a hechos de 'delación política', como jefes de las JAP, por ejemplo. También, frente a denuncias de delitos flagrantes o creyendo que así eran, fusilaron a personas sospechosas de tales actos in situ, pese a ser ilegal, aún en aquel tiempo. Quienes cometieron ese ilícito no obedecían a instrucciones de sus mandos.
"3.- Carabineros integrantes de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. (...) También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de FF.AA: Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden?
"4.- Unidades de la Policía de Investigaciones, sabedores que en su sector había delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel -como siempre ha sido-, en operaciones secretas y clandestinas los eliminaron actuando como escuadrones de la muerte. Tampoco correspondió a instrucciones del mando institucional.
"De los procedimientos señalados en los puntos 2 al 4 ha habido información y se ha logrado avanzar algo en la materia. Respecto del primer procedimiento, nada.
"La otra verdad resistida a revelar, oficialmente, es que buena parte de los detenidos desaparecidos NUNCA serán encontrados, porque el primer sistema descrito, aunque complejo, funcionó, en este caso, 'lamentablemente muy bien'.
"Esta es la gran verdad que tiene entrampado al país (...) creo que todos los chilenos la sabemos, pero esperamos que sean personas responsables, con autoridad y necesidad de saber que, dando la cara al país, oficialmente nos la explique, sin eufemismos, sino en forma clara y dejando palmariamente establecido, de una buena vez, que la posibilidad de encontrar el grueso de los detenidos desaparecidos es material e insalvablemente imposible, porque (...) el primer procedimiento explicado, por su complejidad y dado el tiempo transcurrido, más militares y carabineros partícipes que han fallecido, hacen materialmente imposible toda posibilidad de reconstruirlo.
"¡El grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, pues fueron arrojados al mar en diferentes lugares! O lo fueron poco tiempo después de ser detenidos o los lanzaron luego de las exhumaciones hechas entre 1978 y 1979.
"Me parece una gran injusticia y miserable falta de respeto para con los familiares de aquellos, que esta triste y vergonzosa verdad no sea develada clara, contundente y documentadamente a la brevedad".
Cronología: 17 Años de Búsqueda
24 de abril de 1990: Patricio Aylwin crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig.
8 de febrero de 1991: Comisión Rettig entrega su informe de 1.300 páginas al Presidente.
4 de marzo de 1991: Se da a conocer públicamente el informe, que concluye que la Dina es el mayor responsable de las desapariciones.
8 de febrero de 1992: Se publica en el Diario Oficial la Ley 19.123 que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
10 de agosto de 1993: Es enviada al Congreso la llamada Ley Aylwin, que busca designar ministros en visita para acelerar la investigación sobre atentados a los DD.HH.
3 de septiembre de 1993: Por peticiones de la propia Concertación, el Presidente Aylwin retira la urgencia a la normativa.
Julio de 1999: Impulsada por el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma se pone en marcha la llamada Mesa de Diálogo.
5 de enero de 2001: Las FF.AA. entregan a la Mesa de Diálogo su informe sobre el paradero de unos 200 detenidos desaparecidos.
6 de enero de 2001: El Presidente Ricardo Lagos entrega a la Corte Suprema la información sobre detenidos desaparecidos que le hicieron llegar las Fuerzas Armadas e instituciones religiosas y morales del país.
Abril de 2001: Lagos conforma una comisión interna y reservada de asesoría sobre DD.HH., que preside José Miguel Insulza.
Mayo de 2003: El senador UDI Jaime Orpis varias reuniones con familiares de detenidos desaparecidos en el Norte, quienes le piden buscar una solución. El presidente de ese partido, Pablo Longueira, se suma a las tratativas y propone un proyecto que busca entregar a estas personas herramientas legales para que puedan pedir el cierre de los procesos, declarar la muerte presunta y acceder a compensaciones económicas.
12 de agosto de 2003: El Gobierno da a conocer una propuesta de 40 páginas sobre DD.HH.. Bajo el nombre ‘No hay mañana sin ayer', propone cuatro medidas principales: formar una comisión sobre prisión política y tortura, mejorar las pensiones de los familiares de detenidos desaparecidos, otorgar un grado de perdón a quienes no estuvieran en posición ejecutiva en los crímenes más graves y crear un Instituto de Derechos Humanos.
