quién controla a los ejércitos privados
[Karen DeYoung] El Departamento de Estado recurrió a Blackwater en medio de una pelea con el Pentágono sobre el personal de seguridad en Iraq.
En las Navidades pasadas en Bagdad, el embajador norteamericano Zalmay Khalilzad recibió una furiosa llamada telefónica del vicepresidente iraquí Adel Abdul Mahdi. Un norteamericano borracho, armado, deambulando por la Zona Verde después de una fiesta, había matado a balazos, la noche anterior, a uno de sus guardaespaldas personales, dijo Mahdi. Quería ver a Khalilzad de inmediato.
En la casa del vicepresidente, Khalilzad encontró reunida a la familia del guardaespaldas asesinado. Mahdi exigió la identidad del norteamericano y de su empleador. Y quería que el hombre fuera entregado a las autoridades iraquíes.
Después de consultar con el encargado jurídico de la embajada, Khalilzad identificó al norteamericano como Andrew J. Moonen, empleado de Blackwater USA, la compañía que se encarga de la seguridad de los diplomáticos norteamericanos en Bagdad. Pero no podía entregar a Moonen él mismo. Treinta y seis horas después del asesinato, Blackwater y la embajada ya lo habían embarcado fuera del país.
"Como se puede imaginar", dice el encargado de la Seguridad Diplomática de la embajada en un e-mail a su sede en Washington el día de su partida, "esto tiene serias implicaciones".
Pero como en casos previos de asesinatos cometidos por contratistas, el caso fue manejado ofreciendo excusas y el pago de reparaciones. Blackwater despidió a Moonen y le impuso una multa de 14.697 dólares, el total de la paga que se le adeudaba, una gratificación y el valor del billete de avión para volver a casa, de acuerdo a documentos de Blackwater. La suma se aproximaba a los quince mil dólares que la compañía había accedido a pagar a la familia del guardaespaldas iraquí.
Sin embargo, diez meses después -después de que guardias de Blackwater mataran a balazos a diecisiete civiles iraquíes en una rotonda en Bagdad el 16 de septiembre-, el Departamento de Estado ya no puede manejar discretamente las consecuencias de tener un ejército privado en Iraq. El FBI está investigando el incidente, Bagdad ha prometido revocar una ley que protege a los contratistas de la posibilidad de ser juzgados en Iraq y críticos en el Congreso han acusado al Buró de Seguridad Diplomática de no ejercer supervisión sobre Blackwater y otras compañías de seguridad bajo su autoridad.
Los tiroteos también han reabierto enconadas y antiguas disputas entre el Departamento de Estado y el Pentágono, que en los últimos años han peleado por decisiones políticas, incluyendo la decisión de invadir Iraq y el tratamiento otorgado a los detenidos. Esos amplios desacuerdos han girado frecuentemente sobre una pregunta muy delimitada: ¿Quién es responsable de la seguridad de los civiles estadounidenses que sirven en Iraq?
Mientras continúan las investigaciones del Departamento de Estado y del FBI, las fuerzas armadas filtraron su propio informe sobre los tiroteos del 16 de septiembre, constatando que no hay evidencias de que los guardias de Blackwater dispararan en defensa propia, como ha sostenido la compañía. Oficiales norteamericanos han criticado públicamente a los contratistas de seguridad como cowboys descontrolados que se granjean la aversión de los iraquíes que los militares están tratando de aproximar.
El ministro de Defensa, Robert M. Gates, dijo la semana pasada que los contratistas tienen objetivos militares cruzados, y ha sugerido que podrían ser colocados bajo su autoridad. Muchos en el Departamento de Estado ven esta medida como un intento de hacerse con más poder de un ministerio de Defensa que se ha negado durante largo tiempo a proporcionar protección a los diplomáticos. Desde los tiroteos del mes pasado, dijo un diplomático, el Pentágono "no ha ahorrado esfuerzos para erosionar a Blackwater y al Departamento de Estado".
En su sede en un rascacielos Rosslyn, el Buró de Seguridad Diplomática (SD) está en crisis. El servicio ha más que duplicado sus tres docenas de agentes en Bagdad, enviando de momento casi un tercio de la fuerza de elite para operaciones especiales de cien agentes que mantiene para emergencias en todo el mundo. La ministro de Relaciones Exteriores, Condeleezza Rice, ha ordenado que al menos un agente de SD acompañe a todo convoy con guardias de Blackwater que salga de la Zona Verde -un promedio de seis o siete al día- y ha instruido a SD que haga y archive transmisiones de radio y cintas de video de los vehículos de Blackwater para ser utilizadas como evidencias en cualquier futuro incidente.
