revés para derechos humanos
[Luis Narváez y Javier Rebolledo] El prefecto Rafael Castillo y su polémica salida de Investigaciones. "Las causas de derechos humanos se van a resentir".
Santiago, Chile. El histórico jefe del equipo policial que ha aclarado más del 95% de los delitos cometidos en dictadura fue llamado a retiro, lo que dejó en vilo el futuro de las investigaciones aún no resueltas. El detective habla aquí de los años duros de la transición y del costo que tuvo que pagar por enfrentarse al director de la policía civil, Arturo Herrera.
Su nombre comenzó a hacerse conocido a mediados de la década de los noventa, cuando se empezaron a investigar los primeros casos de violaciones de los derechos humanos. En ese entonces, Rafael Castillo dirigía el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, brigada en la que se concentraron las indagaciones, incluidas las de mayor connotación pública, como el asesinato de Orlando Letelier o, más tarde, el caso Pinochet.
Él y sus hombres fueron hostigados por ex agentes de la dictadura, seguidos por la inteligencia militar y amenazados de muerte por encumbrados oficiales. Su carrera que comenzó como asistente policial culminó hace dos semanas, cuando, con el cargo de prefecto inspector, debió dejar el mando de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado, Derechos Humanos y Asuntos Especiales.
Su salida ocurrió en medio de una polémica, que la justicia aún investiga, porque Castillo habría desobedecido, en 2005, una orden de la Dirección Nacional para favorecer a un general (R) del Ejército, involucrado en violaciones de los derechos humanos. Aquella vez, dos detectives de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) se acercaron para denunciar que el director nacional, Arturo Herrera, los estaba presionando para modificar los resultados de una investigación que inculpaba al general de Ejército Miguel Trincado Araneda, entonces en servicio activo, en la inhumación ilegal de restos óseos de Calama. Castillo se enfrentó a Herrera, su amigo y compadre, diciéndole que la petición le parecía inaceptable.
Hoy dice que aquel episodio le costó su salida y que actualmente se sigue hostigando al resto del equipo que trabajó por más de diez años con él, responsable del esclarecimiento de más del 95% de los casos ocurridos durante y después de la dictadura militar.
Ya el año pasado, Herrera lo había marginado del alto mando, pero la Presidenta Michelle Bachelet ordenó reintegrarlo para que continuara al frente del trabajo de derechos humanos. Este año, sin embargo, Castillo pasó a retiro, tras 35 años de servicio. Y lo hizo sin haber revelado ni resuelto su más grande y secreto dolor: no haber dado con el paradero de sus primos, detenidos desaparecidos desde 1976.
¿Cómo reaccionó cuando le informaron de las presiones a favor de Trincado?
Yo no acepté la presión bajo ningún punto de vista ni cambié mi parecer. Pero supe que el costo iba a ser alto y que me iban a hacer la vida imposible pasándome a retiro. Preferí pagar ese costo antes que lo hiciera mi gente, que estaba trabajando en forma honesta, esclareciendo toda la verdad.
Sucedió lo que usted temía.
Sí, pero mucha gente se dio cuenta que era por no dar cumplimiento a una orden que, a mi parecer, era ilegal. No iba a sacrificar un trabajo investigativo de diez años porque alguien me pidiera que cambiara un informe.
¿Esa petición le llegó a usted directamente?
Lógico.
¿Por qué cree que Herrera habría sugerido cambiar los resultados de una investigación que ya estaba en poder de un tribunal?
No lo sé. El general [Trincado] reconoce que fue en un par de oportunidades a la casa del director [Herrera] y que se había articulado una operación para echarme a mí y al director, y que otra persona quedara a cargo de la institución. Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia.
¿Querían sacar a Arturo Herrera?
Claro. Pero los asesores que tiene no son los mejores. Lo único que hice fue salvar la imagen de nuestro director y decirle: señor, no se puede hacer y no se aceptará ningún tipo de presión, porque el responsable de esa jefatura soy yo.
