despiden a juez inquebrantable
[Chris Kraul] Representante norteamericano critica remoción de estricto juez colombiano. George Miller acusa el gobierno de ‘injerencia' después de que José Nirio Sánchez perdiera su silla en el tribunal tras declarar culpables a tres miembros de las fuerzas armadas.
Bogotá, Colombia. La remoción de un juez que dictó condenas y severas sentencias por el asesinato de varios dirigentes sindicales provocó fuertes críticas de un influyente legislador norteamericano en momentos en que el Congreso delibera sobre el acuerdo de libre comercio con Colombia.
El juez era miembro de un tribunal especial que el año pasado empezó a investigar los asesinatos de 2.554 líderes y organizadores sindicales desde 1986, una comisión formada a instancias del gobierno norteamericano, que proporcionó millones de dólares para su financiamiento.
Durante la primera sesión del tribunal, el juez José Nirio Sánchez resolvió que tres miembros del ejército colombiano eran culpables en el caso de los asesinatos de tres dirigentes sindicales en 2004, en la provincia de Arauca.
Los soldados habían reclamado que las víctimas eran guerrilleros de izquierda que habían muerto en un combate.
El juez también condenó a un hombre que mató a machetazos al dirigente sindical Luciano Romero Molina, y ordenó una investigación para dilucidar si la firma multinacional Nestlé había ordenado el asesinato.
Cuando expiró el mandato de Sánchez de seis meses en enero, no fue renovado -aunque sí lo fueron los de los otros dos jueces del tribunal.
El representante George Miller (demócrata de Martínez), presidente del Comité Educación y Trabajo de la Cámara, escribió una carta a las autoridades colombianas expresando su preocupación por la remoción de Sánchez.
En una conferencia telefónica, Miller dijo que la remoción era un caso de "injerencia".
"Justo cuando se juzgan los primeros casos polémicos, ese juez es removido", dijo Miller. "Eso hace surgir serias preguntas sobre si puede sostenerse el sistema".
Se espera que el Congreso vote en las próximas semanas sobre el proyecto para el tratado de libre comercio con Colombia. Desde que se hicieran con el control del Congreso en 2006, los líderes demócratas han sido explícitos en sus críticas del historial del gobierno colombiano en cuanto a la protección de los derechos humanos, los sindicatos y el medio-ambiente, insistiendo en que la aprobación del tratado depende de mejoras en esas áreas.
El vice-presidente colombiano Francisco Santos, que responde por su gobierno sobre temas de derechos humanos, negó en una entrevista por teléfono que Sánchez haya sido removido debido a sus veredictos.
Dijo que el ejecutivo no tenía nada que ver con la decisión.
"La decisión la tomó el poder judicial y es algo que los poderes ejecutivo y legislativo respetarán", dijo Santos.
"No fue despedido. Su mandato expiró y no fue renovado".
El senador Russell D. Feingold (demócrata de Wisconsin) escribió a la secretaria de estado Condoleezza Rice el viernes instándola a tomar en cuenta los informes sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares colombianos antes de certificar que el país ha mejorado su historial sobre derechos humanos.
Esa certificación es una condición previa para la aprobación de decenas de millones de dólares en ayudas.
Demócratas en el Congreso estipularon que veinte millones de dólares de ayuda serán utilizados para robustecer el imperio de la ley y las instituciones judiciales, incluyendo el tribunal del que formaba parte Sánchez.
Colombia ha sido considerada durante largo tiempo como uno de los países más peligrosos para dirigentes sindicales, que han sido atacados por terratenientes, hombres de negocios y gente rica durante los últimos veinte años.
De acuerdo a Luciano Sanín Vásquez, director general de la Escuela Nacional Sindical, un laboratorio ideológico de Medellín, el número de dirigentes sindicales asesinados bajó el año pasado de 275 en 1996 a 39.
Pero de los 2.554 casos, sólo se ha dictado condenas en 82.
Bogotá, Colombia. La remoción de un juez que dictó condenas y severas sentencias por el asesinato de varios dirigentes sindicales provocó fuertes críticas de un influyente legislador norteamericano en momentos en que el Congreso delibera sobre el acuerdo de libre comercio con Colombia.El juez era miembro de un tribunal especial que el año pasado empezó a investigar los asesinatos de 2.554 líderes y organizadores sindicales desde 1986, una comisión formada a instancias del gobierno norteamericano, que proporcionó millones de dólares para su financiamiento.
Durante la primera sesión del tribunal, el juez José Nirio Sánchez resolvió que tres miembros del ejército colombiano eran culpables en el caso de los asesinatos de tres dirigentes sindicales en 2004, en la provincia de Arauca.
Los soldados habían reclamado que las víctimas eran guerrilleros de izquierda que habían muerto en un combate.
El juez también condenó a un hombre que mató a machetazos al dirigente sindical Luciano Romero Molina, y ordenó una investigación para dilucidar si la firma multinacional Nestlé había ordenado el asesinato.
Cuando expiró el mandato de Sánchez de seis meses en enero, no fue renovado -aunque sí lo fueron los de los otros dos jueces del tribunal.
El representante George Miller (demócrata de Martínez), presidente del Comité Educación y Trabajo de la Cámara, escribió una carta a las autoridades colombianas expresando su preocupación por la remoción de Sánchez.
En una conferencia telefónica, Miller dijo que la remoción era un caso de "injerencia".
"Justo cuando se juzgan los primeros casos polémicos, ese juez es removido", dijo Miller. "Eso hace surgir serias preguntas sobre si puede sostenerse el sistema".
Se espera que el Congreso vote en las próximas semanas sobre el proyecto para el tratado de libre comercio con Colombia. Desde que se hicieran con el control del Congreso en 2006, los líderes demócratas han sido explícitos en sus críticas del historial del gobierno colombiano en cuanto a la protección de los derechos humanos, los sindicatos y el medio-ambiente, insistiendo en que la aprobación del tratado depende de mejoras en esas áreas.
El vice-presidente colombiano Francisco Santos, que responde por su gobierno sobre temas de derechos humanos, negó en una entrevista por teléfono que Sánchez haya sido removido debido a sus veredictos.
Dijo que el ejecutivo no tenía nada que ver con la decisión.
"La decisión la tomó el poder judicial y es algo que los poderes ejecutivo y legislativo respetarán", dijo Santos.
"No fue despedido. Su mandato expiró y no fue renovado".
El senador Russell D. Feingold (demócrata de Wisconsin) escribió a la secretaria de estado Condoleezza Rice el viernes instándola a tomar en cuenta los informes sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares colombianos antes de certificar que el país ha mejorado su historial sobre derechos humanos.
Esa certificación es una condición previa para la aprobación de decenas de millones de dólares en ayudas.
Demócratas en el Congreso estipularon que veinte millones de dólares de ayuda serán utilizados para robustecer el imperio de la ley y las instituciones judiciales, incluyendo el tribunal del que formaba parte Sánchez.
Colombia ha sido considerada durante largo tiempo como uno de los países más peligrosos para dirigentes sindicales, que han sido atacados por terratenientes, hombres de negocios y gente rica durante los últimos veinte años.
De acuerdo a Luciano Sanín Vásquez, director general de la Escuela Nacional Sindical, un laboratorio ideológico de Medellín, el número de dirigentes sindicales asesinados bajó el año pasado de 275 en 1996 a 39.
Pero de los 2.554 casos, sólo se ha dictado condenas en 82.
chris.kraul@latimes.com
14 de marzo de 2008
2 de marzo de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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