masacre de chiapas, 10 años después
[Marc Lacey] Diez años después, la masacre de Chiapas todavía persigue a México.
Acteal, México. Hace diez años un grupo de pistoleros se arrastró colina abajo hasta llegar al centro de esta mísera aldea india en el estado de Chiapas. Para cuando huyeron horas después, los atacantes dejaron el suelo sembrado de cartuchos de balas y 45 cadáveres de hombres inocentes, entre ellos veintiuna mujeres y quince niños.
Desde la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, se ha arrestado y condenado a decenas de personas. Pero el caso sigue tan envuelto en el misterio como el pueblo mismo, que se sitúa tan alto en las montañas que a veces las nubes se quedan a ras de suelo y la lujuriosa vegetación desaparece en la neblina.
El entones presidente Ernesto Zedillo, reaccionando ante la indignación internacional por los asesinatos, ordenó una agresiva investigación. Lo que descubrieron los fiscales no era bonito: Aunque funcionarios y agentes de policía del gobierno local no empuñaron las armas ese día, habían permitido que ocurriera la masacre y manipulado después la escena del crimen.
Los asesinos eran miembros del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI. Las víctimas eran católicos que habían formado un grupo llamado Las Abejas, que simpatizaban con los rebeldes zapatistas que se habían rebelado abiertamente en Chiapas.
Todos los implicados eran indios tzotziles pobres, muchos de ellos familiares del grupo atacante.
Una década después de la masacre, los tzotziles viven juntos, pero divididos. En un grupo, el de los que apoyaba al PRI, muchos de los hombres fueron enviados a la cárcel por los asesinatos. Los otros, los del grupo Abejas, viven más abajo en el camino, e insisten en que hay más asesinos que están libres.
Entretanto, los tribunales mexicanos tratan de manejar lo que se ha convertido en uno de los casos más largos y complejos del país. Una docena de jueces han estado involucrados en los juicios y ahora deben ocuparse de las apelaciones a las sentencias.
Hace un año, el consultorio jurídico de interés público Centro de Estudios e Investigaciones Económicas de Ciudad de México empezó a defender a los condenados por haber participado en la masacre. Los abogados dicen que han descubierto que la indignación sobre lo que ocurrió ese día a esos inocentes ha provocado más abusos. Describieron un intento de detener a todo el mundo, lo que significó enviar a gente inocente a la cárcel. "El caso de Acteal deja al descubierto los problemas del sistema de justicia criminal de México", dijo Javier Angulo, que enseña derecho constitucional en el centro y dirige un equipo de estudiantes que están representando a los acusados de Acteal. "Resolvimos el problema de la masacre de Actral creando otros problemas y arrestando a gente que no hizo nada en absoluto".
El caso es ideal, dice Angulo, para mostrar a los estudiantes de derecho que todo acusado tiene derecho a ser tratado con justicia, aunque exista una gran consternación pública por algún crimen en particular.
"Este es el caso más complicado de México", dijo en Tuxla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, cuando se preparaba para recurrir las sentencias de algunos de los hombres. "Es posible que en diez años más todavía estemos hablando sobre qué pasó realmente en Acteal".
Los detalles del caso han sido exagerados y mitificados de numerosas maneras, dijo. La cantidad de asesinos, que calculó en nueve, ha crecido hasta hablarse de cientos en las estimaciones de algunas personas. Testigos que en sus primeras declaraciones no identificaron a ningún agresor, dieron más tarde a las autoridades listas detalladas con los nombres de los que dispararon. La primera versión del ataque, de que las víctimas de Acteal fueron masacradas mientras rezaban en la iglesia, ha sido exagerada para dar a este acto espeluznante una resonancia todavía más siniestra, dijo.
Los defensores de las personas que murieron en Acteal expresan furia hacia los que se atreven a defender a los acusados. "Cuentan tantas mentiras", dijo Diego Pérez Jiménez, presidente del grupo Abejas, que está pidiendo al gobierno reparaciones económicas para las familias de los asesinados. "Esos tipos en la cárcel son asesinos, y hay más asesinos libres. Esa es la verdad".
Una cosa está clara, y es que el largo proceso judicial no ha contribuido en nada a aliviar la tensión en las montañas.
