rechazan pacto pro impunidad
La diferencia pone en entredicho el pacto sobre Instituto de Derechos Humanos
Diputados de la Concertación rechazan acuerdo de Viera-Gallo con la Alianza.
Valparaíso, Chile. Un entendimiento de la semana pasada del ministro secretario general de la Presidencia con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) quitó a la entidad la facultad de intervenir en acciones judiciales a cambio de reabrir durante seis meses las comisiones Rettig y Valech para casos de DDHH.
El ministro José Antonio Viera-Gallo enfrenta un aprieto: el pacto que alcanzó el miércoles 5 con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) para lograr la aprobación del Instituto de Derechos Humanos está en crisis. Aquel día el secretario general de la Presidencia acordó con el binomio aliancista que la derecha votaría favorablemente la creación del ente y la reapertura de las comisiones Rettig y Valech para recalificar casos de violaciones de los derechos humanos. A cambio de ello Viera-Gallo accedió a que dentro de las atribuciones permanentes del instituto no estará la de hacerse parte en acciones judiciales.
El entendimiento que permitió la aprobación unánime del instituto en el pleno del Senado- ha causado la molestia de diputados de la Concertación y de organismos y abogados de derechos humanos. De hecho a las protestas de los legisladores se ha agregado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuya vicepresidenta Viviana Díaz informó que han solicitado una reunión urgente a la presidente Michelle Bachelet para reexaminar la situación del instituto.
La dirigenta se manifestó preocupada debido a que en la cámara alta se le quitó la facultad de seguir las querellas judiciales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Díaz sostuvo que su organización demanda que si los diputados no logran revertir la decisión de los senadores -para lo cual una mayoría de la cámara baja tendría que rechazar los cambios introducidos en el Senado, lo que permitiría formar una comisión mixta-, la presidente debería vetar el proyecto.
Según la AFDD, mantener la indicación sustitutiva consensuada por Viera-Gallo con Espina y Chadwick sería una señal definitiva de impunidad, ya que no se podrían proseguir los juicios que han llevado a varios miembros de la DINA a la cárcel en los últimos meses.
El rechazo parlamentario lo confirmaron ayer las bancadas. "Consideramos que las indicaciones, particularmente aquella que cercena la facultad de presentar acciones judiciales, desnaturaliza por completo la entidad", explicó el parlamentario PS Marcelo Díaz.
A su turno, la diputada Clemira Pacheco denunció la existencia de "una red de protección" a los violadores de los derechos humanos y dijo que "aquí se está negociando con la sangre de nuestros caídos".
Para el jefe del bloque, Fulvio Rossi, con las modificaciones "el Instituto de Derechos Humanos pierde todo el valor que tenía originalmente ( ) Para nosotros lo más importante es que tengamos un instituto que esté empoderado, que pueda defender a las personas, que pueda hacerse parte en aquellas querellas contra grandes violadores de los derechos humanos, de lo contrario tendremos un instituto sin ninguna facultad y sin ningún sentido".
En representación del PPD también se han opuesto a las modificaciones los congresistas Tucapel Jiménez y Antonio Leal y ayer insistió en ello el jefe del grupo, Jaime Quintana.
Según el jefe de diputados DC, Roberto León, los senadores aprobaron de manera unánime "porque la información que les llegó era que las agrupaciones de derechos humanos estaban de acuerdo y eso no es así".
Viera-Gallo en la tarde conversó largamente con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y los jefes de bancadas de la Concertación y luego puntualizó que los congresistas tienen "total derecho y autonomía" a oponerse. Sin embargo, apuntó, el gobierno hubiese preferido "obviamente que la Cámara aprobara el proyecto que salió del Senado, que no es el proyecto ideal, pero es el que nos parece posible".
Sin embargo, según el pepedeísta Jaime Quintana, "la gran mayoría de la Concertación, si no toda, va a rechazar estos tres o cuatro artículos que desnaturalizan todo el proyecto". A su juicio, "ha habido presiones de la oposición por llevar este tema tan delicado, sensible e importante para nuestro país, a un tema de relativismo electoral que nos parece inaceptable".
En la reunión del ministro Viera-Gallo con las bancadas se planteó la posibilidad de que sea el Defensor Ciudadano -también en trámite en el Congreso- el que asuma la facultad de entablar querellas, pero esta propuesta que convence a algunos, como al DC Gabriel Ascencio, no tomó fuerza a nivel de bancadas.