Todavía se espera la revisión de Rice de un informe sobre las operaciones del contratista privado del Departamento de Estado. Algunos funcionarios especularon que Rice no tiene otra opción que remover de Iraq a los cerca de 900 empleados de seguridad de Blackwater; otros dicen que piensan que la compañía podrá permanecer hasta el término de su actual contrato, en mayo.
Remplazar a Blackwater -de lejos la más grande y visible de las tres compañías privadas de seguridad que operan bajo contrato con el Departamento de Estado en Iraq- será difícil y caro. Funcionarios de SD temen que su buró sea encargado permanentemente de la custodia de cientos de funcionarios civiles norteamericanos que ahora son protegidos por Blackwater en Iraq. El servicio sólo tiene mil cuatrocientos agentes adiestrados en todo el planeta, repartidos entre el edificio del Departamento de Estado en Washington, veinticinco oficinas en Estados Unidos y 285 instalaciones diplomáticas norteamericanas en el extranjero.
A corto plazo, ocuparse de la seguridad en Iraq implicará retirar agentes de otras misiones. Adiestrar nuevos agentes "tomará entre dieciocho meses y dos años, pues hay que identificarlos, controlar sus antecedentes, controlar su riesgo para la seguridad, proporcionarles siete meses de formación básica y un curso de adiestramiento para amenazas graves", dijo hace poco Richard Griffin, subsecretario de estado para Seguridad Diplomática.
Un nuevo contrato de 112 millones de dólares que fue firmado el mes pasado con Blackwater puede igualmente estar en peligro, de acuerdo a un importante funcionario de SD que, así como a otros actuales y antiguos funcionarios de gobierno y oficiales militares entrevistados para este artículo, comentaron el tema de los contratistas a condición de conservar el anonimato. El nuevo contrato -que agrega 241 empleados de Blackwater y aumenta su flota de helicópteros en Iraq de ocho a veinticuatro- proporcionará un componente aéreo de reacción rápida para el transporte de diplomáticos, evacuación y rescate médicos, dijo el alto funcionario, algo a lo que las fuerzas armadas se han negado a asignar recursos.
La necesidad de helicópteros, dijo el funcionario, se destacó todavía más cuando un convoy que trasladaba al embajador polaco en Bagdad fuera emboscado antes este mes. "Nuestro centro técnico en Bagdad oyó la comunicación radial" entre los guardaespaldas del embajador y los militares norteamericanos, dijo el funcionario. Cuando los militares dijeron que el rescate tomaría una hora, SD contactó a Blackwater. Su helicóptero evacuó en siete minutos a los muertos y heridos -incluyendo al embajador, gravemente quemado.
Pero a medida que crecen las críticas contra las operaciones de seguridad del Departamento de Estado, el lado negativo de tener un ejército de guardias privados a su disposición -y bajo su responsabilidad- se ha hecho más evidente, dijo el funcionario. "Deberíamos haberlo visto venir hace cuatro años".
Historia Discreta
Antes de que Iraq y Blackwater lo introdujeran a las audiencias en el Parlamento, SD prefería mantenerse entre las sombras diplomáticas. Sus tareas incluyen investigar fraudes con visados y pasaportes, proporcionar servicios de correo, y encargarse de la seguridad técnica y física de las instalaciones y personal en territorio nacional y en el extranjero del Departamento de Estado. Muy visiblemente, sus agentes proporcionan día y noche protección a la ministro del ministerio de Relaciones Exteriores y a dignatarios extranjeros visitantes.
Las embajadas norteamericanas tienen asignado un agente de SD como agente de seguridad regional. Empleados locales adiestrados se encargan de la protección de los edificios, pero no fue sino hasta 1994 que SD abordó una firma norteamericana para servicios de protección personal, contratando al DynCorp, de Virginia, para acompañar al exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide de regreso a Haití después de que las fuerzas armadas norteamericanas lo reinstalaran en el poder.
Más tarde se contrató temporalmente a otros contratistas norteamericanos para proteger a funcionarios norteamericanos en zonas conflictivas, incluyendo Bosnia y los territorios palestinos. Pero en su mayor parte, los diplomáticos norteamericanos que se aventuran fuera de sus embajadas son protegidos mínimamente con guardaespaldas locales o se encargan ellos mismos.
