condenan a jefes paras
Un tribunal sentenció a Salvador Mancuso y Carlos Castaño a cuarenta años de cárcel por los asesinatos de dirigentes sindicales.
El sindicalismo colombiano se anotó una victoria. Por primera vez en la historia del país, los máximos líderes paramilitares fueron condenados por los secuestros y asesinatos de dirigentes gremiales. Un tribunal especialmente creado para juzgar los casos que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sentenció a Salvador Mancuso y Carlos Castaño –asesinado hace tres años– a cuarenta años de cárcel y a pagar una indemnización a las familias de las víctimas de más de dos millones de dólares. Sin embargo, Mancuso sólo cumplirá una pena de ocho años, gracias a la amnistía que firmó en 2004 cuando se desmovilizó. El gobierno de Álvaro Uribe ya dio señales de que apoyará los otros cientos de procesos que se están preparando, probablemente para destrabar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que estaba siendo rechazado por los sindicatos estadounidenses y los legisladores demócratas.
El fallo contra Mancuso, Castaño y otro paramilitar de menor rango, Uber Bánquez Martínez, es parte del primer paquete de sentencias de esta corte especial. En total fueron nueve casos, en los que también se condenó a un subteniente del ejército, tres soldados y un civil, todos a cuarenta años de cárcel. No obstante, en cuatro de los procesos los jueces determinaron que los asesinatos de los sindicalistas no tenían nada que ver con su actividad gremial. Uno de ellos es el de Manuel Charris, un trabajador de la carbonera Drummond asesinado en junio de 2001. A pesar de las denuncias de la OIT y de su familia y del sospechoso récord de muertes que acosa a la empresa norteamericana en el país, la Justicia colombiana decidió que Charris fue acribillado para robarle los 647 mil dólares que recién había sacado del banco.
Muchos dirigentes gremiales todavía tienen sus reservas sobre los resultados de esta primera parte de los juicios. De todas maneras, todavía queda un largo camino por recorrer. Ya hay otros 16 juicios en espera de un fallo y cerca de 1400 denuncias por tratar. Son los casos que lograron más resonancia, principalmente a nivel internacional. Pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya tiene planeado presionar para agregar todos los asesinatos, secuestros y desapariciones documentados. Según un informe que difundirán próximamente, 2832 líderes sindicales y trabajadores agremiados murieron violentamente entre 1986 y agosto pasado. "Aún hay impunidad en los casos contra sindicalistas, porque pocos se atreven a denunciar. La mayoría de situación se vive en el campo, donde hay miedo. Se ha aumentado el desplazamiento", resaltó Witney Chávez, presidente del sindicato de maestros Fecode.
Estas críticas se suman a los que recuerdan que los paramilitares que serán juzgados sólo cumplirán una pequeña parte de sus condenas, ya que la gran mayoría está amparada en la Ley de Justicia y Paz. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal fuerza paramilitar del país y la principal sospechosa de estar detrás de la persecución sindical, se desmovilizaron en los últimos años, bajo la condición de que el gobierno de Uribe no los extradite ni obligue a cumplir penas mayores de ocho años. Por eso, Mancuso y los otros paramilitares acusados están muy tranquilos. "El problema es que los paramilitares están detrás de la mayoría de los crímenes contra los sindicalistas del país", destacó Jaime Bamboa, presidente de la Unión Sindical Obrera. Para el dirigente gremial, esto no sólo significará que no habrá una justicia plena, sino que además les quita el incentivo a los paras de delatar a los autores intelectuales.
Para los analistas colombianos, el apoyo de Uribe a las investigaciones de la represión sindical tiene un claro objetivo político. A principio de mes una importante delegación norteamericana, dirigida por el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, desembarcó en Bogotá para mostrar la cara democrática y pacífica del país. El mandatario colombiano trató de convencer a cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente del "éxito" de su política de seguridad.
Sin embargo, en Estados Unidos el clima sigue adverso. "El presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente para enviar a la Justicia a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos, responsables de generalizadas violaciones de los derechos humanos", escribió recientemente The New York Times en su editorial. Al mismo tiempo, la Confederación Sindical Internacional, que representa a 168 millones de trabajadores de 153 países, contradecía al presidente Uribe y denunciaba que la persecución gremial había crecido el año pasado, alcanzando las 78 muertes. "Colombia sigue siendo el país más mortífero del mundo para los sindicalistas", sentenció la organización en su Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales 2006.
