las sesiones de tortura
21 de abril de 2008
Desde que los estadounidenses se enteraran de que soldados y agentes de inteligencia norteamericanos estaban torturando a prisioneros, ha surgido una inquietante pregunta: ¿Cuán arriba llegó la decisión de ignorar las leyes de Estados Unidos, los tratados internacionales, las Convenciones de Ginebra y principios morales elementales?
La respuesta, según nos hemos enterado hace poco, es que -con el pleno conocimiento y aprobación del presidente Bush- algunos de los funcionarios de más alto rango del país no sólo aprobaron la aplicación de torturas a prisioneros, sino además participaron en la detallada planificación de duros métodos de interrogatorio y contribuyeron a crear una estructura jurídica que protegiera de la justicia a los que obedecieran las órdenes.
Desde hace tiempo que sabemos que el ministerio de Justicia torció las leyes para dar su orwelliana bendición a la tortura de personas, y que el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld aprobó toda una lista de técnicas para torturar a prisioneros. Pero informes recientes de ABC News y de la Associated Press dicen que todos los principales asesores de seguridad nacional del presidente en la época participaron en la creación de los métodos de interrogatorio: el vicepresidente Dick Cheney; Rumsfeld; Condoleezza Rice, entonces asesora de seguridad nacional; Colin Powell, el ministro de relaciones exteriores; John Ashcroft, el fiscal general [ministro de Justicia]; y George Tenet, director de la central de inteligencia.
Estos funcionarios no tuvieron el tiempo ni la previsión para planificar las secuelas de la invasión de Iraq ni la tenacidad para llevar a buen término la cacería de Osama bin Laden. Pero se las arreglaron para celebrar decenas de reuniones en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para organizar y dar cobertura jurídica a la tortura de prisioneros, incluyendo bestiales métodos que son considerados como tortura por las naciones civilizadas.
Bush dijo a ABC News este mes que él estaba enterado de esas reuniones y había aprobado sus conclusiones.
Los que han seguido la historia de las políticas del gobierno sobre los prisioneros no se asombrarán. Hemos leído los memoranda del ministerio de Justicia redefiniendo la tortura, afirmando que Bush no estaba obligado a acatar las leyes y ofreciendo una estrategia sobre cómo evitar responsabilidades criminales por las torturas infligidas a prisioneros.
La cantidad de tiempo y energía dedicados a estas prácticas ilegales en los más altos niveles del gobierno nos recuerda lo poco que, de hecho, sabemos los estadounidenses sobre los modos en que Bush y su equipo han minado, subvertido y quebrantado la ley en nombre del modo de vida americano.
En particular tenemos preguntas que hacer sobre la participación de Rice, que ha logrado evitar que se la acuse de las catastróficas decisiones tomadas en la época en que era asesora de seguridad nacional de Bush, y de Powell, un oficial de carrera del ejército que debería haber sabido que la tortura no tiene gran valor como método de recabamiento de informaciones y que puso así en mayor peligro a los soldados estadounidenses capturados. ¿Hizo objeciones o advirtió sobre los desastrosos efectos que tendría sobre el prestigio de Estados Unidos en el mundo? ¿Lo hizo alguien?
Bush ha eludido o anulado todo intento de revelar el alcance y profundidad de sus sórdidas acciones. El probable que el Congreso endorse el encubrimiento del alcance de las interceptaciones ilegales que autorizó después del 11 de septiembre de 2001, y todavía estamos esperando, cada día con menos esperanzas, el prometido informe sobre lo que el equipo de Bush sabía realmente antes de la invasión de Iraq sobre la ausencia de armas de destrucción masiva -lo contrario de lo que proclamaba.
En este momento parece que para obtener respuestas tendremos que seguir esperando al menos hasta la formación de un nuevo Congreso y un nuevo presidente. Sería ideal que la verdad y la rendición de cuentas coexistieran. Pero lo menos que necesita la opinión pública es conocer toda la verdad.
Alguien llamará a esto una distracción retrospectiva, pero solamente una comprensión completa de lo que ha hecho Bush durante los últimos ocho años para torcer el estado de derecho y violar las libertades civiles y los derechos humanos puede dar a Estados Unidos la esperanza de reparar los daños y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir.
©new york times
cc traducción mQh
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