13 de noviembre de 2003: Se forma la Comisión Valech, que preside monseñor Sergio Valech.
5 de noviembre de 2004: Se produce el histórico ‘Nunca Más' del comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
28 de noviembre de 2004: El Presidente Lagos da a conocer el Informe Valech. Son 28 mil las personas que según la ley de reparación dictada, recibirán una pensión mensual, por violaciones a los derechos humanos.
15 de diciembre de 2004: El Congreso despacha a tramitación el proyecto de ley que entrega beneficios a las víctimas de la tortura y la prisión política. Mientras los menores de 70 años recibirán $1.353.798 anuales, y los mayores de 70 pero menores de 75 lo harán en $1.480.284, los mayores a esa edad percibirán una pensión de $1.549.422 anuales.
Mayo de 2005: El gobierno ingresa al Congreso un proyecto de ley que establece la creación de un Instituto de Derechos Humanos.
22 de mayo de 2007: Sergio Bitar propone integrar al PC al Gobierno a través del Instituto de DD.HH.
22 de agosto de 2007: Presidenta Bachelet decide reabrir las comisiones Valech y Rettig por seis meses, por medio de la creación de una instancia asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que no hayan sido incluidos en las instancias presididas por el abogado Raúl Rettig y monseñor Valech.
Santiago, Chile. La iniciativa de la Jefe de Estado para recabar más información sobre los detenidos desaparecidos fue bien recibida por organismos de derechos humanos, aunque esta vez hubo un mayor escepticismo.En un reservado escrito de 34 páginas realizado en junio de 2006, al que tuvo acceso El Mercurio tras la decisión presidencial de reactivar las comisiones Rettig y Valech, el ex miembro de la CNI cuestiona con dureza el escaso avance de las investigaciones judiciales desde el regreso de la democracia, y que se haya castigado más a los que ejecutaron las órdenes de torturar y matar que a quienes las dieron. El ex oficial, quien ha sido el único en pedir perdón por sus actos, explica en detalle cómo operaron los organismos represivos del régimen militar para hacer desaparecer los cuerpos y por qué nunca serán encontrados.
La detallada descripción de cómo se eliminó a los detenidos: "Los DD.DD. nunca serán encontrados, porque el sistema funcionó lamentablemente muy bien".
El ex militar critica con dureza el lento ritmo que han tenido las investigaciones para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, señalando que "el conocimiento de la verdad histórica no es todo lo exitoso que se pretende hacer creer".
Para demostrar sus dichos, hace los siguientes cálculos, luego de 16 años de gobiernos de la Concertación: "¡No hay más que ocho causas terminadas y aclaradas!, de una estimación aproximada de más de 480 procesos en desarrollo a lo largo del país. Al mismo tiempo, de un total de 1.464 detenidos desaparecidos, se han identificado y entregado a sus familiares 162 cadáveres, incluidos los 96 ahora en duda del Patio 29 en el Cementerio General. Es ¡sólo el 12 por ciento!"
Haciendo una proyección, sostiene que "como hay en instrucción alrededor de 480 causas judiciales, de continuarse fallando a la misma velocidad tenida hasta ahora, una por año, quizá se necesitarían los mismos 480 años para poder pensar en lograr un 'definitivo reencuentro' entre todos los chilenos, es decir para el año 2486 nos podremos reconciliar".
Así, constata que "si dividimos la cantidad de cadáveres encontrados e identificados -172- por los 16 años de gobiernos de la Concertación, da el lamentable promedio de 10,125 cadáveres por año; para recuperar el total de detenidos desaparecidos, con la certeza tenida hasta ahora, se necesitarían 145 años".
"Convengamos, entonces, el sistema en ejecución adoptado para esclarecer las violaciones a los derechos humamos es insanablemente malo; por este camino, NUNCA se sabrá la verdad", concluye.
Desapariciones Planificadas
Pero es su explicación de la raíz del problema lo más revelador y sorprendente:
"¿Cómo explicarse que cadáveres, según se dijo (en la Mesa de Diálogo), lanzados al mar, apareciesen inhumados en el fuerte Arteaga del Ejército? ¿O hubo temor del Alto Mando de entregar la verdad, porque se les pudo enrostrar a ellos para responsabilidad penal? ¿O mejor se esperó que la verdad, o parte de ella, aflorare por algún subalterno y fuere éste, finalmente, sentenciado? ¿O acaso ese alto mando no pudo darla, porque sencillamente no la sabe? ¿O las autoridades militares y de Carabineros no se atrevieron a revelar la verdad por el impacto público que ésta pudiere provocar al quedar de manifiesto el brutal e inhumano procedimiento empleado?