¿Lo conversaron personalmente?
Sí, cara a cara. Le hice ver mi punto de vista y le dije, en forma responsable, que como subalterno siempre le iba a ser leal, lo que no significaba que vulneraría la ley.
¿Cree que durante el período en que siguió en Investigaciones gracias a una decisión de la Presidenta se respetó su trabajo y el de la unidad?
Pienso que no, porque no dieron los medios que correspondían para hacer una buena investigación. Eso se ve en el caso de Pamela Pereira, cuando se descubrieron los restos óseos de los fusilados y se dijo que no había dinero para contratar gente y agilizar los trabajos. La señora Pereira fue, habló con gente y de repente apareció una cantidad mínima de recursos para seguir con esos trabajos. No hubo el apoyo económico como sí lo hubo cuando estaba [Nelson] Mery. Mery era un tipo muy honesto, fue un gran gestor en la solución de los problemas de derechos humanos.
Finalmente, este año el director nuevamente lo llamó a retiro, ahora con éxito.
Sí. Aunque lo respeto mucho, creo que está mal asesorado.
Hay gente de su equipo que ha sido separada de sus funciones. El comisario Sandro Gaete está como jefe de archivo. ¿Cree que se busca desmantelar el trabajo en derechos humanos?
Las causas de derechos humanos se van a resentir. Todos los detectives tienen un nivel profesional alto, pero a la gente involucrada en este tema es difícil reemplazarla, porque se pierde mucho conocimiento. Hay información que manejan a cabalidad, y si se les pregunta por una persona con un apodo, ellos saben de quién se trata. Un agente que no sabe puede estar buscándolo durante muchos meses.
¿Por qué sus detectives son perseguidos?
Porque debo haber sido uno de los pocos que contradijo la orden de un superior. Pero fue en beneficio del mismo director y de la institución.
¿Hay una voluntad de perjudicarlos?
Sí, pero no por el jefe nacional. Es voluntad de otra gente dentro de la institución.
Hostigamientos
¿Le duele lo que está ocurriendo?
Me duele mucho porque el que tuvo que tomar una decisión fui yo, y tuve que pagar por tomar una decisión que iba contra mi dignidad. A mí me pasaron la cuenta. Yo estoy muy agradecido con la institución, porque lo mejor que tiene en estos momentos son sus hombres, pero no tiene todos los medios que merecen.
¿Cree que Investigaciones ha sido postergada?
No puede haber tanta diferencia con los beneficios de las fuerzas armadas. Lo menos que se puede hacer es igualarlos en cuanto a medios y la parte económica, respetarlos en su trabajo y no presionarlos para que hagan cosas indebidas. Pero los controles internos son buenos. Durante varios años estuve a cargo del Departamento Quinto, Asuntos Internos, y durante ese tiempo la institución se ganó un prestigio. Quiero que eso perdure, porque la gente lo merece, pero también quiero que se les respete como profesionales que son. Que no les digan de la noche a la mañana que se tienen que ir.
¿Fueron hostigados por la inteligencia policial?
Lo que más me duele fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí.
¿No se respetó la intención de la Presidenta de que siguiera con las investigaciones?
No, para nada.
Herrera quiere crear una jefatura de derechos humanos. ¿No le parece una medida oportuna?
Si eso se hubiera hecho en un comienzo, si los medios hubieran llegado antes, estaría de acuerdo. Pero ahora todos saben que los casos de derechos humanos se están agotando y están casi todos resueltos.
¿Es un volador de luces?
No diría eso. Al Gobierno le interesa que a este tema se le den más medios. Pero durante mi jefatura no se dieron los medios que correspondían.
¿Cómo cree que su trabajo aportó al país?
