lo mataron por orden de pinochet
19 de abril de 2008
El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, según la misma fuente.
El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.
La declaración de Álvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión.
"Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.
El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud.
La línea de investigación en torno al ex general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.
Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y degollado.
Una persona confesó por escrito ser el autor del crimen del sindicalista y luego se suicidó.
Sin embargo, se demostró en el proceso que había sido asesinado y que su testimonio era falso.
©la nación
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