exonerados contra el estigma
4 de junio de 2008
[Peter Slevin y Kari Lydersen] Chicago, Estados Unidos. Tabitha Pollock estaba durmiendo cuando su novio mató a su hija de tres años. Acusada de homicidio en primer grado debido a que la fiscalía sostuvo que debía haber presentido el peligro, Pollock pasó más de seis años en la cárcel antes de que la Corte Suprema de Illinois la exonerara.
"Debería haberlo sabido", la resolución del alto tribunal, no fue suficiente para mantener a Pollock tras las rejas.
Cinco años después, Pollock sigue en el limbo, liberada de la cárcel pero no de las secuelas de una condena injusta que trastornó su vida. Con antecedentes penales, no puede convertirse en maestra, como quiere. No puede cobrar una indemnización al gobierno de Illinois. En un viaje a Australia, donde los funcionarios de aduana la interrogaron al llegar, descubrió que la condena por homicidio la perseguiría toda la vida.
Para limpiar su nombre, Pollock -así como una docena o algo así de ex presidiarios de Illinois que han sido exonerados- necesita un perdón oficial, que sólo el gobernador puede otorgar. Lo pidió en 2002, pero no ha recibido respuesta.
"Fue criada en la creencia de que Estados Unidos es un país maravilloso, pero tengo serias dudas sobre Illinois", dice Pollock, 37. "Toda esta experiencia me ha enseñado no tener ilusiones ni esperanzas".
Un portavoz del gobernador Rod Blagojevich (demócrata) dijo el mes pasado que el gobernador está atiborrado de peticiones y no ha tenido tiempo de revisar el caso de Pollock.
Los apuros de Pollock son cada vez más comunes en el país a medida que más gente es exonerada. El Proyecto Inocencia, de Nueva York, ha contado más de 215 condenas injustas en Estados Unidos que han sido revertidas sobre la base de evidencias de ADN.
Muchos de esos ex presos están pidiendo compensación a los gobiernos que los encarcelaron injustamente -pero se los hace esperar, sea debido al lento ritmo de la burocracia o a la ausencia de procedimientos o de voluntad política para ocuparse de sus casos.
Cuando las autoridades no certifican la inocencia, "de hecho la sentencia continúa", dice Stephen Saloom, director de programas del Proyecto Inocencia. Observando que los legisladores están reconociendo "los crónicos problemas" de los exonerados después de su puesta en libertad, dijo que veintidós estados y el Distrito proporcionan compensación oficial de uno u otro modo.
"La tendencia reciente no es sólo pagar una suma de dinero por año de cárcel, sino también ofrecer servicios inmediatos tras ser dejados en libertad", dijo Saloom, que dijo que los clientes del proyecto han pasado en promedio once años en prisión. Activistas dicen que los exonerados necesitan ayuda para hacer la transición de retorno a la sociedad, especialmente a la hora de encontrar empleo.
"No es suficiente dejar en libertad a la persona", dijo Saloom.
Alabama paga a los ex presos exonerados cincuenta mil dólares por cada año que estuvieron en prisión. Nueva Jersey, cuarenta mil dólares o dos veces el ingreso anual previo del recluso. Louisiana ofrece quince mil dólares al año para asistencia psicológica, seguro médico y formación profesional, de acuerdo al Centro sobre Setnencias Injustas de la Universidad Northwestern.
En Illinois, para limpiar la hoja de antecedentes y cobrar compensación -una suma fija de 60,150 dólares por cinco años o menos en prisión, o 120,300 dólares por seis a catorce años- un exonerado debe obtener un perdón "basado en su inocencia" del gobernador. Una comisión de revisión del estado de quince miembros entrevista a los peticionarios y hace una recomendación, pero el gobernador no está obligado a tomar una decisión.
"El gobernador no está obligado a acatar esa recomendación", dijo Karen Daniel, abogada del Centro sobre Sentencias Injustas, que está ejerciendo presión sobre Blagojevich para que decida en el caso de Pollock y otros. "En la mayoría de estos casos, no se trata realmente de una decisión difícil. A veces todavía queda algo de controversia después de anulada la condena, pero en la mayoría de estos casos no existe ese tipo de desacuerdo".