Soy un tipo idealista, con creencias políticas y religiosas. No hay ningún militar que pueda cuestionar que no le di la dignidad que correspondía. Eso es lo que más se respetó. Los informes se hicieron para que Chile se viera como un país transparente. Asistí a varias reuniones para explicar que en Chile se respetan los derechos humanos y que la corrupción era mínima. Eso sirvió para que Chile pudiera tener tratados económicos, porque los temas principales son los de derechos humanos y medio ambiente, que también estaban a mi cargo.
¿Tuvo que pagar muchos costos por trabajar temas de derechos humanos?
A mí me tocaron los tiempos más complicados para investigar, y siempre salí airoso y victorioso. Porque tuve suerte con los equipos de trabajo que tuve.
Los organismos internacionales de derechos humanos creen que usted también es una víctima.
No me siento víctima, soy un funcionario que cumplió con su deber, que hizo lo que tenía que hacer. Me voy orgulloso de una institución a la que pertenecí por más de 30 años y donde jamás hice nada ilegal.
Muchos creen que sus problemas comenzaron porque quería ser director.
Ese fue un comentario muy malintencionado. Eso lo hablé con el director y le dije que no tenía ninguna aspiración, porque soy un tipo de bajo perfil. Pero pienso que se pudieron hacer muchas cosas en beneficio de la institución y del país. El tiempo me dará la razón, el tiempo se va a encargar de aclarar que jamás he sido un traidor y que lo único que hice fue pelear por los derechos de los demás detectives.
Familia Perdida
¿Es cierto que tiene familiares detenidos desaparecidos?
Es un tema muy personal que nunca he comentado. Tengo dos primos hermanos de Quinta Normal, con quienes compartí mucho desde chico, que en 1977 fueron secuestrados desde una población y nunca más se supo de ellos. Su madre todavía tiene la pieza tal cual como si hubiesen salido a trabajar. Les cambia las sábanas de la cama y ordena su ropa. Además, les deja la puerta sin seguro, por si algún día llegan en la noche.
¿Tenían militancia política?
Ninguna. Estaban junto a unos amigos en la calle y pasó un camión con gente vestida con camuflaje. Eran como cinco y a ellos no se los querían llevar, pero pidieron acompañar a los detenidos. Nunca más se supo de ellos. Irónicamente, es parte del 5% de casos que no pudimos resolver.
Con todo el poder que tuvo no lo pudo solucionar.
Lo he tratado de investigar sin resultados. A veces pasa así. Mi tía me pregunta todo el tiempo: "Rafita, ¿qué has sabido de mis hijos?". Pero es un tema del que no me gusta hablar, en parte porque se puede cuestionar mi trabajo profesional.
¿Nunca nadie intentó ofrecerle información de sus familiares a cambio de algún favor?
No, porque esto no lo sabía casi nadie, sólo gente de mi círculo familiar más cercano.
Jueces
¿Hay jueces que pudieron hacer más para resolver los casos de derechos humanos?
No soy el más indicado para criticar a jueces, ellos son los dueños de la investigación. Nosotros sólo somos un órgano asesor.
¿Hubo presiones sobre el juez del caso Letelier, Adolfo Bañados?
Recibió muchas, sobre todo a nivel familiar. A mí me tocó investigar algunas y tuve que darlas a conocer al Gobierno porque, además, yo era su investigador escolta.
¿Fueron meses de mucha tensión?
Sí. De hecho, alguien arrojó en su jardín el arma que utilizó el hijo del general Manuel Contreras para asesinar a una persona, en una clara señal de provocación. Pero Bañados fue muy valiente y perseverante en el trabajo investigativo; aprendí mucho de él.
Amenazas
¿Fue un período complicado para investigar?
Recibí amenazas de muerte, envenenaron a mis dos perros e intentaron quemar mi casa. Fue muy complicado, porque ellos contaban con todos los medios. Y no me refiero al Ejército como institución, sino a ex agentes de las fuerzas armadas que estaban siendo investigados, algunos de ellos en servicio activo. Pero eso no impidió nuestro objetivo final.
¿Cuál fue la amenaza más directa que recibió?