Marc Grossman, embajador norteamericano en Turquía a mediados de los años noventa, dijo a su personal que tomaran sus propias precauciones de seguridad. Después de perder empleados de la embajada en ataques, aconsejó a los empleados adquirir un dado de seis caras en sus guanteras; para estropear emboscadas, debían seguir una ruta distinta a casa cada día -las rutas eran representadas por cada número, dijo, y echar el dado cuando salían de casa en las mañanas.
Las operaciones de SD crecieron después de los atentados de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, pero no fue sino hasta que el gobierno declarara la guerra a los talibanes y a al-Qaeda en Afganistán en el otoño de 2001 que los contratistas de seguridad se convirtieron en un elemento fijo de la planilla de pago del Departamento de Estado.
Blackwater, de Carolina del Norte, fue contratada para proteger a Hamid Karzai, instalado primero como jefe del gobierno de transición en Kabul y más tarde elegido presidente. Karzai se mostraba reluctante a aceptar los guardaespaldas, dijo un diplomático norteamericano estacionado en Afganistán. "Le preocupaba la imagen que se crearía con guardaespaldas rubios o afro-americanos, e incluso mujeres". Karzai pidió guardias italo-americanos, que se pueden fundir más fácilmente.
Nacido en Afganistán, Zalmay Khalilzad, que llegó a Kabul en diciembre de 2001 como enviado especial del presidente Bush, y sirvió más tarde como embajador allá antes de trasladarse a Iraq en 2005, recibió quejas de Karzai sobre los contratistas. Los jefes tribales los insultaban cuando les negaban acceso a él; algunos incluso fueron derribados y aplastados contra el suelo cuando se acercaron demasiado agresivamente, dijo el diplomático norteamericano.
Blackwater también protegía a Khalilzad, cuya gratitud se veía mezclada con el temor de que los veloces convoyes de los guardias pudieran arrollar a un niño afgano que apareciera de improviso por una calle lateral.
Pero Afganistán, en términos de seguridad, era un juego de niños en comparación con lo que les esperaba más adelante en Iraq.
Opción Conveniente
Cuando las fuerzas armadas norteamericanas invadieron y ocuparon Iraq a principios de 2003, no había ninguna duda sobre quién se ocuparía de la seguridad de los funcionarios civiles que llegaban en grandes cantidades para rehacer el país. Con una orden firmada por Bush, la Coalición de la Autoridad Provisional y su jefe L. Paul Bremer informaban directamente al entonces ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld. Pero a medida que las tropas estadounidenses debieron prestar más atención a la creciente resistencia, el Pentágono contrató a Blackwater para proporcionar seguridad a Bremer y otros civiles.
Al año siguiente, mientras Estados Unidos preparaba la devolución de la soberanía a los iraquíes y el Departamento de Estado empezaba a planificar una embajada en Bagdad, Rumsfeld perdió su apuesta de conservar el control sobre la campaña norteamericana, incluyendo billones de dólares en fondos de reconstrucción. Una nueva orden del ejecutivo, firmada en enero de 2004, quitó al Departamento de Estado autoridad sobre operaciones militares. La venganza de Rumsfeld, al menos en opinión de muchos funcionarios del Departamento de Estado, fue retirar toda asistencia, excepto la mínima, a la seguridad diplomática.
"Donald Rumsfeld y el entonces subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, pensaban que esto no era problema de ellos", dijo un ex alto funcionario del Departamento de Estado. Las reuniones para negociar un memorándum oficial sobre el convenio entre el Departamento de Estado y el ministerio de Defensa durante la primavera de 2004 terminó en elocuentes peleas sobre temas como sus niveles respectivos de patriotismo y si las fuerzas armadas se encargarían de los servicios funerales de los diplomáticos caídos.
Pese a la tensión, muchos en el Departamento de Estado reconocieron el alegato del Pentágono de que los soldados no eran adiestrados como protectores personales. Otros temían que rodear a los funcionarios civiles con cascos y todoterrenos socavaría el mensaje de amable democracia que estaban tratando de implantar en Iraq.
"Se trataba de si queríamos llevar uniformes", dijo el funcionario de SD. "¿Deben los militares ocuparse de ese tipo de funciones?"
