militares colombianos siguen matando
chris.kraul@latimes.com Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje. 22 de agosto de 2008
[Chris Kraul] Melgar, Colombia. Según denuncian organizaciones activistas, el número de civiles asesinados por las fuerzas armadas ha aumentado fuertemente. Muchos de los asesinatos son cometidos por unidades de las fuerzas armadas que fueron aprobadas por el Departamento de Estado.
De acuerdo con el informe de una coalición de organizaciones de derechos humanos colombianas, el año pasado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía colombianas llegaron a 329, un 48 por ciento más con respecto a las 223 de 2006.
La Comisión Colombiana de Juristas, un grupo civil de Bogotá responsable de la verificación de muchos de los asesinatos, declaró la semana pasada que hasta el momento han llegado informes sobre un número significativo de homicidios de civiles cometidos por las fuerzas armadas en 2008 en cinco estados colombianos, pero sin mencionar cifras.
Un análisis separado de los asesinatos del año pasado realizado por la Fellowship of Reconciliation, una organización pro-paz de Nueva York, dice que el 47 por ciento de las ejecuciones fueron cometidas por unidades del ejército que habían sido inspeccionadas por el Departamento de Estado en 2006 y 2007, concluyendo entonces que habían respetado las exigencias de derechos humanos y podían recibir, por eso, ayuda y adiestramiento militar norteamericanos.
Respaldados por más de cuatro mil millones de dólares en ayuda militar norteamericana, los militares colombianos han mostrado en los últimos meses un dramático progreso en su lucha de décadas contra los rebeldes de izquierda y las milicias de extrema derecha. Un aumento del cuarenta por ciento en los contingentes de las fuerzas uniformadas, adiestramiento táctico de asesores norteamericanos y mejores comunicaciones han sido factores importantes.
El inmensamente popular presidente colombiano, Álvaro Uribe, se ha convertido en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina en su guerra contra el terrorismo y las drogas, y en el contrapeso político del presidente Hugo Chávez de Venezuela, conocido por sus posiciones antinorteamericanas.
Pero las fuerzas armadas colombianas se han visto plagadas por acusaciones de atrocidades, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales llamadas ‘falsos positivos’, en las que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los hacen pasar por guerrilleros de izquierda.
Las continuadas denuncias han llevado al Congreso a criticar la ayuda militar norteamericana proporcionada en el marco del Plan Colombia y han sido un obstáculo para aprobar el pacto binacional de libre comercio.
El senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, presidente del subcomité del Senado sobre operaciones del Departamento de Estado y en el extranjero, y autor de la ley de 1996 que condiciona la ayuda militar extranjera al respeto de los derechos humanos expresó consternación.
"Mientras el secretario de estado afirma que se han logrado progresos suficientes en derechos humanos en Colombia, numerosas fuentes informan que continúan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército colombiano, pese a los esfuerzos del ministro de Defensa de ponerle fin", dijo en una declaración por e-mail. "Después de gastar billones de dólares en adiestramiento y equipos para el ejército colombiano, esperábamos algo mejor, incluyendo investigaciones serias y el procesamiento de los responsables de esos crímenes".
En una entrevista hace poco, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que los derechos humanos eran el ‘tendón de Aquiles’ de sus fuerzas armadas. Desde que asumiera el cargo hace dos años, dijo, ha convertido la mejora de esos resultados en una prioridad, que habría resultado en una comprehensiva política de derechos humanos revelada en enero.
"Ahora vemos que los militares tienen otro concepto de los derechos humanos que antes en su relación con la sociedad y los ciudadanos individuales, porque saben muy bien que su legitimidad depende del respaldo de la gente", dijo Santos.
Sin poner en duda las cifras, un funcionario del gobierno norteamericano en la embajada en Bogotá, la capital, dijo que esas cifras eran sólo "ejemplos entre una amplia variedad de estadísticas" reunidas por varias organizaciones de la sociedad civil que estudian los derechos humanos en Colombia.