Las leyes de Illinois proporcionan a los ex reclusos exonerados menos servicios que a los presos en libertad vigilada. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Illinois y que ahora está siendo estudiada por el Senado cambiaría esa situación, mientras permite a los reclusos exonerados recibir un "certificado de inocencia", que tendría el mismo valor que un indulto, sin requerir la intervención del gobernador.
La experiencia de Robert Wilson en los tribunales de Chicago fue un caso de identidad equivocada. Pasó nueve años tras las rejas por un crimen cometido otro hombre, y eso todavía lo persigue.
El 28 de febrero de 1997 alguien apuñaló a June Siler, 24, con un cúter cuando esperaba el autobús en el Lado Sur de Chicago. Al día siguiente, en la misma parada, la policía detuvo a Wilson. Interrogado durente casi treinta horas, firmó una confesión escrita y fue acusado de intento de homicidio.
Wilson se declaró inocente, pero Siler lo señaló en el tribunal como el hombre que le había cortado la cara y la garganta. Lo que el jurado no sabía era que otras cinco víctimas -todas blancas, como Siler- fueron atacadas y cortadas en paradas de buses en Chicago dos semanas después de la detención de Wilson. El agresor fue detenido y confesó, pero la policía nunca lo interrogó sobre el caso de Siler.
Nueve años después, en una apelación presentada por el equipo de la Northwestern, un tribunal resolvió que el jurado debió haber sido informado sobre los otros casos. Siler dijo que había acusado al hombre equivocado.
Finalmente Wilson fue dejado en libertad. Sin embargo, dejó la prisión sin grandes perspectivas y con grandes deudas porque debió pagar alimentación por sus tres hijos mientras estuvo en prisión. Hoy en día sus hijos son adolescentes y él "apenas sobrevive".
"Me siento tan mal que creo que estaría mejor si volviera a la penitenciaría", dijo Wilson, 52. "Cuando pido un trabajo, ven mi hoja de antecedentes y me rechazan. No estoy pidiendo subsidio ni limosna; sólo quiero que me den lo que merezco".
Marlon Pendleton también está amargado. En 1993 una víctima de violación y robo lo señaló en una rueda de sospechosos. Sus abogados creen que la víctima fue influida porque vio primero a Pendleton con las manos esposadas antes de ver a todo el grupo. Aunque él pidió repetidas veces un análisis de ADN, le dijeron que no era posible.
En 2006, un análisis de ADN determinó su inocencia y Pendleton fue dejado en libertad. Pero no ha sido perdonado, ni ha recibido compensación, y no ha logrado que le borren la condena de sus antecedentes. Incapaz de pagar la hipoteca, su familia perdió la casa de su madre en Gary, Indiana. Dice que sus hijos están sufriendo.
"No puedo encontrar trabajo", dijo Pendleton. "Cada vez que relleno una solicitud, la rechazan. ¿Qué puedes hacer con un prontuario y sin haber gozado de una educación muy buena? Mi vida ha sido un infierno".
Daniel, la abogado de la Northwestern, dijo que el número de reclusos exonerados "parece probablemente pequeño" en un país con casi dos millones de personas encarceladas. "Pero para mí es importante".
"Es una enorme injusticia la que le hemos hecho a esa gente, no necesariamente expresamente", dijo Daniel. "Ya no tienen posesiones, no tienen trabajo, muchas veces sus familiares han muerto. Hay pocas cosas peores que pueda hacer un gobierno. No podemos decir que tenemos un sistema de justicia criminal si no reparamos los errores que hemos cometido".
Uno de los clientes de Daniel es Marcus Lyons, un ex reservista de la Armada y estudiante de programación que pasó tres años en la cárcel en una errónea condena por agresión sexual.
Lyons estaba tan afectado que después de su liberación en 1991, trató de crucificarse frente al Tribunal del Condado de DuPage.
Un análisis de ADN lo exculpó el año pasado. Todavía está esperando que el gobierno de Illinois le pague una indemnización.
28 de abril de 2008
©washington post
cc traducción mQh
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