extravían ordenadores de paramilitares
chris.kraul@latimes.com 31 de mayo de 2008
[Chris Kraul] Bogotá, Colombia. Revelaciones de que varios ordenadores portátiles de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos este mes no fueron asegurados por las autoridades colombianas han aumentado los temores sobre el trato descuidado que da el gobierno a potenciales evidencias.
El ministerio del Interior colombiano declaró que estaba investigando qué pasó con seis de los once ordenadores portátiles utilizados por los cabecillas de la milicia antes de que fueran extraditados el 13 de mayo para ser procesados en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y terrorismo. El fiscal jefe Mario Iguarán dijo que la investigación determinará si los ordenadores han sido manipulados.
El ordenador usado por el capo paramilitar Salvatore Mancuso no ha sido recuperado, pero el disco duro de un ordenador de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy fue devuelto por su abogado una semana después de que Vanoy fuera enviado a Estados Unidos con otros trece acusados.
Otros cuatro ordenadores portátiles pertenecientes a cabecillas paramilitares no estuvieron en manos de funcionarios de gobierno durante dos a cuatro días tras su extradición. Algunos ordenadores habían sido entregados a familiares o abogados por funcionarios de prisiones antes de ser recuperados por el gobierno.
Una funcionaria de INPEC, la repartición nacional a cargo de la administración de las prisiones, dijo que la mantención de la "cadena de custodia" de los ordenadores y otros efectos personales de los presos no era su responsabilidad.
"Cuando la gente sale de las instituciones, sus propiedades, se trate de televisores, radios o ropa, sólo pueden ser reclamadas por sus familias", dijo la funcionaria, que pidió permanecer en el anonimato debido que no estaba autorizada a hacer comentarios sobre el asunto.
Los cabecillas paramilitares tenían un permiso especial para tener celulares y ordenadores de sus celdas.
Iván Cepeda, presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que la actitud descuidada del gobierno sobre el control de los ordenadores de los cabecillas paramilitares demostraba su doble moral.
"Imaginen que el gobierno hubiese entregado los tres ordenadores de Raúl Reyes a su familia. Eso habría sido un terrible escándalo", dijo Cepeda, refiriéndose a los ordenadores recuperados por comandos colombianos en un campamento de las FARC en Ecuador en marzo. Reyes, el comandante número dos del izquierdista grupo rebelde, murió en el bombardeo.
El gobierno colombiano dice que los documentos recuperados de los ordenadores muestran que Reyes y otros insurgentes estaban en contacto con funcionarios venezolanos y ecuatorianos.
A partir de los años ochenta, latifundistas y grandes ganaderos formaron y financiaron ejércitos paramilitares como milicias de autodefensa contra los rebeldes de izquierda, las FARC entre ellos. Pero muchas de las milicias se volcaron al crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas. Para 2006, la mayoría de sus cabecillas y 31 mil hombres habían depuesto las armas en el marco de un programa de desmovilización patrocinado por el gobierno.
De acuerdo a las condiciones de su rendición, los cabecillas paramilitares recibirían sentencias abreviadas y serían inmunes antes pedidos de extradición mientras abandonaran las actividades ilegales, confesaran completamente y pagaran reparaciones a las familias de las víctimas.
Pero el gobierno extraditó este mes a un total de quince capos paramilitares después de decir que habían continuado dirigiendo desde la cárcel sus organizaciones ilegales.
Antes de ser extraditados, muchos jefes paramilitares, incluyendo a Mancuso, estaban catalogando sus crímenes, incluyendo masacres, extorsión y tráfico de drogas para cumplir las condiciones de la desmovilización. Por esa razón, dicen los críticos, los ordenadores eran verdaderos tesoros de información y el gobierno debió haberlos controlado más estrechamente.
Ahora que los cabecillas han sido transportados a Estados Unidos, con sus confesiones incompletas, los grupos de víctimas temen que nunca oirán la versión completa de los crímenes que cometieron.
"El gobierno dijo que está gente estaba cometiendo crímenes desde la cárcel, así que tenía que extraditarlos. Por esa razón deberían haber tratado los ordenadores como artículos normales, como radios o televisores", dijo Cepeda.
"Deberían haber sido confiscados".
30 de mayo de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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