Estaba claro que la misión estaba más allá de las capacidades de SD, y cuando se aproximaba la apertura de la embajada a mediados de 2004, "teníamos que decidir qué íbamos a hacer", dijo el ex funcionario del Departamento de Estado. "Teníamos que trabajar y para eso necesitábamos protección".
El Departamento de Estado prefirió la solución más expedita: Coger todos los contratos de seguridad personal de Blackwater con el Pentágono y prolongarlos por un año. "Sí, fue un contrato sin licitación" justificado por "razones apremiantes", dijo William Moser, subsecretario de estado para logística en una declaración ante el Congreso hace poco. A mitad de camino del contrato, dijo Moser, una auditoría independiente obligó a Blackwater a bajar la propuesta de 140 a 106 millones de dólares.
El funcionario de SD rechazó las sugerencias en el Parlamento de que los contactos políticos de Blackwater con los republicanos y sus contribuciones a la campaña electoral influyó en su elección. "Voy a defender el contrato contra la opinión de todos los demás", dijo. "Especialmente del ministerio de Defensa". A los funcionarios del Departamento de Estado "no les interesa si Erik Prince [presidente de Blackwater] dio dinero a alguien". Blackwater era el único contratista en Iraq que tenía helicópteros y que contaba con personal e instalaciones en el lugar.
Cuando el contrato expiró en el verano de 2005, el Departamento de Estado pidió propuestas para importantes contratos de "servicios de protección personal en todo el mundo" para colocar todas las operaciones en Iraq, Afganistán y otros lugares bajo un solo paraguas. Blackwater formó un consorcio con las firmas norteamericanas DynCorp y Triple Canopy, y el grupo obtuvo un contrato de varios años por 1.2 billones de dólares.
Con tareas individuales a las que sólo estas tres firmas pueden postular, DynCorp proporciona seguridad personal en el norte de Iraq, y Triple Canopy en el sur. Blackwater cubre Bagdad y Hilla, y se lleva de lejos la cuota más grande de los 520 millones de dólares que gasta anualmente el Departamento de Estado en contratos de seguridad en Iraq.
Tanto Blackwater como el Departamento de Estado dicen que la firma hace bien su trabajo. El costo de enviar al extranjero a un diplomático o agente de la SD norteamericano varía "de unos 400 mil dólares para una misión normal en el mundo hasta un millón de dólares para una posición diplomática en Iraq", dijo al Congreso Moser, el funcionario encargado de logística del Departamento de Estado. "Así que cuando hablamos de usar a contratistas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y considerar cuáles serían los costes de una contratación directa".
SD entrega a los contratistas un listado de normas y procedimientos de mil páginas y afirma que todo el personal de seguridad cumple con estrictas exigencias, incluyendo experiencia militar o policial, y son controlados en términos de seguridad. Los contratistas son bien pagados para sus tareas de seguridad: Blackwater pide al Departamento de Estado 1.221 dólares con 62 centavos por día por un "especialista en seguridad de protección", de acuerdo a una factura de 2005 dada a conocer por el Comité de Control y Reforma del Gobierno de la Cámara.
Pero ese monto incluye todos los costes, dijo hace poco el director de Blackwater, Prince, en una entrevista en el programa ‘Charlie Rose'. "Son bien pagados, pero sólo se les paga eso los días que trabajan en una zona difícil. Tienen que pagar impuestos, federales y estatales. Tienen que contratar sus propios seguros médicos, sus propias hipotecas -todos beneficios que normalmente reciben los soldados".
De cualquier modo, dijo Prince, "yo sé que sería difícil para el Departamento de Estado reclutar a otras personas para que vengan acá y trabajen en la reconstrucción... si algunos de ellos vuelven a casa en ataúdes".
Diplomáticos norteamericanos que han servido en Iraq son unánimes en su defensa de Blackwater y otras firmas de seguridad que se encargan de su protección. Blackwater, dicen, ha perdido a más de treinta de sus propios empleados, y ni un solo diplomático.
Pero del mismo modo que los diplomáticos reciben sólo un adiestramiento rudimentario para protegerse a sí mismos, la SD tenía poca preparación y no tenía instrucciones comprehensivas para gestionar un ejercito privado de miles de personas. En particular, dijo el funcionario de SD, no se pensó demasiado en cómo serían los contratistas legalmente responsables en incidentes como el tiroteo del 16 de septiembre.