Según Viera-Gallo, la falta de capacidad judicial del instituto se puede suplir con el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior y para juicios futuros, respecto de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, basta con que el instituto denuncie ante el Ministerio Público.
Respeto al Consenso
El senador de RN y firmante del acuerdo con el ministro José Antonio Viera-Gallo, Alberto Espina, declaró ayer que espera -al igual que su homólogo de la UDI Andrés Chadwick- que la coalición gubernamental respete el pacto de la semana pasada. "El Instituto de Derechos Humanos tiene evidentemente una gran importancia, porque se trata de un organismo cuyos integrantes van a ser electos por un quórum alto, lo que garantiza la imparcialidad de esta entidad y tiene por objeto hacer un seguimiento para saber si en democracia se están respetando los derechos humanos o si hay que perfeccionar algunas leyes", señaló.
"Espero que este acuerdo político entre el gobierno y la Alianza sea respaldado por los parlamentarios de la Concertación, porque aquí ocurre una cosa insólita, y es que muchas veces la Alianza respalda los proyectos del gobierno y los legisladores del gobierno, los rechazan".
A su turno, Chadwick advirtió que serán los parlamentarios de la Concertación que rechacen el pacto con Viera-Gallo los responsables de que al final no haya un Instituto de Derechos Humanos.
Protestan Abogados de Interior
Los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que son parte en todos los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entregaron ayer una carta a la Presidenta Bachelet.
En ella recogen varios de los puntos que contiene su declaración emitida la semana pasada y le hacen ver que, así como el proyecto fue aprobado en el Senado, en la práctica ni ellos ni el nuevo Instituto de Derechos Humanos podrán seguir siendo parte y sosteniendo la acción penal.
En el documento sostienen que ello sucederá no sólo porque una de las modificaciones principales introducidas por el Senado, eliminó la facultad del nuevo instituto para actuar en estos juicios y en cualquier otro nuevo proceso que se instruya en materia de derechos humanos, sino también porque los cambios aprobados por la cámara alta en la práctica impiden a los abogados del programa continuar con su trabajo.
Entre otras cuestiones advierten que el programa debería entregar al instituto toda la documentación que heredó de las comisiones Rettig y Valech. "Por lo tanto, dado que este programa no podrá seguir efectuando sus funciones y el instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, este proyecto favorece a los defensores de los violadores de derechos humanos".
Diputados de la Concertación rechazan acuerdo de Viera-Gallo con la Alianza.
Valparaíso, Chile. Un entendimiento de la semana pasada del ministro secretario general de la Presidencia con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) quitó a la entidad la facultad de intervenir en acciones judiciales a cambio de reabrir durante seis meses las comisiones Rettig y Valech para casos de DDHH.El ministro José Antonio Viera-Gallo enfrenta un aprieto: el pacto que alcanzó el miércoles 5 con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) para lograr la aprobación del Instituto de Derechos Humanos está en crisis. Aquel día el secretario general de la Presidencia acordó con el binomio aliancista que la derecha votaría favorablemente la creación del ente y la reapertura de las comisiones Rettig y Valech para recalificar casos de violaciones de los derechos humanos. A cambio de ello Viera-Gallo accedió a que dentro de las atribuciones permanentes del instituto no estará la de hacerse parte en acciones judiciales.
El entendimiento que permitió la aprobación unánime del instituto en el pleno del Senado- ha causado la molestia de diputados de la Concertación y de organismos y abogados de derechos humanos. De hecho a las protestas de los legisladores se ha agregado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuya vicepresidenta Viviana Díaz informó que han solicitado una reunión urgente a la presidente Michelle Bachelet para reexaminar la situación del instituto.
La dirigenta se manifestó preocupada debido a que en la cámara alta se le quitó la facultad de seguir las querellas judiciales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Díaz sostuvo que su organización demanda que si los diputados no logran revertir la decisión de los senadores -para lo cual una mayoría de la cámara baja tendría que rechazar los cambios introducidos en el Senado, lo que permitiría formar una comisión mixta-, la presidente debería vetar el proyecto.
Según la AFDD, mantener la indicación sustitutiva consensuada por Viera-Gallo con Espina y Chadwick sería una señal definitiva de impunidad, ya que no se podrían proseguir los juicios que han llevado a varios miembros de la DINA a la cárcel en los últimos meses.
El rechazo parlamentario lo confirmaron ayer las bancadas. "Consideramos que las indicaciones, particularmente aquella que cercena la facultad de presentar acciones judiciales, desnaturaliza por completo la entidad", explicó el parlamentario PS Marcelo Díaz.
