demonios en el paraíso
[Carlos Peña] Los jueces no están para perseguir a los criminales, sino para resolver conflictos, dice un columnista de El Mercurio.
Mataron a los carabineros con la simple expedición de un trámite. Metieron las balas por los intersticios del chaleco y luego, por si no hubiera quedado claro, se devolvieron a rematarlos. En los funerales, el General Director de Carabineros (hablando, la verdad sea dicha, más como deudo que como autoridad) criticó severamente a los tribunales ¿No era una insensatez, como lo probaba ese doble asesinato, que los jueces dejaran en libertad a reincidentes? ¿Acaso no están siendo blandos de más al conceder libertades a sujetos que, a ojos vista, volverán a cometer delitos? ¿No serán los tribunales el gozne principal de esa puerta giratoria que permite a quienes delinquen entrar por un lado y salir campantes por el otro?
A primera vista esas críticas tienen toda la razón.
Pero sólo a primera vista.
Desde luego, y aunque solemos olvidarlo, los jueces no están para perseguir el crimen, sino para resolver conflictos. En el caso de la justicia penal, conflictos entre el estado (o el Ministerio Público) y el ciudadano (o el imputado). En ese conflicto, los jueces no son el brazo armado de una de las partes en pugna. Son un tercero imparcial que decide en base a reglas. Por eso la virtud de los jueces no se mide por la severidad con que actúan, sino por la imparcialidad con que aplican las reglas.
En un estado de derecho -porque eso es lo que tratamos de construir- cuando el aparato estatal pretende aplicar la fuerza sobre un ciudadano, debe probar ante los tribunales que cuenta con suficientes razones, amparadas en reglas, para hacerlo. Verificar que esas razones existan es el deber de los jueces.
Así entonces no tiene sentido alguno -salvo que no sea un estado de derecho lo que nos interese- pedirle a los jueces que controlen la delincuencia. Hay que repetirlo una vez más por si no ha quedado claro: los jueces son árbitros imparciales, no guardianes encargados de la seguridad suya o mía.
¿Significa lo anterior que debamos cruzarnos de brazos mientras la delincuencia aumenta y la sensación de inseguridad cunde por allá y por acá?
Por supuesto que no; aunque lo que hay que hacer no coincide del todo con lo que la gente espera.
Mientras la gente espera que se aloje sin más a sospechosos e imputados en la cárcel, la literatura enseña que eso puede ser peor (la cárcel es una institución total que acaba modelando el alma y el cuerpo, de manera que lo más seguro es que quien pasa una larga temporada en ella adquiera, si ya no lo tenía, el habitus de un delincuente hecho y derecho); mientras la mayoría cree que hay que subir las penas, la racionalidad económica indica que hay que graduarlas cuidadosamente (si usted agrava todas las penas, entonces dará lo mismo lesionar que matar, robar que violar, puesto que las consecuencias serán más o menos iguales); mientras un gran número piensa que los jueces deben creerle a pie juntillas a la policía, la experiencia indica que los jueces deben controlarla (quienes tienen el monopolio de las armas son también una amenaza para la seguridad de los ciudadanos); mientras la mayor parte cree que este es un asunto de falta de dureza y de rigor, la literatura enseña que tiene causas de variada indole (desde la existencia de guetos que favorecen culturas de la marginalidad y conductas de subsistencia a la calidad del sistema escolar y la crisis de la familia); mientras la gente cree que el delincuente es un grupo social identificable, la literatura enseña que no, que usted también puede transformarse en uno (a veces basta un día de furia, unos tragos de más, una evasión tributaria y cosas así); en fin, mientras la mayoría piensa que el problema de la delincuencia es de derecho penal, la evidencia indica que no, que es más complejo e incluye múltiples dimensiones de las políticas públicas.
Así entonces a la hora de la delincuencia no hay que quejarse tanto de los jueces y, en cambio, poner más atención al resto de la administración estatal; aunque tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones.
La transgresión a la ley -lo que los sociólogos llaman conducta desviada- es un fenómeno normal. Como las enfermedades, los accidentes o las tristezas, forma parte de lo que somos. No puede borrarse de la vida que tenemos en común.O quizá podríamos, pero el precio que deberíamos pagar sería tan alto que no valdría la pena. Habría que incrementar el control social al extremo casi de ahogar la libertad. Como todas las utopías -la sociedad sin clases o el mercado perfecto- el ideal de un mundo sin delitos ni delincuentes es peor que lo que tenemos.
Así entonces no queda más que aceptarlo: el paraíso no existe. O quizá existe. Sólo que, según nos enteramos esta semana, en él también habitan demonios.