El control, reconoció el funcionario, "quizás no estuvo tan bien como debía".
En las Navidades pasadas en Bagdad, el embajador norteamericano Zalmay Khalilzad recibió una furiosa llamada telefónica del vicepresidente iraquí Adel Abdul Mahdi. Un norteamericano borracho, armado, deambulando por la Zona Verde después de una fiesta, había matado a balazos, la noche anterior, a uno de sus guardaespaldas personales, dijo Mahdi. Quería ver a Khalilzad de inmediato.En la casa del vicepresidente, Khalilzad encontró reunida a la familia del guardaespaldas asesinado. Mahdi exigió la identidad del norteamericano y de su empleador. Y quería que el hombre fuera entregado a las autoridades iraquíes.
Después de consultar con el encargado jurídico de la embajada, Khalilzad identificó al norteamericano como Andrew J. Moonen, empleado de Blackwater USA, la compañía que se encarga de la seguridad de los diplomáticos norteamericanos en Bagdad. Pero no podía entregar a Moonen él mismo. Treinta y seis horas después del asesinato, Blackwater y la embajada ya lo habían embarcado fuera del país.
"Como se puede imaginar", dice el encargado de la Seguridad Diplomática de la embajada en un e-mail a su sede en Washington el día de su partida, "esto tiene serias implicaciones".
Pero como en casos previos de asesinatos cometidos por contratistas, el caso fue manejado ofreciendo excusas y el pago de reparaciones. Blackwater despidió a Moonen y le impuso una multa de 14.697 dólares, el total de la paga que se le adeudaba, una gratificación y el valor del billete de avión para volver a casa, de acuerdo a documentos de Blackwater. La suma se aproximaba a los quince mil dólares que la compañía había accedido a pagar a la familia del guardaespaldas iraquí.
Sin embargo, diez meses después -después de que guardias de Blackwater mataran a balazos a diecisiete civiles iraquíes en una rotonda en Bagdad el 16 de septiembre-, el Departamento de Estado ya no puede manejar discretamente las consecuencias de tener un ejército privado en Iraq. El FBI está investigando el incidente, Bagdad ha prometido revocar una ley que protege a los contratistas de la posibilidad de ser juzgados en Iraq y críticos en el Congreso han acusado al Buró de Seguridad Diplomática de no ejercer supervisión sobre Blackwater y otras compañías de seguridad bajo su autoridad.
Los tiroteos también han reabierto enconadas y antiguas disputas entre el Departamento de Estado y el Pentágono, que en los últimos años han peleado por decisiones políticas, incluyendo la decisión de invadir Iraq y el tratamiento otorgado a los detenidos. Esos amplios desacuerdos han girado frecuentemente sobre una pregunta muy delimitada: ¿Quién es responsable de la seguridad de los civiles estadounidenses que sirven en Iraq?
Mientras continúan las investigaciones del Departamento de Estado y del FBI, las fuerzas armadas filtraron su propio informe sobre los tiroteos del 16 de septiembre, constatando que no hay evidencias de que los guardias de Blackwater dispararan en defensa propia, como ha sostenido la compañía. Oficiales norteamericanos han criticado públicamente a los contratistas de seguridad como cowboys descontrolados que se granjean la aversión de los iraquíes que los militares están tratando de aproximar.
El ministro de Defensa, Robert M. Gates, dijo la semana pasada que los contratistas tienen objetivos militares cruzados, y ha sugerido que podrían ser colocados bajo su autoridad. Muchos en el Departamento de Estado ven esta medida como un intento de hacerse con más poder de un ministerio de Defensa que se ha negado durante largo tiempo a proporcionar protección a los diplomáticos. Desde los tiroteos del mes pasado, dijo un diplomático, el Pentágono "no ha ahorrado esfuerzos para erosionar a Blackwater y al Departamento de Estado".
En su sede en un rascacielos Rosslyn, el Buró de Seguridad Diplomática (SD) está en crisis. El servicio ha más que duplicado sus tres docenas de agentes en Bagdad, enviando de momento casi un tercio de la fuerza de elite para operaciones especiales de cien agentes que mantiene para emergencias en todo el mundo. La ministro de Relaciones Exteriores, Condeleezza Rice, ha ordenado que al menos un agente de SD acompañe a todo convoy con guardias de Blackwater que salga de la Zona Verde -un promedio de seis o siete al día- y ha instruido a SD que haga y archive transmisiones de radio y cintas de video de los vehículos de Blackwater para ser utilizadas como evidencias en cualquier futuro incidente.
