gobierno hostiga a dirigentes mapuches
Defensores de derechos indígenas piden que Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Chile.
Santiago, Chile. José Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas solicitó que un representante de la comisión viaje para investigar posibles abusos contra los pueblos originarios.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visite de manera urgente las comunidades mapuches en Chile, para investigar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la etnia.
En una audiencia ante CIDH, el director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, denunció el trato de "hostigamiento" que dan las instituciones chilenas a los dirigentes mapuches y a los defensores de los derechos de los indígenas, con detenciones arbitrarias, violencia policial y discriminación étnica.
Aylwin explicó que hay una "proliferación de acciones judiciales" en contra de dirigentes indígenas en Chile, a los que se aplica a menudo la ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles.
También se refirió al modelo económico de Chile, que consiste, dijo, en "expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos", sin que se deje participar a las comunidades indígenas en los ingresos que generan los proyectos.
"Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento", subrayó Aylwin.
Por su parte, el dirigente lafquenche y alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, señaló que en Chile "persiste la persecución política a los luchadores sociales" como los dirigentes mapuches y los defensores de los derechos de los indígenas.
Según Millabur, a través de la ley antiterrorista se han encarcelado muchos líderes e "incluso ha habido detenciones arbitrarias de niños", sin que exista un proceso judicial. "Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes", denunció el edil.
En tanto, el gobierno de Chile, representado por Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que "hay aspectos que tenemos que reforzar en materia de indígenas", pero señaló que se han logrado muchos avances en la defensa de los derechos humanos.
Barría negó que exista una política de discriminación a los pueblos indígenas, detenciones secretas o impunidad para los policías, y subrayó que el gobierno ha prestado "especial atención" a las demandas de los pueblos originarios.
En este sentido, destacó la creación a finales de enero de una comisión interministerial para Asuntos Indígenas, que debe impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. También recordó que el gobierno presentó al Congreso un proyecto referido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que fue aprobado recientemente por el Senado y está pendiente de ser ratificado.
El Relator Especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de este hecho, pero afirmó que era a "todas luces incompatible" que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visite de manera urgente las comunidades mapuches en Chile, para investigar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la etnia.
En una audiencia ante CIDH, el director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, denunció el trato de "hostigamiento" que dan las instituciones chilenas a los dirigentes mapuches y a los defensores de los derechos de los indígenas, con detenciones arbitrarias, violencia policial y discriminación étnica.
Aylwin explicó que hay una "proliferación de acciones judiciales" en contra de dirigentes indígenas en Chile, a los que se aplica a menudo la ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles.
También se refirió al modelo económico de Chile, que consiste, dijo, en "expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos", sin que se deje participar a las comunidades indígenas en los ingresos que generan los proyectos.
"Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento", subrayó Aylwin.
Por su parte, el dirigente lafquenche y alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, señaló que en Chile "persiste la persecución política a los luchadores sociales" como los dirigentes mapuches y los defensores de los derechos de los indígenas.
Según Millabur, a través de la ley antiterrorista se han encarcelado muchos líderes e "incluso ha habido detenciones arbitrarias de niños", sin que exista un proceso judicial. "Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes", denunció el edil.
En tanto, el gobierno de Chile, representado por Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que "hay aspectos que tenemos que reforzar en materia de indígenas", pero señaló que se han logrado muchos avances en la defensa de los derechos humanos.
Barría negó que exista una política de discriminación a los pueblos indígenas, detenciones secretas o impunidad para los policías, y subrayó que el gobierno ha prestado "especial atención" a las demandas de los pueblos originarios.
En este sentido, destacó la creación a finales de enero de una comisión interministerial para Asuntos Indígenas, que debe impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. También recordó que el gobierno presentó al Congreso un proyecto referido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que fue aprobado recientemente por el Senado y está pendiente de ser ratificado.
El Relator Especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de este hecho, pero afirmó que era a "todas luces incompatible" que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos.
11 de marzo de 2008
©la tercera
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