mercurio llama a ratificar cpi
5 de agosto de 2008
Santiago, Chile. La detención en España de Alfonso Podlech Michaud, ex fiscal militar de Temuco, por un proceso por violaciones de derechos humanos seguido en Italia, y las posteriores declaraciones de algunas autoridades lamentablemente han vuelto a politizar el debate sobre la ratificación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
Se trata de temas distintos que no deben mezclarse -tanto menos cuanto que la CPI no tiene efecto retroactivo-, y debería dejarse que una materia de tanta relevancia como ésta sea estudiada en profundidad por los parlamentarios, como de hecho ha venido ocurriendo.
Cabe destacar que la CPI ha hecho hasta ahora serios esfuerzos para evitar aprovechamientos políticos, procurando dar a todos los sectores garantías de estricta juridicidad en sus actuaciones, y sus valiosos esfuerzos en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos han sido, en general, muy reconocidos.
Sin embargo, la aprobación del Estatuto exige una discusión de fondo y con clara conciencia de largo futuro, que no admite precipitaciones y en la cual hay aspectos jurídicos tan complejos, como una eventual violación del principio de legalidad penal y de cosa juzgada, los alcances de cada una de las figuras delictivas incorporadas y, en general, las implicancias que tiene para el país entregar a un tribunal internacional facultades exclusivas de nuestros tribunales de justicia.
Si bien el Estatuto procura que sean los propios estados los que juzguen los delitos a que se hace referencia -genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra-, la discusión se plantea porque la CPI tendría las atribuciones para evaluar, en conformidad con un impreciso principio de complementariedad, el funcionamiento de nuestros tribunales. En efecto, de considerarlo necesario y previa prueba de alguna de las amplias causales que el Estatuto establece, la CPI puede entrar a conocer de una materia, no obstante que haya sido resuelta o la estén conociendo los tribunales nacionales.
En todo caso, previamente a cualquier ratificación, y dado que en nuestro ordenamiento jurídico interno no hay normas que sancionen especialmente los delitos contenidos en el Estatuto de Roma, debe legislarse sobre esta materia y tipificar esas conductas. De lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos.
©el mercurio 
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