Todavía se espera la revisión de Rice de un informe sobre las operaciones del contratista privado del Departamento de Estado. Algunos funcionarios especularon que Rice no tiene otra opción que remover de Iraq a los cerca de 900 empleados de seguridad de Blackwater; otros dicen que piensan que la compañía podrá permanecer hasta el término de su actual contrato, en mayo.
Remplazar a Blackwater -de lejos la más grande y visible de las tres compañías privadas de seguridad que operan bajo contrato con el Departamento de Estado en Iraq- será difícil y caro. Funcionarios de SD temen que su buró sea encargado permanentemente de la custodia de cientos de funcionarios civiles norteamericanos que ahora son protegidos por Blackwater en Iraq. El servicio sólo tiene mil cuatrocientos agentes adiestrados en todo el planeta, repartidos entre el edificio del Departamento de Estado en Washington, veinticinco oficinas en Estados Unidos y 285 instalaciones diplomáticas norteamericanas en el extranjero.
A corto plazo, ocuparse de la seguridad en Iraq implicará retirar agentes de otras misiones. Adiestrar nuevos agentes "tomará entre dieciocho meses y dos años, pues hay que identificarlos, controlar sus antecedentes, controlar su riesgo para la seguridad, proporcionarles siete meses de formación básica y un curso de adiestramiento para amenazas graves", dijo hace poco Richard Griffin, subsecretario de estado para Seguridad Diplomática.
Un nuevo contrato de 112 millones de dólares que fue firmado el mes pasado con Blackwater puede igualmente estar en peligro, de acuerdo a un importante funcionario de SD que, así como a otros actuales y antiguos funcionarios de gobierno y oficiales militares entrevistados para este artículo, comentaron el tema de los contratistas a condición de conservar el anonimato. El nuevo contrato -que agrega 241 empleados de Blackwater y aumenta su flota de helicópteros en Iraq de ocho a veinticuatro- proporcionará un componente aéreo de reacción rápida para el transporte de diplomáticos, evacuación y rescate médicos, dijo el alto funcionario, algo a lo que las fuerzas armadas se han negado a asignar recursos.
La necesidad de helicópteros, dijo el funcionario, se destacó todavía más cuando un convoy que trasladaba al embajador polaco en Bagdad fuera emboscado antes este mes. "Nuestro centro técnico en Bagdad oyó la comunicación radial" entre los guardaespaldas del embajador y los militares norteamericanos, dijo el funcionario. Cuando los militares dijeron que el rescate tomaría una hora, SD contactó a Blackwater. Su helicóptero evacuó en siete minutos a los muertos y heridos -incluyendo al embajador, gravemente quemado.
Pero a medida que crecen las críticas contra las operaciones de seguridad del Departamento de Estado, el lado negativo de tener un ejército de guardias privados a su disposición -y bajo su responsabilidad- se ha hecho más evidente, dijo el funcionario. "Deberíamos haberlo visto venir hace cuatro años".
Historia Discreta
Antes de que Iraq y Blackwater lo introdujeran a las audiencias en el Parlamento, SD prefería mantenerse entre las sombras diplomáticas. Sus tareas incluyen investigar fraudes con visados y pasaportes, proporcionar servicios de correo, y encargarse de la seguridad técnica y física de las instalaciones y personal en territorio nacional y en el extranjero del Departamento de Estado. Muy visiblemente, sus agentes proporcionan día y noche protección a la ministro del ministerio de Relaciones Exteriores y a dignatarios extranjeros visitantes.
Las embajadas norteamericanas tienen asignado un agente de SD como agente de seguridad regional. Empleados locales adiestrados se encargan de la protección de los edificios, pero no fue sino hasta 1994 que SD abordó una firma norteamericana para servicios de protección personal, contratando al DynCorp, de Virginia, para acompañar al exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide de regreso a Haití después de que las fuerzas armadas norteamericanas lo reinstalaran en el poder.
Más tarde se contrató temporalmente a otros contratistas norteamericanos para proteger a funcionarios norteamericanos en zonas conflictivas, incluyendo Bosnia y los territorios palestinos. Pero en su mayor parte, los diplomáticos norteamericanos que se aventuran fuera de sus embajadas son protegidos mínimamente con guardaespaldas locales o se encargan ellos mismos.