"En este mismo organismo instrumental (Mesa de Diálogo), se dijo que en la cuesta Barriga, entre otros lugares, se habían inhumado cadáveres. Efectuadas las investigaciones por un ministro en visita, se encontraron huesos humanos menores que no hacían posible identificar a nadie; a su alrededor, muchas osamentas de perros.
"La cuestión es que, efectivamente, hubo exhumaciones ilegales entre los años 1978 y 1979, dispuestas por el director nacional de Informaciones, general Odlanier Mena Salinas; se sacaron de dicho lugar, previa recolección de perros muertos atropellados en la carretera Norte-Sur y, posteriormente, lanzados al mar en helicópteros. Dicha acción deja de manifiesto la planificación destinada a una 'solución final' para dicho problema, o sea, el engaño e impedir el encuentro de las personas y la verdad.
"Ni el oficial subalterno y los agentes que realizaron las exhumaciones, como la tripulación de los helicópteros que trasladaron los cuerpos, saben sobre qué cadáveres se hizo tal tratamiento.
"Y las respuestas a aquello, ¡por favor! no la busquen encarcelando a este oficial o a los pilotos, pues no saben más que lo que he indicado. ¡Exíjansela al general Pinochet, a su vicecomandante en jefe del Ejército, a su jefe del Estado Mayor, general Odlanier Mena, a su subdirector, su jefe del Estado mayor CNI, a su jefe de operaciones CNI, al comandante de Aviación del Ejército de aquellos años, a su segundo comandante y al jefe de operaciones aéreas, que realizaban los respectivos planes de vuelo. Ya está bueno que la justicia se centre sólo en los cabos mecánicos de helicópteros y en sus pilotos (...) así ha sido hasta hoy.
Cómo Mataban a los Detenidos
Según Herrera, la desaparición de personas tuvo varios procedimientos:
"1.- Hubo coordinación y mando de oficiales superiores o generales: por órdenes superiores, personal de una unidad detenía personas con nombre, apellidos y domicilio, los entregaba en otra unidad donde eran retenidos, quemados o destruidos los documentos identificatorios y se les cambiaba por un número. Ya sin identidad, los detenidos eran llevados a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber a quiénes, ya que a esas alturas eran sólo números. Luego, envueltos en sacos, por otro personal, inhumados o lanzados al mar y quienes hacían esta 'labor' sólo veían bultos, no personas.
"2.- Patrullas de las Fuerzas Armadas al mando de jóvenes subtenientes y tenientes o sargentos y cabos, hicieron de juez y parte frente a hechos de 'delación política', como jefes de las JAP, por ejemplo. También, frente a denuncias de delitos flagrantes o creyendo que así eran, fusilaron a personas sospechosas de tales actos in situ, pese a ser ilegal, aún en aquel tiempo. Quienes cometieron ese ilícito no obedecían a instrucciones de sus mandos.
"3.- Carabineros integrantes de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. (...) También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de FF.AA: Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden?
"4.- Unidades de la Policía de Investigaciones, sabedores que en su sector había delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel -como siempre ha sido-, en operaciones secretas y clandestinas los eliminaron actuando como escuadrones de la muerte. Tampoco correspondió a instrucciones del mando institucional.
"De los procedimientos señalados en los puntos 2 al 4 ha habido información y se ha logrado avanzar algo en la materia. Respecto del primer procedimiento, nada.
"La otra verdad resistida a revelar, oficialmente, es que buena parte de los detenidos desaparecidos NUNCA serán encontrados, porque el primer sistema descrito, aunque complejo, funcionó, en este caso, 'lamentablemente muy bien'.
