almirante codina sigue negando
7 de septiembre de 2008
[Claudio Leiva] Valparaíso, Chile. El almirante Rodolfo Codina sigue con interés el programa ‘Grandes chilenos’, de TVN, y vota "todos los días" por Arturo Prat. También encuentra "simbólica" la competencia entre el héroe de Iquique y el ex Presidente Salvador Allende. Pero el comandante en jefe de la Armada está embarcado en una empresa más importante: "avanzar" en los temas de derechos humanos que involucran a la institución, y que no son pocos.
Por lo mismo, Codina y otros altos mandos navales se reunieron durante la semana en el ‘territorio neutral’ de la Municipalidad de Valparaíso con representantes de Amnistía Internacional-Chile, la Comisión de Derechos Humanos, la Agrupación de Ex Marinos Constitucionalistas, los familiares de detenidos desaparecidos de la Región de Valparaíso y con el Grupo de Amigos del sacerdote chileno-norteamericano Miguel Woodward.
La entrevista dejó una polémica: ¿dijo o no Codina que, de los 30 mil efectivos navales que había en septiembre de 1973, mil participaron en violaciones de los derechos humanos? Según el director de Amnistía Internacional-Chile, el argentino Sergio Laurenti, el almirante lo afirmó en condicional: "Podrían haber estado comprometidos". Para el Grupo de Amigos de Woodward, en cambio, la frase fue textual.
El propio almirante Codina lo aclara a LND: "Nunca he dicho que mil marinos violaron derechos humanos. Cuando hablé de mil personas lo dije en otro sentido. Hablé de la Armada de hoy y de la Armada del año 73. Y cuando hablé de la Armada de hoy dije que solamente habemos cuatro almirantes que éramos oficiales en servicio activo el año 1973. Entre ellos estoy yo, que era teniente segundo, y tres vicealmirantes, que eran subtenientes; los almirantes [Mariano] Sarratea, [Cristián] Gantes y [Sergio] Robinson. Nadie más. Y en la Armada de ayer, de esas 30 mil personas, en los lugares donde hubo gente detenida y donde podían haberse violado los derechos humanos, sumando la Escuela de Grumetes, la Esmeralda, la Academia de Guerra, algunos destacamentos de Infantería de Marina, la dotación llegaría a mil, a todo reventar.
Según el Grupo de Amigos del sacerdote Miguel Woodward, su declaración textual fue que mil marinos participaron en estos hechos.
Están equivocados. Imagínese si fueran mil, cuántos procesos habría. Por lo demás, lo tendría que determinar la justicia. Y la justicia ha procesado a 16 oficiales y 13 gente de mar, y ha condenado la Corte Suprema a uno sólo [el teniente (R) Héctor Rivera Bozzo, por el homicidio de cuatro campesinos de la comuna de Lago Ranco, X Región, en octubre de 1973]. Y ha interrogado creo que a ciento y tantos. Con las listas de gente que nos han pedido, cuando nos piden las dotaciones completas, indudablemente llegamos a mil. Si me piden cuál era la dotación de la Escuela de Grumetes, partiendo por ahí, sumamos 500. La dotación del buque escuela Esmeralda, 300 más. La Academia de Guerra, 120 ó 180. La dotación del Fuerte Miller (Escuela de Infantería de Marina), otros 200 o 300. Ésos suman mil, pero en ningún caso son mil los involucrados efectivamente en violaciones de los derechos humanos.
¿La iniciativa de reunirse con organizaciones de derechos humanos es compartida por el resto del alto mando?
No es que sea o no compartida. Es una responsabilidad que yo creo que uno tiene que asumir, porque si no la asumo yo, va a tener que asumirla el que sigue, y así el que sigue. Por lo tanto, una cosa es reunirse, conversar, aclarar las cosas. Por ejemplo, dicen que la Armada esconde información. Estas reuniones sirven para demostrar que la Armada no esconde ninguna información. Todo lo que se le ha pedido a la Armada se ha entregado.
Las agrupaciones de DDHH piden que se haga cargo de 32 detenidos desaparecidos de responsabilidad de la Armada, según consigna el Informe Rettig.
