severas sentencias para pinochetistas
[Jorge Escalante] Jueza condenó a 24 oficiales y suboficiales de Carabineros por 31 víctimas. Presidio perpetuo en masiva condena por la represión.
Valdivia, Chile. Un general, un coronel, un teniente coronel y 21 suboficiales de Carabineros, todos en retiro, fueron sentenciados por la ministra Ema Díaz Yévenes, a altas penas de presidio por secuestro, homicidio y tortura.
Es hasta ahora la condena más numerosa resuelta en la historia de los juicios por la represión cometida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La sentencia de más de 200 páginas que dictó la ministra de la Corte de Valdivia, Ema Díaz, resultó además ser el golpe más duro asestado a Carabineros por los crímenes acaecidos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los 24 condenados se encuentran actualmente en retiro.
El coronel Adrián Fernández sufrió la pena de presidio perpetuo (ver lista de victimarios), y el general Nelson Rodríguez junto al teniente coronel Antonio Baros, resultaron sentenciados a 15 años.
Cinco suboficiales fueron afectados con 20 años de presidio, mientras otros dos suboficiales recibieron 15 años de cárcel. Trece suboficiales enfrentarán una pena de cuatro años, al tiempo que el suboficial restante recibió cinco años de cárcel.
Se trata del quinto caso en que se decretó una pena de presidio perpetuo, después de los crímenes por la Operación Albania, el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca -para cubrir el crimen de Jiménez- y la muerte de los tres comunistas degollados en marzo de 1985.
La sentencia de la magistrada denegó aplicar amnistía y prescripción a los autores, cómplices y encubridores. Además incluyó en su dictamen penas por tortura de nueve prisioneros sobrevivientes. (ver lista de víctimas).
De las 31 víctimas de Osorno, La Unión, Entre Lagos, Puerto Octay y Bahía Mansa -todas de septiembre y octubre de 1973-, además de las nueve por tortura hay 15 detenidos desparecidos, seis ejecutados cuyos cuerpos fueron recuperados por sus familiares, y el emblemático caso de la entonces alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Valderas Garrido, la única sobreviviente de las masacres, por lo que la magistrada Díaz dictó pena por homicidio frustrado.
Cinco Años Escondida
Una noche de septiembre de 1973 el grupo de prisioneros entre los que se contaba la alcaldesa Valderas fue sacado por Carabineros desde el retén de Rahue Bajo en Osorno, que sirvió como centro de detención y tormentos.
Los llevaron sobre el puente del río Pilmaiquén y los mataron a balazos y arrojaron los cuerpos al caudaloso río. Pero al oficial que disparó contra la edil se le trabó el fusil SIG, por lo que la golpeó y la lanzó al río.
Blanca Valderas nadó y llegó hasta una casa donde se refugió. Debió mantenerse escondida durante cinco años, incluso de sus hijos, y usó otra identidad. Mientras que su esposo, Joel Fierro, se encuentra desaparecido hasta hoy.
Su testimonio fue el primero prestado por una sobreviviente de la represión en la Vicaría de la Solidaridad.
Esta causa ha sido seguida por las abogadas Raquel Mejías, Rose Marie Bornard y Wladimir Riesco del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es parte en el juicio. El abogado querellante es Hugo Gutiérrez.
Valdivia, Chile. Un general, un coronel, un teniente coronel y 21 suboficiales de Carabineros, todos en retiro, fueron sentenciados por la ministra Ema Díaz Yévenes, a altas penas de presidio por secuestro, homicidio y tortura.Es hasta ahora la condena más numerosa resuelta en la historia de los juicios por la represión cometida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La sentencia de más de 200 páginas que dictó la ministra de la Corte de Valdivia, Ema Díaz, resultó además ser el golpe más duro asestado a Carabineros por los crímenes acaecidos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los 24 condenados se encuentran actualmente en retiro.
El coronel Adrián Fernández sufrió la pena de presidio perpetuo (ver lista de victimarios), y el general Nelson Rodríguez junto al teniente coronel Antonio Baros, resultaron sentenciados a 15 años.
Cinco suboficiales fueron afectados con 20 años de presidio, mientras otros dos suboficiales recibieron 15 años de cárcel. Trece suboficiales enfrentarán una pena de cuatro años, al tiempo que el suboficial restante recibió cinco años de cárcel.
Se trata del quinto caso en que se decretó una pena de presidio perpetuo, después de los crímenes por la Operación Albania, el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca -para cubrir el crimen de Jiménez- y la muerte de los tres comunistas degollados en marzo de 1985.
La sentencia de la magistrada denegó aplicar amnistía y prescripción a los autores, cómplices y encubridores. Además incluyó en su dictamen penas por tortura de nueve prisioneros sobrevivientes. (ver lista de víctimas).
De las 31 víctimas de Osorno, La Unión, Entre Lagos, Puerto Octay y Bahía Mansa -todas de septiembre y octubre de 1973-, además de las nueve por tortura hay 15 detenidos desparecidos, seis ejecutados cuyos cuerpos fueron recuperados por sus familiares, y el emblemático caso de la entonces alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Valderas Garrido, la única sobreviviente de las masacres, por lo que la magistrada Díaz dictó pena por homicidio frustrado.
Cinco Años Escondida
Una noche de septiembre de 1973 el grupo de prisioneros entre los que se contaba la alcaldesa Valderas fue sacado por Carabineros desde el retén de Rahue Bajo en Osorno, que sirvió como centro de detención y tormentos.
Los llevaron sobre el puente del río Pilmaiquén y los mataron a balazos y arrojaron los cuerpos al caudaloso río. Pero al oficial que disparó contra la edil se le trabó el fusil SIG, por lo que la golpeó y la lanzó al río.
Blanca Valderas nadó y llegó hasta una casa donde se refugió. Debió mantenerse escondida durante cinco años, incluso de sus hijos, y usó otra identidad. Mientras que su esposo, Joel Fierro, se encuentra desaparecido hasta hoy.
Su testimonio fue el primero prestado por una sobreviviente de la represión en la Vicaría de la Solidaridad.
Esta causa ha sido seguida por las abogadas Raquel Mejías, Rose Marie Bornard y Wladimir Riesco del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es parte en el juicio. El abogado querellante es Hugo Gutiérrez.
20 de marzo de 2008
©la nación 
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