Estela Luna Vásquez, 39, cuyo marido fue condenado a 36 años de prisión por su participación en la masacre, insiste en que él estaba en casa con ella la tarde del 22 de diciembre, cuando oyó la balacera más abajo en el camino.
Dice que trata de contener su odio hacia los que acusaron a su marido, incluyendo a un primo de ella que apoya a los zapatistas. "Nos quieren meter a todos en la cárcel", dijo, hablando a través de un intérprete tzotzil.
Hace poco mientras hablaba, sus dos hijas adolescentes se movían por la cocina preparando tortillas de maíz en un fogón. "Nunca dejaré que mis hijas se casen con ellos", dijo sobre los indios tzotziles que viven más abajo en el camino. "Les digo: ‘Ellos metieron a tu padre en la cárcel. ¿Cómo podrías enamorarte de uno de ellos?"
En la prisión de máxima seguridad de Cintalapa, el alcaide, Fernando Estrada Reyna, negó el acceso a un visitante que quería hablar con los reos de Acteal sin un permiso escrito del gobernador.
"Este es un caso delicado", dijo. "No podemos dejarle entrar. Me costaría la cabeza. No se contentarán con dejarme sin trabajo. Si lo dejo entrar, me meterán preso en esta misma cárcel".
Pero no podía impedir que un reo pidiera una llamada.
Agustín Gómez Pérez, sentenciado a 36 años por su participación en la masacre de Acteal, insistió en un teléfono de la cárcel que el juez que se ocupó de su caso había ignorado su coartada y lo consideró culpable desde el principio. Su caso es uno de los que sus abogados defensores están recurriendo.
"Es muy triste lo que pasó en Acteal", dijo, agregando que se había enterado de muchos de los detalles por otros convictos que habían confesado. "Pero no participé en eso. No maté a nadie. Y llevo diez años aquí pagando por los pecados de otros".
Pero las palabras de un sobreviviente del ataque son espantosas.
"Nada mitiga el dolor, aunque hayan pasado diez años", dijo hace poco al diario El Universal Catarina Méndez, que recibió siete impactos de bala en la mascare. "Unos malos dirigentes organizaron eso. Para el bien de todos, necesitamos justicia y verdad".
Acteal, México. Hace diez años un grupo de pistoleros se arrastró colina abajo hasta llegar al centro de esta mísera aldea india en el estado de Chiapas. Para cuando huyeron horas después, los atacantes dejaron el suelo sembrado de cartuchos de balas y 45 cadáveres de hombres inocentes, entre ellos veintiuna mujeres y quince niños.Desde la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, se ha arrestado y condenado a decenas de personas. Pero el caso sigue tan envuelto en el misterio como el pueblo mismo, que se sitúa tan alto en las montañas que a veces las nubes se quedan a ras de suelo y la lujuriosa vegetación desaparece en la neblina.
El entones presidente Ernesto Zedillo, reaccionando ante la indignación internacional por los asesinatos, ordenó una agresiva investigación. Lo que descubrieron los fiscales no era bonito: Aunque funcionarios y agentes de policía del gobierno local no empuñaron las armas ese día, habían permitido que ocurriera la masacre y manipulado después la escena del crimen.
Los asesinos eran miembros del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI. Las víctimas eran católicos que habían formado un grupo llamado Las Abejas, que simpatizaban con los rebeldes zapatistas que se habían rebelado abiertamente en Chiapas.
Todos los implicados eran indios tzotziles pobres, muchos de ellos familiares del grupo atacante.
Una década después de la masacre, los tzotziles viven juntos, pero divididos. En un grupo, el de los que apoyaba al PRI, muchos de los hombres fueron enviados a la cárcel por los asesinatos. Los otros, los del grupo Abejas, viven más abajo en el camino, e insisten en que hay más asesinos que están libres.
Entretanto, los tribunales mexicanos tratan de manejar lo que se ha convertido en uno de los casos más largos y complejos del país. Una docena de jueces han estado involucrados en los juicios y ahora deben ocuparse de las apelaciones a las sentencias.