Todo está en manos de la justicia. La Armada, como institución, no tiene atribuciones para interrogar a nadie, de partida, que esté fuera de la Armada. Y las atribuciones mías son de hechos puntuales que hayan ocurrido dentro de mi mandato. Yo no puedo abrir un sumario por algo que ocurrió hace 35 años.
Además, solicitan información sobre supuestos entierros clandestinos en el Cementerio de Playa Ancha.
También está en la justicia. Yo no tengo conocimiento. Qué voy a saber yo, el año 2008, de entierros clandestinos del año 73. Si he ido al cementerio habrá sido como diez veces, a ver a familiares que están enterrados ahí y a ninguna otra cosa.
¿Ha entregado todo lo que le ha solicitado la jueza Eliana Quezada [que investiga los casos de tortura en la Esmeralda]?
Todo lo que ha pedido se le ha entregado. Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila, y si me pide otras cosas que yo tenga, se las voy a entregar. Yo no sé qué más pueda pedir, porque ha pedido hojas de vida, fotografías de personas como eran en 1973, ha pedido bitácoras, listados de dotación. Lo que pasa es que a estas agrupaciones yo no les puedo entregar la información de lo que he dado, porque la mayoría de eso está en el secreto del sumario. Estaría contraviniendo aspectos judiciales.
Usted dijo que no podía obligar a los marinos en retiro a colaborar.
Eso está en la conciencia de cada uno. Cuando yo me reúno con los retirados, les digo: "Ojalá el que tenga información que ayude a aclarar esto la dé". Pero no puedo presionar más que eso.
Sin duda, el caso más delicado es el del sacerdote Miguel Woodward.
Hay una ministra que está llevando el caso y que ha sido bastante activa. Ha pedido mucha información a la Armada y se la hemos entregado. Ha sometido a proceso a un grupo de oficiales en retiro [seis] que ahora están en libertad bajo fianza.
¿Tiene conocimiento de dónde está el cuerpo del sacerdote?
Imagínese si yo supiera, cómo no estaría satisfecho de decirle dónde está y se termina el tema de la desaparición de Woodward.
¿Y el caso de Jaime Aldonay [ex interventor de la CCU, desaparecido en un campo de detención de la Armada]?
Ese es un proceso que ha avanzado más rápido y hay una condena en primera instancia [cuatro años de libertad vigilada para los oficiales (R) Sergio Mendoza Rojas, Patricio Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, y penas remitidas para el contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López].
¿Su doctrina sigue siendo que las responsabilidades llegan hasta los "mandos operacionales" y no los altos mandos?
Las responsabilidades son de las personas que se pueda determinar que han cometido violaciones de los derechos humanos. Lo que yo he dicho en otras oportunidades es que no hubo una política institucional de violar los derechos humanos.
¿Y la solicitud de que se elimine el nombre del almirante Merino de uno de los buques de la Armada, la van a acoger?
Es un buque que lleva el nombre de un comandante en jefe que estuvo muchos años en la Armada, como igual hubo un buque que se llamó Almirante Montt, que también participó en un enfrentamiento en el país, en la Revolución de 1891. El nombre de este buque no se somete a discusión.
El almirante Vergara dijo que no hubo torturas en la Esmeralda.
Yo no sé lo que habrá dicho el almirante Vergara. Lo que yo digo es que en la Esmeralda hubo gente detenida, como el caso del sacerdote Woodward, que después falleció, no a causa de torturas cometidas en la Esmeralda. Y eso lo ha reconocido la jueza en primera instancia.
¿Admite que hubo crímenes en la Esmeralda?
Crímenes, no. No hubo ningún asesinato, porque se habría sabido. Hay detenidos, ese tipo de cosas, y en el caso de Woodward, la jueza menciona que pasó por la Esmeralda, pero no que fue torturado a bordo.
¿Está dispuesto a pedir perdón institucional por las violaciones de los derechos humanos?
Yo dije el otro día que el perdón es personal. Podrá la institución lamentar algunas situaciones relacionadas con violaciones de los derechos humanos que cometieron algunas gentes de la Marina, pero la Armada, como institución, pedir perdón a nombre de todos, yo no estoy dispuesto. Porque es un grupo muy menor el que podría ser catalogado bajo este punto, y el resto de la institución no cometió ninguna violación de los derechos humanos.
¿Y considerarían alguna forma de reparación para las familias de las víctimas?
Las reparaciones las fija el Estado.
©la nación 
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