"Esta es la gran verdad que tiene entrampado al país (...) creo que todos los chilenos la sabemos, pero esperamos que sean personas responsables, con autoridad y necesidad de saber que, dando la cara al país, oficialmente nos la explique, sin eufemismos, sino en forma clara y dejando palmariamente establecido, de una buena vez, que la posibilidad de encontrar el grueso de los detenidos desaparecidos es material e insalvablemente imposible, porque (...) el primer procedimiento explicado, por su complejidad y dado el tiempo transcurrido, más militares y carabineros partícipes que han fallecido, hacen materialmente imposible toda posibilidad de reconstruirlo.
"¡El grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, pues fueron arrojados al mar en diferentes lugares! O lo fueron poco tiempo después de ser detenidos o los lanzaron luego de las exhumaciones hechas entre 1978 y 1979.
"Me parece una gran injusticia y miserable falta de respeto para con los familiares de aquellos, que esta triste y vergonzosa verdad no sea develada clara, contundente y documentadamente a la brevedad".
Cronología: 17 Años de Búsqueda
24 de abril de 1990: Patricio Aylwin crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig.
8 de febrero de 1991: Comisión Rettig entrega su informe de 1.300 páginas al Presidente.
4 de marzo de 1991: Se da a conocer públicamente el informe, que concluye que la Dina es el mayor responsable de las desapariciones.
8 de febrero de 1992: Se publica en el Diario Oficial la Ley 19.123 que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
10 de agosto de 1993: Es enviada al Congreso la llamada Ley Aylwin, que busca designar ministros en visita para acelerar la investigación sobre atentados a los DD.HH.
3 de septiembre de 1993: Por peticiones de la propia Concertación, el Presidente Aylwin retira la urgencia a la normativa.
Julio de 1999: Impulsada por el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma se pone en marcha la llamada Mesa de Diálogo.
5 de enero de 2001: Las FF.AA. entregan a la Mesa de Diálogo su informe sobre el paradero de unos 200 detenidos desaparecidos.
6 de enero de 2001: El Presidente Ricardo Lagos entrega a la Corte Suprema la información sobre detenidos desaparecidos que le hicieron llegar las Fuerzas Armadas e instituciones religiosas y morales del país.
Abril de 2001: Lagos conforma una comisión interna y reservada de asesoría sobre DD.HH., que preside José Miguel Insulza.
Mayo de 2003: El senador UDI Jaime Orpis varias reuniones con familiares de detenidos desaparecidos en el Norte, quienes le piden buscar una solución. El presidente de ese partido, Pablo Longueira, se suma a las tratativas y propone un proyecto que busca entregar a estas personas herramientas legales para que puedan pedir el cierre de los procesos, declarar la muerte presunta y acceder a compensaciones económicas.
12 de agosto de 2003: El Gobierno da a conocer una propuesta de 40 páginas sobre DD.HH.. Bajo el nombre ‘No hay mañana sin ayer', propone cuatro medidas principales: formar una comisión sobre prisión política y tortura, mejorar las pensiones de los familiares de detenidos desaparecidos, otorgar un grado de perdón a quienes no estuvieran en posición ejecutiva en los crímenes más graves y crear un Instituto de Derechos Humanos.
13 de noviembre de 2003: Se forma la Comisión Valech, que preside monseñor Sergio Valech.
5 de noviembre de 2004: Se produce el histórico ‘Nunca Más' del comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
28 de noviembre de 2004: El Presidente Lagos da a conocer el Informe Valech. Son 28 mil las personas que según la ley de reparación dictada, recibirán una pensión mensual, por violaciones a los derechos humanos.
15 de diciembre de 2004: El Congreso despacha a tramitación el proyecto de ley que entrega beneficios a las víctimas de la tortura y la prisión política. Mientras los menores de 70 años recibirán $1.353.798 anuales, y los mayores de 70 pero menores de 75 lo harán en $1.480.284, los mayores a esa edad percibirán una pensión de $1.549.422 anuales.
Mayo de 2005: El gobierno ingresa al Congreso un proyecto de ley que establece la creación de un Instituto de Derechos Humanos.
22 de mayo de 2007: Sergio Bitar propone integrar al PC al Gobierno a través del Instituto de DD.HH.
22 de agosto de 2007: Presidenta Bachelet decide reabrir las comisiones Valech y Rettig por seis meses, por medio de la creación de una instancia asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que no hayan sido incluidos en las instancias presididas por el abogado Raúl Rettig y monseñor Valech.
26 de agosto de 2007
©el mercurio 
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