Otro detective y yo fuimos amenazados de muerte por un ex director de la CNI, cuando lo entrevistábamos en su despacho.
Santiago, Chile. El histórico jefe del equipo policial que ha aclarado más del 95% de los delitos cometidos en dictadura fue llamado a retiro, lo que dejó en vilo el futuro de las investigaciones aún no resueltas. El detective habla aquí de los años duros de la transición y del costo que tuvo que pagar por enfrentarse al director de la policía civil, Arturo Herrera.Su nombre comenzó a hacerse conocido a mediados de la década de los noventa, cuando se empezaron a investigar los primeros casos de violaciones de los derechos humanos. En ese entonces, Rafael Castillo dirigía el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, brigada en la que se concentraron las indagaciones, incluidas las de mayor connotación pública, como el asesinato de Orlando Letelier o, más tarde, el caso Pinochet.
Él y sus hombres fueron hostigados por ex agentes de la dictadura, seguidos por la inteligencia militar y amenazados de muerte por encumbrados oficiales. Su carrera que comenzó como asistente policial culminó hace dos semanas, cuando, con el cargo de prefecto inspector, debió dejar el mando de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado, Derechos Humanos y Asuntos Especiales.
Su salida ocurrió en medio de una polémica, que la justicia aún investiga, porque Castillo habría desobedecido, en 2005, una orden de la Dirección Nacional para favorecer a un general (R) del Ejército, involucrado en violaciones de los derechos humanos. Aquella vez, dos detectives de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) se acercaron para denunciar que el director nacional, Arturo Herrera, los estaba presionando para modificar los resultados de una investigación que inculpaba al general de Ejército Miguel Trincado Araneda, entonces en servicio activo, en la inhumación ilegal de restos óseos de Calama. Castillo se enfrentó a Herrera, su amigo y compadre, diciéndole que la petición le parecía inaceptable.
Hoy dice que aquel episodio le costó su salida y que actualmente se sigue hostigando al resto del equipo que trabajó por más de diez años con él, responsable del esclarecimiento de más del 95% de los casos ocurridos durante y después de la dictadura militar.
Ya el año pasado, Herrera lo había marginado del alto mando, pero la Presidenta Michelle Bachelet ordenó reintegrarlo para que continuara al frente del trabajo de derechos humanos. Este año, sin embargo, Castillo pasó a retiro, tras 35 años de servicio. Y lo hizo sin haber revelado ni resuelto su más grande y secreto dolor: no haber dado con el paradero de sus primos, detenidos desaparecidos desde 1976.
¿Cómo reaccionó cuando le informaron de las presiones a favor de Trincado?
Yo no acepté la presión bajo ningún punto de vista ni cambié mi parecer. Pero supe que el costo iba a ser alto y que me iban a hacer la vida imposible pasándome a retiro. Preferí pagar ese costo antes que lo hiciera mi gente, que estaba trabajando en forma honesta, esclareciendo toda la verdad.
Sucedió lo que usted temía.
Sí, pero mucha gente se dio cuenta que era por no dar cumplimiento a una orden que, a mi parecer, era ilegal. No iba a sacrificar un trabajo investigativo de diez años porque alguien me pidiera que cambiara un informe.
¿Esa petición le llegó a usted directamente?
Lógico.
¿Por qué cree que Herrera habría sugerido cambiar los resultados de una investigación que ya estaba en poder de un tribunal?
No lo sé. El general [Trincado] reconoce que fue en un par de oportunidades a la casa del director [Herrera] y que se había articulado una operación para echarme a mí y al director, y que otra persona quedara a cargo de la institución. Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia.
¿Querían sacar a Arturo Herrera?
Claro. Pero los asesores que tiene no son los mejores. Lo único que hice fue salvar la imagen de nuestro director y decirle: señor, no se puede hacer y no se aceptará ningún tipo de presión, porque el responsable de esa jefatura soy yo.
¿Lo conversaron personalmente?
