piden fin de leyes antiterroristas
Presos mapuches en huelga de hambre. "Se debe abordar el tema de la militarización del territorio. Las comunidades, hoy, están sitiadas, acorraladas, y no sólo por Carabineros. Estamos muy cerca del paramilitarismo".
Chile. Han pasado dos meses exactos desde que iniciaron una huelga de hambre en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista que los mantiene en la cárcel acusados de participar en atentados incendiarios contra empresas forestales. Pese a ello, la activista Patricia Troncoso y el comunero Héctor Llaitul no han cedido en sus exigencias: libertad y juicio justo. Aunque han bajado un promedio de 20 kilos desde que iniciaron la huelga junto a otros tres peñis (hermanos), la Chepa y el supuesto líder militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) exigen, desde el módulo de la prisión de Angol, una mesa de diálogo con el Gobierno.
¿Por qué no han dado frutos las negociaciones para encontrar una solución a su demanda?
Patricia Troncoso: Obedece a una política de Estado que no quiere negociar una solución y sigue reprimiendo al pueblo mapuche, con el cercamiento de las comunidades. Y son todas las instancias que forman parte de ese Estado. Tampoco la Iglesia ha emplazado públicamente al Gobierno para que busque una solución. La huelga de hambre no les gusta, porque reúne muchas conciencias. Entonces, a través de los tribunales, que son los que nos juzgan y que nunca han respetado el debido proceso, quieren frenar la huelga. Dicen estar defendiendo la vida, pero es un instrumento de represión más.
Héctor Llaitul: No lo personificamos en esas trabas. El problema de no negociar no es el entorpecimiento por parte de una persona específica. Esto obedece a una política de Estado de no querer resolver el tema, cuya definición es defender los intereses de los empresarios que hoy ocupan el territorio mapuche. Eso implica barrer con todo lo que esté contra esos intereses, que no es otra cosa que la protesta del mapuche en defensa de su territorio. No hay voluntad política real y un ejemplo de eso es la militarización del territorio wallmapu (mapuche). Sin embargo, reconocemos que hay sectores del PS que estarían más llanos a buscar una solución, con una actitud más progresista, porque les conviene como validación.
Gendarmería presentó un recurso de protección para internarlos en caso de que presenten complicaciones de salud. ¿Cuál será su posición?
Troncoso: Eso está dado en el marco del Estado de Derecho. Todos quieren aparecer como respetando el Estado de Derecho, pero también sabemos que sí existe la voluntad de parar la huelga, y eso viene desde el Ejecutivo como una medida de fuerza, que no impusimos nosotros, para ir en contra de la voluntad de lo que estamos haciendo. Mantendremos nuestra decisión. Nuestra idea es resistir esa medida hasta poder asegurar el máximo de las demandas, y eso pasa por la instalación de una mesa de diálogo.
¿Qué condiciones debería tener esa instancia?
Llaitul: Una mesa política donde se discuta la Ley Antiterrorista y ésta se deje de aplicar no sólo en el caso de los 11 comuneros condenados a diez años y un día. Una vez resuelto eso, debe abordar el tema de la militarización del territorio. Porque las comunidades, hoy, están sitiadas, acorraladas, y no sólo por Carabineros. Estamos muy cerca del paramilitarismo.
Chile. Han pasado dos meses exactos desde que iniciaron una huelga de hambre en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista que los mantiene en la cárcel acusados de participar en atentados incendiarios contra empresas forestales. Pese a ello, la activista Patricia Troncoso y el comunero Héctor Llaitul no han cedido en sus exigencias: libertad y juicio justo. Aunque han bajado un promedio de 20 kilos desde que iniciaron la huelga junto a otros tres peñis (hermanos), la Chepa y el supuesto líder militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) exigen, desde el módulo de la prisión de Angol, una mesa de diálogo con el Gobierno.¿Por qué no han dado frutos las negociaciones para encontrar una solución a su demanda?
Patricia Troncoso: Obedece a una política de Estado que no quiere negociar una solución y sigue reprimiendo al pueblo mapuche, con el cercamiento de las comunidades. Y son todas las instancias que forman parte de ese Estado. Tampoco la Iglesia ha emplazado públicamente al Gobierno para que busque una solución. La huelga de hambre no les gusta, porque reúne muchas conciencias. Entonces, a través de los tribunales, que son los que nos juzgan y que nunca han respetado el debido proceso, quieren frenar la huelga. Dicen estar defendiendo la vida, pero es un instrumento de represión más.
Héctor Llaitul: No lo personificamos en esas trabas. El problema de no negociar no es el entorpecimiento por parte de una persona específica. Esto obedece a una política de Estado de no querer resolver el tema, cuya definición es defender los intereses de los empresarios que hoy ocupan el territorio mapuche. Eso implica barrer con todo lo que esté contra esos intereses, que no es otra cosa que la protesta del mapuche en defensa de su territorio. No hay voluntad política real y un ejemplo de eso es la militarización del territorio wallmapu (mapuche). Sin embargo, reconocemos que hay sectores del PS que estarían más llanos a buscar una solución, con una actitud más progresista, porque les conviene como validación.
Gendarmería presentó un recurso de protección para internarlos en caso de que presenten complicaciones de salud. ¿Cuál será su posición?
Troncoso: Eso está dado en el marco del Estado de Derecho. Todos quieren aparecer como respetando el Estado de Derecho, pero también sabemos que sí existe la voluntad de parar la huelga, y eso viene desde el Ejecutivo como una medida de fuerza, que no impusimos nosotros, para ir en contra de la voluntad de lo que estamos haciendo. Mantendremos nuestra decisión. Nuestra idea es resistir esa medida hasta poder asegurar el máximo de las demandas, y eso pasa por la instalación de una mesa de diálogo.
¿Qué condiciones debería tener esa instancia?
Llaitul: Una mesa política donde se discuta la Ley Antiterrorista y ésta se deje de aplicar no sólo en el caso de los 11 comuneros condenados a diez años y un día. Una vez resuelto eso, debe abordar el tema de la militarización del territorio. Porque las comunidades, hoy, están sitiadas, acorraladas, y no sólo por Carabineros. Estamos muy cerca del paramilitarismo.
9 de diciembre de 2007
©la nación 
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