Marc Grossman, embajador norteamericano en Turquía a mediados de los años noventa, dijo a su personal que tomaran sus propias precauciones de seguridad. Después de perder empleados de la embajada en ataques, aconsejó a los empleados adquirir un dado de seis caras en sus guanteras; para estropear emboscadas, debían seguir una ruta distinta a casa cada día -las rutas eran representadas por cada número, dijo, y echar el dado cuando salían de casa en las mañanas.
Las operaciones de SD crecieron después de los atentados de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, pero no fue sino hasta que el gobierno declarara la guerra a los talibanes y a al-Qaeda en Afganistán en el otoño de 2001 que los contratistas de seguridad se convirtieron en un elemento fijo de la planilla de pago del Departamento de Estado.
Blackwater, de Carolina del Norte, fue contratada para proteger a Hamid Karzai, instalado primero como jefe del gobierno de transición en Kabul y más tarde elegido presidente. Karzai se mostraba reluctante a aceptar los guardaespaldas, dijo un diplomático norteamericano estacionado en Afganistán. "Le preocupaba la imagen que se crearía con guardaespaldas rubios o afro-americanos, e incluso mujeres". Karzai pidió guardias italo-americanos, que se pueden fundir más fácilmente.
Nacido en Afganistán, Zalmay Khalilzad, que llegó a Kabul en diciembre de 2001 como enviado especial del presidente Bush, y sirvió más tarde como embajador allá antes de trasladarse a Iraq en 2005, recibió quejas de Karzai sobre los contratistas. Los jefes tribales los insultaban cuando les negaban acceso a él; algunos incluso fueron derribados y aplastados contra el suelo cuando se acercaron demasiado agresivamente, dijo el diplomático norteamericano.
Blackwater también protegía a Khalilzad, cuya gratitud se veía mezclada con el temor de que los veloces convoyes de los guardias pudieran arrollar a un niño afgano que apareciera de improviso por una calle lateral.
Pero Afganistán, en términos de seguridad, era un juego de niños en comparación con lo que les esperaba más adelante en Iraq.
Opción Conveniente
Cuando las fuerzas armadas norteamericanas invadieron y ocuparon Iraq a principios de 2003, no había ninguna duda sobre quién se ocuparía de la seguridad de los funcionarios civiles que llegaban en grandes cantidades para rehacer el país. Con una orden firmada por Bush, la Coalición de la Autoridad Provisional y su jefe L. Paul Bremer informaban directamente al entonces ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld. Pero a medida que las tropas estadounidenses debieron prestar más atención a la creciente resistencia, el Pentágono contrató a Blackwater para proporcionar seguridad a Bremer y otros civiles.
Al año siguiente, mientras Estados Unidos preparaba la devolución de la soberanía a los iraquíes y el Departamento de Estado empezaba a planificar una embajada en Bagdad, Rumsfeld perdió su apuesta de conservar el control sobre la campaña norteamericana, incluyendo billones de dólares en fondos de reconstrucción. Una nueva orden del ejecutivo, firmada en enero de 2004, quitó al Departamento de Estado autoridad sobre operaciones militares. La venganza de Rumsfeld, al menos en opinión de muchos funcionarios del Departamento de Estado, fue retirar toda asistencia, excepto la mínima, a la seguridad diplomática.
"Donald Rumsfeld y el entonces subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, pensaban que esto no era problema de ellos", dijo un ex alto funcionario del Departamento de Estado. Las reuniones para negociar un memorándum oficial sobre el convenio entre el Departamento de Estado y el ministerio de Defensa durante la primavera de 2004 terminó en elocuentes peleas sobre temas como sus niveles respectivos de patriotismo y si las fuerzas armadas se encargarían de los servicios funerales de los diplomáticos caídos.
Pese a la tensión, muchos en el Departamento de Estado reconocieron el alegato del Pentágono de que los soldados no eran adiestrados como protectores personales. Otros temían que rodear a los funcionarios civiles con cascos y todoterrenos socavaría el mensaje de amable democracia que estaban tratando de implantar en Iraq.
"Se trataba de si queríamos llevar uniformes", dijo el funcionario de SD. "¿Deben los militares ocuparse de ese tipo de funciones?"
Estaba claro que la misión estaba más allá de las capacidades de SD, y cuando se aproximaba la apertura de la embajada a mediados de 2004, "teníamos que decidir qué íbamos a hacer", dijo el ex funcionario del Departamento de Estado. "Teníamos que trabajar y para eso necesitábamos protección".