"Al final del día, bajo el gobierno de Uribe Colombia ha hecho enormes avances para resolver el crucial problema de los derechos humanos", dijo el funcionario norteamericano, que habló a condición de conservar el anonimato debido a lo delicado del tema. "Saludamos esos progresos, aunque reconocemos que la situación no es perfecta".
Con la contribución norteamericana, las fuerzas armadas colombianas hicieron circular varias directrices sobre derechos humanos el año pasado, incluyendo cambios en el código de conducta y en las ‘reglas de enfrentamiento’ -las circunstancias en las que los soldados pueden disparar contra lo que consideran son enemigos.
Una directriz, en un intento de luchar contra la impunidad, otorga más atribuciones a investigadores civiles en la pesquisa de asesinatos. Otra hace de la captura y desmovilización de rebeldes, y no la cantidad de víctimas, el principal método de medición de la competencia de los oficiales en el campo de batalla y la base para obtener puntos de ascenso.
Desde que un informe británico determinara que el adiestramiento colombiano en derechos humanos era demasiado teórico y poco práctico, las fuerzas armadas han empezado a exigir que los soldados pasen más tiempo en "la ruta de los derechos humanos", incluyendo una parada en Tolemaida, la más grande base militar colombiana, a 112 kilómetros al sur de la capital.
La ruta consiste en ocho escenarios que dramatizan temas de derechos humanos con los que tienen que ver los soldados en combate, desde el trato que se da a los guerrilleros capturados hasta los derechos y costumbres de los pueblos indígenas.
"Es como un teatro donde los soldados asumen diferentes roles para aprender qué tienen que hacer en ciertas situaciones", dijo el coronel Juan Carlos Gómez, jefe de adiestramiento en derechos humanos del ministerio de Defensa.
Parte del ímpetu para los cambios de política empezó después de un devastador informe de defensores de los derechos humanos en octubre que constató que el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía y las fuerzas armadas colombianas en el período de cinco años que terminaba en junio de 2006 era cincuenta por ciento más alto que durante el período comparable precedente.
El estudio también denunció que para junio de 2007, los tribunales militares colombianos habían dictado sólo cuatro condenas en más de novecientos casos de asesinatos cometidos por soldados y agentes de policía.
"Los cambios no se producen de un día para otro", dijo Santos. "Todavía tenemos problemas. No puedes coger a soldado profesional que lleva diez, doce o catorce años en la selva y pedirle repentinamente que haga un trabajo diferente. Es un enorme esfuerzo y a veces es imposible.
"Pero seguimos progresando, y la historia hoy es diferente a la de hace algunos años".
21 de agosto de 2008
©los angeles times 
[El autor de este reportaje, el periodista Chris Kraul, tiene una enervante manera de presentar la situación en Colombia poniendo en el mismo nivel a milicianos de extrema derecha y guerrilleros de izquierda. Al parecer cree que la objetividad es tratar de igual modo a los bandos contendientes. Mi propia idea de objetividad es simplemente contar la verdad. Y la verdad que trasunta de sus propias indagaciones es que los milicianos son en realidad mercenarios y asesinos a sueldo, y no combatientes propiamente dichos -mientras que las organizaciones de izquierda armadas no utilizan a este tipo de delincuentes.
En otros aspectos también deja este periodista bastante que desear. Por ejemplo, cuando escribe muy suelto que las fuerzas armadas colombianas luchan contra las milicias de extrema derecha, mientras que él mismo en otros reportajes ha constatado que las fuerzas armadas y las milicias de derecha colaboran en las campañas de exterminio de campesinos colombianos. Y también falta a la verdad cuando pretende que el gobierno y las fuerzas armadas colombianas son cosas diferentes, como si estas últimas fueran autónomas del poder del presidente Uribe. Si el periodista dice que las fuerzas armadas siguen matando, eso quiere decir que el gobierno colombiano sigue matando.
Pese a mis objeciones a las manipulaciones del periodista, he traducido este artículo que entrega de todos modos una imagen de la impunidad con que actúan las fuerzas armadas y el gobierno, sin temer nunca que algún día puedan ser llevados a justicia por los numerosos crímenes de que son culpables].
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