Sí, cara a cara. Le hice ver mi punto de vista y le dije, en forma responsable, que como subalterno siempre le iba a ser leal, lo que no significaba que vulneraría la ley.
¿Cree que durante el período en que siguió en Investigaciones gracias a una decisión de la Presidenta se respetó su trabajo y el de la unidad?
Pienso que no, porque no dieron los medios que correspondían para hacer una buena investigación. Eso se ve en el caso de Pamela Pereira, cuando se descubrieron los restos óseos de los fusilados y se dijo que no había dinero para contratar gente y agilizar los trabajos. La señora Pereira fue, habló con gente y de repente apareció una cantidad mínima de recursos para seguir con esos trabajos. No hubo el apoyo económico como sí lo hubo cuando estaba [Nelson] Mery. Mery era un tipo muy honesto, fue un gran gestor en la solución de los problemas de derechos humanos.
Finalmente, este año el director nuevamente lo llamó a retiro, ahora con éxito.
Sí. Aunque lo respeto mucho, creo que está mal asesorado.
Hay gente de su equipo que ha sido separada de sus funciones. El comisario Sandro Gaete está como jefe de archivo. ¿Cree que se busca desmantelar el trabajo en derechos humanos?
Las causas de derechos humanos se van a resentir. Todos los detectives tienen un nivel profesional alto, pero a la gente involucrada en este tema es difícil reemplazarla, porque se pierde mucho conocimiento. Hay información que manejan a cabalidad, y si se les pregunta por una persona con un apodo, ellos saben de quién se trata. Un agente que no sabe puede estar buscándolo durante muchos meses.
¿Por qué sus detectives son perseguidos?
Porque debo haber sido uno de los pocos que contradijo la orden de un superior. Pero fue en beneficio del mismo director y de la institución.
¿Hay una voluntad de perjudicarlos?
Sí, pero no por el jefe nacional. Es voluntad de otra gente dentro de la institución.
Hostigamientos
¿Le duele lo que está ocurriendo?
Me duele mucho porque el que tuvo que tomar una decisión fui yo, y tuve que pagar por tomar una decisión que iba contra mi dignidad. A mí me pasaron la cuenta. Yo estoy muy agradecido con la institución, porque lo mejor que tiene en estos momentos son sus hombres, pero no tiene todos los medios que merecen.
¿Cree que Investigaciones ha sido postergada?
No puede haber tanta diferencia con los beneficios de las fuerzas armadas. Lo menos que se puede hacer es igualarlos en cuanto a medios y la parte económica, respetarlos en su trabajo y no presionarlos para que hagan cosas indebidas. Pero los controles internos son buenos. Durante varios años estuve a cargo del Departamento Quinto, Asuntos Internos, y durante ese tiempo la institución se ganó un prestigio. Quiero que eso perdure, porque la gente lo merece, pero también quiero que se les respete como profesionales que son. Que no les digan de la noche a la mañana que se tienen que ir.
¿Fueron hostigados por la inteligencia policial?
Lo que más me duele fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí.
¿No se respetó la intención de la Presidenta de que siguiera con las investigaciones?
No, para nada.
Herrera quiere crear una jefatura de derechos humanos. ¿No le parece una medida oportuna?
Si eso se hubiera hecho en un comienzo, si los medios hubieran llegado antes, estaría de acuerdo. Pero ahora todos saben que los casos de derechos humanos se están agotando y están casi todos resueltos.
¿Es un volador de luces?
No diría eso. Al Gobierno le interesa que a este tema se le den más medios. Pero durante mi jefatura no se dieron los medios que correspondían.
¿Cómo cree que su trabajo aportó al país?
Soy un tipo idealista, con creencias políticas y religiosas. No hay ningún militar que pueda cuestionar que no le di la dignidad que correspondía. Eso es lo que más se respetó. Los informes se hicieron para que Chile se viera como un país transparente. Asistí a varias reuniones para explicar que en Chile se respetan los derechos humanos y que la corrupción era mínima. Eso sirvió para que Chile pudiera tener tratados económicos, porque los temas principales son los de derechos humanos y medio ambiente, que también estaban a mi cargo.