Hace un año, el consultorio jurídico de interés público Centro de Estudios e Investigaciones Económicas de Ciudad de México empezó a defender a los condenados por haber participado en la masacre. Los abogados dicen que han descubierto que la indignación sobre lo que ocurrió ese día a esos inocentes ha provocado más abusos. Describieron un intento de detener a todo el mundo, lo que significó enviar a gente inocente a la cárcel. "El caso de Acteal deja al descubierto los problemas del sistema de justicia criminal de México", dijo Javier Angulo, que enseña derecho constitucional en el centro y dirige un equipo de estudiantes que están representando a los acusados de Acteal. "Resolvimos el problema de la masacre de Actral creando otros problemas y arrestando a gente que no hizo nada en absoluto".
El caso es ideal, dice Angulo, para mostrar a los estudiantes de derecho que todo acusado tiene derecho a ser tratado con justicia, aunque exista una gran consternación pública por algún crimen en particular.
"Este es el caso más complicado de México", dijo en Tuxla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, cuando se preparaba para recurrir las sentencias de algunos de los hombres. "Es posible que en diez años más todavía estemos hablando sobre qué pasó realmente en Acteal".
Los detalles del caso han sido exagerados y mitificados de numerosas maneras, dijo. La cantidad de asesinos, que calculó en nueve, ha crecido hasta hablarse de cientos en las estimaciones de algunas personas. Testigos que en sus primeras declaraciones no identificaron a ningún agresor, dieron más tarde a las autoridades listas detalladas con los nombres de los que dispararon. La primera versión del ataque, de que las víctimas de Acteal fueron masacradas mientras rezaban en la iglesia, ha sido exagerada para dar a este acto espeluznante una resonancia todavía más siniestra, dijo.
Los defensores de las personas que murieron en Acteal expresan furia hacia los que se atreven a defender a los acusados. "Cuentan tantas mentiras", dijo Diego Pérez Jiménez, presidente del grupo Abejas, que está pidiendo al gobierno reparaciones económicas para las familias de los asesinados. "Esos tipos en la cárcel son asesinos, y hay más asesinos libres. Esa es la verdad".
Una cosa está clara, y es que el largo proceso judicial no ha contribuido en nada a aliviar la tensión en las montañas.
Estela Luna Vásquez, 39, cuyo marido fue condenado a 36 años de prisión por su participación en la masacre, insiste en que él estaba en casa con ella la tarde del 22 de diciembre, cuando oyó la balacera más abajo en el camino.
Dice que trata de contener su odio hacia los que acusaron a su marido, incluyendo a un primo de ella que apoya a los zapatistas. "Nos quieren meter a todos en la cárcel", dijo, hablando a través de un intérprete tzotzil.
Hace poco mientras hablaba, sus dos hijas adolescentes se movían por la cocina preparando tortillas de maíz en un fogón. "Nunca dejaré que mis hijas se casen con ellos", dijo sobre los indios tzotziles que viven más abajo en el camino. "Les digo: ‘Ellos metieron a tu padre en la cárcel. ¿Cómo podrías enamorarte de uno de ellos?"
En la prisión de máxima seguridad de Cintalapa, el alcaide, Fernando Estrada Reyna, negó el acceso a un visitante que quería hablar con los reos de Acteal sin un permiso escrito del gobernador.
"Este es un caso delicado", dijo. "No podemos dejarle entrar. Me costaría la cabeza. No se contentarán con dejarme sin trabajo. Si lo dejo entrar, me meterán preso en esta misma cárcel".
Pero no podía impedir que un reo pidiera una llamada.
Agustín Gómez Pérez, sentenciado a 36 años por su participación en la masacre de Acteal, insistió en un teléfono de la cárcel que el juez que se ocupó de su caso había ignorado su coartada y lo consideró culpable desde el principio. Su caso es uno de los que sus abogados defensores están recurriendo.
"Es muy triste lo que pasó en Acteal", dijo, agregando que se había enterado de muchos de los detalles por otros convictos que habían confesado. "Pero no participé en eso. No maté a nadie. Y llevo diez años aquí pagando por los pecados de otros".
Pero las palabras de un sobreviviente del ataque son espantosas.
"Nada mitiga el dolor, aunque hayan pasado diez años", dijo hace poco al diario El Universal Catarina Méndez, que recibió siete impactos de bala en la mascare. "Unos malos dirigentes organizaron eso. Para el bien de todos, necesitamos justicia y verdad".
16 de enero de 2008
23 de diciembre de 2007
©new york times
cc traducción mQh
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