Mataron a los carabineros con la simple expedición de un trámite. Metieron las balas por los intersticios del chaleco y luego, por si no hubiera quedado claro, se devolvieron a rematarlos. En los funerales, el General Director de Carabineros (hablando, la verdad sea dicha, más como deudo que como autoridad) criticó severamente a los tribunales ¿No era una insensatez, como lo probaba ese doble asesinato, que los jueces dejaran en libertad a reincidentes? ¿Acaso no están siendo blandos de más al conceder libertades a sujetos que, a ojos vista, volverán a cometer delitos? ¿No serán los tribunales el gozne principal de esa puerta giratoria que permite a quienes delinquen entrar por un lado y salir campantes por el otro?A primera vista esas críticas tienen toda la razón.
Pero sólo a primera vista.
Desde luego, y aunque solemos olvidarlo, los jueces no están para perseguir el crimen, sino para resolver conflictos. En el caso de la justicia penal, conflictos entre el estado (o el Ministerio Público) y el ciudadano (o el imputado). En ese conflicto, los jueces no son el brazo armado de una de las partes en pugna. Son un tercero imparcial que decide en base a reglas. Por eso la virtud de los jueces no se mide por la severidad con que actúan, sino por la imparcialidad con que aplican las reglas.
En un estado de derecho -porque eso es lo que tratamos de construir- cuando el aparato estatal pretende aplicar la fuerza sobre un ciudadano, debe probar ante los tribunales que cuenta con suficientes razones, amparadas en reglas, para hacerlo. Verificar que esas razones existan es el deber de los jueces.
Así entonces no tiene sentido alguno -salvo que no sea un estado de derecho lo que nos interese- pedirle a los jueces que controlen la delincuencia. Hay que repetirlo una vez más por si no ha quedado claro: los jueces son árbitros imparciales, no guardianes encargados de la seguridad suya o mía.
¿Significa lo anterior que debamos cruzarnos de brazos mientras la delincuencia aumenta y la sensación de inseguridad cunde por allá y por acá?
Por supuesto que no; aunque lo que hay que hacer no coincide del todo con lo que la gente espera.
Mientras la gente espera que se aloje sin más a sospechosos e imputados en la cárcel, la literatura enseña que eso puede ser peor (la cárcel es una institución total que acaba modelando el alma y el cuerpo, de manera que lo más seguro es que quien pasa una larga temporada en ella adquiera, si ya no lo tenía, el habitus de un delincuente hecho y derecho); mientras la mayoría cree que hay que subir las penas, la racionalidad económica indica que hay que graduarlas cuidadosamente (si usted agrava todas las penas, entonces dará lo mismo lesionar que matar, robar que violar, puesto que las consecuencias serán más o menos iguales); mientras un gran número piensa que los jueces deben creerle a pie juntillas a la policía, la experiencia indica que los jueces deben controlarla (quienes tienen el monopolio de las armas son también una amenaza para la seguridad de los ciudadanos); mientras la mayor parte cree que este es un asunto de falta de dureza y de rigor, la literatura enseña que tiene causas de variada indole (desde la existencia de guetos que favorecen culturas de la marginalidad y conductas de subsistencia a la calidad del sistema escolar y la crisis de la familia); mientras la gente cree que el delincuente es un grupo social identificable, la literatura enseña que no, que usted también puede transformarse en uno (a veces basta un día de furia, unos tragos de más, una evasión tributaria y cosas así); en fin, mientras la mayoría piensa que el problema de la delincuencia es de derecho penal, la evidencia indica que no, que es más complejo e incluye múltiples dimensiones de las políticas públicas.
Así entonces a la hora de la delincuencia no hay que quejarse tanto de los jueces y, en cambio, poner más atención al resto de la administración estatal; aunque tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones.
La transgresión a la ley -lo que los sociólogos llaman conducta desviada- es un fenómeno normal. Como las enfermedades, los accidentes o las tristezas, forma parte de lo que somos. No puede borrarse de la vida que tenemos en común.O quizá podríamos, pero el precio que deberíamos pagar sería tan alto que no valdría la pena. Habría que incrementar el control social al extremo casi de ahogar la libertad. Como todas las utopías -la sociedad sin clases o el mercado perfecto- el ideal de un mundo sin delitos ni delincuentes es peor que lo que tenemos.
Así entonces no queda más que aceptarlo: el paraíso no existe. O quizá existe. Sólo que, según nos enteramos esta semana, en él también habitan demonios.
18 de febrero de 2008
17 de febrero de 2008
©el mercurio 
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