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tácticas contra los ilegales


España e Italia, dos tácticas para atacar la inmigración ilegal. Italia ha recurrido al estado de emergencia, mientras que España ha introducido medidas que incluyen subsidios para que los inmigrantes sin empleo vuelvan a casa.
[Lisa Abend y Anna Momigliano] Madrid, España / Milán, Italia. Miriana pasa la noche durmiendo en un parque, y de día pide limosna acuclillada en el pórtico de una tienda madrileña. La joven admite que ganaba más en Italia, donde vivió durante un año. Pero para esta inmigrante rumana, que pertenece a la etnia roma, o gitanos, la decisión de mudarse a España fue fácil.
"Aquí la gente es mejor", explica en su entrecortado español. "Los españoles no nos odian tanto".
Tanto España como Italia, situadas al otro lado de África en la costa mediterránea, han tenido que vérselas con enormes oleadas de inmigrantes ilegales en los últimos años: solamente el año pasado España interceptó a dieciocho mil ilegales, e Italia lleva doce mil en lo que va de año. Pero sus gobiernos, aunque comparten la convicción de que el problema debe ser atacado con la mayor urgencia, han adoptado diferentes métodos para alcanzar ese objetivo común.
Mientras España hace esfuerzos por encontrar un equilibrio entre limitar la inmigración y proteger los derechos humanos, Italia ha implementado medidas propias del estado de emergencia e incluso ha iniciado una campaña para tomar las huellas digitales de los gitanos -medidas denunciadas como "xenófobas" por el comisionado del Consejo de Europa para los derechos humanos, Thomas Hammarberg.
"El gobierno español tiene una política muy estricta", dice Roberto Malini, presidente de la organización italiana de derechos humanos, EveryOne. "Los italianos han adoptado una política amenazante: la idea es asustar a los inmigrantes, de modo que cuando vuelvan a casa digan a sus compatriotas que en Italia los extranjeros no son bienvenidos".

Estado de Emergencia en Italia
El 25 de julio el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi aprobó un decreto que permite que el gobierno utilice tropas militares para controlar los dieciséis centros de detención de inmigrantes del país y desplegar otros tres mil soldados en varias ciudades en un intento de controlar la delincuencia, de la que se culpa a menudo a los extranjeros.
También el parlamento aprobó hace poco una ley que especifica que los inmigrantes ilegales condenados por algún delito pueden recibir una pena un tercio más prolongada que los italianos condenados por el mismo delito. Con la nueva ley, propiedades que hayan sido alquiladas a inmigrantes ilegales pueden ser incluso confiscadas.
Estas medidas han escandalizado a los activistas de derechos humanos. "En los centros de identificación usados para retener a norafricanos, los inmigrantes son a menudo víctimas de violencia e intimidación", dice Malini. "Pero no se pueden quejar, porque serán deportados".
Las medidas italianas han golpeado más severamente a los gitanos. Aunque algunos llevan años viviendo en Italia, muchos llegaron desde Rumania cuando el país se incorporó a la Unión Europea en 2007. El predecesor de Berlusconi, el ex primer ministro Romano Prodi, ordenó algunas deportaciones de gitanos, pese a su ciudadanía europea. Con Berlusconi, Italia ha ido más lejos, iniciando un censo de gitanos que empezó en junio y que incluye tomar sus huellas digitales.
Esta discriminación se ha visto alimentada por titulares que como ‘Invasión de Nómadas’. Y se ha expresado también de otros modos. En julio, el partido de extrema derecha Liga del Norte presentó una propuesta en una región que prohibiría los locales de kebab y los restaurantes chinos del centro de las ciudades debido a que serían "incompatibles con el contexto histórico". Grupos vigilantes en el sur de Italia han incendiado enclaves de gitanos y atacado a sus habitantes.

Equilibrando Derechos y Represión en España
En España, donde los inmigrantes legales son casi el nueve por ciento de la población, el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió a muchos al principio de su segundo término esta primavera con el cambio de las políticas de inmigración permisivas de su anterior administración.
En junio, apenas tres años después de autorizar la legalización masiva de 750 mil trabajadores indocumentados, Zapatero expresó su apoyo a la Directiva de Retorno de la Unión Europea, una política que permite a los estados miembros detener por hasta dieciocho meses en centros especiales a inmigrantes indocumentados, incluyendo a menores de edad, que, si son deportados, no podrán volver a intentarlo.
Con una tasa de desempleo de 10.7 por ciento, el nuevo ministro del Trabajo de Zapatero ha anunciado un plan que subsidia el retorno a sus países de origen de los inmigrantes sin empleo. El gobierno regional catalán, entre los más progresistas de España, ha autorizado un programa que confinaría temporalmente a los niños de inmigrantes no-europeos recién llegados en escuelas especiales diseñadas para prepararlos mejor para su integración en el sistema educativo normal. El gobierno está destinando más recursos para impedir que embarcaciones llenas de inmigrantes lleguen a las costas españolas, y deportando más frecuentemente a los que logran arribar.
La política de inmigración de Zapatero ha sido criticada por organizaciones de defensa de los inmigrantes. Antonio Abdad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala, por ejemplo, que al reforzar el control de las costas marroquíes y de Mauritania, las autoridades españolas han obligado a los emigrantes subsaharianos a empezar su travesía marítima en lugares más al sur, aumentando así los peligros que corren. "Afecta a la gente que necesita más protección y hace las cosas más difíciles para ellos", dice. También critica el apoyo que ha brindado Zapatero a la Directiva de Retorno. "Cuando limitas los derechos de una persona, limitas los derechos de toda la sociedad", agrega.
Sin embargo, Zapatero ha compensado estas políticas más rígidas con otro tipo de iniciativas. En abril nombró por primera vez a un inmigrante en su gabinete y ha prometido otorgar el voto a inmigrantes legales para fines de su período. Esas iniciativas, dice Abad, son importantes. "Lo positivo es que así sabemos que el gobierno tiene una estrategia de integración... Es totalmente diferente a las medidas racistas que vemos en Italia".

26 de agosto de 2008
7 de agosto de 2008
©christian science monitor
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