huele a montaje
24 de agosto de 2008
[Raúl Kollmann] Argentina. Después de estar 32 meses en prisión, más de dos años y medio, a partir de mañana serán juzgados tres humildes trabajadores de la zona de Tigre, sin antecedentes y con trabajo, imputados por un secuestro extorsivo en una causa con fuerte olor a armado policial. De los casi tres años que llevan detenidos, hubo 18 meses en los que distintos tribunales se declararon incompetentes y se pasaban el expediente desde el fuero federal de San Martín al ordinario de San Isidro. Y hace ocho meses se les concedió la excarcelación, pero les fijaron una fianza personal de 200.000 pesos, totalmente fuera del alcance de un trabajador, por lo que siguen presos en el penal de Devoto. El encargado de la investigación, oficial de la Policía Bonaerense Pablo Machicote, determinó que los tres trabajadores, Diego Frías, Darío Neves y Martín Seviranes, participaron del secuestro a partir del testimonio de una tal Graciela, vecina del barrio. Sin embargo la mujer nunca declaró judicialmente, se supone que se mudó y nadie la pudo localizar. Machicote afirma que llegó a Graciela a través de otra vecina, Elda Gamarra, pero ésta sostuvo judicialmente que nunca le presentó a ninguna Graciela al oficial de la Bonaerense.
El juicio contra Frías, Neves y Seviranes empezará mañana a las 10 en el edificio de los tribunales de San Isidro. Estará a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 1, integrado por María Elena Márquez, Federico Ecke y Alberto Ortolani. La fiscal será Laura Zyseskind. Los defensores de Frías, Neves y Seviranes serán los doctores Adrián Albor, Atilio Neira y Juan Carlos García Díetze.
En su momento, la investigación fue realizada por la fiscal Rita Molina, una de las preferidas de Juan Carlos Blumberg, aunque gran parte del trabajo fue realizado por el oficial Machicote. Una de las curiosidades del expediente Frías-Neves-Seviranes es que, pese a que las víctimas del secuestro siempre hablaron de tres secuestradores, la investigación llevó a la detención de una cuarta persona. Este individuo, Omar Pereira Collazo, de frondoso prontuario, sí aparece seriamente comprometido con el secuestro porque sus huellas digitales coinciden con las encontradas en el vehículo en el que estaban cautivos los dos secuestrados. Pero el individuo no tiene relación alguna con Frías-Neves-Seviranes y la fiscal no pudo encontrar ni una sola comunicación o vínculo entre ellos.
Tal vez un dato explique el supuesto armado policial. Uno de los sospechados de haber participado realmente del secuestro –y señalado por un testigo de identidad protegida– registra tres llamadas entrantes desde la Brigada de Investigaciones de Vicente López, dos desde el Ministerio de Justicia Bonaerense, una desde la Jefatura de Coordinación policial de San Isidro, una desde la Distrital de Investigaciones ubicada en Beccar y dos desde un teléfono usado por el personal del Servicio Penitenciario en la Unidad 21 de Campana. El testigo afirmó que un comisario de Investigaciones de San Isidro es padrino de uno de los dos sospechosos que también ostentan frondoso prontuario –que nunca fueron detenidos y que se llaman Diego y Martín como Frías y Seviranes–.
La única prueba contra Frías-Neves-Seviranes es un irregular reconocimiento, primero fotográfico y luego personal. Según consta en el expediente, de los domicilios de los tres imputados se llevaron las fotografías. Con ellas se hizo un reconocimiento fotográfico, sin presencia de ningún abogado, y recién después un reconocimiento personal. Esto lo certifica una testigo, Paola Spinelli, que cuenta que ni siquiera mostraron las fotos de Frías-Neves-Seviranes mezcladas con otras o en un álbum, como se hacía antes, sino directamente las fotos obtenidas en los domicilios. Lo curioso es que los secuestrados reconocieron a los tres trabajadores –a los que ya habían visto previamente en las fotografías–- pese a que en sus declaraciones, hechas enseguida después del secuestro, los describen de forma completamente distinta. Las contradicciones son tales que hasta el juez Conrado Bergessio dejó por escrito lo siguiente: "corresponde decir que no pasan inadvertidas ciertas discordancias entre los aspectos y características físicas que las víctimas se encargaron de describir al declarar".
Ninguna prueba fue encontrada ni en los allanamientos de los domicilios de Frías-Neves-Seviranes ni en sus comunicaciones telefónicas y, además, los tres explicaron dónde y con quién estuvieron el día del secuestro. El 31 de diciembre de 2005, Frías compró un par de zapatillas en Corner Deportes, por un total de 241 pesos. Para poder solventarlas sacó un crédito de Full Cred en seis cuotas, una movida extraña si tuviera una relación con el secuestro en el que se acaban de cobrar 5000 pesos unas horas antes.
En el expediente aparece un personaje curioso, el policía Orlando Alcides Tarragona. Es un hombre de buena suerte. Según cuenta, siendo las 22 del día del secuestro, tomó conocimiento de que habían secuestrado al hijo de un conocido suyo y que de inmediato se puso a buscar el vehículo usado por los delincuentes, con tanta fortuna que lo ubicó un poco más tarde. En esa circunstancia declaró tres cosas distintas:
- En su primera declaración, afirmó que vio estacionada una camioneta Renault y que detrás de un árbol se encontraba un sujeto masculino, vestido de color crema. Pidió refuerzos utilizando su Nextel y, cuando se aproximaba un patrullero, el secuestrador huyó hacia la colectora de la Panamericana.
- En su segunda declaración también dijo que vio la camioneta y a un sujeto al lado del vehículo, ya no detrás de un árbol.
- En el momento en que se hicieron los reconocimientos, no habló de un secuestrador sino de dos. Uno parado en una esquina y otro hablando por teléfono. Además, ya no pidió refuerzos por Nextel sino que consiguió que un vecino llamara a la policía. Para redondear la contradicción, Tarragona contó que mientras dialogaba con los vecinos, sacó la vista de la camioneta y por lo tanto no pudo ver hacia dónde huyeron los dos sujetos. Este diario dialogó en 2006 con la fiscal Molina señalándole las numerosas contradicciones del expediente, pero la funcionaria contestó: "Que se defiendan en el juicio". Desde entonces los imputados pasaron un año y medio en prisión. Una buena parte del tiempo estuvieron presos por pobres, ya que si hubieran tenido los 200.000 pesos de la fianza, habrían podido llegar al juicio de hoy en libertad.
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