¿Tuvo que pagar muchos costos por trabajar temas de derechos humanos?
A mí me tocaron los tiempos más complicados para investigar, y siempre salí airoso y victorioso. Porque tuve suerte con los equipos de trabajo que tuve.
Los organismos internacionales de derechos humanos creen que usted también es una víctima.
No me siento víctima, soy un funcionario que cumplió con su deber, que hizo lo que tenía que hacer. Me voy orgulloso de una institución a la que pertenecí por más de 30 años y donde jamás hice nada ilegal.
Muchos creen que sus problemas comenzaron porque quería ser director.
Ese fue un comentario muy malintencionado. Eso lo hablé con el director y le dije que no tenía ninguna aspiración, porque soy un tipo de bajo perfil. Pero pienso que se pudieron hacer muchas cosas en beneficio de la institución y del país. El tiempo me dará la razón, el tiempo se va a encargar de aclarar que jamás he sido un traidor y que lo único que hice fue pelear por los derechos de los demás detectives.
Familia Perdida
¿Es cierto que tiene familiares detenidos desaparecidos?
Es un tema muy personal que nunca he comentado. Tengo dos primos hermanos de Quinta Normal, con quienes compartí mucho desde chico, que en 1977 fueron secuestrados desde una población y nunca más se supo de ellos. Su madre todavía tiene la pieza tal cual como si hubiesen salido a trabajar. Les cambia las sábanas de la cama y ordena su ropa. Además, les deja la puerta sin seguro, por si algún día llegan en la noche.
¿Tenían militancia política?
Ninguna. Estaban junto a unos amigos en la calle y pasó un camión con gente vestida con camuflaje. Eran como cinco y a ellos no se los querían llevar, pero pidieron acompañar a los detenidos. Nunca más se supo de ellos. Irónicamente, es parte del 5% de casos que no pudimos resolver.
Con todo el poder que tuvo no lo pudo solucionar.
Lo he tratado de investigar sin resultados. A veces pasa así. Mi tía me pregunta todo el tiempo: "Rafita, ¿qué has sabido de mis hijos?". Pero es un tema del que no me gusta hablar, en parte porque se puede cuestionar mi trabajo profesional.
¿Nunca nadie intentó ofrecerle información de sus familiares a cambio de algún favor?
No, porque esto no lo sabía casi nadie, sólo gente de mi círculo familiar más cercano.
Jueces
¿Hay jueces que pudieron hacer más para resolver los casos de derechos humanos?
No soy el más indicado para criticar a jueces, ellos son los dueños de la investigación. Nosotros sólo somos un órgano asesor.
¿Hubo presiones sobre el juez del caso Letelier, Adolfo Bañados?
Recibió muchas, sobre todo a nivel familiar. A mí me tocó investigar algunas y tuve que darlas a conocer al Gobierno porque, además, yo era su investigador escolta.
¿Fueron meses de mucha tensión?
Sí. De hecho, alguien arrojó en su jardín el arma que utilizó el hijo del general Manuel Contreras para asesinar a una persona, en una clara señal de provocación. Pero Bañados fue muy valiente y perseverante en el trabajo investigativo; aprendí mucho de él.
Amenazas
¿Fue un período complicado para investigar?
Recibí amenazas de muerte, envenenaron a mis dos perros e intentaron quemar mi casa. Fue muy complicado, porque ellos contaban con todos los medios. Y no me refiero al Ejército como institución, sino a ex agentes de las fuerzas armadas que estaban siendo investigados, algunos de ellos en servicio activo. Pero eso no impidió nuestro objetivo final.
¿Cuál fue la amenaza más directa que recibió?
Otro detective y yo fuimos amenazados de muerte por un ex director de la CNI, cuando lo entrevistábamos en su despacho.
25 de noviembre de 2007
©la nación 
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