A su turno, la diputada Clemira Pacheco denunció la existencia de "una red de protección" a los violadores de los derechos humanos y dijo que "aquí se está negociando con la sangre de nuestros caídos".
Para el jefe del bloque, Fulvio Rossi, con las modificaciones "el Instituto de Derechos Humanos pierde todo el valor que tenía originalmente ( ) Para nosotros lo más importante es que tengamos un instituto que esté empoderado, que pueda defender a las personas, que pueda hacerse parte en aquellas querellas contra grandes violadores de los derechos humanos, de lo contrario tendremos un instituto sin ninguna facultad y sin ningún sentido".
En representación del PPD también se han opuesto a las modificaciones los congresistas Tucapel Jiménez y Antonio Leal y ayer insistió en ello el jefe del grupo, Jaime Quintana.
Según el jefe de diputados DC, Roberto León, los senadores aprobaron de manera unánime "porque la información que les llegó era que las agrupaciones de derechos humanos estaban de acuerdo y eso no es así".
Viera-Gallo en la tarde conversó largamente con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y los jefes de bancadas de la Concertación y luego puntualizó que los congresistas tienen "total derecho y autonomía" a oponerse. Sin embargo, apuntó, el gobierno hubiese preferido "obviamente que la Cámara aprobara el proyecto que salió del Senado, que no es el proyecto ideal, pero es el que nos parece posible".
Sin embargo, según el pepedeísta Jaime Quintana, "la gran mayoría de la Concertación, si no toda, va a rechazar estos tres o cuatro artículos que desnaturalizan todo el proyecto". A su juicio, "ha habido presiones de la oposición por llevar este tema tan delicado, sensible e importante para nuestro país, a un tema de relativismo electoral que nos parece inaceptable".
En la reunión del ministro Viera-Gallo con las bancadas se planteó la posibilidad de que sea el Defensor Ciudadano -también en trámite en el Congreso- el que asuma la facultad de entablar querellas, pero esta propuesta que convence a algunos, como al DC Gabriel Ascencio, no tomó fuerza a nivel de bancadas.
Según Viera-Gallo, la falta de capacidad judicial del instituto se puede suplir con el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior y para juicios futuros, respecto de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, basta con que el instituto denuncie ante el Ministerio Público.
Respeto al Consenso
El senador de RN y firmante del acuerdo con el ministro José Antonio Viera-Gallo, Alberto Espina, declaró ayer que espera -al igual que su homólogo de la UDI Andrés Chadwick- que la coalición gubernamental respete el pacto de la semana pasada. "El Instituto de Derechos Humanos tiene evidentemente una gran importancia, porque se trata de un organismo cuyos integrantes van a ser electos por un quórum alto, lo que garantiza la imparcialidad de esta entidad y tiene por objeto hacer un seguimiento para saber si en democracia se están respetando los derechos humanos o si hay que perfeccionar algunas leyes", señaló.
"Espero que este acuerdo político entre el gobierno y la Alianza sea respaldado por los parlamentarios de la Concertación, porque aquí ocurre una cosa insólita, y es que muchas veces la Alianza respalda los proyectos del gobierno y los legisladores del gobierno, los rechazan".
A su turno, Chadwick advirtió que serán los parlamentarios de la Concertación que rechacen el pacto con Viera-Gallo los responsables de que al final no haya un Instituto de Derechos Humanos.
Protestan Abogados de Interior
Los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que son parte en todos los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entregaron ayer una carta a la Presidenta Bachelet.
En ella recogen varios de los puntos que contiene su declaración emitida la semana pasada y le hacen ver que, así como el proyecto fue aprobado en el Senado, en la práctica ni ellos ni el nuevo Instituto de Derechos Humanos podrán seguir siendo parte y sosteniendo la acción penal.
En el documento sostienen que ello sucederá no sólo porque una de las modificaciones principales introducidas por el Senado, eliminó la facultad del nuevo instituto para actuar en estos juicios y en cualquier otro nuevo proceso que se instruya en materia de derechos humanos, sino también porque los cambios aprobados por la cámara alta en la práctica impiden a los abogados del programa continuar con su trabajo.
Entre otras cuestiones advierten que el programa debería entregar al instituto toda la documentación que heredó de las comisiones Rettig y Valech. "Por lo tanto, dado que este programa no podrá seguir efectuando sus funciones y el instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, este proyecto favorece a los defensores de los violadores de derechos humanos".
12 de septiembre de 2007
©la nación 
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