El Departamento de Estado prefirió la solución más expedita: Coger todos los contratos de seguridad personal de Blackwater con el Pentágono y prolongarlos por un año. "Sí, fue un contrato sin licitación" justificado por "razones apremiantes", dijo William Moser, subsecretario de estado para logística en una declaración ante el Congreso hace poco. A mitad de camino del contrato, dijo Moser, una auditoría independiente obligó a Blackwater a bajar la propuesta de 140 a 106 millones de dólares.
El funcionario de SD rechazó las sugerencias en el Parlamento de que los contactos políticos de Blackwater con los republicanos y sus contribuciones a la campaña electoral influyó en su elección. "Voy a defender el contrato contra la opinión de todos los demás", dijo. "Especialmente del ministerio de Defensa". A los funcionarios del Departamento de Estado "no les interesa si Erik Prince [presidente de Blackwater] dio dinero a alguien". Blackwater era el único contratista en Iraq que tenía helicópteros y que contaba con personal e instalaciones en el lugar.
Cuando el contrato expiró en el verano de 2005, el Departamento de Estado pidió propuestas para importantes contratos de "servicios de protección personal en todo el mundo" para colocar todas las operaciones en Iraq, Afganistán y otros lugares bajo un solo paraguas. Blackwater formó un consorcio con las firmas norteamericanas DynCorp y Triple Canopy, y el grupo obtuvo un contrato de varios años por 1.2 billones de dólares.
Con tareas individuales a las que sólo estas tres firmas pueden postular, DynCorp proporciona seguridad personal en el norte de Iraq, y Triple Canopy en el sur. Blackwater cubre Bagdad y Hilla, y se lleva de lejos la cuota más grande de los 520 millones de dólares que gasta anualmente el Departamento de Estado en contratos de seguridad en Iraq.
Tanto Blackwater como el Departamento de Estado dicen que la firma hace bien su trabajo. El costo de enviar al extranjero a un diplomático o agente de la SD norteamericano varía "de unos 400 mil dólares para una misión normal en el mundo hasta un millón de dólares para una posición diplomática en Iraq", dijo al Congreso Moser, el funcionario encargado de logística del Departamento de Estado. "Así que cuando hablamos de usar a contratistas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y considerar cuáles serían los costes de una contratación directa".
SD entrega a los contratistas un listado de normas y procedimientos de mil páginas y afirma que todo el personal de seguridad cumple con estrictas exigencias, incluyendo experiencia militar o policial, y son controlados en términos de seguridad. Los contratistas son bien pagados para sus tareas de seguridad: Blackwater pide al Departamento de Estado 1.221 dólares con 62 centavos por día por un "especialista en seguridad de protección", de acuerdo a una factura de 2005 dada a conocer por el Comité de Control y Reforma del Gobierno de la Cámara.
Pero ese monto incluye todos los costes, dijo hace poco el director de Blackwater, Prince, en una entrevista en el programa ‘Charlie Rose'. "Son bien pagados, pero sólo se les paga eso los días que trabajan en una zona difícil. Tienen que pagar impuestos, federales y estatales. Tienen que contratar sus propios seguros médicos, sus propias hipotecas -todos beneficios que normalmente reciben los soldados".
De cualquier modo, dijo Prince, "yo sé que sería difícil para el Departamento de Estado reclutar a otras personas para que vengan acá y trabajen en la reconstrucción... si algunos de ellos vuelven a casa en ataúdes".
Diplomáticos norteamericanos que han servido en Iraq son unánimes en su defensa de Blackwater y otras firmas de seguridad que se encargan de su protección. Blackwater, dicen, ha perdido a más de treinta de sus propios empleados, y ni un solo diplomático.
Pero del mismo modo que los diplomáticos reciben sólo un adiestramiento rudimentario para protegerse a sí mismos, la SD tenía poca preparación y no tenía instrucciones comprehensivas para gestionar un ejercito privado de miles de personas. En particular, dijo el funcionario de SD, no se pensó demasiado en cómo serían los contratistas legalmente responsables en incidentes como el tiroteo del 16 de septiembre.
El control, reconoció el funcionario, "quizás no estuvo tan bien como debía".
25 de octubre de 2007
21 de octubre de 2007
©washington post
©traducción mQh
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