El sindicalismo colombiano se anotó una victoria. Por primera vez en la historia del país, los máximos líderes paramilitares fueron condenados por los secuestros y asesinatos de dirigentes gremiales. Un tribunal especialmente creado para juzgar los casos que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sentenció a Salvador Mancuso y Carlos Castaño –asesinado hace tres años– a cuarenta años de cárcel y a pagar una indemnización a las familias de las víctimas de más de dos millones de dólares. Sin embargo, Mancuso sólo cumplirá una pena de ocho años, gracias a la amnistía que firmó en 2004 cuando se desmovilizó. El gobierno de Álvaro Uribe ya dio señales de que apoyará los otros cientos de procesos que se están preparando, probablemente para destrabar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que estaba siendo rechazado por los sindicatos estadounidenses y los legisladores demócratas.El fallo contra Mancuso, Castaño y otro paramilitar de menor rango, Uber Bánquez Martínez, es parte del primer paquete de sentencias de esta corte especial. En total fueron nueve casos, en los que también se condenó a un subteniente del ejército, tres soldados y un civil, todos a cuarenta años de cárcel. No obstante, en cuatro de los procesos los jueces determinaron que los asesinatos de los sindicalistas no tenían nada que ver con su actividad gremial. Uno de ellos es el de Manuel Charris, un trabajador de la carbonera Drummond asesinado en junio de 2001. A pesar de las denuncias de la OIT y de su familia y del sospechoso récord de muertes que acosa a la empresa norteamericana en el país, la Justicia colombiana decidió que Charris fue acribillado para robarle los 647 mil dólares que recién había sacado del banco.
Muchos dirigentes gremiales todavía tienen sus reservas sobre los resultados de esta primera parte de los juicios. De todas maneras, todavía queda un largo camino por recorrer. Ya hay otros 16 juicios en espera de un fallo y cerca de 1400 denuncias por tratar. Son los casos que lograron más resonancia, principalmente a nivel internacional. Pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya tiene planeado presionar para agregar todos los asesinatos, secuestros y desapariciones documentados. Según un informe que difundirán próximamente, 2832 líderes sindicales y trabajadores agremiados murieron violentamente entre 1986 y agosto pasado. "Aún hay impunidad en los casos contra sindicalistas, porque pocos se atreven a denunciar. La mayoría de situación se vive en el campo, donde hay miedo. Se ha aumentado el desplazamiento", resaltó Witney Chávez, presidente del sindicato de maestros Fecode.
Estas críticas se suman a los que recuerdan que los paramilitares que serán juzgados sólo cumplirán una pequeña parte de sus condenas, ya que la gran mayoría está amparada en la Ley de Justicia y Paz. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal fuerza paramilitar del país y la principal sospechosa de estar detrás de la persecución sindical, se desmovilizaron en los últimos años, bajo la condición de que el gobierno de Uribe no los extradite ni obligue a cumplir penas mayores de ocho años. Por eso, Mancuso y los otros paramilitares acusados están muy tranquilos. "El problema es que los paramilitares están detrás de la mayoría de los crímenes contra los sindicalistas del país", destacó Jaime Bamboa, presidente de la Unión Sindical Obrera. Para el dirigente gremial, esto no sólo significará que no habrá una justicia plena, sino que además les quita el incentivo a los paras de delatar a los autores intelectuales.
Para los analistas colombianos, el apoyo de Uribe a las investigaciones de la represión sindical tiene un claro objetivo político. A principio de mes una importante delegación norteamericana, dirigida por el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, desembarcó en Bogotá para mostrar la cara democrática y pacífica del país. El mandatario colombiano trató de convencer a cuatro congresistas demócratas, un republicano y un independiente del "éxito" de su política de seguridad.
Sin embargo, en Estados Unidos el clima sigue adverso. "El presidente Álvaro Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente para enviar a la Justicia a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos, responsables de generalizadas violaciones de los derechos humanos", escribió recientemente The New York Times en su editorial. Al mismo tiempo, la Confederación Sindical Internacional, que representa a 168 millones de trabajadores de 153 países, contradecía al presidente Uribe y denunciaba que la persecución gremial había crecido el año pasado, alcanzando las 78 muertes. "Colombia sigue siendo el país más mortífero del mundo para los sindicalistas", sentenció la organización en su Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales 2006.
24 de octubre de 2007
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